El Emprendedor de Responsabilidad Limitada, un ejemplo más de “derecho inútil”

La reciente y varias veces anunciada ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ocupa 96 páginas, muchas de ellas trufadas de sabrosas novedades que iremos tratando. Una es la introducción de una nueva figura en nuestro ordenamiento jurídico: el emprendedor de responsabilidad limitada.

Dado que todos tenemos muy poco tiempo y mucho que hacer, les ofrezco el resumen ejecutivo de mi artículo por si no quieren seguir leyendo: el llamado emprendedor de responsabilidad limitada, tal y como se regula en la ley, es una ocurrencia inútil e innecesaria. Y además es engañosa.

El único beneficio jurídico que produce constituirse como ERL es que su vivienda habitual no responde de sus deudas. Repito: no es el principal beneficio, sino el único. Y aún eso no estaría del todo mal si no fuera porque hay tantas excepciones a esa supuesta protección de la vivienda, que podría decirse que la regla general es la contraria. En concreto, sí sigue respondiendo la vivienda a pesar de ser ERL, en los siguientes casos:

 

– Frente a las deudas tributarias o a la Seguridad Social (que suelen ser las más importantes de un emprendedor).

– Si la vivienda tiene un valor superior a 300.000 euros (o en caso de ciudades de más de un millón de habitantes, 450.000 euros). Así, por ejemplo, si en Granada, Bilbao, Salamanca o Santander hay alguien cuya vivienda habitual valga 350.000 euros, que se olvide de ser ERL. Porque sí (no vaya a ser que alguien diga que beneficia a “los ricos”).

– Si las deudas no traen causa de la actividad empresarial.

– Si las deudas son anteriores a la constitución como ERL, salvo que consientan los acreedores (que como es lógico, estarán encantados de consentir la renuncia a embargar el inmueble).

– Si la vivienda en propiedad del ERL no es la que usa como residencia. De modo que si alguien se plantea esta posibilidad y vive alquilado o en casa de sus padres y tiene otra vivienda, que se olvide de constituir una ERL. Porque sí otra vez.

– Si la vivienda habitual es la del cónyuge del ERL.

– Si se traslada a otra vivienda habitual que ya no cumpla alguno de los requisitos legales. No queda protegida ni la antigua ni la nueva.

 

En definitiva, los acreedores frente a los que la vivienda habitual quedaría protegida serían, básicamente, por un lado, los proveedores; quizá, aunque no está claro, el personal laboral contratado, y los bancos que le financien. Pero, respecto de estos últimos  es bastante probable que cuando el ERL vaya a solicitar financiación, se la denieguen si el único bien de valor es precisamente esa vivienda, o le obliguen a hipotecarla o, incluso, a renunciar a la condición de ERL. Y, por cierto, lo harán con toda la razón puesto que lo que buscan es garantizarse la devolución del dinero prestado.

De modo que, en la práctica y dado que es poco frecuente que un autónomo tenga personal contratado (lo habitual es que se constituya en sociedad mercantil), la utilidad básica del ERL será proteger la vivienda de las reclamaciones de algún proveedor.

Pues bien, para obtener este magro efecto hay que hacer muchas cosas:

 

–         Firmar un documento, notarial o no, en el que conste la voluntad de constituirse como ERL.

–         Inscribirlo en el registro mercantil.

–         Hacerlo constar en el registro de la propiedad donde esté inscrito el inmueble.

–         Publicarlo en el BORME. La publicidad de la ERL, eso sí, está garantizada; aparece nada menos que en el registro de la propiedad, el mercantil, el BORME y en un portal web del Colegio de registradores.

–         El ERL deberá además someter a auditoría sus cuentas anuales.

–         Y deberá también depositar esas cuentas en el registro mercantil. Si no lo hace, a los siete meses del cierre del ejercicio, la vivienda responde de nuevo ilimitadamente.

 

- Batman, por qué no te haces emprendedor de responsabilidad lim... - ¡Calla, necio!

