La reforma de los Consejos de Administración de las empresas públicas que no encontrará en el informe CORA

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno ha realizado recientemente un repaso de las principales conclusiones del primer informe trimestral del grado de ejecución de las medidas recogidas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). ¿El grado de avance?, pues no gran cosa por ahora: 15 medidas están completamente ejecutadas, 22 se encuentran en fase final de ejecución, 90 en fase media, 82 en fase inicial y 9 no se han iniciado… Eso sí, seguimos sin saber cómo van a convencer a las CCAA para que apliquen las medidas que les tocan del informe de la CORA (138 de las 218 propuestas).

El problema es que a pesar de los esfuerzos que se están dedicando en la reforma de las AAPP, desde que la CORA publicase sus medidas el pasado mes de junio, nos seguimos encontrando en los medios de comunicación escándalos que afectan a empresas públicas de la propia AGE (si esto sucede en la AGE, imagínense a nivel autonómico y local). Por ejemplo, en julio aparecieron noticias sobre Paradores (sociedad pública que depende del Ministerio de Hacienda y AAPP) en relación con despilfarros cometidos por la anterior cúpula directiva (flota de BMW’s como coches de empresa, salarios de 6 dígitos…) y de “falsos ahorros” acometidos por la cúpula actual (rebaja el sueldo de los directivos pero a la vez crea nuevos puestos de dirección que antes no figuraban por ningún lado). Más recientemente, hemos podido leer cómo el Ministro Soria está convirtiendo a la entidad pública Red.es en la octava isla del Archipiélago Canario (ver aquíaquí y aquí).

Hay muchos responsables de que pasen estas cosas en empresas públicas, pero no hay que olvidar que con independencia del promotor político de estas decisiones que vemos que se toman, estas empresas están regidas por unos Consejos de Administración, que son los órganos superiores de gobierno de estas entidades. Algo falla cuando vemos que estos Consejos de Administración aprueban sin ningún reparo resoluciones o nombramientos de todo tipo.

¿Quién forma parte de estos Consejos? En la página web de Paradores no hay quien encuentre nada sobre quienes son los integrantes de su Consejo (ole a la transparencia) pero en la Red.es sí, aquí tienen el enlace. El Consejo está formado por un total de 12 miembros, entre los que están su Presidente (Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), 5 vocales natos (lo son por el cargo que ostentan), 5 vocales no natos (los nombra el propio Consejo) y el Secretario del Consejo (que es el Secretario General de la entidad pública). 12 miembros, altos cargos todos ellos de la AGE y funcionarios además en muchos casos. El Presidente del Consejo propone y los vocales (natos y no natos) disponen, o sea, aprueban. El Ministro Soria no está en el Consejo de Administración de esta entidad pero sus deseos se han convertido en realidad sin encontrar aparente oposición. ¿Por qué?, que se preguntaría Mourinho. Un motivo podría ser la disciplina de equipo (siguiendo con el símil futbolístico), porque de los 12 miembros del Consejo de Red.es, 10 forman parte del Ministerio de Industria y parece que para seguir en sus respectivos puestos tienen que agradar al “jefe” y todos votan a una como Fuenteovejuna. Lo único que esa disciplina de equipo le puede llegar a salir cara al consejero de turno porque cuando asiste a una reunión del Consejo  responde por los acuerdos que se han adoptado en esa reunión… Así que si el consejero no está de acuerdo con lo que se vaya aprobar en una reunión (el orden del día se envía con antelación) lo más fácil es no ir ese día (perdiendo dinero por no cobrar la dieta correspondiente), porque la alternativa sería abstenerse en la votación o incluso votar en contra y eso está muy mal visto dentro del equipo…

Les aviso de antemano que no la van a encontrar dentro de las 218 medidas de la CORA, pero una medida que tendría un efecto inmediato en ahorro de costes y mejora de la gestión de las empresas públicas sería la reforma de los consejos de administración de empresas públicas. Esta reforma debería tener al menos tres medidas:

1)          La principal: eliminar (o al menos fijar un precio simbólico común para todas las empresas de la AGE) las dietas por asistencia a las reuniones de los Consejos de Administración. Los integrantes de los Consejos de empresas públicas ya están cobrando un sueldo público porque son Secretarios de Estado, o Directores Generales, o vocales asesores, o directores de gabinete, o Subdirectores Generales, etc…  De esta forma, ser consejero de una de estas empresas dejaría de ser un chollo (cobro por asistir a una reunión al mes y no tengo responsabilidad alguna de lo que se aprueba o se deja de aprobar) y se convertiría en un marrón. La designación como consejero de una empresa pública se está convirtiendo en muchos casos en un mecanismo para mejorar la retribución asociada a determinados cargos públicos. Si la responsabilidad o el ejercicio de las funciones de estos cargos justifica esa gratificación extra, debería articularse de otra forma pero no dando un puesto en el consejo de turno la empresa pública correspondiente. El caso es que el pago de las dietas a los consejeros de las empresas públicas supone un dinerito a las maltrechas arcas públicas y el Gobierno es plenamente consciente porque en el Real Decreto 451/2012, de racionalización del sector público, limitó el número máximo de miembros del consejo de administración que cada empresa pública de la AGE podía tener. ¿No es más fácil cargarse (o reducir) las dietas por asistir a las reuniones y así da igual el número de consejeros que haya?

