La reforma de los Consejos de Administración de las empresas públicas que no encontrará en el informe CORA

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno ha realizado recientemente un repaso de las principales conclusiones del primer informe trimestral del grado de ejecución de las medidas recogidas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). ¿El grado de avance?, pues no gran cosa por ahora: 15 medidas están completamente ejecutadas, 22 se encuentran en fase final de ejecución, 90 en fase media, 82 en fase inicial y 9 no se han iniciado… Eso sí, seguimos sin saber cómo van a convencer a las CCAA para que apliquen las medidas que les tocan del informe de la CORA (138 de las 218 propuestas).
El problema es que a pesar de los esfuerzos que se están dedicando en la reforma de las AAPP, desde que la CORA publicase sus medidas el pasado mes de junio, nos seguimos encontrando en los medios de comunicación escándalos que afectan a empresas públicas de la propia AGE (si esto sucede en la AGE, imagínense a nivel autonómico y local). Por ejemplo, en julio aparecieron noticias sobre Paradores (sociedad pública que depende del Ministerio de Hacienda y AAPP) en relación con despilfarros cometidos por la anterior cúpula directiva (flota de BMW’s como coches de empresa, salarios de 6 dígitos…) y de “falsos ahorros” acometidos por la cúpula actual (rebaja el sueldo de los directivos pero a la vez crea nuevos puestos de dirección que antes no figuraban por ningún lado). Más recientemente, hemos podido leer cómo el Ministro Soria está convirtiendo a la entidad pública Red.es en la octava isla del Archipiélago Canario (ver aquíaquí y aquí).
Hay muchos responsables de que pasen estas cosas en empresas públicas, pero no hay que olvidar que con independencia del promotor político de estas decisiones que vemos que se toman, estas empresas están regidas por unos Consejos de Administración, que son los órganos superiores de gobierno de estas entidades. Algo falla cuando vemos que estos Consejos de Administración aprueban sin ningún reparo resoluciones o nombramientos de todo tipo.
¿Quién forma parte de estos Consejos? En la página web de Paradores no hay quien encuentre nada sobre quienes son los integrantes de su Consejo (ole a la transparencia) pero en la Red.es sí, aquí tienen el enlace. El Consejo está formado por un total de 12 miembros, entre los que están su Presidente (Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), 5 vocales natos (lo son por el cargo que ostentan), 5 vocales no natos (los nombra el propio Consejo) y el Secretario del Consejo (que es el Secretario General de la entidad pública). 12 miembros, altos cargos todos ellos de la AGE y funcionarios además en muchos casos. El Presidente del Consejo propone y los vocales (natos y no natos) disponen, o sea, aprueban. El Ministro Soria no está en el Consejo de Administración de esta entidad pero sus deseos se han convertido en realidad sin encontrar aparente oposición. ¿Por qué?, que se preguntaría Mourinho. Un motivo podría ser la disciplina de equipo (siguiendo con el símil futbolístico), porque de los 12 miembros del Consejo de Red.es, 10 forman parte del Ministerio de Industria y parece que para seguir en sus respectivos puestos tienen que agradar al “jefe” y todos votan a una como Fuenteovejuna. Lo único que esa disciplina de equipo le puede llegar a salir cara al consejero de turno porque cuando asiste a una reunión del Consejo  responde por los acuerdos que se han adoptado en esa reunión… Así que si el consejero no está de acuerdo con lo que se vaya aprobar en una reunión (el orden del día se envía con antelación) lo más fácil es no ir ese día (perdiendo dinero por no cobrar la dieta correspondiente), porque la alternativa sería abstenerse en la votación o incluso votar en contra y eso está muy mal visto dentro del equipo…
Les aviso de antemano que no la van a encontrar dentro de las 218 medidas de la CORA, pero una medida que tendría un efecto inmediato en ahorro de costes y mejora de la gestión de las empresas públicas sería la reforma de los consejos de administración de empresas públicas. Esta reforma debería tener al menos tres medidas:
1)          La principal: eliminar (o al menos fijar un precio simbólico común para todas las empresas de la AGE) las dietas por asistencia a las reuniones de los Consejos de Administración. Los integrantes de los Consejos de empresas públicas ya están cobrando un sueldo público porque son Secretarios de Estado, o Directores Generales, o vocales asesores, o directores de gabinete, o Subdirectores Generales, etc…  De esta forma, ser consejero de una de estas empresas dejaría de ser un chollo (cobro por asistir a una reunión al mes y no tengo responsabilidad alguna de lo que se aprueba o se deja de aprobar) y se convertiría en un marrón. La designación como consejero de una empresa pública se está convirtiendo en muchos casos en un mecanismo para mejorar la retribución asociada a determinados cargos públicos. Si la responsabilidad o el ejercicio de las funciones de estos cargos justifica esa gratificación extra, debería articularse de otra forma pero no dando un puesto en el consejo de turno la empresa pública correspondiente. El caso es que el pago de las dietas a los consejeros de las empresas públicas supone un dinerito a las maltrechas arcas públicas y el Gobierno es plenamente consciente porque en el Real Decreto 451/2012, de racionalización del sector público, limitó el número máximo de miembros del consejo de administración que cada empresa pública de la AGE podía tener. ¿No es más fácil cargarse (o reducir) las dietas por asistir a las reuniones y así da igual el número de consejeros que haya?
2)          Evitar que haya una mayoría de integrantes del Consejo de Administración pertenecientes al Ministerio al que está adscrito el ente público. De esta forma, se pueden tomar decisiones con más objetividad, ya que se evita que la doctrina del Ministerio al que está adscrito el ente se imponga de forma natural.
3)          Que el Consejo tenga la obligación de remitir (para su posterior validación y aprobación) al Ministerio de Hacienda y AAPP un baremo de cualificación de los puestos directivos de libre designación que tenga la empresa pública en cuestión y cuya designación pase por el propio Consejo. Cualquier candidato que no cumpla con el baremo establecido se descarta automáticamente. Vamos lo que nos encontraríamos en cualquier empresa privada, ni más ni menos. No hay que olvidar que los sueldos de los directivos de estas empresas públicas superan en muchas ocasiones el sueldo del propio Presidente del Gobierno, porque en teoría se trata de atraer personal cualificado del sector privado al sector público. Pero vamos, esto es la teoría porque ya estamos viendo lo que sucede en la práctica y que no debería permitirse desde luego, porque esas nóminas las pagamos todos los contribuyentes.
Si se aplicase esta reforma, además del ahorro de costes inmediato que se podría conseguir gracias a la eliminación o reducción de las dietas, es posible que se pudiese mejorar un poco la gestión de las empresas públicas. Porque lo que nos parece evidente a los ciudadanos de a pie (por ejemplo que bajar el sueldo a unos directores no sirve de nada si se crean nuevos puestos directivos que antes no existían o que no es de recibo que un directivo público no tenga la cualificación mínima necesaria para desempeñar sus funciones) parece que para nuestros responsables públicos no lo es.