Como puede verse, esto es un nuevo parto de los montes: mucha parafernalia, muchos requisitos, mucha publicidad, pero poquísima utilidad.  Es decir, se acude a la misma técnica que cuando se regularon las medidas de protección al deudor hipotecario sin recursos y el famoso “umbral de exclusión”, el cual exige tantos requisitos para obtener unos -modestos – beneficios, que es aplicable a un número reducidísimo de casos. Al final, todo este montaje y este cúmulo de trámites y requisitos sirve para que José García, que tiene un puesto en el mercado, o María Pérez, que tiene una zapatería, si no pagan a algún proveedor, éste no pueda embargarles la casa. Pues qué bien. Para eso bastaba un mero artículo en la LEC.

 

 

La figura del ERL corre el grave peligro de caer en el desuso de manera inmediata, del mismo modo que le ha sucedido en la práctica a otra ocurrencia jurídica que en teoría sigue vigente, pero que es un fósil casi desde que nació: La sociedad limitada Nueva Empresa. En 2010, solamente el 0,6% de las constituidas lo hicieron con esta forma social.

El ERL es un ejemplo más de lo que se ha llamado, piadosamente, soft law, pero que con más justeza se califica como derecho inútil, derecho hueco o derecho placebo. Normas que carecen de una verdadera vocación de atender y solucionar necesidades y problemas reales para ser más bien instrumentos propagandísticos del gobierno de turno.  Los verdaderos destinatarios de una ley como la que regula el ERL no somos los ciudadanos, sino el periodista que asiste a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y los funcionarios de Bruselas, para que a ver si cuando lean el BOE no entran en demasiadas profundidades y consideran que tenemos una legislación muy avanzada.

Y es que además en España tenemos ya una figura legal que cumple con mucha más ventaja las funciones del ERL: la sociedad limitada unipersonal. Con muy poco desembolso protege no solamente la vivienda sino todo el patrimonio del emprendedor y frente a todo tipo de acreedores. Además, un emprendedor puede constituir cuantas sociedades unipersonales necesite y puede introducir nuevos socios o transmitirla con enorme facilidad.

Legislar para la foto, como sucede en este caso, no es ni mucho menos inocuo.  En el fondo significa introducir un cierto engaño en la norma, se trata de legislar para poder decir que estás haciendo una cosa (permitir el emprendimiento, proteger a los más débiles, etc.) pero cuando se lee lo que aparece en el BOE nos damos cuenta de que lo que te han contado no es verdad, porque hay mucha letra pequeña. En el caso del emprendedor de responsabilidad limitada el engaño empieza desde su propia denominación. No es verdad que tenga limitada su responsabilidad con carácter general, como parece sugerirse. Por el contrario, su responsabilidad sigue siendo ilimitada… salvo algunas cosas, como diría Mariano Rajoy.

Es muy negativo que se acuda a leer una disposición legal pensando que tiene “trampas”, que donde parece conceder un derecho en realidad luego lo elimina para el 90% de los casos, que cuando te concede un beneficio fiscal tienes que tener un cuidado extremo porque seguro que desperdigados por el mismo texto hay francotiradores dispuestos a abatirte a la menor equivocación. Es muy negativo, en definitiva, pensar que el legislador no te esta hablando a ti como ciudadano sino que se está haciendo propaganda a sí mismo y que le da igual el resultado práctico de las leyes que promulga, puesto que su objetivo básico, la autopromoción, está cumplido. Todo ello provoca que cada vez se le tenga menos respeto a la norma, que se la considere bien una enemiga, bien una inutilidad que nadie va a tener en cuenta, bien algo completamente incomprensible porque está redactada de una manera que no se sabe qué ha querido decir. Y eso es malo para el Estado de Derecho.

 