2)          Evitar que haya una mayoría de integrantes del Consejo de Administración pertenecientes al Ministerio al que está adscrito el ente público. De esta forma, se pueden tomar decisiones con más objetividad, ya que se evita que la doctrina del Ministerio al que está adscrito el ente se imponga de forma natural.

3)          Que el Consejo tenga la obligación de remitir (para su posterior validación y aprobación) al Ministerio de Hacienda y AAPP un baremo de cualificación de los puestos directivos de libre designación que tenga la empresa pública en cuestión y cuya designación pase por el propio Consejo. Cualquier candidato que no cumpla con el baremo establecido se descarta automáticamente. Vamos lo que nos encontraríamos en cualquier empresa privada, ni más ni menos. No hay que olvidar que los sueldos de los directivos de estas empresas públicas superan en muchas ocasiones el sueldo del propio Presidente del Gobierno, porque en teoría se trata de atraer personal cualificado del sector privado al sector público. Pero vamos, esto es la teoría porque ya estamos viendo lo que sucede en la práctica y que no debería permitirse desde luego, porque esas nóminas las pagamos todos los contribuyentes.

Si se aplicase esta reforma, además del ahorro de costes inmediato que se podría conseguir gracias a la eliminación o reducción de las dietas, es posible que se pudiese mejorar un poco la gestión de las empresas públicas. Porque lo que nos parece evidente a los ciudadanos de a pie (por ejemplo que bajar el sueldo a unos directores no sirve de nada si se crean nuevos puestos directivos que antes no existían o que no es de recibo que un directivo público no tenga la cualificación mínima necesaria para desempeñar sus funciones) parece que para nuestros responsables públicos no lo es.

