Caja Segovia: el increíble caso de la caja menguante (II): nuevas aventuras de los ocho amigos

En la primera entrega de esta novela conocimos a un buen número (no a todos) de nuestros personajes principales. Quizás el lector ya se haya encariñado con alguno. Haciendo gala de una fraternidad y compañerismo casi heroicos, los integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Retribuciones de la Caja, presididos por Atilano Soto, adoptaron los acuerdos necesarios para permitir que los ocho amigos desamparados del Comité de Dirección, situados  al borde de la inanición, pudiesen dar una mínima continuidad a sus paupérrimos sueldos por la doble vía, por una parte, de suscribir una póliza de prejubilación con una aseguradora (sorteando así el pequeño riesgo de la Caja se quedase sin caja) y, por otra, de aportar a esa póliza 17 millones de euros del dinero de la entidad. De esta manera el problema de las prejubilaciones se había salvado in extremis, cuando todo parecía perdido; pero, amigos lectores, esta novela es un tobogán de emociones. Al final de la primera entrega les habíamos dejado en una nueva encrucijada crítica, en un sinvivir desasosegante ante la incertidumbre en la que el inexorable fin de la Caja (doom, dicen los anglosajones) colocaba a sus merecidas pensiones de jubilación.

Ocho personajes en busca de un futuro (un poco más lejano)

Donde se cuenta cómo ocho amigos encontraron otra gran solución para otro grave problema gracias a una nueva ayudita de más  amigos (y van….)

Corren los primeros meses del año 2011. La Caja forma parte ya del grupo BFA y pese al Gordo de las prejubilaciones del año anterior, el desánimo se palpa en los enmoquetados despachos de nuestros amigos. El tema de la jubilación está sin resolver. En los años 2000 y 2001 el Consejo de Administración había autorizado a los directivos a suscribir unas pólizas de seguro para atender a sus jubilaciones. Hasta ahí, todo normal. En realidad, demasiado normal, porque solamente se había consolidado un millón y medio de euros. Una auténtica M. Así que, en un nuevo brainstorming colectivo, surge la genial idea de ampliar estos derechos: “sí, podemos”, se oyó desde el pool de las secretarias.

Para entonces, y como ya sabemos, Escribano, el anterior Director General, había solicitado la prejubilación,  que se hace efectiva con fecha 31 de enero de 2011. Como los líderes de las grandes bandas (musicales) al final comprende que siempre llega un momento en que uno debe buscar su propio camino. Así que, el 3 de enero de 2011, aporta a su póliza individual la cantidad de 5.953.709,39 euros, elevándola a un total por primas pagadas de 8.241.287,65 euros y, ese mismo día, contrata también un incremento de la renta anual vitalicia garantizada del 20,78%. Si uno va a dejar huella, que sea indeleble.

El resto de la banda permanece unida, bajo el liderazgo del Director General Adjunto, Miguel Ángel Sánchez (hasta su sustitución por el nuevo Director General, Fernando Tapias Domínguez, el 1 de enero de 2012) y, naturalmente, no quieren quedarse atrás. Entre el 3 de enero y 4 de mayo de 2011 aportan casi 6 millones de euros a su póliza de jubilación. Concretamente, el 4 de mayo amplia derechos Antonio Tapias Domínguez por importe de 781.998 euros. Pero… ¡un momento!, ¿no habíamos dicho en el capítulo anterior que Antonio, el Secretario General, había solicitado también la prejubilación? Si es así, ¿por qué seguía trabajando en la Caja? Oye, y se apellida igual que el nuevo Director General, qué causalidad… Pero qué causalidad ni que ocho cuartos, ¡es que son hermanos!

Sí, efectivamente, los famosos hermanos Tapia se habían reunido de nuevo. Y esta vez su objetivo era la Caja.

En realidad, donde se habían reunido al fin era en la dirección, porque de hecho nunca estuvieron muy separados, que digamos. Sabemos que Antonio era el Secretario General desde tiempos inmemoriales, pero Fernando también llevaba 17 años vinculado a la Caja…  entre otros puestos como Director de “Caja Segovia Operador de Banca Seguros Vinculados, S.A.” y miembro fundador de AMAEF, entidad que agrupa a los principales mediadores de seguros del sistema financiero español. Está claro, a los hermanos Tapia no hay Caja ni seguros que se les resista.

