Informe Greco: a examen la financiación de los partidos políticos españoles (II). El “pay to play”

Como continuación de nuestro post anterior examinaremos a continuación como nuestra partitocracia (que claramente no cree en las bondades del sistema de control de la financiación de los partidos salvo de boquilla) elude las principales recomendaciones del Consejo de Europa en cuanto al “pay to play”, es decir, el pago a los partidos a cambio de favores públicos (contratos, subvenciones o regulación más favorable). Todo siguiendo el informe GRECO cuyas sucesivas ediciones pueden encontrar aquí.

Ya hemos hablado en el post anterior de la posibilidad legal de eludir la prohibición de donaciones de contratistas de las AAPP de financiar a los partidos que las controlan por el sencillo método de hacer las aportaciones a las   fundaciones y asociaciones vinculadas con ellos dado que la Ley Orgánica 5/2012, deja  claro que las empresas contratistas con la Administración pueden efectuar donaciones sin restricción alguna  (pues no se les aplica el límite de 100.000 € anuales) a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos (Disposición Adicional Séptima. aptdoTres.a). Eso sí, cuando sean en metálico (no en especie) y superiores a 120.000 euros anuales deberán ser aprobadas por el órgano o representante competente (del donante) en cada caso y habrán de formalizarse en documento público. En todo caso, sólo se consideran donaciones a las que liberalidades destinadas a financiar genéricamente los gastos generales de la fundación o de la asociación.

Así, por ejemplo, cumpliendo con la estricta legalidad, una empresa que pretende contratar con la Administración puede efectuar donaciones a una fundación o asociación vinculada al partido político que controle la Administración contratante; esa donación además puede ser del importe que estime oportuno, se supone que el importe estará en consonancia con el “premio” que se espera recibir a cambio. Eso sí, si se el donante es una persona jurídica y la donación supera los 120.000 euros anuales, donante y donatario deben documentar la donación en escritura pública y el donante debe acreditar con el consentimiento del órgano social competente, lo cual es un avance, por lo menos los consejeros no pueden decir que ignoraban que su empresa se dedica a jugar al “pay to play” . Pero si, como es habitual -según nos hemos enterado por los papeles de Bárcenas- el donante fracciona la donación en varias anualidades por importe inferior al límite de los 120.000 euros no pasaría nada, no teniendo ningún reflejo en los Informes del Tribunal de Cuentas.

Además lo que haga la fundación o asociación con esos fondos es otro misterio, pues no tendrá reflejo en los Informes del Tribunal de Cuentas, dado que  las fundaciones y asociaciones vinculadas no consolidan sus cuentas con las de los partidos políticos. Los informes de tan digno Tribunal se limitan a efectuar un análisis de regularidad (esto es, que se ajustan a los límites legales y que tienen reflejo en la contabilidad) de las aportaciones que reciben estas asociaciones y  fundaciones, pero no analizan sus gastos. Aún así hay que observar un pequeño “avance” en el hecho de que la Ley Orgánica 5/2012 amplía la fiscalización del Tribunal a las aportaciones, esto es a todo tipo de ingresos y no sólo a las donaciones como señalaba la Ley Orgánica 8/2007.

También es interesante destacar en relación a las cuentas de las fundaciones y asociaciones vinculadas que la Ley no contempla la consolidación, apartándose nuevamente con ello de la Recomendación 2003(4), que en su artículo 11 señala específicamente que los partidos políticos presentarán cuentas consolidadas con sus entidades dependientes. En todo caso, con la legislación vigente resultaría imposible la consolidación de cuentas pues las fundaciones y asociaciones ni están obligadas a consolidar sus cuentas con la de los partidos, ni a presentar sus cuentas anuales al Tribunal, ya que este órgano sólo está obligado por la Ley a fiscalizar las aportaciones que reciben las fundaciones y asociaciones (antes de la reforma de 2012 tan sólo de las donaciones) por lo que dichas entidades sólo estarían obligadas a presentar una relación de dichas aportaciones. Adicionalmente, el Tribunal podría pedirles que presenten sus cuentas anuales y demás documentación contable, así como el informe de auditoría externa solo si tuvieran legalmente la obligación de auditar sus cuentas.

