¿Existen todavía profesiones anticrisis? Pensemos en el personal eventual de las Administraciones Públicas

Asesores o personal de confianza que dirían unos, enchufados o colocados a dedo que dirían otros. Nos referimos al personal eventual de las Administraciones Públicas, profesión ajena a la crisis por las noticias que podemos leer en los medios de comunicación.

¿En qué consiste esta profesión? Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

¿Cuántos eventuales hay en España? No se sabe con certeza… Aunque  el EBEP dispuso que el número del personal eventual y sus condiciones retributivas serán públicas, calcular la cifra de eventuales sobre todo en la administración local es casi imposible… la transparencia brilla una vez más por su ausencia. Hay entes locales como el Ayuntamiento de Madrid que se han apuntado recientemente al carro de la transparencia y han publicado los puestos y sueldos del personal eventual (nos lo recordaron los editores del Blog dentro de la nueva sección ¡Ay, Derecho!). Sueldazos mejor dicho, porque un “Vocal Asesor” del Ayuntamiento de Madrid tiene una retribución bruta anual de 70.511,14 € y recordemos que son puestos a los que se acceden sin mediar ningún concurso público de mérito y capacidad, por lo que no es necesario cumplir ningún requisito de titulación o experiencia profesional. Eso sí, para trabajar de eventual tienes que ser alguien de confianza.

Algunas estimaciones apuntan a 20.000 eventuales en las diferentes administraciones públicas, que no está mal. A nivel AGE, sabemos el límite de personal eventual fijado para este año 2014: 644, con un tope de gasto de 22,9 millones de euros. Siendo unos presupuestos austeros y restrictivos es una partida que no ha disminuido respecto al año anterior (en los PGE de 2013 el tope de eventuales era de 642).

Preocupa no solamente cómo ha proliferado esta figura (especialmente en los EELL), sino también el descaro y la forma en que lo ha hecho.  Un ejemplo paradigmático es el caso del Presidente de la Diputación de Ciudad Real, que con 25 chóferes en plantilla (toma ya!) y en plena crisis económica (año 2011) saca una plaza de “conductor-asistente particular”… Lo mejor, lo que se espera del conductor-asistente en cuestión: “la música que el presidente desea, el olor que quiere, los elementos de comodidad que solicita, el nivel adecuado de climatización o la velocidad de transporte que le gusta”… Se nota mi inexperiencia en esto de contar con chofer, yo pensaba que lo fundamental era su experiencia y habilidad conduciendo. Afortunadamente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha pensó igual y tumbó la plaza.

También llama la atención la medida que está estudiando en la actualidad el “rescatado” Ayuntamiento de Alicante: aumentar el sueldo del personal de confianza aprovechando el ahorro que se va a conseguir debido a la no reposición de plazas de funcionarios que han solicitado jubilaciones anticipadas voluntarias. Lógica aplastante: como por ley no puedo reponer esas plazas de funcionarios, voy a subir el sueldo (11.000 euros extra) a una parte de mi personal de confianza porque a los soportes administrativos los convierto en asesores. Según el documento al que ha tenido acceso El Mundo, la justificación para esta reconversión es la siguiente: “Con el fin de que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones, y teniendo en cuenta que con la utilización de las nuevas tecnologías los empleados son cada vez más polivalentes, se propone la transformación de las plazas de soporte administrativo en asesor”. Me tranquiliza porque como mis hijas han nacido manejando el ipad sé que tienen el futuro asegurado como asesoras en algún ayuntamiento.

Cuando en los medios de comunicación se habla del personal eventual de las AAPP se suele mezclar con el procedimiento de libre designación de funcionarios. Son dos cosas distintas, aunque tienen en común que en ambos casos se está seleccionando a una persona sin un concurso de méritos de por medio. El procedimiento de libre designación se ciñe a los funcionarios y además de cumplir unas exigencias procedimentales (centradas en la convocatoria pública), tanto la designación como el cese son discrecionales y requieren de una adecuada motivación (el nombramiento y cese del personal eventual es libre). Bien es cierto que hay ceses (y nombramientos) de funcionarios que han accedido a su puesto mediante el sistema de libre designación que tienen una dudosa o cuestionable motivación, basta recordar los movimientos recientes en la AEAT.