De un indulto absolutista (todavía hoy) a un indulto constitucional

 
Numerosas veces el poder político se siente cómodo con leyes muy antiguas que dictadas en épocas muy pretéritas y en otros contextos, han perdurado y que le dan a aquel unos márgenes donde los límites son escasos y el control casi inexistente.
Es el caso de la Ley de Indulto de 1870 cuyo uso prolijo en nuestra historia  reciente solo se ve superado por la utilización arbitraria en ocasiones de esta institución que se mantiene incólume en su forma de ejercicio sin haberse realizado adaptación alguna a los principios y valores constitucionales.
La figura del indulto, que engarza con la concepción de la monarquía absoluta (y antes), no ha experimentado cambios en su configuración, su justificación ni sus límites. Aunque la Constitución refiere su titularidad en dos ocasiones al Rey, es, no obstante el gobierno quien lo tramita y concede. Aunque en esa norma se califica como un “derecho”, tampoco lo es, ni desde el punto de vista del solicitante o potencial beneficiario, ni tampoco desde la perspectiva de quien la concede, ni tan siquiera una prerrogativa, término que en la actualidad no es muy propio sino más adecuado sería el de potestad.
En todo caso, decía, el paso del tiempo y una concepción más democrática de las instituciones, demanda la inaplazable urgencia de que se elabore una nueva Ley de Indulto que deje atrás tanto deficiencias originarias y que el tiempo ha puesto a la luz, al igual que algunas actuaciones recientes de los últimos gobiernos concediendo indultos que socialmente son muy reprobables.
En todo caso, aunque los tiempos no son proclives a acuerdos y las mayorías absolutas se entiendan equivocadamente como un cheque en blanco, la necesidad de una nueva ley es sentida no solo por potenciales beneficiarios, sino por la propia sociedad, todos los operadores jurídicos y, particularmente, los letrados ocupados en temas penales que puedan conocer de modo más previsible y racional cuando y con qué límites procede.
En ese nuevo texto, deberá partirse de que el indulto representa una excepción (y en consecuencia así debe ser tratada siempre) del principio general de la aplicación de las penas y, asimismo, del sistema de distribución de poderes, privándosele de esta función a quien tiene la competencia constitucional exclusiva para juzgar y ejecutar lo juzgado. Todo tratamiento legal, debe partir, pues, de esa excepcionalidad.
Ello supone, en primer lugar, concretar y limitar las causas de otorgamiento de este beneficio. Ahora, está absolutamente abierto y su concesión no exige legalmente la concurrencia de circunstancias, que deberían ser extraordinarias (como la institución) para paliar aquello que no pueda lograrse vía beneficios penales y penitenciarios.
Así, solo razones de justicia material pueden ser hoy la única justificación de esta institución, modulando en casos muy singulares la utilización de esta medida y vinculándolo a uno de los fines constitucionales de las penas: la reinserción y rehabilitación social. En todo caso, debe subrayarse que esta institución jurídica, como todas, está sujeta y condicionada por los principios y valores constitucionales, debiendo hacerse su enfoque desde lo que supone ser un “Estado Social y Democrático de Derecho” y no como algo ajeno a ello.
En todo caso, hay una cuestión muy delicada: el tratamiento de igualdad, de modo que el órgano con competencia para concederlo debe valorar que lo que está haciendo en ese caso concreto (concediéndolo o denegándolo) va ser un precedente que podría ser utilizado (y eventualmente en su impugnación) por otros que se encuentren en idéntica o muy semejante situación y que son tratados de manera diferente. Si a una persona condenada que está en determinadas circunstancias se le otorga el perdón, no puede haber razones que justifiquen en un asunto prácticamente semejante un tratamiento diferente.
Otro asunto muy sensible y sobre el que reflexionar es acerca de qué tipo de penados pueden ser objeto de indulto. ¿Todos? El carácter excepcional de la institución, acaso requiera una delimitación más precisa, y en este caso por vía negativa donde el rechazo social del delito fuera tan intenso que, acaso, justificaría la exclusión de determinadas conductas penales. ¿Es asumible (no solo por la victima sino también por las futuras y particularmente por la sociedad) el indulto a un violador? ¿Lo es para responsables de delitos de corrupción de menores o tráfico de niños? ¿Un narcotraficante a gran escala? ¿Qué mensaje se traslada a la sociedad cuando se indulta a todos los políticos? El tema merece una reflexión.
Esa coherencia exigible tiene relación con el carácter de la decisión. Esta no es puramente un acto graciable, un acto caprichoso o absolutamente inserto en la total libertad y la ausencia de límite y criterio, sino que en un Estado de Derecho, debe estar sujeto legalmente a unos motivos, a unos límites materiales y, evidentemente, a unos cauces procedimentales.
