De debates, consignas y democracia para menores de edad

 

Una de las características de la vida política española es la baja calidad de los debates sobre cualquiera de los temas que ocupan o preocupan a la sociedad española. Podríamos aducir que esta sociedad no es demasiado aficionada al debate, y que la dialéctica ocupan poco espacio y atraen poco interés en cualquiera de los niveles del sistema educativo español. También podríamos argumentar que el nivel de rigor intelectual de los políticos españoles no se presta a intercambios de argumentos demasiado profundos.

Cualquiera de esas dos razones podría ser parcialmente cierta, pero ninguna de ellos explica realmente el deterioro en el nivel del debate público en la vida política española. Probablemente el aspecto que mejor pueda explicarlo es la extraordinaria importancia de la carga ideológica en cualquier debate político que tiene lugar en España. Sin duda, para un profesional de la política, lleva cualquier debate al terreno ideológico hace su vida mucho más sencilla. Lo preocupante es que los ciudadanos, los medios de comunicación, e incluso las élites intelectuales también parecen encontrarse mucho más confortables con este tipo de argumentos.

El debate en torno a la nueva ley de Educación ha permitido alcanzar una nueva cima en cuanto al número de despropósitos que se pueden decir en España. Que para un problema del que depende el futuro del país, y para el que existen infinidad de experiencias y prácticas internacionales que muestran el camino a seguir,  los políticos y los medios de comunicación  decidan que los temas a debatir son las clases de religión y el idioma en que se imparten las clases, solo puede causar perplejidad. No niego que para algunas personas estos sean temas  muy relevantes, pero para el futuro de la educación en España lo son bastante menos. Los verdaderos problemas, el verdadero debate sobre las medidas que pueden adoptarse para incentivar el trabajo de los profesores, combatir el abandono escolar, motivar el esfuerzo y el mérito, adecuar los curriculum al nuevo entorno social y laboral, etc, etc, apenas si han conseguido hacerse un hueco entre el ruido y la furia de la vida pública española.

Mientras en otros países la educación es una cuestión de Estado y como tal se trata en España, desde hace mucho tiempo, es solo un campo de batalla ideológico, todo se reduce a dar clases de religión (derechas) clases de educación para la ciudadanía (izquierdas). Todo lo demás son aspectos secundarios. Claramente los partidos políticos se sienten cómodos con argumentos básicos: la escuela pública es de izquierdas, la escuela privada o concertada, de derechas. El debate sobre escuela pública o privada se realiza bajo una premisa ideológica, no de calidad de la enseñanza. El debate sobre el modelo de escuela más adecuado para el país, excelencia o  igualdad, o una feliz conjunción de los dos,  se pierde en la maraña de la discusión ideológica.

Y sin embargo debates en profundidad sobre el tema de educación, pueden encontrarse, por ejemplo en el blog de FEDEA, Nada es Gratis, en post como éstos. Este blog también ha dedicado numerosas entradas a estos temas, como ésta. En muchos de estos posts encontrarán datos para avalar unos u otros argumentos. Nada de eso ocurre en nuestra vida pública. Debatir sin datos suele responder más a un intercambio de opiniones que a un intercambio de argumentos.

Si el debate sobre la educación es un debate adulterado por la carga ideológica, el debate sobre la sanidad no se queda a la zaga. El lema “la sanidad no se vende, se defiende”  cumple perfectamente todos los principios de una comunicación efectiva: simplificar y movilizar. Lástima que aporta poco al debate sobre la mejor forma de aprovechar los recursos disponibles para proporcionar la mejor sanidad posible. Si sorprende que los Gobiernos que proponen la privatización de la gestión sanitaria no aportan ni un dato que avale que ese modelo redundará en una sanidad más barata y de mayor calidad, para los que se oponen al modelo de privatización de la gestión el argumento de defensa de la sanidad pública les parece más que suficiente. Para aquellos a los que nos resulta indiferente si la gestión es pública o privada, mientras la gestión sea eficiente, no es fácil decidir qué modelo es mejor ante la total ausencia de datos. El análisis sobre cómo reducir las listas de espera, cómo remunerar adecuadamente al personal sanitario, o cómo hacer sostenible el coste sanitario ante el envejecimiento de la población, nuevamente quedan ocultos bajo el manto del debate ideológico de sanidad pública o privada.