Menos problema tiene  una empresa que pretenda contratar con la Administración pero que no tenga en ese momento ningún contrato vigente con la administración puede efectuar donaciones directamente a un partido político, inferiores a 100.000 euros anuales, cumpliendo igualmente con la más estricta legalidad.

Conviene aclarar que en ninguno de estos casos las donaciones citadas serían objeto de especial mención en un Informe del Tribunal de Cuentas que simplemente se limitaría a sumar su importe al de otras donaciones que se pudieran haber recibido para ofrecer un dato global. Es más, en el caso de tratarse de una donación que no se ajusta a los límites legales se haría constar simplemente esa circunstancia en el Informe de Fiscalización, pero no se publicaría la identidad del donante. Si que daría lugar a la imposición de la correspondiente sanción, pues aceptar donaciones que contravengan los límites legales se configura como infracción. El problema es que la Ley Orgánica 8/2007 “se olvidó” de establecer un plazo legal de prescripción de la infracción, lo que tiene su miga porque el establecimiento de un plazo de prescripción para las infracciones conviene a la seguridad jurídica y ha de ser considerado un elemento esencial en la regulación de las infracciones; este olvido fue solventado por la Ley Orgánica de marzo de 2012 que establece un plazo general de prescripción de 4 años (como el de las infracciones tributarias, para entendernos).

De todas formas visto el ritmo que lleva actualmente el Tribunal de Cuentas (se ha aprobado en 2013 el Informe sobre la contabilidad de los partidos políticos de 2008) no parece que esta sea una cuestión que deba preocupar demasiado a los responsables de los partidos políticos y entidades vinculadas a los mismos. Cuando el Tribunal de Cuentas llega, ya está todo prescrito, ya nos lo ha explicado el Presidente del Tribunal de Cuentas (Vocal durante muchos años a propuesta del PP) como si la cosa no fuera con él.   ¿Se imaginan la que se organizaría si a la Agencia Tributaria le prescribieran todas las infracciones tributarias? Ah, pero es que estamos hablando de ciudadanos, no de partidos.

Otra cuestión interesante que se suscita es que las Fundaciones vinculadas a los partidos políticos (lógicamente sólo a los partidos que “tocan poder”, pues las donaciones efectuadas a fundaciones de partidos minoritarios o son inexistentes o de muy escasa cuantía) son muy proclives a firmar “convenios de colaboración” con entidades privadas, de las cuales desconocemos todo (si son entidades financieras,  constructoras, empresas del IBEX, etc, etc). Así se pone de relieve en el último Informe de Fiscalización aprobado  en lo referente a Fundaciones vinculadas al PP (FAES, FUNDESCAM) o al PSOE (Fundación Jaime Vera, Fundación Perspectiva para Castilla y León) o Unió Democrática de Cataluña (Fundación INEHCA). En estos casos el propio Tribunal de Cuentas considera que, ante la falta de equivalencia de las prestaciones, dichos convenios encubren donaciones y así se les ha tratado.  En plata, se trata de otra fórmula de “pay to play” absolutamente opaca y fuera de control. Y que es bastante utilizada, por cierto.

Con relación a la otra importante cuestión de  la transparencia de las donaciones percibidas a fin de ofrecer a la ciudadanía información útil para “ayudar a identificar vínculos económicos cuestionables y la posible corrupción en el sistema de financiación de partidos”, que es propósito esencial de la Recomendación firmada en 2003 por España, cabe señalar que ni la reforma de la Ley de Financiación de marzo de 2012 ni el Proyecto de Ley de Transparencia actualmente en tramitación ante el Senado contemplan la publicidad de las donaciones efectuadas a los partidos políticos y a sus entidades vinculadas como ya explicamos en el post anterior. Tampoco los Informes del Tribunal de Cuentas, que son de regularidad, ofrecen información significativa para identificar a los donantes, aún en el caso de donaciones que no se ajustes a los límites legales. Como hemos visto en el post anterior la excusa es la “seguridad” de los donantes, aunque más bien parece una excusa para consagrar la seguridad de que no se va a saber quien está jugando al pay to play…aunque realmente parece que en España toda empresa importante que aspire a contratar con el sector público tiene que jugar con estas reglas so pena de quedarse sin cuota de mercado.

