Estrategias equivocadas. Tribuna en El Mundo de la coeditora Elisa de la Nuez

Esta vez parece que los abogados de la Infanta Cristina se han dado cuenta de que recurrir el manual de Derecho procesal que, según sus propias palabras, ha escrito el juez Castro a instancias de la Audiencia Provincial de Palma para conseguir imputarla no es una buena estrategia. Efectivamente, ahora es bastante más complicado repetir que la imputación no está suficientemente fundada jurídicamente o que el juez de Instrucción le tiene tirria a la Infanta por ser ella quien es, aunque no dejará de haber voces que así lo sostengan. Lamentablemente –al menos mientras se les puedan pagar los servicios prestados– nunca faltarán los corifeos de turno dispuestos a recurrir a los argumentos ad hominem (algunos tan mezquinos como los relativos a la apariencia física o a la forma de vestir) para desacreditar a esos jueces valientes que están dispuestos a cumplir con su deber. Deber que en este caso y en tantos otros que afectan a personas muy relevantes de la sociedad española, políticos y ex banqueros incluidos, es el de aplicar la Ley. Ley que es exactamente igual para todos y que no admite excepciones ni privilegios, aunque conviene no desconocer las ventajas que tiene en la práctica contar en una instrucción penal con el asesoramiento de los más importantes bufetes, abogados y lobbyistas. En todo caso, la igualdad ante la Ley es una de las conquistas fundamentales del Estado de Derecho, de la misma forma que la igualdad política de los ciudadanos es un pilar fundamental de las democracias modernas.

Ahora la nueva estrategia pasa por convencer a la opinión pública –más que al juez– de que la Infanta va a ir a declarar «voluntariamente» después de dos imputaciones «por vocación de servicio» y, en paralelo, por intentar alegar una nueva eximente desconocida hasta ahora en nuestro Derecho penal, que sería algo así como una eximente por amor, a no confundir con la tradicional de la enajenación mental transitoria. En esta línea cabe incluir las últimas declaraciones públicas del presidente Rajoy que está convencido de que la Infanta es inocente y de que «le irá bien». Sus razones o más bien sus fiscales e inspectores de Hacienda tendrá para creerlo así.

La estrategia también incluye las consabidas invocaciones al «calvario procesal», al «juicio mediático», a la «pena de banquillo» que suelen utilizar nuestros políticos cuando les imputan y no tienen más remedio que comparecer, normalmente en los Tribunales Superiores de justicia o en el Tribunal Supremo si tienen la suerte de estar aforados por ostentar cargos electos, a diferencia de la Infanta que tendrá que hacerlo ante un simple juzgado de Instrucción. Lo que está claro es que si eres un personaje público es más que probable que tus peripecias procesales adquieran también trascendencia pública, publicidad que no suele molestar, por cierto, cuando reporta aplausos, votos o beneficios. Como los que le reportó a Iñaki Urdangarin que consiguió enormes cantidades de dinero público a cambio de humo de unas Administraciones Públicas –y empresas privadas– que no se lo podían negar «por ser quien era» (Jaume Matas dixit).

En todo caso, estos calvarios tan largos podrían acortarse sensiblemente recurriendo al sencillo expediente de colaborar con la Justicia y de no recurrir cada paso que da el juez instructor. Recursos, además, que aquí se han multiplicado por tres, dado que no sólo la Infanta dispone de los servicios de un prestigioso bufete de abogados privado, sino que también ha dispuesto hasta el momento (con cargo a los contribuyentes) del bufete del Estado –a alguien se le ha debido olvidar que la abogacía del Estado está personada para defender los intereses del Estado y la Hacienda pública– y, ya puestos, de los servicios de la propia Fiscalía del Estado, que ejerce la acusación en este tipo de procesos. De hecho, me comentan que no se conoce ningún otro caso –salvo el reciente de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, qué casualidad– en que la Fiscalía haya recurrido un auto de imputación. Circunstancias que han motivado que el juez de Instrucción haya tenido que escribir un auto de una longitud inverosímil y cuya lectura revela un comportamiento muy poco ejemplar por parte de la Infanta.

Al parecer, la siguiente estrategia procesal consistiría en esperar que no se abra juicio oral contra la Infanta, en base a la denominada doctrina Botín (el nombre ya es muy revelador) que no permite a la acusación popular –la única que por ahora está haciendo de acusación en el caso de la Infanta– pedirlo. Más allá de las disquisiciones técnicas sobre si sería aplicable o no en este caso, o si sería aplicable a todos los delitos que se le imputan a la Infanta la pregunta del millón es ¿por qué no va a pedir la Fiscalía o/y la Abogacía del Estado la apertura de juicio oral contra una persona si realmente hay motivos suficientes para hacerlo? Porque si la contestación es porque es Infanta de España, esta contestación no sirve desde un punto de vista jurídico, dado que la Ley no diferencia entre infantes y ciudadanos de a pie.