Algunos pueden considerar que esta baja calidad de los debates públicos es un tema menor, frente a los problemas a los que debe enfrentarse la sociedad española, pero lo cierto es que la consecuencia inmediata de esta tendencia a la discusión ideologizada es que vivimos en una democracia “para menores de edad”. Los políticos consideran que hay muchos debates para los que la sociedad española no está preparada, y por ello es mejor, no abrirlos, no plantearlos, y gestionarlos “en los pasillos” y de espaldas a la sociedad. La herencia de la transición española, donde el miedo a la reversión democrática y a un golpe de estado llevaba a que la mayoría de los temas se gestionaran “a escondidas” y sin debate público, hoy sigue vigente y con notable éxito entre la clase política española.

El modelo territorial es otro de esos debates públicos para el que los políticos consideran que la sociedad española no está madura. Solo el desafío nacionalista de Cataluña, ha obligado, a regañadientes, a abrirlo y con muchos reparos. Otro gran debate que se hurta a los españoles es el de las pensiones. Quizás pedir que se discuta sobre si los ciudadanos prefieren un sistema de reparto o un sistema de capitalización sea una quimera. Pero que haya un debate riguroso y que se nos informe de forma veraz es un derecho de los ciudadanos.  Ciertamente es un tema incómodo, porque solo pueden darse malas noticias. Para el partido en el poder cualquier decisión negativa sobre las pensiones es una decisión con un gran coste político. Para la oposición es un tema que proporciona enormes réditos electorales. El actual Gobierno buscó el refrendo de un comité de expertos para apoyar las difíciles decisiones que tendría que tomar, pero las conclusiones de ese Comité no han llevado a ningún debate público Es difícil que lo haya entre los que opinan que la demografía y el envejecimiento de la población hará inviable que pueda sostenerse el actual nivel de las pensiones, y que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es ahorrar para la jubilación, y los que consideran que siempre habrá dinero para pagarlas y que todo depende de una decisión política.

El debate de las pensiones ilustra también la ya abordada (en este post) ideología de los “derechos adquiridos” o “conquistados”, tan usual en los debates para menores que se usan en España. En este modelo todo se reduce a una lucha de buenos frente a malos, en los que unos, los buenos, conquistan y defienden derechos, y otros, los malos, quieren recortarlos o eliminarlos. Las cosas así planteadas son siempre sencillas y agradecidas. Qué lástima que la realidad sea más compleja, y qué pena que estos planteamientos impidan que los ciudadanos cuenten con una información veraz que les permita valorar qué decisiones más adecuadas. Qué diferencia con la forma de abordar estos temas ede Nada es Gratis  en post como éstos, o de este mismo blog en entradas como ésta.

No nos engañemos, un país que no es capaz de abordar los debates públicos, con rigor, con argumentos y datos, dejando a un lado las trincheras ideológicas, y  la demagogia  es un país condenado a ser manejado por los intereses de las élites políticas y económicas. Y además a estas alturas de 2013 el debate ideológico suele tener poco fondo. Aquí y ahora lo que priman son los intereses de los partidos, y las supuestas diferencias ideológicas quedan reducidas con frecuencia a meras consignas, que disfrazan aunque cada vez menos un objetivo compartido: ganar las elecciones, repartirse los cargos y mantener el status quo. Hoy, España, es un país con una democracia para menores de edad, donde los debates difíciles se escamotean a una sociedad que se considera inmadura, y donde las cuestiones más complejas se transforman más sencillas consignas para  alimentar y movilizar a las respectivas bases. Mientras, el futuro de nuestro país se nos escapa entre los dedos.