En resumen, las previsiones contenidas en la Recomendación 2003(4) que tienen por objeto ofrecer a la ciudadanía información útil respecto a la eventual existencia de vínculos económicos discutibles entre los partidos políticos y las empresas donantes resultan, conforme a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, de imposible cumplimiento en nuestro país y no parece que, de momento, la situación pueda cambiar. A la vista de la regulación legal y del escaso interés de las autoridades españolas en este asunto, GRECO, si bien mostró su preocupación tal y como consta en los epígrafes 71 y 76 del  Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España de 2009,prescindió de efectuar recomendación alguna al respecto.

Nos dejan por imposibles.

España siempre pierde

 
Tal y como está planteado el perverso debate de la secesión catalana, España siempre pierde. Ese es uno de los problemas que plantea la perniciosa cuestión catalana de mantenerse las inercias actuales. Mientras que la negociación constituyente de 1978 fue afrontada entonces por todas las partes con una estrategia de negociación basada en el principio “ganar-ganar”, ahora, y desde que comenzó a tramitarse el nuevo Estatuto de Autonomía, el inevitable proceso negociador que -querámoslo o no- ya está en marcha, solo puede entenderse en términos “ganar-perder” o “perder-perder”.
Una diferencia fundamental entre un nacionalismo disgregador como el catalán y un nacionalismo integrador como es actualmente el español (a pesar de que algunos pretendan equipararlos), radica en que mientras el segundo ha permitido, en especial durante el último medio siglo, unas relaciones y sinergias que en términos generales han aprovechado a todos basadas en una estrategia colaborativa, la negociación entre nacionalismos disgregadores solo permite adoptar estrategias de negociación basadas en el principio “ganar-perder”, de forma que solo una de las partes gane a costa de la otra y, en ese proceso, siempre cabe la posibilidad de que ambas –en términos globales-, terminen perdiendo respecto de la situación de partida.
Si como colofón a este proceso se alcanza un acuerdo por el que Cataluña adquiere una posición de mayor privilegio dentro del reparto de los recursos nacionales en detrimento del resto de las comunidades autónomas –tanto si se alcanza un nuevo acuerdo de financiación más ventajoso, como si se acepta la falaz tesis del Estado asociado, con la que conservarían todas las ventajas de pertenecer a una entidad superior de las dimensiones y relevancia de España y, por ende, de la Unión europea, pero eludiendo muchas de las cargas que ello comporta-, el resultado ¿final? sería que Cataluña gana pero que el resto de España pierde.
Si, finalmente, los separatistas triunfan en sus objetivos –un escenario cada vez más plausible- y se produce una declaración unilateral de independencia, todos perderemos. Con la secesión de aproximadamente una quinta parte de su territorio y población, España perdería peso específico dentro de Europa (tanto demográfico como económico) y haría aún más perceptible su decadencia en el contexto internacional; se agravaría la crisis institucional interna y se abriría la puerta a nuevas secesiones aunque, también es posible que, en lo económico, pueda servir de revulsivo para que en otras regiones empiecen a producirse bienes, productos y servicios para cubrir el vacío que actualmente ocupan las empresas catalanas. Pero Cataluña también perdería, como muchos economistas han puesto de manifiesto, pues al quedar en un principio fuera de la UE se encarecería el acceso de sus exportaciones a sus principales mercados, acrecentaría sus gastos al tener que hacer frente a servicios que ahora tiene cubiertos bajo el paraguas español y tendría dificultades para financiar su importante deuda pública. Difícilmente podría mantenerse el nivel de vida que ahora tienen sus ciudadanos y muy posiblemente entrará en una difícil situación económica que incrementará las tensiones y conflictos sociales. En definitiva, de una manera u otra todos pierden. Dejo que sean otros los que jueguen al estéril ejercicio de valorar quién pierde más.