De debates, consignas y democracia para menores de edad

 
Una de las características de la vida política española es la baja calidad de los debates sobre cualquiera de los temas que ocupan o preocupan a la sociedad española. Podríamos aducir que esta sociedad no es demasiado aficionada al debate, y que la dialéctica ocupan poco espacio y atraen poco interés en cualquiera de los niveles del sistema educativo español. También podríamos argumentar que el nivel de rigor intelectual de los políticos españoles no se presta a intercambios de argumentos demasiado profundos.
Cualquiera de esas dos razones podría ser parcialmente cierta, pero ninguna de ellos explica realmente el deterioro en el nivel del debate público en la vida política española. Probablemente el aspecto que mejor pueda explicarlo es la extraordinaria importancia de la carga ideológica en cualquier debate político que tiene lugar en España. Sin duda, para un profesional de la política, lleva cualquier debate al terreno ideológico hace su vida mucho más sencilla. Lo preocupante es que los ciudadanos, los medios de comunicación, e incluso las élites intelectuales también parecen encontrarse mucho más confortables con este tipo de argumentos.
El debate en torno a la nueva ley de Educación ha permitido alcanzar una nueva cima en cuanto al número de despropósitos que se pueden decir en España. Que para un problema del que depende el futuro del país, y para el que existen infinidad de experiencias y prácticas internacionales que muestran el camino a seguir,  los políticos y los medios de comunicación  decidan que los temas a debatir son las clases de religión y el idioma en que se imparten las clases, solo puede causar perplejidad. No niego que para algunas personas estos sean temas  muy relevantes, pero para el futuro de la educación en España lo son bastante menos. Los verdaderos problemas, el verdadero debate sobre las medidas que pueden adoptarse para incentivar el trabajo de los profesores, combatir el abandono escolar, motivar el esfuerzo y el mérito, adecuar los curriculum al nuevo entorno social y laboral, etc, etc, apenas si han conseguido hacerse un hueco entre el ruido y la furia de la vida pública española.
Mientras en otros países la educación es una cuestión de Estado y como tal se trata en España, desde hace mucho tiempo, es solo un campo de batalla ideológico, todo se reduce a dar clases de religión (derechas) clases de educación para la ciudadanía (izquierdas). Todo lo demás son aspectos secundarios. Claramente los partidos políticos se sienten cómodos con argumentos básicos: la escuela pública es de izquierdas, la escuela privada o concertada, de derechas. El debate sobre escuela pública o privada se realiza bajo una premisa ideológica, no de calidad de la enseñanza. El debate sobre el modelo de escuela más adecuado para el país, excelencia o  igualdad, o una feliz conjunción de los dos,  se pierde en la maraña de la discusión ideológica.
Y sin embargo debates en profundidad sobre el tema de educación, pueden encontrarse, por ejemplo en el blog de FEDEA, Nada es Gratis, en post como éstos. Este blog también ha dedicado numerosas entradas a estos temas, como ésta. En muchos de estos posts encontrarán datos para avalar unos u otros argumentos. Nada de eso ocurre en nuestra vida pública. Debatir sin datos suele responder más a un intercambio de opiniones que a un intercambio de argumentos.
Si el debate sobre la educación es un debate adulterado por la carga ideológica, el debate sobre la sanidad no se queda a la zaga. El lema “la sanidad no se vende, se defiende”  cumple perfectamente todos los principios de una comunicación efectiva: simplificar y movilizar. Lástima que aporta poco al debate sobre la mejor forma de aprovechar los recursos disponibles para proporcionar la mejor sanidad posible. Si sorprende que los Gobiernos que proponen la privatización de la gestión sanitaria no aportan ni un dato que avale que ese modelo redundará en una sanidad más barata y de mayor calidad, para los que se oponen al modelo de privatización de la gestión el argumento de defensa de la sanidad pública les parece más que suficiente. Para aquellos a los que nos resulta indiferente si la gestión es pública o privada, mientras la gestión sea eficiente, no es fácil decidir qué modelo es mejor ante la total ausencia de datos. El análisis sobre cómo reducir las listas de espera, cómo remunerar adecuadamente al personal sanitario, o cómo hacer sostenible el coste sanitario ante el envejecimiento de la población, nuevamente quedan ocultos bajo el manto del debate ideológico de sanidad pública o privada.
Algunos pueden considerar que esta baja calidad de los debates públicos es un tema menor, frente a los problemas a los que debe enfrentarse la sociedad española, pero lo cierto es que la consecuencia inmediata de esta tendencia a la discusión ideologizada es que vivimos en una democracia “para menores de edad”. Los políticos consideran que hay muchos debates para los que la sociedad española no está preparada, y por ello es mejor, no abrirlos, no plantearlos, y gestionarlos “en los pasillos” y de espaldas a la sociedad. La herencia de la transición española, donde el miedo a la reversión democrática y a un golpe de estado llevaba a que la mayoría de los temas se gestionaran “a escondidas” y sin debate público, hoy sigue vigente y con notable éxito entre la clase política española.
El modelo territorial es otro de esos debates públicos para el que los políticos consideran que la sociedad española no está madura. Solo el desafío nacionalista de Cataluña, ha obligado, a regañadientes, a abrirlo y con muchos reparos. Otro gran debate que se hurta a los españoles es el de las pensiones. Quizás pedir que se discuta sobre si los ciudadanos prefieren un sistema de reparto o un sistema de capitalización sea una quimera. Pero que haya un debate riguroso y que se nos informe de forma veraz es un derecho de los ciudadanos.  Ciertamente es un tema incómodo, porque solo pueden darse malas noticias. Para el partido en el poder cualquier decisión negativa sobre las pensiones es una decisión con un gran coste político. Para la oposición es un tema que proporciona enormes réditos electorales. El actual Gobierno buscó el refrendo de un comité de expertos para apoyar las difíciles decisiones que tendría que tomar, pero las conclusiones de ese Comité no han llevado a ningún debate público Es difícil que lo haya entre los que opinan que la demografía y el envejecimiento de la población hará inviable que pueda sostenerse el actual nivel de las pensiones, y que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es ahorrar para la jubilación, y los que consideran que siempre habrá dinero para pagarlas y que todo depende de una decisión política.
El debate de las pensiones ilustra también la ya abordada (en este post) ideología de los “derechos adquiridos” o “conquistados”, tan usual en los debates para menores que se usan en España. En este modelo todo se reduce a una lucha de buenos frente a malos, en los que unos, los buenos, conquistan y defienden derechos, y otros, los malos, quieren recortarlos o eliminarlos. Las cosas así planteadas son siempre sencillas y agradecidas. Qué lástima que la realidad sea más compleja, y qué pena que estos planteamientos impidan que los ciudadanos cuenten con una información veraz que les permita valorar qué decisiones más adecuadas. Qué diferencia con la forma de abordar estos temas ede Nada es Gratis  en post como éstos, o de este mismo blog en entradas como ésta.
No nos engañemos, un país que no es capaz de abordar los debates públicos, con rigor, con argumentos y datos, dejando a un lado las trincheras ideológicas, y  la demagogia  es un país condenado a ser manejado por los intereses de las élites políticas y económicas. Y además a estas alturas de 2013 el debate ideológico suele tener poco fondo. Aquí y ahora lo que priman son los intereses de los partidos, y las supuestas diferencias ideológicas quedan reducidas con frecuencia a meras consignas, que disfrazan aunque cada vez menos un objetivo compartido: ganar las elecciones, repartirse los cargos y mantener el status quo. Hoy, España, es un país con una democracia para menores de edad, donde los debates difíciles se escamotean a una sociedad que se considera inmadura, y donde las cuestiones más complejas se transforman más sencillas consignas para  alimentar y movilizar a las respectivas bases. Mientras, el futuro de nuestro país se nos escapa entre los dedos.