El nuevo Director General no dura mucho en el puesto. Quizás podíamos decir que dura lo suficiente. Fernando Tapia solicita la rescisión de su contrato con la entidad por “motivos personales” en noviembre de 2012. En la reunión en la que acepta su renuncia, el Consejo de Administración le agradece el trabajo que ha desarrollado en la entidad, pero, a la vez –en un giro retórico al que no se hubiese atrevido ni el propio Groucho Marx- el Consejo decide personarse en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, en calidad de “posible” perjudicada, por las cantidades cobradas por antiguos directivos. Y ello en base a un acuerdo del mismo Consejo del mes anterior en el que solicita la devolución de esas retribuciones millonarias, apelando a la “buena voluntad” del anterior equipo (ver noticia).

Durante ese año en el cargo, su hermano Antonio continúa en la Caja cobrando su sueldo, que resultó además incrementado, pero no consta que la nómina se dedujera de su póliza de prejubilación. También durante ese año el Juzgado pide información  a la Caja, pero cuando se proporciona en julio de 2012, no se menciona para nada las ampliaciones de derechos realizados en las pólizas de jubilación. ¿Quizás una negligencia debida a que el nuevo Director General no sabía nada de seguros?

En fin, que entre jubilaciones y prejubilaciones de nuestros ocho amigos la Caja había desembolsado a mediados de 2011 en torno a los 33 millones de euros. No es de extrañar que algunos de ellos se jubilasen con 47 años. Normal, terminaron absolutamente estresados con tanta reunión dedicada a prever su futuro….

Pero, mientras esta gente trabajaba intensamente en los despachos, ¿qué hacían los Consejeros?, (entre los que abundaban los cargos políticos, por supuesto). ¿Qué les preocupaba? ¿Qué les divertía? ¿A qué dedicaban su tiempo libre? (como preguntaba el ínclito Perales). ¿Han visto ustedes “La Gran Belleza”? No se la pierdan, vayan, vayan a verla. A la vuelta continuaremos….