Pero incluso en este escenario, los nacionalistas pretenden actuar como auténticos jugadores de ventaja y se guardan en la manga la carta de la doble nacionalidad por si surge esa previsible crisis económica que dificulte el mantenimiento de los servicios públicos en su territorio. Así, aunque Cataluña se independice, muchos catalanes podrían mantener inicialmente la doble nacionalidad. Es más, la legislación actual (artículos 17 y siguientes del Código civil) inspirada en el criterio de la estirpe más que en el de la territorialidad y que está pensada para favorecer la conservación de la españolidad en los descendientes de los emigrantes en Latinoamérica, implicaría que, aunque la secesión comportara de forma preceptiva la elección entre una nacionalidad y otra, nada impediría que, más tarde, una parte importante de la población catalana descendiente de los inmigrantes de otras regiones de España pudiera volver a recuperar su nacionalidad española y, en caso de irles mal las cosas en esa nueva Cataluña independiente, retornar a la tierra de sus ancestros para convertirse en una carga añadida. Alterar los requisitos para la adquisición de la nacionalidad por esta causa generaría perjudicar también a los descendientes de españoles en el extranjero.
Nuevamente todos pierden, pero de mantenerse las actuales reglas del juego, lo que quedara de España tras la escisión siempre perderá más. De una manera u otra –ya llegará el momento de exigir responsabilidades- nos hemos dejado arrastrar a un proceso negociador perverso en el que, salvo algunas élites extractivas catalanas y no catalanas, los españoles tanto de dentro como de fuera de Cataluña no tenemos nada que ganar. Desde este punto de vista resultaría comprensible la actitud del Gobierno de no querer jugar esta partida de poker con cartas marcadas.
Mientras reflexiono sobre estas cosas, me viene a la memoria un viaje que hice de joven. Corría el verano del año 1985 cuando un grupo de amigos nos fuimos en tren  a recorrer Europa. Con nuestros sacos de dormir y tiendas de campaña fuimos acampando por distintos sitios y, durante algunos días atravesamos lo que por entonces aún era Yugoslavia. Cuando estuvimos en Zagreb conocimos un joven muy simpático que hablaba inglés y se ofreció a enseñarnos la ciudad. Pasamos una mañana muy agradable pero de sus explicaciones, cada poco, podía vislumbrarse un notable desencanto con el estado yugoslavo y al mostrarnos el edificio del Parlamento de Croacia recuerdo que se quejaba  con resquemor de que allí no se decidía nada, sino que todo se resolvía en Belgrado. Más tarde, en el tren que nos llevaba a la costa dálmata, un grupo de jóvenes con los que entablamos conversación, nos preguntó con cierto resentimiento qué cómo se nos había ocurrido hacer turismo en aquel “fuck country”.
En general, ninguno podía suponer que pocos años más tarde sucedería la sangrienta guerra civil que asoló esa región y a aunque nos llamó la atención la actitud que vimos, la interpretamos como un desencanto por la sociedad comunista entonces imperante más que con las disputas territoriales que luego salieron a la luz. En cualquier caso, existen pocas dudas de que entonces aquellos nacionalismos disgregadores yugoslavos perdieron el control de un proceso de negociación basado en la estrategia “ganar-perder” y el resultado fue catastrófico para la población de todas las partes ¿Alguien cree realmente que hubo un ganador?
Ahora, cuando veo las constantes noticias acerca de la desafección catalana y el, cada vez más maduro, proyecto de secesión no puedo evitar recordar esa breve estancia en aquella Yugoslavia, que ensimismada en sus tensiones y problemas cotidianos no podía imaginar que terminaría estallando de la manera en que lo hizo. Diríase que son situaciones completamente distintas y en muchos aspectos lo son, pero no dejan de existir puntos en común. Lo malo de las negociaciones en las que las únicas alternativas son perder y perder, es que siempre puede haber quien esté tentado a romper la baraja. Y lo malo de las revoluciones, como la historia no se cansa de demostrarnos, es que se sabe cómo comienzan pero nunca cómo pueden terminar.