Pero incluso si la contestación –que tendría que darse de instancias políticas y no jurídicas– es que se han dado instrucciones a Fiscalía y a Abogacía del Estado para no pedir la apertura del juicio oral contra la Infanta para no dañar más a la institución monárquica, resulta que esta contestación tampoco resulta razonable desde un punto de vista político. Para demostrarlo ahí están las encuestas que reflejan lo desacertado de la estrategia seguida hasta ahora por la Casa Real y el Gobierno en la que la utilización de las instituciones (incluso la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria) para evitar que la Justicia sea igual para todos, en contra de lo manifestado por el Rey en su ya famoso discurso de Nochebuena, que se ha vuelto como un búmeran contra los estrategas. Y es que si la Justicia no es igual para todos, no es Justicia, y si la Ley no es igual para todos y las instituciones que deberían garantizarlo no lo hacen, no hay Estado de Derecho.

¿ Cuál es entonces la estrategia razonable? Sinceramente creo que si se quiere salvar la institución monárquica al menos ante la opinión pública –y parece difícil que una institución tan peculiar y tan anacrónica pueda sobrevivir con la opinión pública en contra, por mucho que la sostengan los viejos partidos– convendría retomar el tema de la renuncia de la Infanta a sus derechos dinásticos, cuanto antes mejor. Sería sorprendente el saludable efecto que esta decisión produciría dado lo poco acostumbrados que estamos los españoles a que alguien tan relevante asuma sus responsabilidades. A continuación, habría que proceder de manera inmediata a regular la institución monárquica, desarrollando el escueto título II de la Constitución, y el status jurídico de los familiares del Rey –por consanguineidad y por afinidad– evitando la situación actual de limbo jurídico en el que es posible confundir los intereses privados de las personas con los de la institución de una manera que no resulta nada aconsejable ni para las personas ni para la institución. No pretendo con esto sugerir que los miembros de la Casa Real deban de ostentar privilegios o estar por encima de la Ley; lo que quiero decir es que su posición jurídica debe de estar prevista y regulada, de manera que quienes ya formen parte de ella o entren a hacerlo tengan claros sus derechos y obligaciones.

Y para concluir hay que regular de una forma ordenada la posibilidad de la abdicación del Rey en su sucesor, un asunto que se ha considerado hasta ahora tabú –como tantos otros que rodeaban a la Monarquía– pero que convendría abordar cuanto antes, aprovechando no sólo la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al mantenimiento de la institución sino lo que es más relevante, de una opinión pública que valora todavía positivamente la figura del Príncipe de Asturias. Probablemente esta decisión, por sí sola, produciría una revitalización y adaptación de la institución a los nuevos tiempos que corren que resulta imprescindible y que por múltiples razones, entre ellas las biológicas, ya no es posible que pueda realizar el Rey por mucho que se empeñe él y sus asesores. Retirarse a tiempo y pasar el testigo a la siguiente generación nunca resulta fácil, incluso aunque se trate de los propios hijos, pero cuando hacerlo puede ser imprescindible para la supervivencia de la institución es un deber para quien pretende ser su servidor. No vayan a seguir también en este asunto la estrategia equivocada y a los muchos problemas institucionales que tiene España, tengamos que añadir el de la forma del Estado, cuando es el propio Estado y su organización territorial lo que se está poniendo en cuestión.

Los abogados que ganarán más con la mediación. La clave de las hojas de encargo.

