La iniciativa sobre préstamo gratuito de libros de texto escolares, premio Regeneración Democrática

Elena Alfaro ha sido galardonada con el Premio Regeneración Democrática 2014 por su espléndida iniciativa sobre préstamo de los libros de texto escolares, y le hemos pedido que nos cuente su experiencia. Enhorabuena, Elena. (Los editores).

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Aviso al lector: Cuando “¿Hay Derecho?” me hizo el honor de pedirme que contara en esta tribuna la iniciativa que puse en marcha y las consecuencias que de ella se derivaron, me encontré ante un dilema. Tenía que elegir entre buscar la perfecta comprensión de algo tan poco sugerente como es el problema de los libros de texto, o transmitir lo realmente interesante: ¿Cómo una chica como yo, en un país como este, consiguió que una ley orgánica se comprometiera a impulsar el préstamo gratuito de libros de texto en todos los centros con financiación pública, sin haber hablado nunca con el ministro responsable?

Si elegía la primera opción, corría el riesgo de matar de aburrimiento a los lectores de este prestigioso blog. Si elegía la segunda, alguien podría  argumentar sentirse completamente perdido.

En un intento de eludir ambos peligros, te ruego que mientras lees, escuches esta maravilla que te enlazo ya que, lo que canta Vetusta Morla en ella, está íntimamente ligado con el contexto físico, personal y social en el que se desarrolla toda esta historia.

Elena Alfaro

Puedo empezar esta historia por el final, pero aquella madrugada de agosto de 2012 no tenía manera de saber la gran cantidad de cosas extraordinarios que ocurrirían más tarde. Así pues, empezaré por decir que mi madre, con su asombrosa fuerza de voluntad y su antigua costumbre de ayudar a otras personas sin tanta suerte en la vida, fue el origen de este lío, al preguntar inocentemente a mis hermanos: “¿Vosotros podríais reunir para comprar los libros del colegio a unas cuantas familias?” Sabemos que le duele especialmente lo que afecta a los niños, y aunque su petición no era nada nuevo – otra vuelta al cole más – esta vez eran más familias que nunca y la caja de las ayudas, privadas y públicas, estaba vacía.

Puede que me hartase de verla angustiada – cada año la misma historia irracional e injustificable – o puede ser que resultara muy sencillo – yo también tengo hijos – ponerme en el lugar de la madre de tres chavales que mira impotente el presupuesto de la lista de libros proporcionada por el colegio. Muy enfadada,  esa mañana decidí intentar evitar que la generosidad de las personas sirviera para que nuestro sistema esconda sus fallos. Entré en change.org y dirigí una carta al Ministerio y Consejerías de Educación.

Mi carta exponía la dificultad de muchas familias para pagar los libros de texto de sus hijos y aunque mi voz no era la más autorizada, propuse dos medidas para paliar esta situación:

Por un lado: regular para favorecer sistemas efectivos de reutilización de libros de texto – bancos de libros -hacerlo implicaría obligar a colegios y editores a mantener su uso durante un periodo de tiempo concreto y a continuación y en aras de la calidad: realizar la selección de libros de texto por concurso entre editoriales.

Mi intención era que la administración pertinente (consejerías educación) fijara unos precios máximos, demanera que la competencia impulsara la calidad. Resultó inviable aplicarlo con carácter general.

Hay otras alternativas -p.e. no utilizar libros – pero están en manos de los profesores. Los padres mientras tanto, se ven obligados a pagar y organizarse para minimizar el golpe. Más de uno, vía web, decía sentirse idiota al tener que volver a comprar libros casi iguales ante la imposibilidad de reutilizarlos entre hermanos. Ahí radicaba el punto fuerte de regular estos sistemas de préstamo gratuito de libros: hacer que la compra fuera elección del alumno, no una “obligación” que con crisis y sin becas, muchos apenas podían cumplir.
Puede parecer que tenía un plan pero no es cierto. Entonces creía que con argumentos, 94.000 firmas y ser respetuosa con los canales empleados, bastaba para obtener respuesta de la administración. Averigüé  que no era así en el registro del Ministerio. Doy fe que el silencio administrativo puede ser eterno.

