Pactos judiciales con “arrepentidos” y el peligro del estrellato mediático

A nadie se le oculta que estamos viviendo una época especialmente complicada, tanto en las familias y en la sociedad española en general como en la Administración de Justicia en particular. La crisis económica que nos sacude a todos está siendo acompañada, bien como causa o bien como consecuencia  -sobre ello tengo serias dudas-, por una situación de crisis de valores y de crispación social desconocida hasta tiempos bien recientes, que está afectando al funcionamiento normal de muchas instituciones, entre ellas, y especialmente, a nuestra propia y delicada Administración de Justicia.
Que la Justicia española tiene buenos profesionales y precariedad de medios lo sabemos todos, especialmente los que nos dedicamos al Derecho. Que la corrupción política y económica ha sido una de las causas de nuestra crisis actual también lo conocemos. Y que cunde entre la mayoría de los ciudadanos un ansia de limpieza, regeneración y cambio de las cosas es también un hecho indudable. Pero buscar una solución contundente a todo ello no debería hacernos perder el norte, so pena de convertir un proyecto de moderno Estado de Derecho del siglo XXI en un Estado vengativo, asimétrico, dominado en sus instituciones más delicadas (Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Agencia Tributaria,…) por pulsiones políticas y efectos mediáticos y, en definitiva, profundamente injusto. Y digo esto porque estamos jaleando a diario como paladines de nuestra hipotética “regeneración” no a quienes deberían serlo, las miles de personas anónimas que intentan hacer cada día bien -o mejor- su trabajo, sino a aquellos que pretenden “mostrarse” insistentemente a través de los medios de comunicación, aunque bastantes veces realicen su trabajo de una forma deficiente, irregular, sectaria e incluso hasta peligrosa y contraria a los principios que deberían regir un Estado de Derecho.
En los últimos tiempos, en la práctica de algunos Tribunales penales, y especialmente en Baleares, está proliferando la existencia de “pactos” por los que determinados imputados confesos de cometer determinados delitos, en general relacionados con la corrupción política o económica,  acusan -de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción- a determinadas personas que han constituido en general el “objetivo” mediático del procedimiento, a cambio de eludir los “confesores” o “arrepentidos” sus correspondientes penas de prisión, o de conseguir espectaculares reducciones en sus condenas. Y estamos hablando de la declaración de personas imputadas que reconocen haber delinquido o que han sido “pilladas” con las manos en la masa, como la Directora General a la que se encontró un bote de Cola Cao lleno de miles de euros enterrado en su jardín, a la que el Fiscal calificó en el juicio, tras delatar a su jefe, como “persona de una entereza digna de admiración”. La generalización de esta situación, aunque ha permitido enjuiciar e incluso encarcelar a algunas “bestias negras” de los medios -y probables delincuentes- como la ex Presidenta del Consell Insular de Mallorca María Antonia Munar, el ex Presidente de la Comunidad Autónoma Jaume Matas, o su ex Conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona, todos ellos condenados básicamente por la delación de “arrepentidos”, está causando perplejidad en muchos juristas serios ya que, generalizando, permite que cualquier delincuente pillado “in fraganti” se libre de su condena o buena parte de ella si acusa, con razón o sin ella, a alguien más mediático o más interesante para el lucimiento o el “éxito” profesional de los acusadores.  En definitiva, podríamos decir que la Fiscalía Anticorrupción está actuando en los últimos tiempos “a la americana”,  es decir, tratando de acumular méritos ante la opinión pública como si de ésta dependiera su “éxito” o su “reelección”. Pero con la gran diferencia respecto al sistema americano de que no hay posibilidad de no reelegirles si acaban haciendo mal o irregularmente su trabajo.
Sin embargo, lo que nadie se ha tomado la molestia de explicar a esa opinión pública es que, en el Derecho español existen límites a la admisibilidad de tales pactos y confesiones. El Tribunal Constitucional, en varias Sentencias, especialmente en la 153/1997, dejó bien claro que, cuando la prueba de cargo esencial consiste en la declaración de un coimputado, debe recordarse que dicho coimputado, a diferencia de un testigo, no tiene obligación de decir la verdad, pudiendo incluso mentir -en virtud de los derechos constitucionales a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable-. Por ello, la declaración incriminatoria del coimputado contra otro acusado carece de consistencia plena cuando no sea corroborada por otras pruebas.
