Ley del aborto: una reforma “ideológica”

El pasado jueves publiqué en el diario El País una tribuna con ese título que reproduzco a continuación. Sin embargo, dado la complejidad del tema y la limitación de espacio, me ha parecido oportuno añadir aquí unas glosas finales que quizás puedan aclarar algunos aspectos.

 

En un artículo publicado en este mismo periódico, José María Ruiz Soroa (“¿Y cómo se hacen las leyes”, 15-1-14) negaba sustancia crítica a la calificación como “ideológica” de la reforma del aborto propuesta por el Gobierno, por entender, precisamente, que un asunto de este tipo involucra ideas y valores que impiden un tratamiento meramente técnico o pragmático. Sin embargo, olvida que el término ideólogo fue acuñado por Napoleón con una intención peyorativa, en referencia a ciertas personas carentes de todo sentido práctico, y posteriormente generalizado para designar la antinatural misión ocultadora y evasiva que el pensamiento humano puede cumplir. Es en éste doble sentido en el que la reforma es ideológica.

Para demostrarlo podemos invocar como apoyo otro tema bastante próximo: ¿Sabe el lector por qué en la mayor parte de los países desarrollados se despenalizó el intento de suicido? El suicidio consumado no puede ser castigado, obviamente, y la cooperación al suicido sigue siendo un delito en todo el mundo (al margen de los supuestos de eutanasia activa allí donde se permite). Pero si la cooperación es un delito, ¿por qué no la tentativa? No parece muy lógico. Existe ahí un reproche moral y social que debería alcanzar al mismo autor. No es de extrañar que hasta hace poco se penalizase en Occidente y todavía hoy en muchos países del mundo.

Si se dejó de castigar no fue porque se pasase de la noche a la mañana a considerar el intento de suicido como una manifestación de la libre voluntad individual en la que nadie debe entrometerse; es decir, como un derecho subjetivo individual. En absoluto, la mayor parte de los Estados no reconocen tal derecho, y lo prueba el que la asistencia por tercero siga siendo penada en casi todos los casos. La despenalización se debió una razón práctica de lo más prosaica: castigar el intento de suicidio incentivaba el suicidio. No tenía mucho sentido intentar recuperar psicológicamente al suicida frustrado por la vía de convencerle de que la vida no era tan dura como imaginaba, cuando afuera estaban esperando dos guardias para llevarle a la cárcel. Así sólo se conseguía que el suicida que fracasaba siguiese intentándolo para pasar rápidamente de la condición de “frustrado” a la de “consumado”.

Los legisladores de los países desarrollados comprendieron que mantener el principio moral a rajatabla les dejaba a ellos con la conciencia muy tranquila, pero producía unos efectos prácticos peores que aquellos que se derivaban de la falta de sanción. Es un caso interesante porque nos demuestra que Max Weber no tenía razón, o al menos no en todos los casos: no se actúa adecuadamente con arreglo a las convicciones cuando el resultado es claramente contrario a lo que ellas demandan. En este tipo de supuestos es imposible distinguir la ética de la convicción de la de la responsabilidad.

Pasemos ahora a analizar la reforma Gallardón. Comprobamos fácilmente que el ministro lo que pretende es defender el principio de que el aborto no es un derecho, con independencia de sí se producen más o menos abortos o si los que tienen lugar son peores por afectar a un embrión más desarrollado. Es imprescindible recordar que el proyecto del Gobierno flexibiliza la legislación anterior en un punto fundamental (tampoco interesa un titular sobre abortos clandestinos): con la vigente ley de plazos no se puede abortar después de la semana 14, como regla general, pero con la reforma sí será posible hacerlo hasta la 22 si se alega daño psicológico para la madre. Teniendo en cuenta que con la ley de plazos no aumentó el número de abortos en España y que con la legislación anterior el 96,6% de los abortos se realizaron bajo esa premisa de daño psicológico, la conclusión parece evidente: va a haber prácticamente el mismo número de abortos, pero muchos de ellos serán peores. El que para apreciar ese daño se exija ahora dos médicos en vez de uno, y que no puedan ser de la misma clínica que va a practicar el aborto, supone simplemente más burocracia y coste, pero no más control, desde el momento en que las clínicas privadas se pueden poner perfectamente de acuerdo. Abortar será un poco más laborioso y complicado, aunque en realidad sólo para los que menos recursos tienen.

