La improvisada reforma de los peajes de acceso de energía eléctrica y sus efectos en los consumidores

Después de que las sucesivas reformas para atajar el déficit de tarifa y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico -establecimiento de nuevos tributos a la generación eléctrica, reducción de los costes de las actividades reguladas y reducción de los incentivos a las energías renovables-  se han mostrado insuficientes, no le ha quedado más remedio al Gobierno que incrementar los peajes de acceso y modificar su estructura.

En el  Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, se reconoce la insuficiencia de las medidas adoptadas, lo que justifica la adopción de nuevas medidas. Entre estas medidas se plantea la revisión de los peajes de acceso; en la Disposición final cuarta se establece que el Ministro de Industria aprobará, en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto-ley, una revisión de los precios de los términos de potencia y de los términos de energía activa de los peajes de acceso a las redes.

Y así ha sido; el pasado día 3 de agosto se publicó en el BOE la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013Esta Orden, por lo que aquí interesa, incrementa los peajes de acceso aplicables a todas las categorías de consumidores –grupos tarifarios- y modifica su estructura, dando mayor relevancia al término potencia frente al término energía.

El incremento de los peajes de acceso y la modificación de su estructura tiene gran relevancia para las distintas categorías de consumidores, en cuanto que determina en qué medida han de contribuir cada una de uno de los grupos tarifarios en el pago de los crecientes costes del sistema eléctrico.  Una deficiente asignación de estos costes puede dar lugar a situaciones de agravio entre categorías de consumidores. En el actual contexto económico existe la tentación de cargar una buena parte de los costes a determinadas categorías de consumidores para beneficiar a otras. Por ejemplo, cargarlos a la multitud de consumidores domésticos y pequeñas industrias, en beneficio de los grandes consumidores para garantizarles unos precios competitivos y evitar la amenaza de deslocalizaciones.

Para evitar estas situaciones y garantizar un reparto eficiente de los costes, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) viene abogando por la necesidad de aprobar una metodología para su asignación, que contenga unas reglas explícitas para asignar cada concepto de coste entre los distintos grupos tarifarios, de forma transparente, objetiva y no discriminatoria. La asignación eficiente de los costes supone que los peajes de acceso deben reflejar los costes en los que el suministro de cada grupo tarifario hace incurrir al sistema, evitando subsidios cruzados entre actividades y grupos tarifarios.

Pues bien, recientemente la CNE, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, ha redactado una propuesta de Circular sobre la metodología para la asignación de los costes de transporte y distribución; la propuesta de Circular está pendiente del trámite que se sigue ante el Consejo Consultivo de la Electricidad

Así las cosas, habría sido lógico que en la redacción de la Orden de peajes se hubiesen tenido en cuenta las propuestas de la CNE sobre asignación de costes para la determinación de los peajes de acceso.  No ha sido así, como lo evidencia el reciente informe emitido por este órgano con carácter previo a la aprobación de la citada Orden. Este informe contiene un análisis muy crítico del diseño que se hace de los términos de facturación de potencia y energía de los peajes de acceso.

Para empezar, la CNE considera que ni en la propia propuesta de Orden, ni en la información que acompaña, se hace explícita la metodología de asignación que justifica el cambio en la estructura de los peajes de acceso, ni el impacto de dicha medida sobre los consumidores. Se echa en falta una mayor justificación sobre la necesidad de modificar la estructura de los peajes de acceso y sobre los incrementos del término de potencia.

El informe recuerda que del conjunto de los costes del sistema que deben abonarse con los peajes de acceso, sólo un una parte –el 38 por 100, según la CNE- son costes de acceso a las redes (transporte y distribución) El resto son costes asociados (primas de régimen especial, descuento de gestión de la demanda de interrumpibilidad, compensación extrapeninsular, anualidades de déficit) que no tienen que ver con el acceso a las redes.

En este sentido, la CNE considera que está justificado dar mayor relevancia al término de facturación de potencia frente al de energía en la asignación de los costes de acceso a redes, dado que la variable inductora de estos costes es, fundamentalmente, la potencia demandada en periodo de punta. Pero no está justificada la aplicación de este criterio para asignar los costes asociados, que representan el 62 por 100 del total. De ahí que la CNE venga proponiendo elaborar una metodología específica para la asignación de estos otros costes, con criterios distintos a los utilizados para asignar los de transporte y distribución. Estos criterios de asignación de los costes asociados deberían servir o bien para no penalizar en exceso a los consumidores que no eligen adecuadamente la contratación de potencia y que no pueden discriminarla en periodos horarios; o bien como señal para lograr la  mejora de la eficiencia energética, dando relevancia en este caso al término energía.