 

 

 

 

 

 

El Emprendedor de Responsabilidad Limitada, un ejemplo más de “derecho inútil”

La reciente y varias veces anunciada ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ocupa 96 páginas, muchas de ellas trufadas de sabrosas novedades que iremos tratando. Una es la introducción de una nueva figura en nuestro ordenamiento jurídico: el emprendedor de responsabilidad limitada.
Dado que todos tenemos muy poco tiempo y mucho que hacer, les ofrezco el resumen ejecutivo de mi artículo por si no quieren seguir leyendo: el llamado emprendedor de responsabilidad limitada, tal y como se regula en la ley, es una ocurrencia inútil e innecesaria. Y además es engañosa.
El único beneficio jurídico que produce constituirse como ERL es que su vivienda habitual no responde de sus deudas. Repito: no es el principal beneficio, sino el único. Y aún eso no estaría del todo mal si no fuera porque hay tantas excepciones a esa supuesta protección de la vivienda, que podría decirse que la regla general es la contraria. En concreto, sí sigue respondiendo la vivienda a pesar de ser ERL, en los siguientes casos:
 
– Frente a las deudas tributarias o a la Seguridad Social (que suelen ser las más importantes de un emprendedor).
– Si la vivienda tiene un valor superior a 300.000 euros (o en caso de ciudades de más de un millón de habitantes, 450.000 euros). Así, por ejemplo, si en Granada, Bilbao, Salamanca o Santander hay alguien cuya vivienda habitual valga 350.000 euros, que se olvide de ser ERL. Porque sí (no vaya a ser que alguien diga que beneficia a “los ricos”).
– Si las deudas no traen causa de la actividad empresarial.
– Si las deudas son anteriores a la constitución como ERL, salvo que consientan los acreedores (que como es lógico, estarán encantados de consentir la renuncia a embargar el inmueble).
– Si la vivienda en propiedad del ERL no es la que usa como residencia. De modo que si alguien se plantea esta posibilidad y vive alquilado o en casa de sus padres y tiene otra vivienda, que se olvide de constituir una ERL. Porque sí otra vez.
– Si la vivienda habitual es la del cónyuge del ERL.
– Si se traslada a otra vivienda habitual que ya no cumpla alguno de los requisitos legales. No queda protegida ni la antigua ni la nueva.
 
En definitiva, los acreedores frente a los que la vivienda habitual quedaría protegida serían, básicamente, por un lado, los proveedores; quizá, aunque no está claro, el personal laboral contratado, y los bancos que le financien. Pero, respecto de estos últimos  es bastante probable que cuando el ERL vaya a solicitar financiación, se la denieguen si el único bien de valor es precisamente esa vivienda, o le obliguen a hipotecarla o, incluso, a renunciar a la condición de ERL. Y, por cierto, lo harán con toda la razón puesto que lo que buscan es garantizarse la devolución del dinero prestado.
De modo que, en la práctica y dado que es poco frecuente que un autónomo tenga personal contratado (lo habitual es que se constituya en sociedad mercantil), la utilidad básica del ERL será proteger la vivienda de las reclamaciones de algún proveedor.
Pues bien, para obtener este magro efecto hay que hacer muchas cosas:
 
–         Firmar un documento, notarial o no, en el que conste la voluntad de constituirse como ERL.
–         Inscribirlo en el registro mercantil.
–         Hacerlo constar en el registro de la propiedad donde esté inscrito el inmueble.
–         Publicarlo en el BORME. La publicidad de la ERL, eso sí, está garantizada; aparece nada menos que en el registro de la propiedad, el mercantil, el BORME y en un portal web del Colegio de registradores.
–         El ERL deberá además someter a auditoría sus cuentas anuales.
–         Y deberá también depositar esas cuentas en el registro mercantil. Si no lo hace, a los siete meses del cierre del ejercicio, la vivienda responde de nuevo ilimitadamente.
 