En resumen, la reforma no va a disminuir sensiblemente el número de abortos. Se van a practicar más abortos en avanzado estado de gestación. Pero a cambio se habrá salvado el principio: que el aborto no sea un “derecho” (aunque es discutible que quepa calificarlo así en la actualidad). Por eso esta reforma es ideológica, tanto en el sentido acuñado por Napoleón como en el de su generalización posterior: es una reforma que por defender un prurito teórico se desentiende completamente de sus efectos prácticos, con una finalidad ocultadora que no tiene otro objetivo que movilizar de manera engañosa al electorado más fiel.

 

Hasta aquí el artículo, y ahora las glosas.

Sobre éste tema ya publiqué un post en el blog cuando se anunció la reforma de Gallardón, precisamente con el título “El proyecto de ley del aborto del Sr. Gallardón: Ideología vs. Derecho”, que he querido defender aquí frente a la opinión de Ruiz Soroa (al que por cierto considero un magnífico articulista).

En ese post indicaba algunos inconvenientes de delegar en los psicólogos españoles la regulación práctica y el ámbito de aplicación real del aborto en nuestro país, por lo que no voy a insistir en eso. Pero sí me interesa ahora centrarme en el tema sobre el que parece girar la causa última de la reforma, que es el rechazo a considerar el aborto como un “derecho”. Sobre este tema también ha reflexionado en este blog desde una perspectiva contraria, pero siempre con su habitual seriedad y rigor, Manuel González-Meneses (aquí).

Sin embargo, la idea de que por no considerarse un “derecho” va a haber menos abortos en España –por el carácter prescriptivo y legitimador que tiene toda norma jurídica- no parece corresponderse con la realidad (aquí, aquí y aquí). La ley de plazos no aumentó sensiblemente el número de abortos y consiguió evitar muchos en un avanzado estado de gestación. Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2012 se pueden consultar aquí. A continuación un cuadro publicado por el diario El País sobre la evolución en los últimos años:

Creo además que la acrítica aceptación en estas cuestiones de la disyuntiva weberiana entre convicción y responsabilidad, más que ayudar confunde. El propio Santo Tomás (II-II, q. 57) señalaba que lo justo (desde la perspectiva de la “convicción” o de los primeros principios) no se puede determinar considerando la cosa absolutamente en si misma, sino poniendo también los ojos en las consecuencias. Y que ambas cosas son inseparables, de tal manera que hay que evitar tanto el dogmatismo como el consecuencialismo. Esa afirmación weberiana de que la ética absoluta “ni siquiera se pregunta por las consecuencias” no es correcta para el cristianismo, al menos a  partir de Santo Tomás.

Pero es que, además, como indicaba en el artículo, considero muy dudoso que la ley de plazos conceda un “derecho” a abortar simplemente por despenalizar una conducta; del mismo modo que es muy discutible que nadie tenga “derecho” a suicidarse. Como he intentado demostrar en otro sitio (por cierto, ¿alguien conoce a un editor majete?) pienso que la obsesión actual de ver el Derecho simplemente como un sistema de derechos subjetivos (que arranca probablemente de Guillermo de Occam) ha llevado a la kafkiana situación presente en la que lo que no está penado con años de cárcel es un derecho irrenunciable de la personalidad sobre el que nadie puede pedir cuentas. Creo que la crisis actual de responsabilidad a todos los niveles (política, jurídica y moral) tiene ahí una de sus explicaciones. Esta idea moderna es completamente ajena al pensamiento clásico (griego y romano) en el que se forjó el Derecho, como está sobradamente demostrado, pero, ¿es que acaso una concepción liberal de la sociedad conduce necesariamente a ella? No estoy de acuerdo, pero explicarlo exigiría mucho más espacio.

En cualquier caso, éste es el (pre) juicio teórico que justifica el calificativo de “ideológico”, término de origen napoleónico al que luego Marx le sacó mucho partido. Porque es obvio que todo prejuicio puede utilizarse de manera interesada (de forma consciente o no) con fines particulares. Pienso que la decisión política de plantear este tema, pese a la contundencia de los datos que hemos examinado (y que el Ministerio debe conocer) obedeció en su momento a intereses fundamentalmente de tipo electoral. Gallardón y Rajoy eran conscientes de que el centro lo tienen casi perdido, pero al menos si conservan su electorado tradicional podrían derrotar a un PSOE que pierde por los dos lados, y no sólo por uno. Además, siempre es bueno evitar que el debate social se centre en las cuestiones que realmente importan y en las que el Gobierno no sale muy bien parado.