La Orden de peajes no ha tenido en cuenta las consideraciones hechas por la CNE y utiliza el mismo criterio de asignación para los costes de acceso a redes que para los costes asociados, incrementando considerablemente el término de facturación de potencia que gana peso frente al término energía. Es evidente que esta decisión tiene una finalidad exclusivamente recaudatoria y no atiende a criterios de eficiencia y equidad en la asignación de estos costes entre las distintas categorías de consumidores. Ante el descenso de la demanda de electricidad, la única forma de garantizar los ingresos previstos es incrementar el término fijo potencia frente el término variable energía. La Orden de peajes desoye también  otras advertencias y recomendaciones que hace la CNE para proteger a los consumidores domésticos. No se tiene en cuenta la recomendación de aplicar progresivamente a estos consumidores la nueva estructura de peajes de acceso, debido al considerable incremento que se va a producir en sus facturas.

Advierte también la CNE de la conveniencia de adoptar medidas adicionales para informar a los consumidores acerca de la potencia que tienen contratada y la posibilidad de contratar otras potencias que se ajusten más a sus necesidades. Hay que reconocer que esta sugerencia de informar a los consumidores para que puedan reajustar las potencias contratadas en función de sus necesidades, podría frustrar el objetivo de la reforma que, como se ha visto, es garantizar un nivel de recaudación ante el continuado descenso de la demanda de electricidad.

Y apunta acertadamente la CNE la comprometida situación en que se van a encontrar los consumidores domésticos que, además de no disponer de la información suficiente, no cuentan con las instalaciones necesarias –telecontadores y discriminación horaria- para poder optimizar la contratación de potencia. Se advierte en el informe que este colectivo es el segundo que en mayor medida ve incrementado su facturación por potencia y, además, no tiene la posibilidad de discriminar la potencia contratada por periodo horario.

La conclusión a la que se puede llegar es que la única preocupación del Gobierno al incrementar los peajes de acceso y modificar su estructura, ha sido garantizar una recaudación que evite –junto con otras medidas adoptadas- el déficit de tarifa. Todo lo demás le trae sin cuidado. Por lo visto, poco le importa que la asignación de costes entre los distintos grupos tarifarios sea ineficiente y discriminatoria, dejando en una difícil situación a los consumidores domésticos.

 

La repartija

La semana pasada estuve en Lima como ponente español (junto con Enrique Brancós) en el XXVII Congreso Internacional del Notariado. Pero no se preocupen, no les voy a hablar ahora ni del Derecho de Familia frente a las nuevas relaciones sociales ni de la seguridad del mercado inmobiliario y los instrumentos de regulación (ya llegará el momento). Gracias a la información que me transmitieron mis amigos peruanos, de lo que les voy a hablar es de la repartija.

Resulta que en el mes de julio de este año estalló en Perú un escándalo político de enormes dimensiones cuando se comprobó que los cinco primeros partidos del país se habían repartido en secreto diez plazas para la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central peruano. Pese a que los rumores al respecto habían circulado anteriormente, los políticos negaron radicalmente que hubiese ningún reparto. Pero lo cierto es que el diario Perú21 tuvo acceso a unas interesantes grabaciones que confirmaron la veracidad de la negociación: es decir, de la repartija. El escándalo fue monumental, porque de las conversaciones grabadas se deducía que a los negociadores (los segundos de las respectivas formaciones) “no les interesaban las calificaciones y los antecedentes de los candidatos, y anteponían sus intereses políticos y partidarios por encima de la marcha democrática del país”, según comentaba el mismo diario.
Al instante las redes sociales se incendiaron, los blogs echaban humo (véase como ejemplo éste post de Cecilia Castillo que empieza diciendo “Ayer el Congreso dela República del Perú toco fondo”), los periódicos canalizaban la indignación y, como consecuencia, la gente se echó a la calle gritando ¡qué cierren el Congreso!

Sí, efectivamente, la gente se echó a la calle el 20, el 22, el 27 y el 28 de julio exigiendo la cancelación de esa vergonzosa repartija. Como cuenta esta crónica de uno de los actos, los asistentes, liderados por periodistas de prestigio, después de cantar el himno nacional, declaraban que se manifestaban “por la indignación y repudio que sentimos los ciudadanos por lo sucedido en el Congreso, que demuestra que los intereses de los partidos políticos se han puesto por delante de los del país”, concluyendo “que la repartija es un atropello a la institucionalidad”.

