La inminente imputación del Partido Popular

Mucha gente desconoce, pues los medios lo ignoraron absolutamente en su día, que desde la aprobación de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, de modificación del Código Penal, los partidos políticos y sindicatos pasaron a ser penalmente responsables, de forma directa y con independencia de la responsabilidad que pudiera alcanzar a sus directivos y representantes por la comisión de hechos delictivos, siempre que se encuentren en el catálogo de delitos de aplicación a las personas jurídicas. Desde la promulgación de dicha Ley los partidos políticos y los sindicatos pueden ser imputados y condenados a penas que van desde la multa hasta la suspensión de actividades e incluso la disolución en los casos más graves.

Previamente, en el año 2010 se había introducido por vez primera en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en virtud de la cual era posible exigir dicha responsabilidad criminal directamente a sociedades, tanto por actos realizados por sus representantes legales y administradores como en los casos en los que no fuera posible averiguar la identidad de la concreta persona de la empresa que hubiera perpetrado el ilícito penal.  Pero los legisladores se preocuparon de excluir del ámbito subjetivo de la reforma a los partidos políticos y sindicatos, que de esta manera quedaban al margen de cualquier exigencia directa de responsabilidad penal.

Tal situación cambió radicalmente a raíz de una enmienda introducida por UPyD a la última reforma del Código Penal, que fue aprobada in extremis por el Grupo Popular en el Congreso y cristalizó en la referida Ley Orgánica 7/2012, que acababa con el privilegio de partidos y sindicatos. A quien le interesen los pormenores de esta importantísima medida de regeneración democrática le recomiendo la lectura del Diario de Sesiones del Congreso, en el que podrá observar la furibunda oposición que la misma encontró en los grupos del PSOE, IU, CiU y PNV, que calificaron la reforma de populismo punitivo y, a su proponente, de querer criminalizar a los partidos políticos.

Pues bien, a pesar del importantísimo cambio legal aprobado el pasado año, hasta la fecha ningún partido político ha estrenado la condición de imputado. No, desde luego, por falta de corrupción, sino por la sencilla razón de que es un principio esencial del Derecho que los delitos y las restantes disposiciones sancionadoras no pueden aplicarse de forma retroactiva a hechos sucedidos en el pasado, como lo son la totalidad de los que actualmente se están investigando en los distintos tribunales.

Sin embargo, con una altísima probabilidad, rayana en la certeza, el Partido Popular va a tener el dudoso honor de ser el primer partido político imputado en España y lo va a ser además en un plazo muy breve de tiempo. Es simplemente cuestión de días o a lo sumo de varias semanas. Y, curiosamente, no va ser imputado por Gürtel ni por la presunta trama de financiación ilegal sino por la destrucción de los discos duros de Barcenas.

Como se ha publicado en los medios, ante las peticiones de varias de las partes personadas en la causa de que se investigara la repentina destrucción de los discos duros del ex tesorero, el juez Ruz ha dictado un Auto, técnicamente impecable, por el que concluye que no cabe descartar la existencia de indicios delictivos y remite las actuaciones correspondientes a los Juzgados de Instrucción de Madrid por entender que tales hechos pueden ser investigados autónomamente y no son de su competencia.

Pero al margen de otras valoraciones sobre tal comportamiento del partido del Gobierno, lo que aquí me gustaría destacar de dicho Auto es que de los dos delitos que indiciariamente concurren, el delito de encubrimiento y el de daños informáticos, éste último es aplicable a las personas jurídicas y, por ende, a los partidos políticos.

Tal cuestión no pasa por alto al juez Ruz y así, tras analizar la concurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para apreciar la existencia del delito de daños informáticos concluye que en el Código Penal se prevé, “tras la reforma operada en el Código Penal por LO 5/2010, de 22 de junio, la posibilidad de responsabilidad en este ilícito por parte de una persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del mismo Texto Legal”.

En definitiva, lo que el juez Ruz está indicando al juez de instrucción de Madrid al que se turne la causa es que uno de los delitos potencialmente concurrentes es aplicable a las personas jurídicas y, por lo tanto, al partido popular, siendo lo más probable que en el propio auto de admisión a trámite proceda a imputarlo, máxime teniendo en cuenta que hasta la fecha no se han identificado aún a ninguna persona responsable de la destrucción de pruebas.

