El Gobierno y las cuarenta medidas de regeneración (I)

El viernes 20 de septiembre se presentaron por el Gobierno nada menos que 40 medidas de regeneración política, (Plan de Regeneración democrática) producto, al parecer, de un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, informe rigurosamente secreto, según me dicen, aunque por supuesto está elaborado por un organismo público (que depende del Ministerio de la Presidencia, por cierto) con dinero del contribuyente. A lo mejor están esperando a publicarlo a que se apruebe la Ley de Transparencia.

La primera reflexión es que el Gobierno que aseguraba hasta hace dos minutos que España no tiene un problema de corrupción ha cambiado de opinión. Algo es algo, teniendo en cuenta que su Presidente ha afirmado en el Parlamento el uno de agosto pasado que desconocía lo que estaba pasando con la financiación de su partido durante más de dos décadas y que si defendió con tanto ahínco al tesorero sr. Bárcenas porque él es una buena persona (el Presidente, no el Tesorero). Reconocerán conmigo que para un Gobierno de este tipo instalado en una realidad paralela este reconocimiento es un gran avance.

Aunque el reconocimiento, bien es verdad, es más bien implícito y se deriva del propio análisis de las medidas en cuestión, puesto que si no hubiera un problema profundo de corrupción ligado a la financiación irregular de los partidos políticos a cambio de favores y dinero del sector público este tipo de medidas carecería de finalidad. Su sola lectura pone los pelos de punta.

La segunda reflexión es que el Gobierno carece de credibilidad para luchar en serio contra la corrupción, dado que uno de sus principales focos está en la sede del PP. Problema que comparte con la mayoría de los viejos partidos, todos ellos afectados por casos de corrupción endémicos ligados a su financiación irregular. Por eso las medidas (como ocurrió también en los años 90 en el que el mismo CEPJ elaboró otro informe) son siempre a futuro, nunca se refieren al presente y nunca tienen la menor conexión con la depuración de las responsabilidades políticas y jurídicas aquí y ahora. Así puede afirmar el Gobierno que estas medidas no tienen nada que ver con el caso Bárcenas. Efectivamente, los casos ERES, Bárcenas, Palau y tantos otros que afectan a los viejos partidos son paradigmáticos en la medida en que en ninguno de ellos se ha depurado ninguna responsabilidad política (la dimisión de Griñán para dar  paso a una sucesora elegida a dedo e irse a aforar al Senado no puede considerarse seriamente un caso de asunción de responsabilidades) y queda por ver si será posible depurar alguna responsabilidad jurídica o judicial y cuando.

En definitiva, como dice mi admirado Cesar Molinas, en España lo peculiar no es que haya mucha corrupción, sino que no se depuran nunca las responsabilidades derivadas de la corrupción. Ni las políticas, ni las jurídicas ni siquiera las “reputacionales” de manera que el Banco de Santander puede contratar como gran fichaje a un ex político imputado (y por el caso Bankia precisamente) sin que tiemblen los mercados y huyan los clientes y accionistas despavoridos. Yo añadiría otra peculiaridad, que nos diferencia (todavía) de otros países tercermundistas: tenemos infinidad de herramientas legales e institucionales formalmente diseñadas para depurar estas responsabilidades, lo que pasa es que no funcionan. Algunas, la mayoría, han sido inutilizadas por los partidos políticos, mediante la captura de instituciones tan relevantes a estos efectos como el Tribunal de Cuentas. En otros casos, la inutilización procede tanto de un mal diseño formal de los mecanismos de control como del desistimiento o complicidad de los funcionarios al frente. Por último, siempre queda practicar la obstrucción sistemática de los pocos mecanismos que funcionan, especialmente los judiciales.

La tercera reflexión es que las medidas siempre son de papel, por esa querencia al BOE que tienen nuestros políticos. He perdido la cuenta de las veces que se ha reformado el Código Penal para “endurecer” las penas contra la corrupción, definir mejor tipos penales “dudosos” (especialmente para los que los han cometido), etc, etc. Tampoco llevo ya la cuenta de los códigos de conducta aprobados en el seno de los partidos, en el sector público, en el privado y en el mediopensionista. La ley de financiación de partidos ha sido modificada por última vez en mayo del 2012, aunque es verdad que todavía Bárcenas no había empezado a cantar. No parece que ninguna de estas medidas normativas haya sido muy efectiva. La cantinela “la normativa no lo prevé o es insuficiente” es muchas veces una excusa  para no depurar las clarísimas responsabilidades presentes. No hay que hacer un código de conducta para el sector público para saber que contratar a parientes o amigos para puestos públicos sin la preparación debida y sin transparencia y concurrencia está mal, lo dice la Constitución, las leyes administrativas, el sentido común y hasta la simple decencia. Tampoco otro para el sector privado explicando que contratar a un político o familiar del Rey que está imputado es incorrecto,  de hecho ya existe y  no se cumple. Lo que pasa es que este tipo de conductas no tiene sanción alguna, ni moral, ni jurídica ni política y en cambio presentan muchas ventajas para quienes las realizan, aunque no precisamente para los contribuyentes.