Haga la prueba si quiere, yo reclamé ante la Defensora del Pueblo por la descortesía y obtuve la promesa de un estudio (¡!) sobre los programas de préstamo-reutilización existentes, pero nada sobre el silencio de la administración. En noviembre (2013) presentó su informe en el Congreso. Así las cosas, canalicé mi  rabia en algo productivo: traté de acceder a los portavoces de la Comisión de Educación en el Congreso y mi primer objetivo fue CM Gorriarán (UPyD) ya que había firmado la petición al pedírselo en twitter. No fue flor de un día el detalle tuitero y me propuso fecha para reunirnos. Con S. Moneo (PP) tuve que insistir más  y llegué al extremo de leer sus intervenciones en el anteproyecto (LOMCE), en un intento de convencerla  con sus propios argumentos. Él me puso deberes: ¡nada menos que redactar una enmienda a los PGE! ella escuchó y tomó nota de los datos que le presentaba. Inmediatamente empecé a  trabajar y molestar a  mi familia y amigos, hasta encontrar quien me ayudara a redactar el borrador. Con la enmienda a PGE por bandera y una recopilación de normativa, me dirigí a los miembros de distintas formaciones políticas.

Sálvese de esta relación aquel que, aún hoy, sigue sin publicar su dirección e-mail en la web del Congreso.

Quien la tenía, recibió dos documentos y el ruego de estudiarlos. Mario Bedera (PSOE) contestó, y aunque

pueda parecer poco, todo esto sucedió en menos de 3 meses y cristalizó en una Proposición no de Ley.

Mientras tanto, la petición crecía despacio tras la locura que supuso la vuelta al cole de 2012, y yo seguía intentado todo lo que se me ocurría: envié correos a cuantas AMPAS encontraba en la red, escribí al CEPC, conocí a personas magníficas con las que, en un alarde de trabajo colaborativo, creamos un corto de animación para difundir la propuesta y la existencia de esa PNL presentada por UPyD, que dormía un plácido sueño a la espera de fecha de debate. Me siento especialmente orgullosa de ese trabajo porque nos permitió mostrar los beneficios de apostar decididamente por el préstamo y reutilización de los libros de texto: económicos, medioambientales y pedagógicos.

Dí charlas y participé en un evento TEDx donde confesé la escasa originalidad de mi propuesta; había ejemplos por toda Europa, hasta en EE.UU – ¡el mayor capitalista! – lo hacían. Pero no hacía falta ir tan lejos, en nuestro país numerosas AMPAS y algunas CC.AA (Navarra, País Vasco, Andalucía…) lo aplicaban con éxito. Para mi sorpresa descubrí que habían tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo, buscando la manera de proteger los intereses de sus asociados y alumnos. Así somos.

Y en cada paso encontré el apoyo de los periodistas.

Así pasaron 8 meses y tocó volver al cole con la casa sin barrer. Si en septiembre de 2012 habían sido cerca de 100.000 las personas que suscribieron esa carta, entre los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 2013, se convirtieron en más de 270.000, impulsadas, sin duda alguna, por los recortes en educación, las nuevas reducciones a las ayudas a libros de texto y la conflictiva situación que el inminente debate de la LOMCE había creado.

Volví con ellas otra vez al Ministerio. Había transcurrido 1 año. El mismo registro y la misma respuesta de los destinatarios: silencio.

Afortunadamente los medios de comunicación sí hicieron ruido y pasé unas semanas en las que creí que la gente me odiaría por pesada. Tuvo efectos inmediatos: el 24 de septiembre de 2013, se debatió y aprobó, en una sesión que me pareció ciencia-ficción, la PNL de libros de texto en el Congreso de los Diputados. Podéis consultar el detalle aquí.

Por ahora solo se ha cumplido el tercero de sus cinco puntos. Es la “Disposición adicional quinta: Sistemas de préstamo de libros de texto” de la LOMCE

Cerré la petición en diciembre de 2013, había 301.910 firmas: Ganamos.

Bueno, aún no. El objetivo no era un artículo en una ley: el objetivo era, y sigue siendo, que los niños tengan los materiales que les solicitan en sus colegios sin que nadie les pregunte si pueden pagarlos o no. Simple y llanamente.

Queda mucho por hacer, ojalá las asociaciones civiles que tienen la capacidad y la responsabilidad, sepan aprovechar la herramienta que esa enmienda supone y exijan un desarrollo reglamentario que ponga el objetivo un poco más cerca.

 

Ley del aborto: una reforma “ideológica”

El pasado jueves publiqué en el diario El País una tribuna con ese título que reproduzco a continuación. Sin embargo, dado la complejidad del tema y la limitación de espacio, me ha parecido oportuno añadir aquí unas glosas finales que quizás puedan aclarar algunos aspectos.
 
