Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (V): Tres (Segovias) en Uno

En toda manada que se precie siempre hay un macho alfa. Les guste o no, amigos lectores, en la naturaleza salvaje existe la jerarquía. Lo demuestra brillantemente Scorsese en su última película sobre la vida de Jordan Belfort, el famoso broker de Wall Street. El macho alfa guía la caza, la organiza, reparte los despojos y, claro, come el primero (no olviden la pizza veneciana). Ya es hora de que esta novela de no ficción (entregas 1, 2, 3 y 4) deje de marearnos con personajes secundarios y nos introduzca de una vez por todas en el sancta sanctorum del PODER. Y sí, en Segovia, el poder es el PP; el poder es…. Atilano.

 

Atilano, el lobo de Caja Segovia

Donde se cuenta como Atilano Soto, presidente Caja Segovia, presidente de la Diputación provincial de Segovia y presidente de la compañía mercantil Segovia 21, SA, fue capaz de unificarlas  en un único proyecto con grave perjuicio para todas ellas.

No fue fácil. Estas cosas necesitan tiempo y la cooperación de muchas personas. Sólo un auténtico líder podía conseguirlo, aunque bien asesorado por sus amigos, por supuesto. Lo primero era localizar el terreno (porque de nuevo, como en el caso Navicoas, esta es la historia de un pelotazo inmobiliario). Pero si ese terreno, en vez de un solar donde se encuentra una fábrica sin futuro, puede ser un monte catalogado con gran valor ecológico e histórico, mucho mejor. Da más gustito.

Después de mucho buscar, en el año 1999 se localizan 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Se trata de la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, esposa de Fernando VII, y era allí donde se reunía con quién luego sería su marido, el famoso sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Pero en fin, dejemos de divagar, lo importante es que en esta finca se acababan de plantar once mil robles, fresnos y encinas con fondos europeos (aquí), anidaban rapaces protegidas y era un hervidero de corzos y jabalíes, aparte de otros pequeños mamíferos y anfibios. En resumen: un hábitat idóneo para un auténtico depredador.

Atilano lo comprende de inmediato y se pone a buscar rápidamente al propietario. Y -¡vaya sorpresa, esto sí que es una casualidad que facilita las cosas!- el propietario es… él mismo. Bueno, por precisar, la Diputación Provincial de Segovia, de la que él es también Presidente (y pensar que todavía hay gente que no entiende para qué sirven las diputaciones…). Se inicia el proceso de descatalogación del monte, que encuentra algunas dificultades en la Junta, en realidad, en los ingenieros de montes de Segovia, que son felizmente puenteados por el jefe de Valladolid. Facilita mucho las cosas el que la Junta sea del PP y en ella estén bien situados los amigos segovianos, especialmente uno muy, muy interesante: Jesús Merino, hasta 1999 vicepresidente y consejero de Fomento y luego senador y diputado, hasta que tuvo que dejar el escaño por su imputación en el caso Gürtel. En 2002 se inician las descatalogaciones parciales y en 2004 el monte está completamente descatalogado y listo para la desbrozadora. El objetivo: 238.000 metros construibles y un campo de golf (aquí y aquí).

El vehículo jurídico para articular la operación se constituye en julio de 2002 y, en honor a este nuevo siglo que nos debe colmar de prosperidad y riquezas, se le bautiza con el nombre de Segovia 21, S.A. Como socios figuran la Diputación Provincial de Segovia con un 87 % del capital (aportando 250.180 m2 de terreno) y la Cámara de Comercio de Segovia con un 13 % (aportando 931.000 euros). El presidente del consejo de administración y consejero-delegado es –lo han adivinado- Atilano Soto, a razón de 120.000 euros al año.  Apenas unos días después de la constitución de la sociedad, la Cámara vende un 10,10% a Caja Segovia. A lo largo de los años siguientes se van produciendo sucesivas ampliaciones de capital, en las que la Diputación va aportando más terreno y Caja Segovia más dinero. Pero, inevitablemente, siempre llega un momento en el que hay que dar entrada a los amigos (¿para qué tanto lío si no?).

Pero como hay muchos amigos que quieren entrar, es necesario repartir y poner un poquito de orden. Para ello Atilano cuenta con la inestimable ayuda de Jesús Merino, un hombre que desde la consejería de Fomento de la Junta (menudo puesto, ¿eh?) ha ido tejiendo muchas conexiones interesantes.

