¿Qué es la política? El arte de decidir cuánto y cómo se ingresa (vía impuestos y deuda) y en qué y cómo se gasta lo que se ingresa. Aquí se centra a fin de cuentas el debate ideológico. Y, cuidado, la mayor parte de las veces lo más importante es el cómo que el cuánto y el qué. Pues bien, podría equivocarme, pero en Gamonal creo que se está produciendo, tal vez por primera vez, un levantamiento popular (instintivo) en torno al mal gobierno, que si se lleva bien puede marcar un antes y un después en la política española.
Hasta ahora el debate sobre el gasto era un debate “desde arriba” marcado por consignas ideológicas impartidas por (los intereses de) algunos partidos políticos o por grandes sindicatos presionados más por la protección de determinados intereses corporativos que por la defensa del bien común (por ejemplo, el problema de la educación en España  es más que una cuestión de enfoque que de coste). Sin embargo, en Gamonal los ciudadanos se han levantado, al parecer sin ser dirigidos por nadie, contra “el coste del mal gobierno”, la mala gestión pública y el “capitalismo de amiguetes” del que ya se habla sin pudor en todos los debates sesudos (Cfr. Fernandez-Villaverde y César Molinas). El cambio del gasto en guarderías, ambulancias, ayudas de comedor o inversión pública productiva…, por modificaciones estéticas caras y tal vez innecesarias, gastos en asesores políticos que poco o nada aportan, o (esperemos) por la apertura de embajadas autonómicas…, ha llegado a la calle. Si este debate se hubiera producido hace años tal vez Madrid no sería hoy la ciudad más endeudada de Europa ni Cataluña la comunidad autónoma más endeudada de España. Este es el debate que una sociedad democrática moderna y de calidad necesita… y no otros.
De hecho, la cuantificación de malgasto “perfectamente evitable” desde que comenzó la crisis podría llegar a entre 100.000 y 200.000 millones de euros, aunque la mayor parte de las veces se trata de partidas presupuestarias muy difíciles de controlar, donde habría que incluir el coste de la corrupción o de la contratación indebida. ¿Les parece que exagero? Veamos algunos datos sacados de fuentes públicas y medios de comunicación:
–Aeropuertos sin suficiente demanda: 618 millones de euros
-Tranvías, sobrecoste de líneas de AVE, macro-estaciones, carreteras excesivamente costosas o sin viabilidad: 4979 millones de euros
-Obras y servicios innecesarios, redundantes, mal gestionados o de boato de Ayuntamientos: 3.429 millones de euros
-Obras y servicios innecesarios, redundantes, mal gestionados o de boato de Comunidades Autónomas: 2.743 millones de euros
-Obras y servicios innecesarios, redundantes, mal gestionados o de boato de la Administración del Estado: 2.918 millones de euros
-Coste de la responsabilidad patrimonial por malfuncionamiento de las administraciones públicas (no hay datos públicos, pues hay que sumar la que imponen los tribunales, pero se estima en más de 500 millones de euros anuales)
-Coste de otras medidas improvisadas o irracionales
-Plan E (dos fases): más de 50.000 millones de euros
-El déficit tarifario. España con el 2% del PIB mundial está pagando el 15% del total mundial de primas a energías renovables (que supone un agujero presupuestario de 7.000 millones de euros al año). A pesar de los precios exagerados y de que el sistema eléctrico tiene un exceso de capacidad del 30%, se ha producido un enorme déficit tarifario de 26.000 millones de deuda acumulada, ante la pasividad o la complicidad de diversos gobiernos
-Costes innecesarios de la contratación pública
No sólo se trata de que existan proyectos innecesarios o mal diseñados sino que el coste de su construcción se dispara respecto a lo que cuesta idéntica obra en otros países. Según un Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, avalado por la Comisión Europea, España lidera el coste de construcción de 1000 m2 de carretera, con un coste medio de 500.000 euros, cuatro veces más que en Alemania.
Antes de sacar conclusiones apresuradas de estos datos, conviene precisar que dichos  gastos superfluos, redundantes o perfectamente evitables son responsabilidad de gobiernos liderados tanto por partidos de derecha como de izquierda. Además, en ocasiones se olvida que parte de los problemas que acucian a la Administración pública los comparte con organizaciones del sector privado de tamaño similar (bancos y grandes empresas) o que operan con clientes cautivos (si miramos bien, más de las que se piensa). Por ello, una alternativa real del modelo no pasa necesariamente solo por cambios normativos o la adopción de medidas innovadoras sino que se requiere asimismo un cambio cultural que no es ajeno al que requiere el país y que afectaría a políticos, gobernantes, directivos, funcionarios, pero también a empresarios, periodistas, agentes sociales y en general a toda la sociedad que, por ejemplo, da fácilmente por descontados graves errores a la hora de votar candidatos, que hace suyos determinados contra-valores, o que se vanagloria de sacar partido de los errores de funcionamiento de la propia Administración (por ejemplo, en materia de controles).
En todo caso, parece claro que hay que cambiar los modos de gobernar. Unos gobiernos central y autonómicos a los que gusta vivir en el exceso permanente (no sólo ideológico) y a los que cuesta situarse en el ámbito del sentido común (hasta el mejor de los sentidos es “común”) y el rigor económico, sin ser conscientes que este hecho es el que determina que la clase política haya alcanzado el tercer puesto entre los principales problemas del país según las recurrentes encuestas del CIS.