La crisis institucional llega a la Agencia Tributaria.

Entre los sitios de los que mejor recuerdo profesional guardo se encuentra la Agencia Tributaria, en donde tuve el cargo de Subdirectora de Asuntos Consultivos y Contenciosos de su Servicio Jurídico desde el año 1997 al 2000. Lo comento porque no solo el ambiente era excelente, la profesionalidad y el rigor la regla general y la colaboración y la responsabilidad  la norma, si no porque jamás nadie me hizo ninguna indicación que no fuera procedente sobre ningún asunto, por importante que fuera. Y los había. Para que se me entienda bien por indicación “no procedente” entiendo política, y por política entiendo instrucciones que no responden a criterios profesionales y no respetan el ordenamiento jurídico y los procedimientos establecidos para hacerla cumplir.
Se ve que las cosas han cambiado mucho desde entonces y no precisamente para bien. Ya me lo habían comentado en privado alguno de los amigos y buenos profesionales que todavía tengo allí. Por eso me ha sorprendido menos que al común de los mortales las numerosas noticias aparecidas en estos días que revelan que el funcionamiento de la AEAT es cada vez menos profesional y está cada vez más politizado, dos fenómenos que suelen ir en paralelo. Los incidentes o mejor dicho los escándalos –aunque sean o menos con sordina- se suceden. Ruedan las cabezas, es decir, cesan a los  nombrados por libre designación (en la Agencia muchos de los puestos tienen este carácter, lo que también ocurría cuando yo estaba allí, por cierto) por la libérrima voluntad de quien los nombró, sin más. No hay que justificar ningún cese (supongo que tampoco ningún nombramiento) y reina la arbitrariedad más absoluta confundida muy interesadamente con la discrecionalidad. No en vano acaba de morir el profesor García de Enterría que nos enseñó a varias generaciones de juristas a distinguir la una de la otra y que la arbitrariedad está proscrita en un estado de Derecho digno de tal nombre. Quizá eso explique que la cúpula directiva de la AEAT, pese a sostener que puede cesar a quien quiera, como quiera, por lo que quiera y cuando quiera prefiera hablar de reorganizaciones” para justificar los ceses de personas que no se adaptan a los nuevos tiempos. 
Podemos tomar como ejemplo el caso Cemex, que ya ha sido comentado ampliamente por los medios aquí o aquí.  Con independencia del tema de fondo, que desconozco, toda la historia revela una degeneración en el funcionamiento de la institución que es muy preocupante. Simplemente haremos hincapié en el hecho de que se destituye a una inspectora fulminantemente por actuar como lo haría cualquier Inspector de Hacienda. Se trata de la Jefa Adjunta de la Oficina Técnica de Dependencia de Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes cuyo jefe, Ignacio Ucelay, ha dimitido al parecer por considerar improcedente el cese de su subordinada. También, según las noticias, un colectivo de inspectores pidió explicaciones por tan anómalo cese, explicaciones que, al parecer, no resultaron muy satisfactorias.
Porque, con independencia de si las liquidaciones  tributarias y las eventuales sanciones que se han aprobado en el caso Cemex son o no las pertinentes, lo cierto es que al resolver un recurso de reposición contra una liquidación tributaria si  el reclamante (en este caso Cemex) no aporta alegaciones, justificaciones o elementos de prueba distintas de las ya esgrimidas frente al acta de la Inspección de los Tributos y que esta ya ha desestimado, lo que hace siempre la Inspección en estos casos es confirmar la liquidación tributaria, como hizo la Inspectora destituida. Es decir, cualquier Inspector en su caso hubiera hecho lo mismo una vez que ya se había practicado la liquidación contra el criterio de la empresa confirmando el acta de la Inspección (que es solo una propuesta). Esto no quiere decir que se termine aquí el asunto, ya que queda expedita para recurrir la vía económico-administrativa y posteriormente la judicial. No le den más vueltas, las cosas en la AEAT se hacían tradicionalmente como les he contado. Salvo ahora. La pregunta es muy sencilla ¿por qué? Pues probablemente porque como venimos denunciando en este blog desde hace ya tres años hay personas y empresas en España que están por encima de la Ley.  Y son las que mandan.