Lo que pasa es que el contrincante también juega, claro. Lo que parecía una baza electoral segura empieza a complicarse peligrosamente y el coste puede ser mayor que el esperado. Por eso este tema del aborto es también “ideológico” para el PSOE. Hablar de “regresión”, de “vuelta al pasado”, cuando no de abortos clandestinos y viajes al extranjero, es demagógico (aunque no dudo de que la reforma se lo va a poner un poco más difícil a las mujeres con pocos recursos, lo que es claramente injusto) pero rentable electoralmente. A ellos también les interesa un debate adulterado que pueda movilizar a sus desencantados (y cuanto más adulterado mejor). Eso también es, sin duda alguna, “ideología”.

Nostalgia navideña, salto temporal y corrupción

La Navidad, que -como decía  Café Quijano- “es tiempo de duda, de nostalgia…” invita a recuperar viejos libros adormilados en las estanterías y desvanes. En mi caso el azar me llevó este fin de año a una colección de eventos ocurridos que una conocida Editorial recopilaba año a año (no sé si lo sigue haciendo en la era de internet) y que mis padres en algún momento debieron decidir que almacenarían. Sin pensarlo, agarré el del 1992, como año que, a bote pronto, entreví lejano y que al mismo tiempo tiene para mí un cierto valor de referente. Después de dos años de oposiciones, en enero de ese año empecé a trabajar…
La verdad es que esperaba encontrar hechos trasnochados en los que pudiera ver como estábamos y cómo estamos, buscar un efecto contraste parecido al que despiertan las fotos que en esas fechas se envían por whatsup sobre los juguetes de nuestra niñez y las consolas de videojuegos de ahora… el madelman o los Juegos Reunidos, frente a la Xbox; la simplicidad frente a la sofisticación técnica reciente; todo ello quizá bajo un oculto deseo navideño de proyectar sobre la sociedad y las noticias de ese año esa evolución que el paso del tiempo había generado en otras áreas.
Lo cierto es que en menos de diez minutos ojeando sus páginas, maquetadas y escritas en el atractivo estilo periodístico del momento, me di cuenta de lo mucho, de lo muchísimo, que se parecía lo que preocupaba ese año y lo que ahora preocupa. Mi atención se posó –no se bien por qué- en dos sugerentes titulares de ese año.
El primero era El “caso Ollero”. Al calor del julio andaluz, sorprenden al hermano de Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía, con un maletín con 26 millones de pesetas (156.200 € de ahora, que parece -y seguramente es- menos), con tan mala fortuna para éste que acaba sabiéndose que le fue entregado por un asesor de OCISA, empresa constructora que había obtenido poco antes un contrato de la Junta de casi 3.000 millones de pesetas. Pese a mantener inicialmente que la imputación de su hermano no era la suya, Manuel Ollero acaba dimitiendo antes de su imputación. Eso mismo hizo el presidente de OCISA respecto de su cargo como presidente de Confederación Nacional de la Construcción.
El Ministro pierde el tren era el segundo titular, en referencia a Julián García Valverde, Ministro de Sanidad y Consumo en ese momento. El relato me hizo recordar cómo un Ministro recién nombrado presenta su dimisión por la adquisición por Renfe de unos terrenos sobrevalorados en San Sebastián de los Reyes a través de intermediarios, ocurrida años antes, cuando era presidente de ese organismo. El Ministro compareció ante la Comisión de Industria del Congreso, ante la que al parecer no pudo explicar los detalles de compras que ciertamente resultaban, en el mejor de los casos, irregulares. El Ministro había dimitido unos meses antes de que el Juez entendiera que no existía responsabilidad penal sobre sus actuaciones como Presidente de Renfe. Ni era ya presidente de Renfe, Julián García Valverde, cuando dimitió, ni su actividad resultó ser constitutiva de ningún tipo de delito. Sin estar en la presidencia de Renfe, su dimisión se produjo por la mera sospecha de que pudiera haber existido responsabilidad un tiempo antes.
Un salto temporal de veinte años nos sitúa en un contexto de hechos bien parecidos. La conexión entre política y corrupción en sus diversas manifestaciones puede que sea numéricamente mayor ahora, pero la naturaleza de los hechos es esencialmente análoga. No falta quien resta importancia al número progresivamente creciente de casos de corrupción sobre la base (intuitiva) de la mayor capacidad de información y de investigación de la que ahora se dispone, lo que vendría a suponer (intuitivamente, de nuevo) que tampoco los casos han crecido tanto, siendo la capacidad para descubrir escándalos lo que realmente ha aumentado. Si esto es así, la similitud entre lo que pasaba hace veinte años y lo que ocurre ahora aún es mayor.
