Las “novatadas” universitarias: ¿rito de iniciación o gamberradas puras y duras?

El antropólogo francés Arnold Van Gennep definió, a principios del siglo XX, los “ritos de paso” señalando que, en su desarrollo social, un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones personales -entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer o pasar a pertenecer a un grupo social, entre viajar por el mundo o a la guerra y retornar a casa-, en las que se celebraban tradicionalmente determinados ritos. En las sociedades no industrializadas, tales ritos de paso constituían un componente esencial de la vida social, de modo que los cambios y peligros que suponían las transiciones humanas se celebraban no individualmente, sino de forma grupal y comunitaria.

Para Van Gennep, uno de los ritos de paso más importantes eran los “ritos de iniciación” que, en muchas sociedades, escenificaban el paso de la condición infantil a la adulta. En las sociedades antiguas, los ritos de iniciación tenían mucho que ver con la resistencia del cuerpo humano y con la madurez física, y se superaban habitualmente con determinadas marcas corporales (cicatrices, mutilaciones rituales, etc.), que manifestaban el tránsito del individuo a la edad adulta, reconociéndole a partir de ese momento los demás adultos como un igual. En las sociedades modernas, el ritual iniciático ha ido perdiendo paulatinamente importancia individual y social, y sólo ha pervivido como parte del protocolo de acceso a determinadas sectas, sociedades secretas y otro tipo de organizaciones como la masonería, las órdenes aristocráticas o militares, y los clubes rotarios y otras entidades filantrópicas o similares. Y en España, desaparecido ya por Ley el servicio militar obligatorio (la famosa “mili”), poco ámbito público o social queda ya para bromas o ritos iniciáticos generalizados, salvo el ámbito universitario en determinadas ciudades del país, como vamos a ver a continuación.

Van Gennep

Las conocidas “novatadas”, entendidas como el periodo de bromas con que se recibe a los nuevos estudiantes en las Residencias y Colegios Mayores -y también en algunas Facultades o Escuelas Universitarias- de muchas ciudades españolas, han querido ser identificadas por sus defensores, que son bastantes, como uno de esos tradicionales ritos de iniciación. Y lo cierto es que un periodo de novatadas relativamente breve y dirigido por un grupo de veteranos ingenioso, y que no traspase la delgada línea roja de la humillación personal o los castigos físicos a los novatos, puede sin duda contribuir a todo lo que sus numerosos defensores argumentan: facilitar el conocimiento, la integración y la cohesión de los diferentes estudiantes de una ciudad universitaria. Aquí tengo que dejar claro, como padre de dos estudiantes que viven en un Colegio Mayor de Madrid, que éste se ha mostrado siempre muy estricto en el control de las novatadas a sus residentes, y que buena parte de las bromas que han recibido mis hijas en el entorno de la Ciudad Universitaria (pues suelen hacerse en la calle, o en parques cercanos) han sido ciertamente graciosas, de esas que crean una verdadera y sana camaradería entre los estudiantes.

Pero todos sabemos que, a pesar de estar oficialmente prohibidas en Estatutos y Reglamentos universitarios, las novatadas se repiten todos los años y que, en determinados casos, caen en excesos poco presentables, generando situaciones de violencia, acoso, maltrato y humillación que van mucho más allá de unas simples bromas iniciáticas o integradoras de un joven grupo de estudiantes recién llegados. El pasado día 13 de septiembre saltó a los medios de comunicación que cuatro estudiantes veteranos habían sido expulsados temporalmente de un Colegio Mayor de Madrid por realizar novatadas vejatorias a los nuevos residentes de su centro. Tales novatadas fueron grabadas por una cámara oculta de Antena 3 Televisión, y en las imágenes aparecen algunos de ellos golpeando y obligando a beber directamente de varias botellas de bebidas alcohólicas a un grupo de aterrorizados novatos, uno de los cuales acabó en el hospital con un coma etílico. Debemos recordar, como aviso para aquellos “listos” a los que se les suele ir la mano en estos temas, que nuestro actual Código Penal castiga en su artículo 173.1 con la pena de seis meses a dos años de prisión, bajo el título “de las torturas y otros delitos contra la integridad moral”, al que “infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”. O sea que, según nuestras leyes penales actualmente vigentes, en aquellos casos especialmente graves y que se puedan demostrar, la cosa no va de broma….

