“Doing Business”, soplar y sorber….
Estos días de atrás la prensa acogía con desapego y decepción el Doing Business 2014 que, con rápidas lecturas que miran al año que aún no ha llegado, se está convirtiendo cada vez más en una especie de tótem de referencia entre los reguladores mercantiles y financieros de todos los países del mundo. La metodología empleada permite obtener conclusiones más o menos razonables y, lo que es más importante, comparables. Su éxito radica, a mi entender, precisamente en la comparabilidad de los resultados. Y es que, siendo el sustrato económico complicado de modelizar, hay que reconocer que el Banco Mundial ha conseguido un nivel óptimo de comunicación de las conclusiones que año a año vierte esta publicación…. En ese equilibrio entre inevitable complejidad de la realidad y simplicidad en su presentación, el producto Doing Business es de lo más eficaz y consigue lanzar a los reguladores nacionales a una especie de competición por hacer escalar puestos a sus países en cada uno de los ranking parciales que se muestran.
Como observador de la realidad, la opinión pública (publicada, mejor…) se hace eco de esta carrera y analiza apresuradamente la posición de cada corredor. Titulares como “España cae al puesto 52 del ‘ranking’ de mejores países para montar negocios” o “España, por detrás de Ruanda y Túnez para hacer negocios” son algunos de los que podíamos leer estos días. El impacto reciente de los comentaristas radiofónicos sobre el público (gestores públicos y votantes) es aún mayor al correrse en un terreno especialmente embarrado por la crisis económica, como aquí ocurre.
Simplificando las cosas, la premisa de partida del Banco Mundial es que los empresarios (los ahora llamados emprendedores) deben contar con un marco regulatorio que simplifique y facilite la puesta en marcha de proyectos empresariales. Y ciertamente no puede dudarse de que el entorno jurídico, no siendo la única, sí que es una de las variables claves en el desarrollo empresarial y la competitividad económica, especialmente en las primeras fases (start-up).
Lo cierto es que ya se está consiguiendo que entre dentro de la incorrección política tratar de defender controles y salvaguardas en el proceso de creación de empresas, cuestión ésta en la que el estudio viene centrando parte de su atención. Lo relevante es el número de días que transcurren entre el diseño del proyecto empresarial y el día que comienza la producción o se abre al público. Las best practices se concentran en la eliminación de trámites, papeles, documentación al emprendedor que conduzcan acortar esos plazos. Disminuir días es correr más rápido y subir en el ranking.
Faltan quizá reflexiones, simples pero algo más trabajadas, sobre algunos aspectos del entorno en el que se mueve la carrera. El marco temporal es relevante; no es lo mismo los 100 metros lisos (o vallas) que una maratón. Bajando más a terreno, hay intereses sociales que, junto al acortamiento de los plazos, demandan mayor control sobre la creación de empresas y que se definen también como buenas prácticas. La obtención sistemática de información sobre la persona física (titular real) que está detrás del proyecto empresarial es una de ellas, como medida clave para minorar el riesgo de blanqueo de dinero en un tráfico jurídico cada vez más complejo y globalizado, por poner un ejemplo que me resulta cercano en estos últimos años. Los requerimientos normativos en este ámbito se traducen en trámites y en aportación de documentos que han de encajarse en el acortamiento de plazos. ¿No es una buena práctica la obtención de información sobre el titular real por parte de quienes intervienen en el proceso de creación de proyecto empresarial? Así lo entiende la comunidad internacional o el propio Banco Mundial, que empuja a acortar plazos, en un maravilloso libro que acaba de publicar con el sugerente título de Los Dueños de la Marioneta, en alusión a cómo se utilizan personas jurídicas en la ocultación de activos procedentes del delito.
No es distinto lo que ocurre con los intereses públicos en otros ámbitos del ordenamiento jurídico-público, como el energético o el financiero. Es en éste último, por cierto, en el que se ha producido de forma más notoria un cierto debate conceptual entre la desregulación y la necesidad de controles, también en la creación de la empresa financiera. Y no puede decirse que la reflexión mayoritaria al final haya ido en la línea de la necesidad de retirar controles. En realidad, a nadie sorprende a estas alturas constar cómo la máquina del derecho administrativo, como instrumento de ensamblaje de políticas públicas, incrusta cada vez más controles en el ámbito privado; la libertad de pactos, también en la creación de empresas, se mueve cada vez con más límites. Y el mantenimiento de controles justificados o la adición de nuevos controles no siempre encajan bien con la reducción de días en el proceso de creación de personas jurídicas y su ranking.