Dicho esto la problemática de cómo se está extendiendo el procedimiento de libre designación es preocupante, porque al final se están politizando puestos que son de naturaleza técnica y que para un correcto funcionamiento del sistema es bueno que sigan siendo de carácter técnico. Alguno dirá que si algún político quiere meter a un amigo / persona del partido / cercano o de la cuerda (en este caso funcionario) lo puede hacer aunque la plaza o puesto en cuestión se seleccione con el tradicional concurso de méritos, basta con amañar el concurso. Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero no me parece excusa para justificar que se abuse del procedimiento de libre designación y además, aunque lamentablemente no suceda en la práctica, amañar el concurso debería tener consecuencias (como el caso de una actual Senadora del PSOE a la que el Supremo juzgará por contrataciones irregulares cuando era alcaldesa). Otro fenómeno en auge en entes locales y ligado en bastantes ocasiones a los procesos de libre designación es que se abran los procesos de puestos en entidades locales a funcionarios de cualquier administración. Sobre este asunto se quejan los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Madrid que han lanzado un blog denunciando lo que ellos consideran una ocupación.

Ahora que estamos en una legislatura donde la reforma de las AAPP se ha convertido en una prioridad, sería una buena oportunidad para replantearse acotar la definición del personal eventual y los procesos de libre designación para evitar un abuso de la contratación en las AAPP sin un concurso de méritos de por medio. En el informe de la Comisión para la Reforma de las AAPP (CORA) se recoge una media de carácter general que suena bien: Reconsideración del personal eventual, de modo que se concilie el carácter discrecional del nombramiento con el cumplimiento de ciertos requisitos de experiencia y capacitación profesional, así como homologación del número de eventuales en unidades equiparables. Pero mucho me temo que no lo veremos, al menos por ahora, porque en el informe de seguimiento de las medidas de la CORA presentado en el Consejo de Ministros del 17 de enero, no aparece ningún avance en relación con el personal eventual de las AAPP. Tampoco es que a estas alturas seamos muy optimistas, basta con ver por ejemplo el BOE del 30 de diciembre de 2013 y la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En el artículo 104 bis se establecen unos límites al número de personal eventual que pueden contratar los entes locales en función del tamaño de los municipios, pero no se ataja ni mucho menos el problema de raíz. Otra oportunidad perdida.

El hilo de Ariadna del fracaso de la privatización de la gestión sanitaria en la CAM

No se dejen engañar. La anulación del proceso de privatización sanitaria por el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid no se debe a que tengan que cumplir la resolución de un Tribunal en la que se haya declarado que los procesos de privatización de la gestión sanitaria son ilegales per se. No. Es una decisión política, ya que el auto del Tribunal Superior de Justicia suspendía las privatizaciones, pero no las anulaba, y lo hacía no por ser ilegal privatizar, sino por las aparentes graves irregularidades existentes en la tramitación del concurso de adjudicación de esos hospitales a empresas privadas. Tiremos del hilo para ver el porqué de esas graves irregularidades y cómo están directamente relacionadas con una mala forma de gestión pública durante años en esa Comunidad.

Empecemos por la decisión del Tribunal. Éste, en una medida harto excepcional —en los más de 13 años que he defendido a la Administración, en rarísimas ocasiones la he visto—, ha decidido de forma definitiva suspender cautelarmente la ejecución de un contrato administrativo. La razón: la aparente existencia de una cambio sustancial en las condiciones del contrato administrativo, cuatro días antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas de las empresas para hacerse con los hospitales a privatizar. Esa modificación consistió en variar la cuantía de la garantía que tenían que pagar las empresas adjudicatarias, que pasaba de un 5 por ciento sobre el precio de todo el contrato a un 5 por ciento sobre el precio anual. Un cambio muy relevante, ya que por él las  empresas adjudicatarias, en lugar de tener que constituir entre todas ellas una garantía del 5 por ciento de casi 5.000 millones de euros (unos 250 millones), tenían que hacerlo de sólo 500 millones (unos 25 millones).