El caso es que pese a una inicial resistencia por parte de los partidos la presión funcionó, porque el proceso de elección quedó suspendido y se va a retomar en el mes de diciembre sobre patrones diferentes, según cuenta esta noticia de Perú21. Los peruanos son escépticos sobre las verdaderas intenciones de los políticos, pero están dispuestos a salir otra vez a la calle si intentan tomarles el pelo. Son conscientes de esa necesidad, porque saben que a las repartijas, por mucho que les cortes la cola, les vuelve a salir de nuevo si no estás atento.
Pues bien, cuando a uno le cuentan esta historia, cuando luego lee las crónicas periodísticas y los blogs de esos días, y ve las fotos de la gente manifestándose -si es peruano, debería sentirse orgulloso- pero si es español le deberían dar ganas de llorar, y no en el sentido alegórico, sino literal.
En España la repartija se viene realizando a plena luz desde los albores de nuestra democracia –perdón, partitocracia, y nunca nos hemos preocupado en intentar cortarle la cola. La semana pasada uno de los periódicos de referencia de este país daba la noticia de las negociaciones en curso para renovar el Consejo General del Poder Judicial y subtitulaba:
“La negociación final se centra en el nombre del nuevo presidente.
Diez de los veinte vocales serán conservadores y ocho progresistas. El PSOE podría ceder una plaza para que entre un candidato de IU.”
Tras leerla busqué rápidamente el editorial por si el periódico consideraba conveniente hacer algún comentario indignado al comprobar que tras la reforma del Consejo (anunciada en el programa del PP como medida clave para regenerar las instituciones) las cosas seguían igual (o más bien peor). Pero no, nada, sólo un comentario sobre el plan financiero de Alicia Sánchez-Camacho y unas admoniciones a la nueva presidenta de la Fed, que estoy seguro que la Sra. Yellen habrá leído con pasmo y admiración.
Por lo demás el artículo describía con total normalidad el curso de las negociaciones en la sede del Congreso, dirigidas por el Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, con contactos al máximo nivel con los líderes de PSOE, PNV y CiU. Todo muy normal, como pasa en cualquier país civilizado.
¿En qué momento se jodió el Perú?, se preguntaba Santiago Zavala. No lo sé, pero creo que sí tengo una idea clara de cuando se jodió España: cuando comenzó la repartija de nuestras instituciones y ni ese periódico ni los intelectuales de reconocido pedigrí democrático pusieron el grito en el cielo, sino que lo consideraron un saludable mecanismo de renovación democrática para colocar a los próximos en las instituciones clave.
Nuestras élites intelectuales nunca han tenido una comprensión clara de lo que es la Democracia y el Estado de Derecho. Pensaban que lo importante era la política material, es decir, que los que estuvieran al timón fueran “demócratas de toda la vida” -como si eso hubiera existido alguna vez en España- sin importarles lo más mínimo el aspecto formal de la cuestión. Sin duda es algo que obedece a la ausencia de una auténtica tradición democrática en nuestro país y al carácter sectario de su política. Pero no se preocupen: los editores de ¿Hay Derecho? estamos escribiendo un libro para explicarles lo profundamente equivocados que estaban y que siguen estando.
Ahora bien, hasta el momento en que llegue ese rayo de luz que disipe todas las tinieblas, podríamos aprender humildemente de nuestros hermanos peruanos. Olvidarnos de una vez de esa idea falsa y engañosa de que vivimos en el primer mundo. No, ni de lejos, España es un país profundamente corrupto desde el punto de vista institucional (y también desde otros), en donde la corrupción ha sido asumida con total naturalidad. Nuestros políticos ni siquiera tienen que esforzarse en aparecer hipócritas, pues con nuestra desidia les hemos proporcionado la comodidad de comportarse con absoluto cinismo.
¿Cuándo empezó a dejar de joderse el Perú? Creo que la derrota de la hija de Fujimori es una fecha a considerar, pero me gustaría pensar que esos días de julio de este año constituyen un claro signo de que los peruanos han dicho, por fin, que quieren una democracia de verdad y no una de pega.
Mientras tanto, y desgraciadamente, nosotros no hemos cambiado de estado. Pero, por favor, no le echemos la culpa a nuestros políticos, en todas partes les crece la cola…. a las repartijas.