Donde la diferencia es más ostensible es en la respuesta política, o mejor, del político frente a las sospechas. Ni antes eran ángeles ni ahora son demonio, aunque algo parece que ha debido de ocurrir para que veinte años después el desenlace de casos similares no sea exactamente el mismo, para que el tiempo haya ido creando una horripilante capa de resistencia al escándalo en una parte de la clase política española actual. El grafiti Dimitir no es un nombre ruso en la valla de un céntrico solar de Madrid daba una imagen plástica inmejorable del cambio de actitud y de esa latente tolerancia y falta de reacción social que domina la escena reciente. Los hechos que siguen poblando las páginas escritas de cada día reparten escándalos entre partidos políticos, sindicatos o instituciones de forma sistemática. Parece ingenuo a estas alturas emplear tinta y tiempo del lector en valorar la naturaleza y el grado con el que los casos de corrupción salpican a un partido y a otro; es, incontestablemente, un hecho trasversal.
La falta de conclusiones colectivas muestra inequívocamente que se trata de un problema complejo que, como muchos otros, no puede explicarse por un único motivo. Los más dados a las explicaciones personalistas achacan el cambio a que antes mandaba alguien en la alta política, en tanto que ahora el ejercicio del poder aparece atomizado entre muchos dentro de los partidos, en general. Siendo posiblemente cierto, no es el único factor que contribuye al resultado final. Una parte relevante del problema es causado por la actitud de las estructuras de los partidos, que no son entes inanimados sino grupos de personas que forman parte de la sociedad. Resulta fácil constatar que esas personas, las que forman las estructuras de dirección de los partidos, adoptan con frecuencia comportamientos reprobables y no demasiado éticos cuando se enfrentan a los hechos que involucran a compañeros del partido.
Incapaz de exigir responsabilidad inmediata a quien específicamente aparece afectado en un hecho con sospecha de corrupción, la estructura directiva de los partidos ha generado un tipo de respuesta que se orienta a residenciar en los órganos judiciales cualquier decisión sobre estas personas. Se conforman con el silencio intolerable o con explicaciones poco verosímiles de un Ministro de Fomento pillado en comportamientos extraños, desviando al estándar probatorio penal toda respuesta a la sospecha. Todos se complacen al final por la declaración judicial que entiende que no había responsabilidad penal en esos hechos, llegando a señalar que menos mal que no dimitieron… para bochorno de Manuel Ollero que no fue condenado por corrupción o de Julián García Valverde, que ni siquiera fue imputado.
Como recordaba Erich Fromm, la respuesta del grupo social es en buena medida el ejercicio de la libertad individual, de decisiones individuales ancladas en la negativa a pedir explicaciones, en declinar del tienes que convencerme a mi antes que al Juez, como se hace en la gran mayoría de las democracias asentadas y como se llegó a pensar y quizá a hacer aquí en algún momento. Si no convences, no puedes contar con la complacencia del partido y estás fuera del juego… Frente a esta opción, éticamente más sólida, que llevaría a actuar de forma inmediata y contundente, la respuesta del partido es la ausencia de respuesta; es el dejar que sea el órgano judicial el que a través de procesos decimonónicos y a veces esperpénticos haga algo.
Ante esta práctica que desangra y erosiona la confianza política, un buen amigo me señala acertadamente que no todo puede descansar en la respuesta ética del directivo del partido, que el elemento estructural es el relevante, que en países con listas electorales abiertas el representante tiene que volver a su distrito y explicar a sus votantes la decisión, de forma inmediata o en el siguiente proceso electoral. El parlamentario de Surrey que quiere seguirlo siendo debe explicar a una pluralidad de personas en su distrito por qué no ha exigido responsabilidad ante hechos bochornosos.  En sistemas con listas cerradas no es al votante al que el representante ha de rendir cuentas, sino a quien le ha incluido en la lista, a quien está en la cúspide del propio partido, en una suerte de enredo que cierra el proceso e invita a la inacción.
En fin, concluida la nostalgia navideña, valgan estas líneas como modesto descargo de quienes hace veinte años y también con listas cerradas decidieron dimitir o decidieron que algún compañero de partido debía hacerlo.