Para rematar el lamentable desprestigio de una institución que ha sido una de las joyas de la Corona del Estado de Derecho tenemos el asunto de la Corona (de la otra). Hablamos de la defensa numantina de la Infanta Cristina (como ya escribí en otro sitio en España está claro que las infantas no pueden delinquir, por mucho empeño que pongan) que está siendo de una torpeza casi infinita. Efectivamente, esta actuación deslegitima a dos instituciones al precio de una, la monarquía –bastante tocada por cierto- y lo que me parece más grave -porque no lo estaba hasta ahora- a la propia Agencia. De este culebrón con sus imputaciones y sus desimputaciones, incluidos los recursos de por medio nada menos que de la Fiscalía, lo nunca visto, y de la Abogacía del Estado, que se supone que defiende los intereses del Estado (que conviene no confundir con la Jefatura del Estado) sobre el que ya hemos escrito nos quedamos con la –por ahora-  última escena de la tragicomedia: admisión de facturas simuladas como gastos deducibles para no llegar al límite de 120.000 euros en cuota. ¿Alguien da más? Si, el Ministro Cristobal Montoro, responsable de la AEAT que justifica los ceses de la cúpula destituida porque eran todos socialistas. Eso sí, seguro que en los nuevos nombramientos empezando por el del Director de la AEAT no se han tenido en cuenta otros criterios que los profesionales.
Las reacciones (hasta ahora) de los colectivos profesionales afectados (Inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda) han ido desde la prudencia hasta el desahogo. Por supuesto, no han faltado tampoco las voces habituales que achacan el malestar de estos colectivos a que los altos cargos destituidos o dimisionarios tienen carnet del PSOE, o estaban dentro de su órbita o tienen amistad con ellos… ya saben, lo de siempre, nunca falta una explicación o justificación de este tipo –los enemigos políticos nos atacan- precisamente cuando no hay otros argumentos. Las declaraciones del Director General de la AEAT, Santiago Menendez  (hermano de Adolfo Menendez, casualmente Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias)  con tirón de orejas a sus inspectores “desafectos” incluidos no tiene desperdicio.  Merece la pena leerlas aquí. Según el Director de la AEAT para recaudar más nada como una amnistía fiscal. Y también recuerda a los Inspectores que no se obsesionen con los grandes contribuyentes. Se ve que es mejor o por lo menos más cómodo inspeccionar a los pequeñitos, que no dan guerra y pagan sin rechistar.  Ah, y que deje la Inspección de quejarse de falta de medios, que ya aburre.
A estas alturas no estaría de más recordar que la AEAT no es de ningún partido, ni del PP ni del PSOE, y ni siquiera es de  la Jefatura del Esado. Es del Estado español, es decir, de los ciudadanos españoles. Y sus funcionarios a quien deben lealtad es a la institución, cuyo objetivo es recaudar nuestros impuestos, defender los intereses de la Hacienda Pública y sobre todo aplicar las leyes fiscales vigentes, respetando los principios constitucionales.de igualdad, generalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos, consagrados en el art.31.1 de la Constitución.
Tengan por cierto que muchos de los que conocen de primera mano los últimos casos tienen la misma opinión que yo, o incluso piensan que me quedo corta. En todo caso, me temo que no sirve de mucho que manifiesten su malestar en privado o que se exilien interiormente o sigan con el día a día como si nada hubiera cambiado. Otros apuntan a que el problema se acabaría haciendo desaparecer de una vez los puestos de libre designación. El problema es que no parece que quien tiene el poder de hacerlo esté muy dispuesto a desocupar voluntariamente el terreno conquistado.
Pues bien, a mi juicio este tipo de actitudes –muy frecuentes en los colectivos de los funcionarios más cualificados de la Administración- es un problema grave para impulsar la imprescindible regeneración institucional. Nadie debería tener más interés en defender la legitimidad, el buen nombre y el funcionamiento profesional de una institución que los funcionarios y técnicos que trabajan en ella. Entonces conseguirían, no lo duden, el apoyo y el respeto de la ciudadanía.
Pero todavía hay esperanza. Ha habido dimisiones en la AEAT y estas dimisiones han hecho mucho ruido.  Recientemente hemos tenido también la del Director de Inspección  Estas personas dimiten por dignidad profesional, pero su dignidad es la de la institución y la nuestra. Aquí tienen su carta. De verdad, si hay más personas como ellos, ganamos la partida.  Desde el blog nuestro admiración y nuestro apoyo.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?