Esta clara doctrina, reiterada por otras Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional (115/1998, 55/2005) o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (25 de febrero de 1993, caso Funke A) se está vulnerando en la práctica de forma creciente, produciéndose un abuso de la figura del “arrepentido” y un mercadeo impresentable de confesiones pactadas o teledirigidas, resultando en la práctica para algunos hasta más “cómodo” el riesgo de delinquir, ya que si son “pillados” les basta con soltar la lengua -aunque mientan- y disparar hacia arriba, con la bendición reiterada de un Ministerio Público a quien teóricamente corresponde la búsqueda de la verdad y la defensa de la legalidad. ¿Cuántos de ustedes no dirían, tras “macerarse” unos meses o años en prisión, que cualquier otro colaborador ha delinquido también, sea o no verdad, si el Ministerio Fiscal les ofrece rebajarles considerablemente la pena para salir inmediatamente de la cárcel? Les ruego que vayan levantando la mano los valientes que no lo harían…
En mi opinión, esa proyección mediática de la Fiscalía, y en general de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, es profundamente errónea. Hemos adoptado por la vía de hecho la peor parte del sistema americano sin asumir la buena, el verdadero control democrático de su actuación a través de elecciones libres al cargo. Y eso me parece un error inmenso, y una situación realmente peligrosa, que lo fía todo al buen criterio y a la ecuanimidad del funcionario de turno o de los cargos políticos que le mandan (los Fiscales tienen obediencia jerárquica), que no siempre –y está demostrado- tienen por qué tener….
Piensen ustedes que esa falta de anonimato y esa proyección mediática diaria no son hechos intrascendentes. El convertir en “héroe” popular a un profesional de la Justicia o del Derecho, además de resultar tremendamente injusto en comparación con los verdaderos “héroes” diarios de la sociedad española, causa indudables efectos distorsionadores en su trabajo cotidiano. Un Juez o un Fiscal que se convierte en un personaje popular -no de forma ocasional sino reiterada- suele dejar de trabajar con objetivos puramente profesionales, esto es, de conformidad con los Códigos legales y éticos de su profesión, y pasa a hacerlo cada vez más, y tal vez sin darse cuenta, de una forma anómala, afectada por una creciente interdependencia con los medios de comunicación, con los que acaba alimentándose recíprocamente. Y así termina transformando sus normales objetivos profesionales (dar cabal solución a los problemas legales que se le presentan) en otros puramente públicos o mediáticos (responder a las expectativas creadas), totalmente condicionados por lo que “exige” su público, que de Derecho nada sabe, pero que le ha convertido en su “paladín” o  “vengador” particular, ante el comprensible hastío que le produce la crisis económica, la corrupción, o la ineficacia de la clase política. Y entonces las normas legales y la búsqueda de la verdad, imprescindibles en un verdadero Estado de Derecho, pasan a un segundo plano. A algunos, simplemente, parece que les estorban en su fulgurante carrera hacia el estrellato. Ejemplos de todo ello tenemos varios que todos ustedes conocen bien.
Por todo lo anteriormente expuesto, y si -por diversas razones- no nos convence este modelo de Fiscal “a la americana” que se está utilizando por la vía de hecho, no estaría mal adoptar el sistema existente, por ejemplo, en Alemania o en otros países de seriedad contrastada, donde los Jueces y los Fiscales tienen que cambiar de destino obligatoriamente cada pocos años, para evitar vicios, personalismos y contaminaciones de todo tipo. Así se solucionarían, y de una manera muy fácil, bastantes de los problemas que estamos comentando. La reforma de la Ley Procesal Penal que está elaborando el Ministerio de Justicia puede ser una buena oportunidad para recoger importantes mejoras al sistema, tomando lo mejor de cada país y no sólo lo malo, teniendo en cuenta también que todo lo que les he comentado en el post parece muy poco compatible con la atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la instrucción en sustitución del Juez, que es la novedad principal de la reforma proyectada.

Alvaro Delgado Truyols

Nacido el 10 de diciembre de 1963 en Palma de Mallorca. Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de las Islas Baleares. Notario por oposición libre (1991) y Notario de Palma de Mallorca por oposición entre Notarios (1995). Ha sido preparador de opositores en la Academia de Madrid, patrono de la Fundación Matritense del Notariado, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, miembro del Consejo Asesor de Banca March, y miembro del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.

Actualmente es Vicedecano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Baleares, Vicepresidente de la Fundación Amazonia, destinada a la atención de los niños de la calle en Bolivia, y miembro del Consejo Editorial de las revistas “El Notario del Siglo XXI” y “Vía Roma 4”.