¡Ay, Derecho! La necesaria recuperación de la independencia de los interventores municipales

Fernando Urruticoechea es interventor municipal. Esta profesión se crea en el siglo XIX para luchar contra el poder de los caciques locales y se constituye como un funcionario del Estado cuya misión es controlar y fiscalizar todo lo relativo a la gestión económica del ayuntamiento. Un revisor externo de sus cuentas y de lo que el consistorio hace con los presupuestos públicos.

En la Transición su figura se torna extremadamente “molesta” para muchos de los nuevos dirigentes municipales surgidos de las urnas. Consideran intolerable e incluso antidemocrático que un alcalde elegido por el pueblo no  pueda desarrollar sus políticas simplemente porque un funcionario se lo impida. O, dicho de otra manera, y más realista, no quieren que nadie les controle para poder manejar a su entera libertad el cada vez más importante presupuesto municipal.

Antonio Muñoz Molina, en su recomendable libro “Todo lo que era sólido”,  hace un retrato de la situación en esos años, comentada en este blog por Ignacio Gomá: “…el relato de sus primeros pasos laborales como administrativo del Ayuntamiento de Granada, donde experimenta, en plena adscripción comunista,  los últimos años del franquismo y la llegada de la democracia, y puede contemplar en primera fila la llegada a mitad de los ochenta de un nuevo fenómeno, el “pelotazo”, que convirtió a España “en el país donde uno puede hacerse rico más rápidamente” (Solchaga dixit).

 Pero lo grave no fue sólo el pelotazo individual, sino el desahogo institucional: el dinero empezó también manar desde Europa hacia las administraciones públicas, entre ellas la local,  y  pronto los políticos empiezan a considerar molestas las “trabas burocráticas”, la subordinación de sus decisiones y ocurrencias a procedimientos que venían del pasado. Tales “trabas” no eran sino las exigidas, para mantener la legalidad de las decisiones políticas, por funcionarios nacionales como el secretario de ayuntamiento, el interventor  y el depositario, que hasta entonces no eran nombrados ni destituidos por el alcalde: el secretario general –nos recuerda-  certificaba la legalidad de los acuerdos municipales. El interventor tenía que aprobar cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. 

Así que se cambiaron las cosas: había que construir una nueva legalidad democrática, creada por los representantes del pueblo, en la que pudieran asegurarse de promulgar leyes que les permitieran  actuar al margen de ellas. “La ruina en que nos ahogamos hoy –dice- empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio –o simplemente para no ser cumplidas” (pág. 48).”

Fernando Urruticoechea, decíamos, es interventor, cree en su profesión y la ejerce como tal. Eso le ha causado los previsibles problemas con políticos profesionales muy poco acostumbrados a controles y responsabilidades, y sí a una plácida impunidad. En el ayuntamiento de Castro-Urdiales, donde trabajaba, ocurrió lo que relató a Jordi Évole en “Salvados”:

http://youtu.be/VgmRmUyPHyw

 

Por cierto, el alcalde de Castro-Urdiales está imputado en estos momentos por delitos de malversación y falsedad en documento público, resultado en el que el trabajo como interventor de Urruticoechea ha tenido parte de causa.

Le hemos pedido a Fernando Urruticoechea un artículo sobre la situación de los interventores municipales y nos lo ha prometido. Mientras tanto, nos ha remitido su extenso e interesante trabajo, coescrito con una profesora de Derecho Administrativo,  “La racionalización y sostenibilidad de la Administración Local mediante el fomento de su control interno a través de la recuperación de la independencia de los interventores municipales”, cuyo título no deja lugar a dudas sobre el contenido.

En él se refiere a un proyecto de ley entonces en marcha promovido por el PP de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se anunciaba precisamente el aumento del control municipal, el rigor, la mayor independencia de los interventores, etc. Acaba de aprobarse como ley, publicada en el BOE el día 31 de diciembre. No creo que sorprenda a nadie saber que, una vez más, para este Gobierno, lo que dice que va a hacer y lo que hace pueden ser dos cosas completamente diferentes (es un Gobierno muy fiable, como diría Rajoy, pero en el sentido de que sabes que nunca te puedes fiar de lo que diga), o en palabras del propio Fernando Urruticoechea: “aunque uno de los objetivos de la ley era precisamente el de reforzar el papel de los interventores locales, una vez más ha quedado demostrada la nula voluntad de nuestros dirigentes políticos en implementar un sistema de control interno efectivo en las Administraciones Locales.”

 

“Tangentópolis” siempre estuvo aquí

Tribuna publicada en el diario El Mundo por la editora Elisa de la Nuez el pasado día 30 de diciembre.