Se trata, en definitiva (y desterrados los actos arbitrarios por el artículo 9 de la Constitución), de situarlos en el concepto de actos discrecionales, sujetos a lo anteriormente señalado y en los cuales, aunque el campo de decisión sea amplio, ello no quiere decir que sea absoluto, sino por el contrario sujeto a control previo interno antes de su otorgamiento y claramente control externo judicial ex post, pudiendo recurrirse tanto su otorgamiento vía Decreto como su denegación mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
Respecto la institución competente, no existe, frente a la apariencia, una reserva a favor del gobierno, por lo que acaso podría reflexionarse sobre una más adecuada atribución de esta potestad, encomendándosela a quien tiene la función jurisdiccional, concretamente al Tribunal Supremo su concesión, alejándolo así más –en principio- a intereses políticos, financieros, o de otro tipo donde los políticos se mueven con mucha más nebulosa y más favoritismo.
Un tema fundamental es la motivación. Es asombroso que exigiendo la Ley de 1870 que el Decreto de concesión debiera ser motivado, en cambio, una ley de 1988, ya bajo el amparo de nuestra Constitución, suprimiera, además por unanimidad, esa exigencia. Sin perjuicio de que consideremos que pese a ello, por aplicación de otras normas (artículo 54 de la LRJPAC, por ejemplo), debe exigirse esa motivación precisa, alejada de fórmulas vagas, rituales y repetitivas. En todo caso, la nueva normativa, deberá reforzar aquello.
Asimismo, debe ponderarse más el valor de los informes que emitan el órgano judicial sentenciador, el Ministerio Fiscal y otros a los que se les pida criterio. De una manera muy particular el de la víctima o sus herederos cuando el delito haya tenido un particular agraviado y de un modo aún más relevante si ha producido el resultado de muerte o daños personales graves. Cierto es que el perdón no puede quedar en manos de los directamente ofendidos, pero resulta gravemente injusto, ignorar en estos casos, la existencia de unas víctimas a las que en la normativa europea se intenta proteger y aquí solo marginar (salvo un tipo de ellas).
También deben introducirse pautas en orden a que efectos produce respecto un condenado la solicitud del indulto en el sentido de que si éste es solicitado, suspende o no la aplicación de la pena. Esto debería más constreñido pues dejando a un lado aquellos casos de penas breves donde una entrada en prisión haría ineficaz su otorgamiento posterior, el caso es que el valor ejemplarizante, exige tratar desde una perspectiva excepcional –aunque fuese por breve tiempo- lo que supone un no inicio de cumplimiento de pena, máxime cuando esto, la suspensión de la efectividad de la pena antes del indulto, se produce generalmente en ámbitos de penados de mayor potencialidad e influencia.
Otro asunto importante en la nueva regulación debe ser fijar el control judicial (sin perjuicio del social y el parlamentario) de las decisiones sobre el indulto. Cierto es que como medida discrecional, con unos entornos amplios, la efectividad de su impugnación no es fácil pero sí que, necesariamente en un Estado de derecho, debe configurarse como posibilidad. Y ese control, por supuesto, debe afectar a los elementos formales y procedimentales, al igual que a los límites legales sobre la extensión (penas accesorias, costas, indemnizaciones, etc). También, y esto es muy importante, a su motivación.
Pero también y esto es fundamental, a una ponderación de la oportunidad, la proporcionalidad (que en esta materia es fundamental), la objetivación, la razonabilidad, el tratamiento injustificadamente diferente, o simplemente cuando la discrecionalidad deriva en arbitrariedad. La competencia le correspondería a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque el tema de la legitimación es limitada en la práctica, al ser el Ministerio Fiscal un órgano más que dependiente, sumiso y complaciente siempre con el gobierno-. La legitimación es ciertamente reducida a las víctimas y, por vía de ejecución del indulto, al órgano sentenciador, tal y como en algún asunto ha sucedido. En todo caso, y lo refuerza la LJCA de 1998, no son admisibles en nuestro Derecho, decisiones del gobierno “cualquiera que sea su naturaleza” de aquellas, inmunes al control judicial.
Esto son algunas de las varias cuestiones que se suscitan y que decisiones más que polémicas de los gobiernos en los últimos años pueden y debe generar el ánimo para que cuando el Parlamento sea algo más que una apisonadora para evitar debates, un lugar de insulto o de aplauso palmero al líder, recupere su protagonismo y elabore una nueva ley de indulto acorde con nuestros tiempos y a nuestra formulación, al menos teórica, como “Estado social y democrático de Derecho”. Y en ello, los abogados, a través de sus Corporaciones, deben tener un papel activo.
 