La primera entrada de amigos se produce muy prontito, en diciembre de 2002, con la contratación de los servicios de asesoramiento, gestión y planificación del proyecto. La sociedad afortunada es Fomento Territorial, S.L. una empresa perteneciente a Elías Benatar, gran amigo de Jesús Merino desde la época en la que éste era el consejero más influyente de la Junta. Como consecuencia de este contrato, que se mantiene en vigor hasta 2012, Fomento Territorial cobra a Segovia 21 en torno a unos 800.000 euros anuales. No está nada mal. Pero lo cierto es que a Benatar estos euros le debieron parecer pocos, porque cuando se produce en 2012 -a la vista del fiasco final- el cambio del equipo directivo de Segovia 21, Fomento demanda a ésta sociedad para que le siga pagando. La demandada reconviene y el titular del juzgado nº 1 de Segovia (pueden ver la sentencia aquí) ordena no sólo que no procede abonar nada más, sino que Fomento Territorial debe restituir a Segovia 21 la friolera de 4.200.000 euros. Concretamente, la sentencia dice (F. 6º) que “estos hechos evidencian que en concepto de gestión integral del proyecto urbanístico se han duplicado el pago de importantes cantidades que moderadamente deberán computarse como pagos indebidos”. Toma esa, menuda contabilidad llevaban en Segovia 21 que se les pasaron facturas indebidas por 4,2 millones de euros. Eso sí que es un despiste “moderado”, como dice la sentencia. Lo que resulta una verdadera pena es que Fomento Territorial no pueda ya devolver nada porque no tiene ni un triste euro en sus cuentas.

Pero no queda ahí la cosa. Además de todo esto resulta que Fomento “subcontrataba” algunos de sus servicios. En concreto, pagó facturas por “servicios prestados” a tres sociedades, Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores y Everland, por un importe en torno al millón doscientos mil euros (aquí). ¿Saben quién era el titular real de esas sociedades, directamente o a través de familiares y testaferros? Sí, lo han vuelto a adivinar: Jesús Merino. Las mismas sociedades que utilizaba para ingresar dinero derivado de sus relaciones con la trama Gürtel, facturaban a Fomento Territorial, es decir, a Segovia 21. Luego, dado que ya no queda nada en la caja de Fomento, hay que deducir que parte de esos pagos indebidos duplicados autorizados por Atilano en su condición de consejero delegado terminaron en el bolsillo de Jesús Merino (sin ninguna conciencia por su parte, por supuesto). Y si terminaron en el bolsillo de alguien más –ya sea por el cauce de Merino o de Benatar- sólo Bárcenas lo sabe.

Pero al igual que pasaba con los euros para Fomento Territorial –que eran pocos-  Benatar y Merino son pocos amigos para Atilano: hacen falta más amigos, y a fe que se encontraron. Los conoceremos en la próxima entrega.