Nostalgia navideña, salto temporal y corrupción

La Navidad, que -como decía  Café Quijano- “es tiempo de duda, de nostalgia…” invita a recuperar viejos libros adormilados en las estanterías y desvanes. En mi caso el azar me llevó este fin de año a una colección de eventos ocurridos que una conocida Editorial recopilaba año a año (no sé si lo sigue haciendo en la era de internet) y que mis padres en algún momento debieron decidir que almacenarían. Sin pensarlo, agarré el del 1992, como año que, a bote pronto, entreví lejano y que al mismo tiempo tiene para mí un cierto valor de referente. Después de dos años de oposiciones, en enero de ese año empecé a trabajar…

La verdad es que esperaba encontrar hechos trasnochados en los que pudiera ver como estábamos y cómo estamos, buscar un efecto contraste parecido al que despiertan las fotos que en esas fechas se envían por whatsup sobre los juguetes de nuestra niñez y las consolas de videojuegos de ahora… el madelman o los Juegos Reunidos, frente a la Xbox; la simplicidad frente a la sofisticación técnica reciente; todo ello quizá bajo un oculto deseo navideño de proyectar sobre la sociedad y las noticias de ese año esa evolución que el paso del tiempo había generado en otras áreas.

Lo cierto es que en menos de diez minutos ojeando sus páginas, maquetadas y escritas en el atractivo estilo periodístico del momento, me di cuenta de lo mucho, de lo muchísimo, que se parecía lo que preocupaba ese año y lo que ahora preocupa. Mi atención se posó –no se bien por qué- en dos sugerentes titulares de ese año.

El primero era El “caso Ollero”. Al calor del julio andaluz, sorprenden al hermano de Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía, con un maletín con 26 millones de pesetas (156.200 € de ahora, que parece -y seguramente es- menos), con tan mala fortuna para éste que acaba sabiéndose que le fue entregado por un asesor de OCISA, empresa constructora que había obtenido poco antes un contrato de la Junta de casi 3.000 millones de pesetas. Pese a mantener inicialmente que la imputación de su hermano no era la suya, Manuel Ollero acaba dimitiendo antes de su imputación. Eso mismo hizo el presidente de OCISA respecto de su cargo como presidente de Confederación Nacional de la Construcción.

El Ministro pierde el tren era el segundo titular, en referencia a Julián García Valverde, Ministro de Sanidad y Consumo en ese momento. El relato me hizo recordar cómo un Ministro recién nombrado presenta su dimisión por la adquisición por Renfe de unos terrenos sobrevalorados en San Sebastián de los Reyes a través de intermediarios, ocurrida años antes, cuando era presidente de ese organismo. El Ministro compareció ante la Comisión de Industria del Congreso, ante la que al parecer no pudo explicar los detalles de compras que ciertamente resultaban, en el mejor de los casos, irregulares. El Ministro había dimitido unos meses antes de que el Juez entendiera que no existía responsabilidad penal sobre sus actuaciones como Presidente de Renfe. Ni era ya presidente de Renfe, Julián García Valverde, cuando dimitió, ni su actividad resultó ser constitutiva de ningún tipo de delito. Sin estar en la presidencia de Renfe, su dimisión se produjo por la mera sospecha de que pudiera haber existido responsabilidad un tiempo antes.

Un salto temporal de veinte años nos sitúa en un contexto de hechos bien parecidos. La conexión entre política y corrupción en sus diversas manifestaciones puede que sea numéricamente mayor ahora, pero la naturaleza de los hechos es esencialmente análoga. No falta quien resta importancia al número progresivamente creciente de casos de corrupción sobre la base (intuitiva) de la mayor capacidad de información y de investigación de la que ahora se dispone, lo que vendría a suponer (intuitivamente, de nuevo) que tampoco los casos han crecido tanto, siendo la capacidad para descubrir escándalos lo que realmente ha aumentado. Si esto es así, la similitud entre lo que pasaba hace veinte años y lo que ocurre ahora aún es mayor.