De un indulto absolutista (todavía hoy) a un indulto constitucional

 

Numerosas veces el poder político se siente cómodo con leyes muy antiguas que dictadas en épocas muy pretéritas y en otros contextos, han perdurado y que le dan a aquel unos márgenes donde los límites son escasos y el control casi inexistente.

Es el caso de la Ley de Indulto de 1870 cuyo uso prolijo en nuestra historia  reciente solo se ve superado por la utilización arbitraria en ocasiones de esta institución que se mantiene incólume en su forma de ejercicio sin haberse realizado adaptación alguna a los principios y valores constitucionales.

La figura del indulto, que engarza con la concepción de la monarquía absoluta (y antes), no ha experimentado cambios en su configuración, su justificación ni sus límites. Aunque la Constitución refiere su titularidad en dos ocasiones al Rey, es, no obstante el gobierno quien lo tramita y concede. Aunque en esa norma se califica como un “derecho”, tampoco lo es, ni desde el punto de vista del solicitante o potencial beneficiario, ni tampoco desde la perspectiva de quien la concede, ni tan siquiera una prerrogativa, término que en la actualidad no es muy propio sino más adecuado sería el de potestad.

En todo caso, decía, el paso del tiempo y una concepción más democrática de las instituciones, demanda la inaplazable urgencia de que se elabore una nueva Ley de Indulto que deje atrás tanto deficiencias originarias y que el tiempo ha puesto a la luz, al igual que algunas actuaciones recientes de los últimos gobiernos concediendo indultos que socialmente son muy reprobables.

En todo caso, aunque los tiempos no son proclives a acuerdos y las mayorías absolutas se entiendan equivocadamente como un cheque en blanco, la necesidad de una nueva ley es sentida no solo por potenciales beneficiarios, sino por la propia sociedad, todos los operadores jurídicos y, particularmente, los letrados ocupados en temas penales que puedan conocer de modo más previsible y racional cuando y con qué límites procede.

En ese nuevo texto, deberá partirse de que el indulto representa una excepción (y en consecuencia así debe ser tratada siempre) del principio general de la aplicación de las penas y, asimismo, del sistema de distribución de poderes, privándosele de esta función a quien tiene la competencia constitucional exclusiva para juzgar y ejecutar lo juzgado. Todo tratamiento legal, debe partir, pues, de esa excepcionalidad.

Ello supone, en primer lugar, concretar y limitar las causas de otorgamiento de este beneficio. Ahora, está absolutamente abierto y su concesión no exige legalmente la concurrencia de circunstancias, que deberían ser extraordinarias (como la institución) para paliar aquello que no pueda lograrse vía beneficios penales y penitenciarios.

Así, solo razones de justicia material pueden ser hoy la única justificación de esta institución, modulando en casos muy singulares la utilización de esta medida y vinculándolo a uno de los fines constitucionales de las penas: la reinserción y rehabilitación social. En todo caso, debe subrayarse que esta institución jurídica, como todas, está sujeta y condicionada por los principios y valores constitucionales, debiendo hacerse su enfoque desde lo que supone ser un “Estado Social y Democrático de Derecho” y no como algo ajeno a ello.

En todo caso, hay una cuestión muy delicada: el tratamiento de igualdad, de modo que el órgano con competencia para concederlo debe valorar que lo que está haciendo en ese caso concreto (concediéndolo o denegándolo) va ser un precedente que podría ser utilizado (y eventualmente en su impugnación) por otros que se encuentren en idéntica o muy semejante situación y que son tratados de manera diferente. Si a una persona condenada que está en determinadas circunstancias se le otorga el perdón, no puede haber razones que justifiquen en un asunto prácticamente semejante un tratamiento diferente.

Otro asunto muy sensible y sobre el que reflexionar es acerca de qué tipo de penados pueden ser objeto de indulto. ¿Todos? El carácter excepcional de la institución, acaso requiera una delimitación más precisa, y en este caso por vía negativa donde el rechazo social del delito fuera tan intenso que, acaso, justificaría la exclusión de determinadas conductas penales. ¿Es asumible (no solo por la victima sino también por las futuras y particularmente por la sociedad) el indulto a un violador? ¿Lo es para responsables de delitos de corrupción de menores o tráfico de niños? ¿Un narcotraficante a gran escala? ¿Qué mensaje se traslada a la sociedad cuando se indulta a todos los políticos? El tema merece una reflexión.