Este cambio fue muy notable, ya que al hacerse con el concurso iniciado, afectaba a un principio básico de la contratación administrativa: la igualdad de cualquier empresa para poder participar en un contrato administrativo (aquí se puede leer la demanda que presentó UPyD por esta irregularidad). Lo que hay que preguntarse es por qué el Gobierno de Madrid lo hizo. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero sí que sabemos una cosa: cuando se hizo el cambio, sólo habían concurrido dos empresas al concurso para adjudicarse tres hospitales y había otros tres sin oferta alguna; después del cambio, el último día de plazo de presentación de ofertas, el grupo sanitario puertorriqueño HIMA San Pablo presentó ofertas por los tres hospitales restantes.

Si hubo o no acuerdos por debajo de la mesa para que esa empresa participara en la privatización y que la condición fuera la rebaja de la garantía del contrato, para así rebajar los costes financieros de la operación, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta empresa participó en un concurso cuyas reglas se cambiaron al final del partido y que esto pudo afectar al principio de igualdad ya que otras empresas -de haber conocido con tiempo esas condiciones- podrían, quizás, haber hecho una oferta que desestimaron, sin embargo, por el alto coste de la garantía inicial.  También sabemos que si esa empresa no hubiera ofertado por tres hospitales ya casi fuera de juego, el proceso de privatización habría sido un pequeño fiasco, porque sólo habría habido ofertas para tres de los seis hospitales a privatizar.

Esto nos conduce al siguiente nudo del hilo: por qué sólo hubo tres empresas que participaran en el concurso y qué curioso —dado de que las probabilidades de que así sea sin acuerdo previo son prácticamente cero—: las tres hicieran ofertas por hospitales diferentes y no hubiera competencia entre ellas. Una ausencia de competencia que se refleja en que hicieron una oferta económica prácticamente igual al precio de partida fijado por la Administración autonómica en el pliego de los contratos. Como si supieran que no iban a tener que competir para quedarse los hospitales, porque hubieran pactado por detrás el hospital por el que debía ofertar cada una de ellas. Esta ausencia de ofertas indica que el mercado que había para la privatización sanitaria en Madrid era muy escaso. Y si no había mercado, es razonable pensar que era porque las privatizaciones no eran tan maravillosas ni estaban tan bien calculadas como nos han querido vender. La Comisión Nacional de la Competencia -a instancias de UPyD- ya avisó sobre ello el año pasado.

Las privatizaciones no eran tan maravillosas, porque se había tomado la decisión de privatizar sin un mero análisis riguroso de las ventajas que esta medida podía tener frente a otras para lograr mejorar la gestión hospitalaria y ahorrar costes. ¿Qué empresa sólida participaría en un concurso para adjudicarse la gestión compleja de unos hospitales, cuando en la memoria económica del contrato administrativo como informes para la determinación del precio del contrato —o sea, lo que las empresas recibirían cada año por gestionar los hospitales— se citaba un artículo en El País y no había un solo estudio hecho por los técnicos de la propia Consejería de Sanidad? Pocas. Y algunas es probable que, pensando que si algo va mal, ya se encargará el Gobierno de reacondicionar los términos del contrato o de rescatarlas, como a las autopistas  radiales de Madrid. Esa falta de rigor estuvo presente desde el inicio y por ella, el Grupo de UPyD llevó en amparo ante el Tribunal Constitucional la Ley que habilitó la privatización, a la que ni siquiera adjuntaron ese artículo en El País.

Una falta de rigor y una necesidad imperiosa de ahorrar que está directamente relacionada con la burbuja hospitalaria generada por los gobiernos de Esperanza Aguirre, que dispararon el gasto sanitario sin una adecuada planificación. Se construyeron múltiples hospitales en muchos municipios de Madrid, más por razones de clientelismo electoral que atendiendo a una adecuada planificación sanitaria, cuyo coste ahora es difícil de afrontar.

Así que, en este relato, podemos ver cómo las electoralistas decisiones de Aguirre para inaugurar hospitales antes de cada nueva elección autonómica terminan en la modificación de las reglas de un contrato administrativo; seguramente, para lograr que no quedara medio vacío el proyecto estrella de la privatización sanitaria. Un contrato cuya ejecución suspendió un Tribunal y cuya anulación ha decido el Gobierno; seguramente también, para evitar tener que dar cuentas de todas esas irregularidades y de su gestión. Ahora bien, la dimisión de Lasquetty no es suficiente —aunque se agradece—; el Gobierno debe dar cuentas de sus decisiones políticas y cambiar radicalmente una forma de actuar que sólo ha conducido a fracaso tras fracaso.