- Batman, por qué no te haces emprendedor de responsabilidad lim... - ¡Calla, necio!


Como puede verse, esto es un nuevo parto de los montes: mucha parafernalia, muchos requisitos, mucha publicidad, pero poquísima utilidad.  Es decir, se acude a la misma técnica que cuando se regularon las medidas de protección al deudor hipotecario sin recursos y el famoso “umbral de exclusión”, el cual exige tantos requisitos para obtener unos -modestos – beneficios, que es aplicable a un número reducidísimo de casos. Al final, todo este montaje y este cúmulo de trámites y requisitos sirve para que José García, que tiene un puesto en el mercado, o María Pérez, que tiene una zapatería, si no pagan a algún proveedor, éste no pueda embargarles la casa. Pues qué bien. Para eso bastaba un mero artículo en la LEC.
 
 
La figura del ERL corre el grave peligro de caer en el desuso de manera inmediata, del mismo modo que le ha sucedido en la práctica a otra ocurrencia jurídica que en teoría sigue vigente, pero que es un fósil casi desde que nació: La sociedad limitada Nueva Empresa. En 2010, solamente el 0,6% de las constituidas lo hicieron con esta forma social.
El ERL es un ejemplo más de lo que se ha llamado, piadosamente, soft law, pero que con más justeza se califica como derecho inútil, derecho hueco o derecho placebo. Normas que carecen de una verdadera vocación de atender y solucionar necesidades y problemas reales para ser más bien instrumentos propagandísticos del gobierno de turno.  Los verdaderos destinatarios de una ley como la que regula el ERL no somos los ciudadanos, sino el periodista que asiste a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y los funcionarios de Bruselas, para que a ver si cuando lean el BOE no entran en demasiadas profundidades y consideran que tenemos una legislación muy avanzada.
Y es que además en España tenemos ya una figura legal que cumple con mucha más ventaja las funciones del ERL: la sociedad limitada unipersonal. Con muy poco desembolso protege no solamente la vivienda sino todo el patrimonio del emprendedor y frente a todo tipo de acreedores. Además, un emprendedor puede constituir cuantas sociedades unipersonales necesite y puede introducir nuevos socios o transmitirla con enorme facilidad.
Legislar para la foto, como sucede en este caso, no es ni mucho menos inocuo.  En el fondo significa introducir un cierto engaño en la norma, se trata de legislar para poder decir que estás haciendo una cosa (permitir el emprendimiento, proteger a los más débiles, etc.) pero cuando se lee lo que aparece en el BOE nos damos cuenta de que lo que te han contado no es verdad, porque hay mucha letra pequeña. En el caso del emprendedor de responsabilidad limitada el engaño empieza desde su propia denominación. No es verdad que tenga limitada su responsabilidad con carácter general, como parece sugerirse. Por el contrario, su responsabilidad sigue siendo ilimitada… salvo algunas cosas, como diría Mariano Rajoy.
Es muy negativo que se acuda a leer una disposición legal pensando que tiene “trampas”, que donde parece conceder un derecho en realidad luego lo elimina para el 90% de los casos, que cuando te concede un beneficio fiscal tienes que tener un cuidado extremo porque seguro que desperdigados por el mismo texto hay francotiradores dispuestos a abatirte a la menor equivocación. Es muy negativo, en definitiva, pensar que el legislador no te esta hablando a ti como ciudadano sino que se está haciendo propaganda a sí mismo y que le da igual el resultado práctico de las leyes que promulga, puesto que su objetivo básico, la autopromoción, está cumplido. Todo ello provoca que cada vez se le tenga menos respeto a la norma, que se la considere bien una enemiga, bien una inutilidad que nadie va a tener en cuenta, bien algo completamente incomprensible porque está redactada de una manera que no se sabe qué ha querido decir. Y eso es malo para el Estado de Derecho.