En un artículo publicado en este mismo periódico, José María Ruiz Soroa (“¿Y cómo se hacen las leyes”, 15-1-14) negaba sustancia crítica a la calificación como “ideológica” de la reforma del aborto propuesta por el Gobierno, por entender, precisamente, que un asunto de este tipo involucra ideas y valores que impiden un tratamiento meramente técnico o pragmático. Sin embargo, olvida que el término ideólogo fue acuñado por Napoleón con una intención peyorativa, en referencia a ciertas personas carentes de todo sentido práctico, y posteriormente generalizado para designar la antinatural misión ocultadora y evasiva que el pensamiento humano puede cumplir. Es en éste doble sentido en el que la reforma es ideológica.
Para demostrarlo podemos invocar como apoyo otro tema bastante próximo: ¿Sabe el lector por qué en la mayor parte de los países desarrollados se despenalizó el intento de suicido? El suicidio consumado no puede ser castigado, obviamente, y la cooperación al suicido sigue siendo un delito en todo el mundo (al margen de los supuestos de eutanasia activa allí donde se permite). Pero si la cooperación es un delito, ¿por qué no la tentativa? No parece muy lógico. Existe ahí un reproche moral y social que debería alcanzar al mismo autor. No es de extrañar que hasta hace poco se penalizase en Occidente y todavía hoy en muchos países del mundo.
Si se dejó de castigar no fue porque se pasase de la noche a la mañana a considerar el intento de suicido como una manifestación de la libre voluntad individual en la que nadie debe entrometerse; es decir, como un derecho subjetivo individual. En absoluto, la mayor parte de los Estados no reconocen tal derecho, y lo prueba el que la asistencia por tercero siga siendo penada en casi todos los casos. La despenalización se debió una razón práctica de lo más prosaica: castigar el intento de suicidio incentivaba el suicidio. No tenía mucho sentido intentar recuperar psicológicamente al suicida frustrado por la vía de convencerle de que la vida no era tan dura como imaginaba, cuando afuera estaban esperando dos guardias para llevarle a la cárcel. Así sólo se conseguía que el suicida que fracasaba siguiese intentándolo para pasar rápidamente de la condición de “frustrado” a la de “consumado”.
Los legisladores de los países desarrollados comprendieron que mantener el principio moral a rajatabla les dejaba a ellos con la conciencia muy tranquila, pero producía unos efectos prácticos peores que aquellos que se derivaban de la falta de sanción. Es un caso interesante porque nos demuestra que Max Weber no tenía razón, o al menos no en todos los casos: no se actúa adecuadamente con arreglo a las convicciones cuando el resultado es claramente contrario a lo que ellas demandan. En este tipo de supuestos es imposible distinguir la ética de la convicción de la de la responsabilidad.
Pasemos ahora a analizar la reforma Gallardón. Comprobamos fácilmente que el ministro lo que pretende es defender el principio de que el aborto no es un derecho, con independencia de sí se producen más o menos abortos o si los que tienen lugar son peores por afectar a un embrión más desarrollado. Es imprescindible recordar que el proyecto del Gobierno flexibiliza la legislación anterior en un punto fundamental (tampoco interesa un titular sobre abortos clandestinos): con la vigente ley de plazos no se puede abortar después de la semana 14, como regla general, pero con la reforma sí será posible hacerlo hasta la 22 si se alega daño psicológico para la madre. Teniendo en cuenta que con la ley de plazos no aumentó el número de abortos en España y que con la legislación anterior el 96,6% de los abortos se realizaron bajo esa premisa de daño psicológico, la conclusión parece evidente: va a haber prácticamente el mismo número de abortos, pero muchos de ellos serán peores. El que para apreciar ese daño se exija ahora dos médicos en vez de uno, y que no puedan ser de la misma clínica que va a practicar el aborto, supone simplemente más burocracia y coste, pero no más control, desde el momento en que las clínicas privadas se pueden poner perfectamente de acuerdo. Abortar será un poco más laborioso y complicado, aunque en realidad sólo para los que menos recursos tienen.
En resumen, la reforma no va a disminuir sensiblemente el número de abortos. Se van a practicar más abortos en avanzado estado de gestación. Pero a cambio se habrá salvado el principio: que el aborto no sea un “derecho” (aunque es discutible que quepa calificarlo así en la actualidad). Por eso esta reforma es ideológica, tanto en el sentido acuñado por Napoleón como en el de su generalización posterior: es una reforma que por defender un prurito teórico se desentiende completamente de sus efectos prácticos, con una finalidad ocultadora que no tiene otro objetivo que movilizar de manera engañosa al electorado más fiel.
 