Esa coherencia exigible tiene relación con el carácter de la decisión. Esta no es puramente un acto graciable, un acto caprichoso o absolutamente inserto en la total libertad y la ausencia de límite y criterio, sino que en un Estado de Derecho, debe estar sujeto legalmente a unos motivos, a unos límites materiales y, evidentemente, a unos cauces procedimentales.

Se trata, en definitiva (y desterrados los actos arbitrarios por el artículo 9 de la Constitución), de situarlos en el concepto de actos discrecionales, sujetos a lo anteriormente señalado y en los cuales, aunque el campo de decisión sea amplio, ello no quiere decir que sea absoluto, sino por el contrario sujeto a control previo interno antes de su otorgamiento y claramente control externo judicial ex post, pudiendo recurrirse tanto su otorgamiento vía Decreto como su denegación mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Respecto la institución competente, no existe, frente a la apariencia, una reserva a favor del gobierno, por lo que acaso podría reflexionarse sobre una más adecuada atribución de esta potestad, encomendándosela a quien tiene la función jurisdiccional, concretamente al Tribunal Supremo su concesión, alejándolo así más –en principio- a intereses políticos, financieros, o de otro tipo donde los políticos se mueven con mucha más nebulosa y más favoritismo.

Un tema fundamental es la motivación. Es asombroso que exigiendo la Ley de 1870 que el Decreto de concesión debiera ser motivado, en cambio, una ley de 1988, ya bajo el amparo de nuestra Constitución, suprimiera, además por unanimidad, esa exigencia. Sin perjuicio de que consideremos que pese a ello, por aplicación de otras normas (artículo 54 de la LRJPAC, por ejemplo), debe exigirse esa motivación precisa, alejada de fórmulas vagas, rituales y repetitivas. En todo caso, la nueva normativa, deberá reforzar aquello.

Asimismo, debe ponderarse más el valor de los informes que emitan el órgano judicial sentenciador, el Ministerio Fiscal y otros a los que se les pida criterio. De una manera muy particular el de la víctima o sus herederos cuando el delito haya tenido un particular agraviado y de un modo aún más relevante si ha producido el resultado de muerte o daños personales graves. Cierto es que el perdón no puede quedar en manos de los directamente ofendidos, pero resulta gravemente injusto, ignorar en estos casos, la existencia de unas víctimas a las que en la normativa europea se intenta proteger y aquí solo marginar (salvo un tipo de ellas).

También deben introducirse pautas en orden a que efectos produce respecto un condenado la solicitud del indulto en el sentido de que si éste es solicitado, suspende o no la aplicación de la pena. Esto debería más constreñido pues dejando a un lado aquellos casos de penas breves donde una entrada en prisión haría ineficaz su otorgamiento posterior, el caso es que el valor ejemplarizante, exige tratar desde una perspectiva excepcional –aunque fuese por breve tiempo- lo que supone un no inicio de cumplimiento de pena, máxime cuando esto, la suspensión de la efectividad de la pena antes del indulto, se produce generalmente en ámbitos de penados de mayor potencialidad e influencia.

Otro asunto importante en la nueva regulación debe ser fijar el control judicial (sin perjuicio del social y el parlamentario) de las decisiones sobre el indulto. Cierto es que como medida discrecional, con unos entornos amplios, la efectividad de su impugnación no es fácil pero sí que, necesariamente en un Estado de derecho, debe configurarse como posibilidad. Y ese control, por supuesto, debe afectar a los elementos formales y procedimentales, al igual que a los límites legales sobre la extensión (penas accesorias, costas, indemnizaciones, etc). También, y esto es muy importante, a su motivación.

Pero también y esto es fundamental, a una ponderación de la oportunidad, la proporcionalidad (que en esta materia es fundamental), la objetivación, la razonabilidad, el tratamiento injustificadamente diferente, o simplemente cuando la discrecionalidad deriva en arbitrariedad. La competencia le correspondería a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque el tema de la legitimación es limitada en la práctica, al ser el Ministerio Fiscal un órgano más que dependiente, sumiso y complaciente siempre con el gobierno-. La legitimación es ciertamente reducida a las víctimas y, por vía de ejecución del indulto, al órgano sentenciador, tal y como en algún asunto ha sucedido. En todo caso, y lo refuerza la LJCA de 1998, no son admisibles en nuestro Derecho, decisiones del gobierno “cualquiera que sea su naturaleza” de aquellas, inmunes al control judicial.