La cuarta reflexión es que las medidas que se aprueban o más bien se anuncian (todas exigen cambios normativos y modificaciones ulteriores) no atacan nunca las causas últimas del bloqueo de los mecanismos de depuración de responsabilidades a todos los niveles, que yo resumiría en seis:

a) el control partitocrático de las instituciones que deberían cumplir esa finalidad en una democracia sana,

b) la falta de democracia interna de los partidos que impide la competencia en su seno para sustituir o presentar alternativas a líderes corruptos,

c)la cultura de la opacidad que reina en la vida política española,

d)  la extensión y generalización de las redes clientelares propiciadas por el defectuoso funcionamiento de la democracia y el sector público español,

e) la complicidad por activa o por pasiva de los funcionarios y empleados del sector público que deberían evitar estos comportamientos, muchos de los cuales se han pasado con armas y bagajes al servicio de los que cortan el bacalao mientras que otros callan por miedo o resignación.

f) y quizá, la más importante de todas, la falta de una opinión pública exigente que diga, como en el caso de la plataforma vasca, Basta ya.

Me comentaron hace tiempo la anécdota de un Ministro de Justicia español que, agobiado por algunos casos de corrupción en la judicatura española, preguntaba a su homólogo alemán que qué habían hecho en Alemania para acabar con los jueces corruptos. La respuesta del Ministro alemán fue simplemente la siguiente: “echarlos”.

Cuenten ustedes a cuantos políticos corruptos ha echado este Gobierno del Partido Popular, o cualquier otro Gobierno de cualquier otro partido.

En el siguiente post trataremos de las medidas concretas aprobadas por el Gobierno.