La corrupción política y el descrédito de los principales partidos de nuestro país parece no tener fin. Confiemos por lo menos en que la próxima imputación del partido popular sirva para que de una vez por todas los partidos y sindicatos se tomen en serio la corrupción y empiecen a implementar medidas internas para combatirla y no para ocultarla o directamente promoverla.

 

Frente a la mentira, democracia: las elecciones alternativas de la Justicia española

Un piloto de fórmula uno conduciendo una apisonadora. Ese es nuestro Ministro de Justicia. Al volante de su mayoría absoluta, se ha resuelto a laminar todos y cada uno de los obstáculos que se interponen en su carrera, ya sea nuestro proceso criminal o la planta judicial.
¿Y qué tiene que decir el Poder Judicial al respecto? En realidad, nadie lo sabe. El programa electoral ha sido violado, de tal suerte que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, será escogido en su totalidad por los grupos políticos. Así lo impone la última reforma de la LOPJ. Curiosa situación esa en que el representante carece de mandato de sus representados. Pero hay más: la aludida reforma de la ley de Planta prevé la supresión de los partidos judiciales y con ellos, de los decanos, hasta ahora elegidos democráticamente por los propios jueces. Serán reemplazados por unos presidentes designados por el propio Consejo.
Metódicamente se van aplastando las estructuras representativas que permitían a los jueces expresarse democráticamente como colectivo unitario. Pero no son sólo los miembros de la carrera judicial los afectados. Un Poder Judicial débil deja inermes a los ciudadanos frente los abusos de la casta política: no olvidemos que ese CGPJ politizado el que determina la composición del Tribunal Supremo, corte de casación en nuestro país, última palabra en los asuntos más importantes, los que afectan a la vida, hacienda y libertad de cada uno de nosotros.
Especial cuidado se pone en que no exista ningún cauce para que los jueces hagan saber su opinión en su conjunto, de tal suerte que sean siempre otros los que hablen por ellos: el Ministerio, el Consejo, los grupos parlamentarios…cualquier con tal de que el cuerpo judicial permanezca desmembrado, comprimido y oprimido bajo el peso aplastante del poder político.
El pueblo español tiene derecho a saber quiénes son sus jueces. No debe mirar a esos políticos-togados que adeudan su cargo al generoso dedo del mandamás de turno, como tampoco a los gustosamente que van allanando el camino a la máquina trituradora del absolutismo parlamentario. Antes bien, sus componentes más representativos son los que trabajan día a día en sus juzgados, al margen de las componendas de los poderosos, lidiando codo a codo con abogados, secretarios, procuradores…Gran sorpresa sería saber qué piensan todos ellos, debatiendo libremente mediante un simple principio: un juez/un voto.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial nacerá de una mentira originaria, del incumplimiento del programa electoral. Frente a esta farsa, ha surgido una iniciativa entre más de trescientos cincuenta jueces que, comunicados entre sí por el correo electrónico, han decidido organizar unas elecciones simbólicas para elegir a doce representantes alternativos. Es sólo un gesto sin valor legal, pero que salva la dignidad de la Justicia ante una ciudadanía harta de la mentira sistemática de aquellos que infringen el pacto social convirtiendo en papel mojado el programa electoral.
Es un movimiento espontáneo, desvinculado de cualquier partido político, sindicato, grupo empresarial, periodístico, asociación o cualesquiera intereses ideológicos o económicos. En noviembre de 2012 y febrero de 2013 promovió la creación de una “Asamblea General de Jueces”, un espacio donde expresarse democráticamente, según el elemental principio de “un juez/un voto”. El siguiente paso son las elecciones alternativas, un proceso que comenzó el 16 de septiembre de ese año y que culmina el próximo 16 de octubre con la proclamación de los candidatos más votados en los comicios virtuales.
Es un acto de protesta pero, sobre todo, una llamada de auxilio de unos jueces que han tomado partido, no por los poderosos, sino por su pueblo, el pueblo de una España cansada de tanta mentira.