Cuando Alejandro Nieto dio la voz de alarma en su libro Corrupción en la España democrática sobre la financiación irregular de partidos políticos y sindicatos allá por 1997, casi nadie le hizo mucho caso. La mayoría consideramos entonces que se había cerrado, gracias a la alternancia democrática, una etapa caracterizada en su final por escándalos de corrupción casi continuos, muchos de ellos ligados a la financiación irregular de los partidos (en particular del PSOE, entonces en el Gobierno) y de los sindicatos (recordemos el caso PSV). Luego llegó el boom inmobiliario y la atención pública se desvió hacia otros asuntos. Sólo recientemente hemos descubierto que aquella primera fase no sólo se cerró en falso, sino que la financiación irregular se contagió a muchos más agentes, adoptando cada vez formas más sofisticadas, más opacas y más resistentes a los pocos y débiles controles formales existentes, como el ejercido por el Tribunal de Cuentas. La impunidad era la regla. Hasta que, como una cañería que revienta o un tumor que se manifiesta con violencia después de un periodo de latencia más o menos grande, los vicios ocultos del sistema diseñado en la Transición han acabado por salir a la luz amenazando con hacerlo saltar por los aires.Y aquí estamos a finales del año 2013, con un sistema que se está desintegrando pero que está dispuesto a defenderse hasta el final. Para muestra, podemos citar desde el asalto partitocrático a las instituciones esenciales del Estado de Derecho, como la Fiscalía o la Agencia Tributaria, hasta el ataque a la independencia del Poder Judicial culminado hace pocos días con la elección de un servil CGPJ, pasando por el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana o la ingenua pretensión de matar al mensajero evitando preguntas incómodas en las ruedas de prensa de Moncloa. Todos ellos son síntomas reveladores de una tremenda debilidad, pero tal y como ocurrió también en los últimos años del franquismo, el sistema se sostiene, entre otras cosas, porque ni los ciudadanos ni, sobre todo, nuestros socios y acreedores son capaces de pensar todavía en un recambio razonable en el corto plazo. En definitiva, tangentópolis ya está aquí. O para ser más exactos, nunca se había ido, sólo que ahora ya lo sabemos.Efectivamente, no hace falta destacar la importancia que tiene la financiación irregular de los partidos políticos como causa última de la extensión y propagación de la corrupción en un sistema político democrático. No olvidemos que si un partido adquiere una ventaja competitiva sobre los demás porque se financia irregularmente y obtiene así más recursos económicos que los contrincantes, termina por obligar a todos a funcionar de la misma manera, ya se trate del pay to play (pago a cambio de favores públicos en forma de contratos, subvenciones o regulación más favorable) de donaciones opacas, de condonaciones de créditos millonarias de entidades financieras –que algo pedirán a cambio– o simplemente de contabilidad B. En definitiva, como nos advertía Alejandro Nieto, «los partidos políticos han terminado convirtiéndose en la escuela de todas las corrupciones».Y es que, como dice el Consejo de Europa en su recomendación (Rec4 del año 2003) sobre reglas comunes contra la corrupción de la financiación de partidos políticos y campañas electorales, «la corrupción representa una seria amenaza para el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que impide el desarrollo económico, pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y socava los fundamentos morales de la sociedad».
En cuanto a los sindicatos, no siendo una pieza tan esencial como los partidos políticos para el buen funcionamiento de un sistema democrático, constituyen un magnífico ejemplo de la degeneración moral que acompaña inevitablemente a la generalización de la corrupción. Como en los espejos deformantes del Callejón del Gato, nos devuelven una imagen de la sociedad española que resulta muy poco agraciada. Los sindicatos nos recuerdan que, en un país con un 26% de paro, hay muchas entidades capaces de anteponer sus intereses corporativos a los de afiliados, trabajadores o ciudadanos, y de defender sus privilegios como auténticos señoritos.
¿Es posible una regeneración del sistema desde dentro? Sinceramente, creo que no. Existe un clarísimo conflicto de intereses que impide que este cambio sea posible, dado que los viejos partidos, responsables de un estado de cosas con el que han estado muy cómodos durante muchos años, no quieren –y probablemente ni siquiera sepan– cambiar las reglas del juego.
Necesitamos nuevos jugadores que establezcan nuevas reglas, aunque es probable que algunos procedan de los viejos partidos. Suelen decir los historiadores que pocas veces las personas que viven un momento histórico son capaces de reconocerlo. Yo creo que en España los ciudadanos sí somos muy conscientes de que estamos ante el final irrevocable de un ciclo y de una forma de hacer política y al comienzo de algo nuevo que todavía no sabemos muy bien cómo será. Y como ocurre ante todos los cambios importantes en la vida, sentimos un poco de vértigo. Pero podemos estar seguros de algo: que sólo de nosotros depende que lo que venga sea mejor de lo que ahora dejamos atrás.