Consecuencias procesales de una irresponsable legislación pendular

El sectarismo, la intransigencia, cuando no el adanismo más ingenuo de nuestra clase política, son algunas de las causas fundamentales de la pendular praxis legislativa que sufrimos en España desde hace décadas. La ausencia de consensos sobre materias o cuestiones legislables de carácter estructural –sanidad, educación, organización jurisdiccional…- provoca el lacerante efecto de la permanente provisionalidad entorno a materias que, por el contrario, deberían gozar de la mayor estabilidad posible, habida cuenta de la trascendencia de su objeto para la adecuada vertebración social. El Anteproyecto de Ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es un buen ejemplo y en particular, las mejoras que se anuncian en la jurisprudencia como forma de elusión de la litigiosidad, para lo cual se diseña un nuevo recurso de casación, cuya estructura se sitúa en las antípodas de la reforma que, para el mismo fin, se efectuó por el último gobierno socialista a través de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal.
Recuérdese cómo el Preámbulo de aquella disposición, alertaba, al igual que el Informe Explicativo y la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre el incremento exponencial de la litigiosidad, vinculándolo incluso en ambos textos, en “la creciente confianza que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones”. En aras de agilizar los distintos procedimientos sin merma de las garantías para el justiciable,  en el orden contencioso-administrativo, y en el ámbito de la casación,  la referida modificación legislativa se sustentó esencialmente en el incremento de los umbrales cuantitativos para acceder a la vía casacional, para lo cual, tanto en el Anteproyecto como en el Proyecto de Ley, se fijaron inicialmente cuantías habilitantes de 800.000 euros para el recurso de casación ordinario y 80.000 euros para la unificación de doctrina que, finalmente, fueron reducidas a las cuantías vigentes de 600.000 y 30.000 euros respectivamente.
Por el contrario, y a pesar de que el Proyecto de la Ley 37/2011  contemplaba en su artículo tercero, apartado seis, la modificación del artículo 93.2.e) LRJCA, añadiendo a la redacción original un tercer supuesto de inadmisión a los dos ya existentes: la carencia de interés casacional derivada del planteamiento de cuestiones reiteradamente resueltas por el Tribunal Supremo,  la Ley fue aprobada finalmente sin modificar ni epidérmicamente la causa de inadmisión del recurso de casación basada en el interés casacional,  por lo que las esperanzas de poder contar con un instrumento tan esencial para la dignificación de la función que constitucionalmente tiene encomendada la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quedaron nuevamente frustradas al socaire de unas magras justificaciones que poco o nada tienen que ver con la verdadera función del recurso de casación y con la naturaleza del Tribunal Supremo, como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales.
Pues bien, el actual gobierno ha elaborado un anteproyecto normativo, con la encomiable intención de racionalizar los recursos existentes en aras de mantener el mismo nivel de tutela judicial –y de control de legalidad de la Administración-, cohonestándolo con un gasto público estrictamente necesario. Para alcanzar este imprescindible objetivo, uno de los instrumentos que el prelegislador esgrime es, como dijimos, la mejora de la jurisprudencia como factor reductivo de la litigiosidad,  evitando el surgimiento del conflicto jurídico,  y en segundo lugar, disuadiendo del planteamiento o sostenimiento del litigio, porque la jurisprudencia  hace previsible cuál será el resultado final del proceso. Este amejoramiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se articula sobre tres soportes esenciales: en primer lugar, suprimiendo la delimitación objetiva de las sentencias recurribles, pasando a serlo potencialmente todas, y con independencia de su cuantía litigiosa; en segundo lugar, simplificando la actual tipología de recursos de casación, suprimiendo el de interés de ley y, finalmente, objetivando la naturaleza del recurso de casación, abandonando su finalidad  restauradora de intereses y derechos subjetivos, para mutar en un remedio básicamente dirigido a la creación de jurisprudencia. Para ello tal fin, la admisión del recurso ya no dependerá de que se cumplan una serie de requisitos formales -cuantía, materia, preparación- y de la identificación precisa de un vicio in procedendo o in iudicando en la sentencia impugnada. Con la nueva regulación, la admisión pasa a ser una decisión objetiva del Tribunal basada en la existencia de “interés casacional objetivo”, imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de ellas, sin que la correcta invocación formal de una de esas causas  determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionaría los asuntos que objetivamente deben dar lugar a una sentencia casacional,  acogiendo de esta manera  nuestro sistema casacional, el venerable writ of certiorari de la Corte Suprema norteamericana o el leave to appeal del Alto Tribunal británico.  En otras palabras, y como naturalmente habrán advertido todos ustedes, reformas todas ellas en frontal contraposición con las directrices que guiaron  la Ley 37/2011 que, para alcanzar los mismos objetivos,  incrementaba sin embargo los umbrales cuantitativos, a la vez que despreciaba el criterio del interés casacional como mecanismo de inadmisión.
La perentoriedad de estas reformas es pues, ineludible. Ahora bien, ¿es razonable el coste económico y personal infringido a personas físicas y jurídicas cuyos recursos de casación fueron inadmitidos a limine por carecer de la cuantía litigiosa suficiente tras la reforma operada por la Ley 37/2011, cuando meses después se va a suprimir el filtro cuantitativo en materia casacional? ¿es equitativo que durante ese mismo periodo se hayan admitido y acumulado cientos de recursos carentes por completo de sustantividad casacional pero cuantitativamente viables, y que sin embargo, una vez se apruebe –sin vacatio legis por cierto- la Ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, serán sistemáticamente inadmitidos por adolecer del referido interés?
El mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema en general y el Tribunal Supremo de España en particular, es la expansión incontrolada del mecanismo de la casación. Si ello se verifica, la labor nomofiláctica de las Cortes Supremas sencillamente se volatiliza, convirtiéndose en una tercera instancia alejada por tanto de la naturaleza extraordinaria que la casación representa. Bienvenida sea por tanto esta reforma anhelada por todos. Ahora bien, de nada valdría este avance, si un nuevo ejecutivo, dentro de muy poco tiempo, tuviera a bien agilizar y racionalizar la casación en el orden contencioso administrativo restaurando los límites cuantitativos y jibarizando nuevamente el interés casacional. Oscilaciones legislativas de las que únicamente resultan perjudicados, como siempre, los ciudadanos.