Como el Banco Mundial, los reguladores nacionales tienen que cuadrar el círculo. Se enfrentan a la necesidad de trasladar al papel oficial intereses públicos no siempre compatibles. Ni la realidad social es plana, ni los intereses públicos son binomiales (todo o nada, blanco o negro); admiten grados de realización y el regulador en cada uno de los ámbitos del derecho administrativo lo sabe bien. La mezcla de intereses contrapuestos al diseñar la norma jurídica es lo que late con frecuencia debajo de ciertos textos que, leídos por algún ilustre ilustrado, le llevan a concluir de forma simplista que la norma está mal hecha… que en algunos casos, también.
En la regulación del proceso de creación de empresas, estoy seguro que cualquier regulador dispone de un potente arsenal de argumentos para convencer al responsable político de varias cosas, ante la inevitable pregunta del “¿qué podemos hacer?”. La primera es que una retirada apresurada de alguno de los controles para escalar en el ranking del Doing Business del año siguiente no es una decisión acertada. Puede que lo sea en el corto plazo, para los 100 metros lisos, pero el marco jurídico que acompaña a la competitividad sostenible, debe centrarse más bien en obtener las condiciones necesarias para la maratón.
La segunda es que la tentación de la ambigüedad forzada y calculada con la que en ocasiones se quieren conciliar intereses irreconciliables no siempre resulta la mejor opción. Y no es sólo por la lesión a la seguridad jurídica (que seguramente ya bastaría), sino porque la terca experiencia nos muestra como en el medio y largo plazo, en la carrera de fondo, lo más probable es que no ninguno de los intereses del mix acabe alcanzándose.
Me preocupan, en realidad, los reguladores del resto del mundo, porque los españoles conocen bien el viejo dicho que a todos nos han dicho desde pequeños en algún momento… No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.
Responsable de prevención del blanqueo del Consejo General del Notariado. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ex Subdirector General de Inspección y control de Movimientos de Capitales
Lo que viene a significar que con el seguimiento papanatas de ciertas instituciones mundiales a veces nos hacemos daño a nosotros mismos sin conseguir nada. Hace tres años se reformó la constitución de sociedades para quedar bien, y aquí estamos. Gracias por este post tan claro.
Benito Arruñada es muy crítico con el sistema de evalucación del Doing Business, lo cree desenfocado y parcial http://www.arrunada.org/PublicationsBusc.aspx?Buscar=doing&Submit.x=-678&Submit.y=-491
Indica que nos hemos gastado una fortuna permitiendo la creación de sociedades en 24 horas, pero el problema son las licencias como la de apertura.
Como curiosidad, dice, si USA aplicase estos criterios, sería la númer0 96 en materia de creación de empresas.
Totalmente de acuerdo con Benito Arruñada y en parte con el autor del post. El problema, como en todo, es diferenciar y para eso hay que tener criterio. Hay obstáculos idiotas y otras barreras que conviene mantener e incluso reforzar. ¿Como medirlas bien? Pues ese es el tema. Aquí tenemos de todo, efectivamente, todo muy mezclado y con mucho ruido de fondo (bastante interesado). Los que estamos a pie de calle sabemos bastante bien qué es importante y qué no pero lo normal es que los funcionarios si preguntan lo hagan a colectivos o asociaciones que representan más intereses corporativos que a empresas y emprendedores. O que están dispuestos a decir a todo que sí con tal de que les vuelvan a llamar.
Cualquier gestor público conoce sistemas de análisis de coste, tanto desde el lado del beneficio, como desde el lado de la eficacia. Obviamente, la parte más compleja siempre acaba siendo la medición de los beneficios. Y es aquí donde la gestión pública se complica sobremanera… En una unidad empresarial la cosa no es demasiado compleja, por el ánimo de lucho (es fácil medir dinero…). En proyectos públicos o en opciones de política normativa, en cambio, las externalidades positivas (o, a veces, negativas) complican los cálculos. Cualquier análisis suele convertirse en un rompecabezas… La dificultad no debe oscurecer, aún así, la conveniencia de una valoración seria.
Con el DB ocurre como con las agencias de calificación: como son clasificaciones, como son fáciles de entender, informar sobre ellas es relativamente sencillo, se toman demasiado acríticamente sus conclusiones. Es más fácil decir que España ha subido o bajado x puestos en una clasificación que plantearse a fondo quién la hace, con qué criterios o si no hay una intención en ese tipo de clasificaciones (que puede haberla o no, no digo que esté mal, pro recordemos que las agencias daban triples AAA 5 minutos antes de que estallara la mega crisis…).