Esto son algunas de las varias cuestiones que se suscitan y que decisiones más que polémicas de los gobiernos en los últimos años pueden y debe generar el ánimo para que cuando el Parlamento sea algo más que una apisonadora para evitar debates, un lugar de insulto o de aplauso palmero al líder, recupere su protagonismo y elabore una nueva ley de indulto acorde con nuestros tiempos y a nuestra formulación, al menos teórica, como “Estado social y democrático de Derecho”. Y en ello, los abogados, a través de sus Corporaciones, deben tener un papel activo.

 

¿Quién manda en España?

Tranquilos, no existe la conspiración judeo-masónica, ni tampoco la de la trilateral. En realidad, no existe ninguna conspiración digna de ese nombre. Todo es siempre mucho más simple y natural, especialmente en España. Una conspiración exige unas mínimas dotes organizativas y una capacidad de secreto que exceden completamente de las posibilidades de nuestras élites políticas y financieras. Aquí todo está a la vista de quién tenga ojos para ver, y cada vez más.
Pero, sin duda, lo que se necesitaba imperiosamente en esta época tecnológica, era un instrumento que nos permitiese ver, con comodidad y plena certidumbre, cómo sus integrantes se conocen, organizan, relacionan y apoyan mutuamente. Hasta ahora no disponíamos de nada más sofisticado que el “Yo pilarista” (que es lo más parecido que tenemos en España a la Harvard Law Review). A partir de ahí cada uno se hacía su propia composición de lugar, combinando su particular experiencia en el ramo correspondiente con la esporádica y desestructurada información ofrecida por los medios de comunicación.
No es una cuestión de cotilleo o de mera curiosidad, ni muchísimo menos. Cuando se propone por la Comisión General de Codificación una reforma de las sociedades cotizadas que establece ciertos límites de edad o de número de consejos a los que se puede pertenecer, y esa reforma fracasa por la presión de los lobbies, interesa mucho conocer a quién afecta la reforma, quién está en más de tres consejos y a quién se debe el favor de haberlo parado. Luego, interesará saber cómo se devuelve. Interesa también tener un acceso sencillo al currículum de los designados para puestos relevantes en nuestras instituciones y en nuestras empresas punteras, incluidas las públicas. Y cuando el currículum sea impresentable, interesa conocer qué amigos tiene el designado y dónde están colocados. Sea o no impresentable, interesa siempre conocer si el colocado es sobrino del ministro. Y, por supuesto, nos interesa conocer la extensa parentela familiar y política del ministro Soria, y cómo a costa de nuestros impuestos quiere ganar las elecciones en Canarias y dejar una huella imborrable en su progenie.
Nadie duda de que estos comportamientos están enormemente extendidos en España, pero hasta ahora resultaba bastante laborioso justificarlos documentalmente. Los que deberían hacerlo, que es la prensa de referencia, cada vez tienen menos medios y voluntad para ello. Pese a todo, lo que está claro es que sólo la luz, la información y la transparencia tienen alguna posibilidad de revertir este estado de cosas, y no precisamente las cuarenta medidas de regeneración democrática que nos presentó el Gobierno hace un par de semanas. Por ese motivo, creo que se puede afirmar con poca exageración que la web que ahora les presento puede hacer más por esa regeneración que las tres leyes que el Gobierno quiere promulgar para articular ese conjunto de medidas.
¿Quién manda en España? Es una web elaborada por la Fundación Ciudadana Civio, una entidad dedicada a poner en marcha proyectos de análisis y periodismo de datos encaminados a mejorar la transparencia y, como consecuencia, aportar su granito de arena para conseguir una ciudadanía más informada y con capacidad para exigir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan. Arrancó gracias a la ayuda de Global Integrity, que les concedió uno de sus premios del 123 Testing Global Innovation Found.
Obviamente, es un proyecto que espera contar con la colaboración de la ciudadanía para crecer y convertirse poco a poco en una verdadera referencia nacional en el control y rendición de cuentas de nuestro establishment. Ayuda financiera, sin duda, pero también en forma de información, datos y fotografías. Ahora mismo sale con 2000 personas físicas y jurídicas convenientemente “fichadas”, 2500 “relaciones” documentadas, 100 interesantes fotografías para conocer el who´s who patrio y 12 artículos de fondo muy ilustrativos.
En conclusión, es el momento de ponerse las gafas y empezar a navegar. Con ustedes:

¿Quién manda en España?