Hasta aquí el artículo, y ahora las glosas.
Sobre éste tema ya publiqué un post en el blog cuando se anunció la reforma de Gallardón, precisamente con el título “El proyecto de ley del aborto del Sr. Gallardón: Ideología vs. Derecho”, que he querido defender aquí frente a la opinión de Ruiz Soroa (al que por cierto considero un magnífico articulista).
En ese post indicaba algunos inconvenientes de delegar en los psicólogos españoles la regulación práctica y el ámbito de aplicación real del aborto en nuestro país, por lo que no voy a insistir en eso. Pero sí me interesa ahora centrarme en el tema sobre el que parece girar la causa última de la reforma, que es el rechazo a considerar el aborto como un “derecho”. Sobre este tema también ha reflexionado en este blog desde una perspectiva contraria, pero siempre con su habitual seriedad y rigor, Manuel González-Meneses (aquí).
Sin embargo, la idea de que por no considerarse un “derecho” va a haber menos abortos en España –por el carácter prescriptivo y legitimador que tiene toda norma jurídica- no parece corresponderse con la realidad (aquí, aquí y aquí). La ley de plazos no aumentó sensiblemente el número de abortos y consiguió evitar muchos en un avanzado estado de gestación. Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2012 se pueden consultar aquí. A continuación un cuadro publicado por el diario El País sobre la evolución en los últimos años:

Creo además que la acrítica aceptación en estas cuestiones de la disyuntiva weberiana entre convicción y responsabilidad, más que ayudar confunde. El propio Santo Tomás (II-II, q. 57) señalaba que lo justo (desde la perspectiva de la “convicción” o de los primeros principios) no se puede determinar considerando la cosa absolutamente en si misma, sino poniendo también los ojos en las consecuencias. Y que ambas cosas son inseparables, de tal manera que hay que evitar tanto el dogmatismo como el consecuencialismo. Esa afirmación weberiana de que la ética absoluta “ni siquiera se pregunta por las consecuencias” no es correcta para el cristianismo, al menos a  partir de Santo Tomás.
Pero es que, además, como indicaba en el artículo, considero muy dudoso que la ley de plazos conceda un “derecho” a abortar simplemente por despenalizar una conducta; del mismo modo que es muy discutible que nadie tenga “derecho” a suicidarse. Como he intentado demostrar en otro sitio (por cierto, ¿alguien conoce a un editor majete?) pienso que la obsesión actual de ver el Derecho simplemente como un sistema de derechos subjetivos (que arranca probablemente de Guillermo de Occam) ha llevado a la kafkiana situación presente en la que lo que no está penado con años de cárcel es un derecho irrenunciable de la personalidad sobre el que nadie puede pedir cuentas. Creo que la crisis actual de responsabilidad a todos los niveles (política, jurídica y moral) tiene ahí una de sus explicaciones. Esta idea moderna es completamente ajena al pensamiento clásico (griego y romano) en el que se forjó el Derecho, como está sobradamente demostrado, pero, ¿es que acaso una concepción liberal de la sociedad conduce necesariamente a ella? No estoy de acuerdo, pero explicarlo exigiría mucho más espacio.
En cualquier caso, éste es el (pre) juicio teórico que justifica el calificativo de “ideológico”, término de origen napoleónico al que luego Marx le sacó mucho partido. Porque es obvio que todo prejuicio puede utilizarse de manera interesada (de forma consciente o no) con fines particulares. Pienso que la decisión política de plantear este tema, pese a la contundencia de los datos que hemos examinado (y que el Ministerio debe conocer) obedeció en su momento a intereses fundamentalmente de tipo electoral. Gallardón y Rajoy eran conscientes de que el centro lo tienen casi perdido, pero al menos si conservan su electorado tradicional podrían derrotar a un PSOE que pierde por los dos lados, y no sólo por uno. Además, siempre es bueno evitar que el debate social se centre en las cuestiones que realmente importan y en las que el Gobierno no sale muy bien parado.
Lo que pasa es que el contrincante también juega, claro. Lo que parecía una baza electoral segura empieza a complicarse peligrosamente y el coste puede ser mayor que el esperado. Por eso este tema del aborto es también “ideológico” para el PSOE. Hablar de “regresión”, de “vuelta al pasado”, cuando no de abortos clandestinos y viajes al extranjero, es demagógico (aunque no dudo de que la reforma se lo va a poner un poco más difícil a las mujeres con pocos recursos, lo que es claramente injusto) pero rentable electoralmente. A ellos también les interesa un debate adulterado que pueda movilizar a sus desencantados (y cuanto más adulterado mejor). Eso también es, sin duda alguna, “ideología”.