Y ustedes se preguntarán: ¿por qué unos hombretones hechos y derechos soportan esas vejaciones que aparecieron en televisión y no se niegan rotundamente a participar en ellas? La explicación está en la convivencia posterior en sus Residencias o Colegios Mayores. Los novatos que se encierran en su habitación y se niegan a participar en las novatadas saben que sufrirán un peculiar “bullying” durante el resto del curso, y experimentarán una situación de exclusión y aislamiento social total respecto de sus compañeros que sí superaron el “rito iniciático” impuesto por sus veteranos. Ante este preocupante panorama, la gran mayoría opta por soportar cualquier cosa durante un mes o mes y medio esperando que llegue pronto la “fiesta del novato” (se celebra entre finales de septiembre y mediados de octubre), que marca el fin oficial de las novatadas y de su particular pesadilla. Pero algunos no pueden soportar la presión y abandonan precipitadamente su Residencia o Colegio Mayor, con el consiguiente disgusto de sus familias que no saben qué hacer con un estudiante que está comenzando, con no demasiado buen pie, su nueva vida universitaria. Aun así, el número de denuncias en esta materia es prácticamente inexistente.

En definitiva, esta historia de las novatadas, y pese al esfuerzo -que me consta- de los órganos de dirección de la mayoría de Colegios Mayores y Residencias Universitarias, al practicarse mayoritariamente en la vía pública, depende del buen o mal sentido y responsabilidad de muchos veteranos. Los hay con un gran sentido del humor que organizan bromas o actividades lúdicas ciertamente graciosas en las que los chicos y chicas se conocen, se integran y lo pasan realmente bien, generándose entre ellos esa especial clase de amistad que surge entre personas que viven algunas dificultades en común. Y en otras ocasiones aparecen en escena auténticos y auténticas psicópatas, que llevan años esperando hacer pasar a los demás lo que algún día sufrieron, siendo hasta capaces de anticipar su vuelta de las vacaciones de verano para amargar la vida a los novatos, y convirtiendo lo que podría ser un divertido rito de iniciación en una patochada descerebrada carente de sentido.

Al final, lo que sucede en esta materia no es más que un fiel trasunto de la vida misma, en la que, junto con personas normales, respetuosas y de buen humor, uno puede encontrarse individuos crueles o desequilibrados a la vuelta de cualquier esquina. Siendo positivos podríamos concluir que aprender a “torearlos”, dentro de unos límites racionales, puede formar parte también de la formación vital de un joven universitario, aunque en los tiempos actuales, en los que se ha desarrollado una importante sensibilidad social frente a todos los tipos de maltrato, las novatadas, que tienen su origen hace siglos, no pueden considerarse una tradición socialmente aceptable. Recientemente ha surgido una Asociación, denominada muy gráficamente “No Más Novatadas” , que trabaja para apoyar a los afectados y para exigir el cumplimiento de las normas y de los principios éticos que deben presidir la convivencia universitaria.

 

¿Es legal el buzón de denuncias anónimas de la Inspección de Trabajo?

Este verano, la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciaba en una carta abierta la creación de un buzón en la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que permite a los ciudadanos comunicar, sin facilitar su identidad, conductas que consideren fraudulentas en el orden social.
 
La puesta en marcha de este buzón electrónico contradice abiertamente, a mi juicio, el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contempla que ésta puede actuar “en virtud de denuncia” pero dispone, con redacción inequívocamente imperativa, que “no se tramitarán las denuncias anónimas”.
 
El Director General de la ITSS, en un comunicado con ecos de excusatio non petita, se apresuró a defender la legalidad del citado buzón.
 

El buzón de denuncias


Por un lado, intentaba establecer una diferencia entre la denuncia formal y la comunicación ciudadana sobre actuaciones fraudulentas a través de este nuevo cauce. Pero, una vez más, habrá que recordar la irrelevancia del nomen iuris a estos efectos: las cosas son lo que son, con independencia de cómo la Inspección de Trabajo las quiera llamar.
 
Una denuncia, por definición, es la comunicación que un ciudadano hace ante las autoridades o la Justicia sobre un hecho que constituye infracción de una norma. Y eso, y no otra cosa, es lo que se lleva a cabo mediante el buzón electrónico de la ITSS.
 