 
 

¿Quién manda en España?

Tranquilos, no existe la conspiración judeo-masónica, ni tampoco la de la trilateral. En realidad, no existe ninguna conspiración digna de ese nombre. Todo es siempre mucho más simple y natural, especialmente en España. Una conspiración exige unas mínimas dotes organizativas y una capacidad de secreto que exceden completamente de las posibilidades de nuestras élites políticas y financieras. Aquí todo está a la vista de quién tenga ojos para ver, y cada vez más.

Pero, sin duda, lo que se necesitaba imperiosamente en esta época tecnológica, era un instrumento que nos permitiese ver, con comodidad y plena certidumbre, cómo sus integrantes se conocen, organizan, relacionan y apoyan mutuamente. Hasta ahora no disponíamos de nada más sofisticado que el “Yo pilarista” (que es lo más parecido que tenemos en España a la Harvard Law Review). A partir de ahí cada uno se hacía su propia composición de lugar, combinando su particular experiencia en el ramo correspondiente con la esporádica y desestructurada información ofrecida por los medios de comunicación.

No es una cuestión de cotilleo o de mera curiosidad, ni muchísimo menos. Cuando se propone por la Comisión General de Codificación una reforma de las sociedades cotizadas que establece ciertos límites de edad o de número de consejos a los que se puede pertenecer, y esa reforma fracasa por la presión de los lobbies, interesa mucho conocer a quién afecta la reforma, quién está en más de tres consejos y a quién se debe el favor de haberlo parado. Luego, interesará saber cómo se devuelve. Interesa también tener un acceso sencillo al currículum de los designados para puestos relevantes en nuestras instituciones y en nuestras empresas punteras, incluidas las públicas. Y cuando el currículum sea impresentable, interesa conocer qué amigos tiene el designado y dónde están colocados. Sea o no impresentable, interesa siempre conocer si el colocado es sobrino del ministro. Y, por supuesto, nos interesa conocer la extensa parentela familiar y política del ministro Soria, y cómo a costa de nuestros impuestos quiere ganar las elecciones en Canarias y dejar una huella imborrable en su progenie.

Nadie duda de que estos comportamientos están enormemente extendidos en España, pero hasta ahora resultaba bastante laborioso justificarlos documentalmente. Los que deberían hacerlo, que es la prensa de referencia, cada vez tienen menos medios y voluntad para ello. Pese a todo, lo que está claro es que sólo la luz, la información y la transparencia tienen alguna posibilidad de revertir este estado de cosas, y no precisamente las cuarenta medidas de regeneración democrática que nos presentó el Gobierno hace un par de semanas. Por ese motivo, creo que se puede afirmar con poca exageración que la web que ahora les presento puede hacer más por esa regeneración que las tres leyes que el Gobierno quiere promulgar para articular ese conjunto de medidas.

¿Quién manda en España? Es una web elaborada por la Fundación Ciudadana Civio, una entidad dedicada a poner en marcha proyectos de análisis y periodismo de datos encaminados a mejorar la transparencia y, como consecuencia, aportar su granito de arena para conseguir una ciudadanía más informada y con capacidad para exigir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan. Arrancó gracias a la ayuda de Global Integrity, que les concedió uno de sus premios del 123 Testing Global Innovation Found.

Obviamente, es un proyecto que espera contar con la colaboración de la ciudadanía para crecer y convertirse poco a poco en una verdadera referencia nacional en el control y rendición de cuentas de nuestro establishment. Ayuda financiera, sin duda, pero también en forma de información, datos y fotografías. Ahora mismo sale con 2000 personas físicas y jurídicas convenientemente “fichadas”, 2500 “relaciones” documentadas, 100 interesantes fotografías para conocer el who´s who patrio y 12 artículos de fondo muy ilustrativos.

En conclusión, es el momento de ponerse las gafas y empezar a navegar. Con ustedes:

¿Quién manda en España?