Fiscalía y Consejo Fiscal

Mucha gente contempla la actuación de la Fiscalía en la persecución de ciertos delitos de gran impacto mediático o social desde un análisis insuficiente: la Fiscalía está politizada.   La ineficiencia o pasividad de la Fiscalía -a juicio de algunos- en casos que atañen a bancos y banqueros, a políticos o a las más altas instituciones del Estado, encuentran en la influencia política partidista en la Fiscalía su natural explicación.  Pero siendo evidente la politización de la Institución  al resultar que en España el FGE, jefe de la institución, lo elige el Gobierno entre juristas de su confianza, las claves de la actuación de la Fiscalía son algo más complejas.  Porque lo cierto es que existen sobre el papel y para los fiscales mecanismos de resistencia ante la politización de la institución.  Y esos mecanismos no parecen funcionar: muy raramente un fiscal aparece en los últimos tiempos defendiendo su criterio personal frente al de la jerarquía.
Para ayudar a entender esto quizá conviene señalar que la Carrera fiscal está fuertemente jerarquizada; que todo en la Fiscalía, a excepción del Consejo Fiscal (cuyos vocales son elegidos por los fiscales) está inserto en esa jerarquía: todas y casa una de las Fiscalías, generales o especiales (anticorrupción incluida, claro); y también la Inspección Fiscal, con competencia disciplinaria están subordinadas al FGE.    Conviene recordar también que todos los jefes de esas Fiscalías son elegidos a través de un procedimiento en el cual la decisión final corresponde al FGE, aunque el Consejo Fiscal (CF) ha de ser oído.  Incluso todos los miembros –no solo los jefes- de esas fiscalías especiales son elegidos por criterios en los que al final lo único reglado es un número mínimo de años de servicio.     El único órgano de la Fiscalía que en teoría está sustraído al control directo del FGE, decimos, es el Consejo Fiscal.  A pesar de ostentar competencias limitadas, tiene sin embargo un gran potencial como órgano de prestigio, como baluarte de la profesionalidad en la toma de decisiones, como órgano para garantizar la legalidad y la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía, y para garantizar la indemnidad de los fiscales en caso de expedientes injustificados.   Y en teoría también, como único órgano en la Fiscalía al cual el FGE no puede obligarle a actuar en una manera u otra.   Por eso, los Fiscales Generales tienden a buscan la anuencia -aunque sea solo minoritaria- a sus decisiones en el CF.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo el Consejo Fiscal no cumple con esa importantísima misión de control, en mi modesta opinión.   Seguramente, si la cumpliera, otro gallo cantara.   Pero no la cumple porque al CF  han llegado desde siempre representantes de la asociación conservadora y de la progresista de fiscales.   Asociaciones cuya posición en la Carrera mejora según el FGE sea nombrado por un partido o por otro.   Asociaciones durante muchos años -no ahora, la crisis ha llegado ahí también- subvencionadas por los gobiernos conservador y progresista.   El sistema electoral establecido para cubrir las vocalías del CF determina (hasta la fecha sin excepción) que asociaciones que no cuentan juntas ni con el treinta por ciento de afiliados de la Carrera consigan en proporción de seis vocales (AF) y tres (UPF) una presencia absolutamente estable en el Consejo.   A lo largo de los años –de las décadas- esa situación ha supuesto una integración de esas asociaciones y de sus miembros más relevantes en la jerarquía de la Fiscalía.   Hoy, incluso, el FGE promovido por el PP es el líder histórico de la asociación conservadora.
Todas las Fiscalías especiales (Anticorrupción, Nacional, Drogas), y la inmensa mayoría de las demás que pueden tener alguna relevancia en la lucha contra la corrupción (me ahorro enumerarlas porque ocuparían muchas líneas de este artículo) están ocupadas por fiscales adscritos a una de esas asociaciones.   Y la Inspección.   Con la circunstancia de que cada cinco años esos Fiscales jefes han de ser renovados (o no). A la hora de plantar cara al FGE (sea éste nombrado por el PP o por el PSOE) los vocales de estas asociaciones que han ocupado siempre el Consejo Fiscal se encuentran con que su eventual oposición ha de ser limitada.   Se juegan que muchos compañeros, influyentes en sus asociaciones, corran riesgos por la absoluta discrecionalidad del FGE en la renovación de sus cargos.   A veces, incluso se trata de vocales del propio Consejo Fiscal, que son fiscales jefes, o que aspiran –y obtienen- promociones profesionales desde el Consejo Fiscal a través de la decisión del FGE.  Esta situación tremenda en la que las lealtades de los vocales del Consejo Fiscal se trasladan desde cada uno de los fiscales (que les elegimos) a sus asociaciones (que les proponen, y que por hacerlo casi les garantizan que saldrán elegidos) hace que los fiscales estén totalmente desprotegidos frente al poder de cada Fiscal General del Estado que llega.  Y si llega, como es el caso actual, un FGE que conoce como funciona la institución por dentro, cuales son las aspiraciones de cada cual, cuales son las debilidades de cada cual, la posibilidad de que en el Consejo Fiscal se plante cara al Jefe por razones de naturaleza profesional son muy escasas.  Por eso el FGE –que repetimos, elige el Gobierno en jurista de su confianza- impone su voluntad en la Fiscalía de manera absoluta, sin resistencias internas: en este caso, como el titular es una persona de buenos modales, lo hace de manera amable; pero implacable.
Pero es que además, todo este tinglado no podría ser mantenido si hubiera transparencia, publicidad en lo que se decide o se trata en el Consejo Fiscal.    También eso está controlado: casi todo lo que se cuece en el Consejo Fiscal es secreto porque quienes han formado de él desde siempre no han adoptado medida alguna para abrir la ventana.  Así, los nombramientos no se motivan, no se conoce quienes aspiran a plaza alguna, no se conocen sus currículums, no se sabe que se pide de ellos y no se les exigen cuentas de lo realizado.   La arbitrariedad –protegida por el secreto- campea sin límites.   Así, los “repartos” o los equilibrios o desequilibrios ideológicos en la Fiscalía son lo que cuenta.  No hay además vocal que rinda cuentas a la Carrera, que explique lo que hace o lo que no hace y porqué.  No hay vocal que comunique a los fiscales el objeto de las discusiones en el Consejo, los órdenes del día, las distintas posiciones.   No hay publicidad, incluso, de las razones por las cuales el CF puede acordar la expulsión de la Carrera de un Fiscal, y tan solo comunicados de las asociaciones a las que pertenecen dan magras explicaciones a posteriori de lo que ocurre, plasmando con claridad deslumbradora la inversión de lealtades ya tradicional en el CF.     Y muchos fiscales nos decimos que esto no puede ser, que hay que hacer algo.   Pero no hacemos nada, o casi nada.
La Fiscalía no va a cambiar por obra de los partidos políticos.  Es claro que tanto el PP como el PSOE han dejado claro a través de sus sucesivos pasos por el Gobierno y por las reformas que impulsaron sobre el Poder Judicial, que consideran la Justicia como un pastel añadido a la victoria electoral.  Y la Fiscalía es un pastel sabroso.   Pero si podría cambiar –con muchas dificultades, cierto- desde dentro.   Así, por ejemplo, cuando proceda, privando al FGE del respaldo de los fiscales del Consejo cuando actúe por motivaciones no estrictamente profesionales, y obligándole a pensar en medios materiales y en las condiciones de sobrecarga que padecen muchos fiscales.  Y explicando a la Carrera y a la opinión pública las cosas que ocurren, de manera transparente.  Y eligiendo a los mejores, no a los afines.   En próximos días la Carrera fiscal va a ir a las urnas; va a decidir si todo sigue igual, o si finalmente el 70 por ciento de los fiscales no asociados, y muchos de los asociados, deciden que ya está bien de este estado de cosas, y que procede empezar a cambiar ese estilo de conducir la Fiscalía que la ha llevado a un descrédito social perceptible por cualquiera que no sea parte interesada.  En el estado actual de cosas, la cuestión adquiere una clara dimensión social.