¿En qué se basa la Inspección para decir que no son denuncias? ¿En qué se diferencian una denuncia formal y la puesta en conocimiento que se realiza a través de este buzón?
 
Desde luego, no parece que la forma, es decir, el que se haga en papel impreso o mediante envío telemático, determine la esencia del acto.
 
Tampoco la diferencia estriba en que, en un caso, la denuncia marque el comienzo del procedimiento y en otro no. La Ley establece que la Inspección de Trabajo inicia y desarrolla su actuación “siempre de oficio”, ya sea como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia.
 
La distinción no podemos encontrarla en que el comunicante anónimo no sea parte en el procedimiento administrativo a que dé lugar esa información que transmite a la ITSS, porque, de acuerdo con la Ley, tampoco podrá el denunciante formal “alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación”.
 
No hallamos, pues, ningún elemento relevante que nos explique cuál es la diferencia entre lo que la Inspección considera formalmente denuncia y la puesta en su conocimiento de infracciones a través del buzón telemático, excepto eso mismo: la denominación que la propia ITSS otorga en cada caso, para así sortear la prohibición legal de anonimato del denunciante.
 
El resto del comunicado hecho público por la Inspección nos tiende una trampa dialéctica muy frecuente: dudar del compromiso con la lucha contra el fraude de quienes tan solo cuestionan la idoneidad del mecanismo elegido. En el debate sobre legalidad, se dedica a argumentar sobre utilidad. Nada que suene a nuevo: detrás está la vieja afirmación de que el fin justifica los medios.
 
Personalmente, creo que los sistemas de delación anónima (muy utilizados en las dictaduras y muy usados en épocas de “caza de brujas”) plantean enormes riesgos: entre otros, satisfacer las venganzas personales en lugar del interés público, posibilitar la comunicación de medias verdades (la peor de las mentiras, asegura el dicho) o dar lugar al uso espurio de instrumentos públicos (“yo denuncio, que algo le encontrarán y, si no, al menos sufrirá la propia incertidumbre que genere la inspección”).
 
Defiendo la denuncia como expresión de implicación y de colaboración ciudadana. Pero siempre desde la responsabilidad. Quien denuncia tiene que asumir que su actuación pone en marcha los recursos humanos y materiales de la maquinaria judicial o administrativa. En el ámbito penal, por ejemplo, la denuncia falsa probada incluso está tipificada como delito.
 
Obviamente, el que la identidad del denunciante haya de ser conocida por la administración, no es incompatible con que sea desconocida para el denunciado. Los funcionarios de la ITSS tienen el deber de considerar confidencial el origen de las denuncias y de no revelar la identidad de los denunciantes a las empresas objeto de inspección.
 
Pero, en todo caso, al margen de mi parecer personal, si el Gobierno cree que es necesario o conveniente implantar un sistema de denuncias anónimas, hágalo. Reforme la ley para establecer, por ejemplo, que si los denunciantes están identificados, las denuncias se investigarán obligatoriamente, siempre que se refieran a materia objeto de la ITSS y no sean manifiestamente infundadas. Y que cabrán también las denuncias anónimas, pero que en este caso no existirá obligación de tramitarlas y sólo se investigarán si, tras un juicio de valor sobre su contenido, así se estima oportuno por parte de la propia Inspección.
 
Lo que no tiene sentido es que se implante y publicite un buzón de denuncias anónimas mientras está en vigor una ley que, de forma inequívoca, excluye esa opción. La frase “no se tramitarán las denuncias anónimas” no parece susceptible de interpretaciones muy diversas.
 
Admítase o no se admita el anonimato en las denuncias, a criterio de quien tenga la responsabilidad de legislar y de gobernar. Pero no se nos quiera hacer comulgar con la rueda de molino de que, aunque la ley prohíba tramitar denuncias anónimas, sí que se puede hacer, siempre que a las denuncias no les llamemos denuncias.
 
Creo en el principio de legalidad. No me parece admisible, ni siquiera aunque obedezca a un buen propósito, que nuestros responsables públicos opten por retorcer las normas hasta acomodarlas a sus pretensiones. Cuentan con la sencilla y correctísima posibilidad de promover su reforma. Pero si no hacen uso de esa posibilidad, tienen entretanto la obligación de hacerlas cumplir. Y de cumplirlas.