Botín para Rato

La contratación de Rodrigo Rato como miembro del consejo asesor internacional del Banco de Santander, sumada a la contratación realizada unos meses antes por Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica,  ha generado una gran polémica en las redes sociales y en algunos medios digitales (aquí y aquí) aunque muy escasa -era tristemente previsible- en nuestra muy endeudada prensa en papel. Sobre este tema del revolving door en España y de la connivencia entre sus élites políticas, financieras y empresariales, hemos escrito mucho en este blog (aquí y aquí, por ejemplo). Es más, la contratación de Rato por Telefónica ya fue comentada en un post de enero de este año. Sin embargo, hoy no quiero tratar el asunto desde el punto de vista del ciudadano, es decir, analizar la forma en que los políticos chulean a sus representados en su propio beneficio (el “botín para Rato”), sino desde la perspectiva del accionista de Telefónica o del Banco de Santander, es decir, de la forma en que los consejeros de las grandes sociedades se ríen de sus representados en su propio beneficio (el “Botín para rato”). En definitiva, un análisis desde un punto de vista más mercantilista, como corresponde a la vocación jurídica de este blog. Lo que ocurre es que, anticipando un poco la conclusión, al final ambos temas inevitablemente vuelven a confluir, lo que explicaría a la postre el sincrético título escogido para este post: “Botín para Rato”.
Contratar como asesor a una persona cuya deficiente gestión en el mismo ramo de negocio ha costado 20.000 millones de euros al contribuyente, ha arruinado a miles de pequeños inversores, ha supuesto el despido de cientos de trabajadores y le ha valido a él una imputación penal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios varios… no es normal. Cabe presumir que su asesoramiento será erróneo y técnicamente deficiente, pero aunque fuera tan certero como el de Casandra, se mire como se mire su contratación supone un importante coste de imagen para la compañía. La explicación de que ha sido el mejor ministro de economía de la democracia resulta a estas alturas casi obscena, más o menos al mismo nivel que invocar su imborrable recuerdo en el FMI con dimisión anticipada incluida. Si se preguntase a los accionistas y clientes del Banco de Santander, su respuesta sería evidente: esa contratación les produce vergüenza propia y ajena. Cualquiera de ellos, dentro o fuera de España, podría preguntarse: ¿Qué sentido tiene gastarse miles de millones de euros de los accionistas en la Fórmula 1, cuando esa simple noticia en los medios nacionales e internacionales vuelve a colocar al Banco de Santander, no como el banco moderno, cool y globalizado que aspiraba a ser, sino como el banco rancio y casposo que sospechábamos que era?
En consecuencia, esa contratación sólo puede tener dos explicaciones:
a)      Los intereses personales del Sr. Botín, divergentes de los del banco.
b)      Los intereses espurios del banco, es decir, el banco agradece a los políticos los favores irregulares que se le hacen, cualquiera que sea la circunstancia.
Analicemos ahora la primera posibilidad. Es obvio que al Sr. Botín le preocupa muy poco la deficiente imagen moral que ofrece a la sociedad española (aunque lo cierto es que la “miseria moral”, el “ejemplo”, y la “asunción de responsabilidad” sí parece que le preocupan mucho a su hermano Jaime, aunque no sé si de esto hablan en casa y si, de hacerlo, sacan alguna conclusión). En cualquier caso, si el escándalo de los 2.000 millones de euros de la familia ocultos en Suiza, el caso Sáenz y su millonaria jubilación a costa del accionista pese a su condena en firme, y la contratación de Rato –entre otros asuntos menores- no le preocupan en absoluto, es porque no sufre ningún coste personal por ellos. Su puesto como presidente del banco está totalmente a salvo, de hecho ni se pone en cuestión. Como se ha observado por psicólogos e historiadores desde la caída de la República romana, esta invulnerabilidad frente a la responsabilidad es lo que explica el comportamiento despótico, y la consiguiente desvergüenza o indiferencia ante la opinión ajena (Tiberius ad Tiberim).
El blindaje de los consejos de las grandes sociedades cotizadas frente a sus accionistas es un tema tan clásico en el Derecho Mercantil que hasta aburre traerlo a colación. Pero sin duda aquí está la clave del asunto y conviene hacer alguna referencia al respecto.
Con el fin de salir al paso de este problema de falta de responsabilidad, por un lado, y de hacerlo de la forma menos intrusiva posible para conceder a las entidades la flexibilidad más adecuada a sus circunstancias, han proliferado en los últimos años informes y recomendaciones de gobierno corporativo. En nuestro país terminaron cristalizando en el Código Unificado de Buen Gobierno, que carece de valor normativo alguno y que constituye un mero compendio de recomendaciones dirigido a las sociedades cotizadas. No es que sea precisamente el Código de Draco –más bien es extraordinariamente “prudente”- pero contiene una serie de recomendaciones muy elementales entre las que podemos destacar, por ejemplo, la siguiente:
“32.- Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales.”
Este tipo de recomendaciones –en realidad otras mucho más serias y rigurosas- se cumplen en otros países porque allí las sociedades cotizadas operan en mercados transparentes firmemente controlados por reguladores independientes y en los que el público inversor no tolera la más mínima tontería. De hecho, es que no necesitarían ni la recomendación 32, porque en ese caso, ya sea por la presión del regulador o por la de accionistas y clientes, el consejo de turno se cuidará muy mucho de reírse del público.
Aquí, sin embargo, a la vista de que pese a la blandura del Código Unificado ni se le tenía en cuenta, se propuso por parte de la doctrina mercantilista convertir al menos algunas –sólo algunas- de las recomendaciones en obligaciones, es decir, en normas imperativas. El primer intento al respecto surgió de un conjunto de catedráticos en el seno de la Comisión General de Codificación a través de lo que se denominó una Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, en el año 2002. Entre otras propuestas interesantes podemos destacar la de limitar la edad de consejero a los setenta años, el número de consejos a los que se puede pertenecer a tres, hacer incompatible la presidencia de consejo con la de consejero delegado, etc. Como se pueden ustedes fácilmente imaginar, la propuesta no llegó a convertirse ni en Anteproyecto de Ley. Quizás podía ser muy interesante para inversores y accionistas, pero muy poco para los gestores instalados en las sociedades cotizadas que, vaya por Dios, son con los que los políticos se reúnen en el palco del Bernabéu y en los aviones privados que vuelven de Buenos Aires.
Ahora los catedráticos han vuelto a la carga –hay que reconocerles moral, como mínimo- en el actual Proyecto de Código Mercantil. No es que se atrevan tampoco con un trasvase completo y riguroso del CUBG, pero si recogen bastantes de sus proposiciones en forma de limitaciones y prohibiciones. Entre ellas destaca el citado límite de los tres consejos -aunque ya no el límite de edad (a la fuerza ahorcan)-, un régimen mucho más riguroso y serio de los consejeros independientes, expresa previsión estatutaria y mayoría cualificada para la acumulación de cargos, limitaciones a la remuneración, etc.
Me atrevo a aventurar que las posibilidades de este último intento –pese a su moderación- se aproximan mucho a las del anterior. Los Consejos de las sociedades cotizadas quieren seguir haciendo lo que les da la gana, y como a los políticos les pasa lo mismo -y, además cuando se jubilan quieren terminar en uno de ellos- ésta feliz confluencia de intereses garantiza que habrá Botín para rato (hasta los noventa y más allá) por un lado, y botín para los Ratos de turno, en forma de cargos y prebendas, por el otro.
No dudo que algo de la posibilidad b) también puede existir (Botín está premiando los favores que los políticos hacen al banco) y sin duda existe –basta contemplar la reticencia con la que se abordan en este país soluciones que contribuyan a aligerar de verdad la carga de los deudores hipotecarios y de los estafados por productos complejos y tóxicos, a diferencia de lo que ocurre en otros. Pero no seamos ingenuos: allí donde no existen instrumentos efectivos de exigencia de responsabilidades es totalmente imposible que nadie vele por intereses diferentes de los propios. Los intereses ajenos (del banco) se comparten cuando confluyen, y cuando no se desprecian. Éste de Rato es un caso más.
Por curiosidad, y reconociendo que es sólo una afortunada casualidad, ¿saben quién era ministro de Economía en 2002, cuando Emilio Botín cumplía 68 años y se presentaba la Propuesta de Sociedades Mercantiles que se decidió no convertir ni en Anteproyecto?
Sí, do ut des: Rato para Botín, y en justa reciprocidad, Botín para Rato.