Donde la diferencia es más ostensible es en la respuesta política, o mejor, del político frente a las sospechas. Ni antes eran ángeles ni ahora son demonio, aunque algo parece que ha debido de ocurrir para que veinte años después el desenlace de casos similares no sea exactamente el mismo, para que el tiempo haya ido creando una horripilante capa de resistencia al escándalo en una parte de la clase política española actual. El grafiti Dimitir no es un nombre ruso en la valla de un céntrico solar de Madrid daba una imagen plástica inmejorable del cambio de actitud y de esa latente tolerancia y falta de reacción social que domina la escena reciente. Los hechos que siguen poblando las páginas escritas de cada día reparten escándalos entre partidos políticos, sindicatos o instituciones de forma sistemática. Parece ingenuo a estas alturas emplear tinta y tiempo del lector en valorar la naturaleza y el grado con el que los casos de corrupción salpican a un partido y a otro; es, incontestablemente, un hecho trasversal.

La falta de conclusiones colectivas muestra inequívocamente que se trata de un problema complejo que, como muchos otros, no puede explicarse por un único motivo. Los más dados a las explicaciones personalistas achacan el cambio a que antes mandaba alguien en la alta política, en tanto que ahora el ejercicio del poder aparece atomizado entre muchos dentro de los partidos, en general. Siendo posiblemente cierto, no es el único factor que contribuye al resultado final. Una parte relevante del problema es causado por la actitud de las estructuras de los partidos, que no son entes inanimados sino grupos de personas que forman parte de la sociedad. Resulta fácil constatar que esas personas, las que forman las estructuras de dirección de los partidos, adoptan con frecuencia comportamientos reprobables y no demasiado éticos cuando se enfrentan a los hechos que involucran a compañeros del partido.

Incapaz de exigir responsabilidad inmediata a quien específicamente aparece afectado en un hecho con sospecha de corrupción, la estructura directiva de los partidos ha generado un tipo de respuesta que se orienta a residenciar en los órganos judiciales cualquier decisión sobre estas personas. Se conforman con el silencio intolerable o con explicaciones poco verosímiles de un Ministro de Fomento pillado en comportamientos extraños, desviando al estándar probatorio penal toda respuesta a la sospecha. Todos se complacen al final por la declaración judicial que entiende que no había responsabilidad penal en esos hechos, llegando a señalar que menos mal que no dimitieron… para bochorno de Manuel Ollero que no fue condenado por corrupción o de Julián García Valverde, que ni siquiera fue imputado.

Como recordaba Erich Fromm, la respuesta del grupo social es en buena medida el ejercicio de la libertad individual, de decisiones individuales ancladas en la negativa a pedir explicaciones, en declinar del tienes que convencerme a mi antes que al Juez, como se hace en la gran mayoría de las democracias asentadas y como se llegó a pensar y quizá a hacer aquí en algún momento. Si no convences, no puedes contar con la complacencia del partido y estás fuera del juego… Frente a esta opción, éticamente más sólida, que llevaría a actuar de forma inmediata y contundente, la respuesta del partido es la ausencia de respuesta; es el dejar que sea el órgano judicial el que a través de procesos decimonónicos y a veces esperpénticos haga algo.

Ante esta práctica que desangra y erosiona la confianza política, un buen amigo me señala acertadamente que no todo puede descansar en la respuesta ética del directivo del partido, que el elemento estructural es el relevante, que en países con listas electorales abiertas el representante tiene que volver a su distrito y explicar a sus votantes la decisión, de forma inmediata o en el siguiente proceso electoral. El parlamentario de Surrey que quiere seguirlo siendo debe explicar a una pluralidad de personas en su distrito por qué no ha exigido responsabilidad ante hechos bochornosos.  En sistemas con listas cerradas no es al votante al que el representante ha de rendir cuentas, sino a quien le ha incluido en la lista, a quien está en la cúspide del propio partido, en una suerte de enredo que cierra el proceso e invita a la inacción.

En fin, concluida la nostalgia navideña, valgan estas líneas como modesto descargo de quienes hace veinte años y también con listas cerradas decidieron dimitir o decidieron que algún compañero de partido debía hacerlo.