Uno de los principales motivos del recelo, o hasta hostilidad, con que la herramienta de la mediación se está recibiendo en España por muchos abogados es el temor de verse desplazados como protagonistas en la gestión de los conflictos de sus clientes. Y de que su arraigo pueda significar por ello una merma de asuntos y, por tanto, también de ingresos. Sin embargo estos profesionales pueden (y deben) tener una función esencial dentro de los procesos de mediación sin ver reducidos los rendimientos de sus despacho, o incluso mejorándolos.
 Si observamos lo ocurrido en otros países vemos que ese temor de pérdida de asuntos e ingresos por los bufetes carece de suficiente fundamento. En el Reino Unido y Holanda, que son los países europeos donde más se utiliza hoy voluntariamente la mediación por los abogados, la mediación fue acogida con el mismo temor y recelo. Conforme algunos estudios que se han hecho en el RU (el último que conocemos realizado por Viktoria Peto, de la Escuela de Negocios de Rgent,s University en septiembre de 2013, que incluye entrevistas a varias empresas ultinacionales, a organismos y a operadores jurídicos), los gerentes de grandes empresas, consideran que la adaptación de los despachos jurídicos británicos a los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, ha sido demasiado lenta, aunque hoy esté ya avanzada. A ellos también les costó comprender la necesidad de las empresas de conseguir nuevas soluciones más eficientes frente a los problemas, y su escaso apego a financiar las batallas de dialéctica jurídica ante los tribunales como única respuesta.
 En estos países la utilización cada vez más generalizada de la mediación por los bufetes no ha generado, de hecho, una caída de asuntos e ingresos de los profesionales jurídicos, si bien probablemente esos ingresos se habrán desplazado en favor de los despachos que se hayan adaptado antes y mejor al uso de estos nuevos instrumentos, en beneficio de sus clientes.
 Imaginemos  un agente de viajes que ofrece a su cliente dos opciones para intentar llegar al destino deseado.
   Uno es un tren de vapor, viejo y traqueteante. Circula a lo largo de una cordillera, lo que hace el viaje largo y cansado. Y no hay garantía de que alcance el destino, pues hay veces que toma una ruta diferente que deja al viajero aún más lejos de su objetivo que al principio, en un lugar en el que además ya no se puede alcanzar aquél por falta de otros medios de transporte. Y que, además, exige que el viajero se pertreche con un equipaje abundante y costoso.
   El otro es un tren de alta velocidad que circula por el valle. Es un tren cómodo y rápido, que permite un viaje sin apenas equipaje. Su inconveniente es que en algunos pocos casos el tren se estropea y no llega a su destino, pero aún en esas raras ocasiones al viajero siempre le queda la opción tomar el otro tren para poder alcanzar aquél.
El viajero supone que usar el tren moderno será más caro, dadas sus ventajas. Pero, para su sorpresa, el agente le explica que le va a cobrar mucho más por gestionarle el viaje en el tren viejo, dado que va a necesitar dedicarle entonces mucho más tiempo a los trámites necesarios.
La actual tarifa de los abogados, de la misma forma, suele estar basada esencialmente en las horas de trabajodel abogado en vez de en el resultado conseguido. En gran parte por inercia, y a pesar de las crecientes protestas de sus clientes, sobre todo de los más sofisticados como las grandes empresas. Pero las necesidades de sus clientes no favorecne que pueda mantenerse por mucho este sistema.
Uno de los instrumentos por el que los despachos jurídicos españoles podrían adaptarse y colocarse así en una situación ventajosa respecto del uso de estos instrumentos novedosos, y recibir una retribución adecuada a la satisfacción de su cliente, es el uso de Hojas de Encargo en las que prevean el uso preferente de la mediación cuando se considere conveniente, por medio de mediadores independientes y prestigiosos, y con predeterminación de honorarios por resultados obtenidos. Con ello pueden sacar un justo rendimiento económico de la gestión eficiente de los problemas de sus clientes, e incluso ganar nuevos, gracias a las satisfactorias soluciones conseguidas. Un modelo de ese tipo de hojas de encargo puede verse aquí.
  Con ello, además, el abogado estaría cumpliendo su obligación ética de recomendar a su cliente  el sistema más eficaz para la resolución de la controversia, en su caso a través de un acuerdo que va a verse favorecido (y muchas veces sólo es posible) con soluciones alternativas como la mediación (art. 3.7.1 Código Deontológico de la C.C.B.E)
En esta situación parece paradójico que tantos abogados se hayan interesado en formarse como mediadores en España para trabajar como tales (algo que supone, si se hace bien, un proceso largo y esforzado), pero tan pocos se estén planteando la opción, llena de sentido, de utilizar esa preparación, o formarse específicamente, para actuar como asesores de sus clientes a lo largo de los procesos de mediación y ayudarles así a conseguir las mejores soluciones. Es ésta una  función imprescindible, además de claramente más rentable. No contemplar esta posibilidad quizá explique que, a día de hoy, no sean (seamos) muchos los abogados que, en la práctica profesional, recomienden el uso de la mediación.
Es necesario que los abogados superen ya sus recelos. Y que los más innovadores de ellos y los que quieran dar buen servicio a sus clientes se conviertan (nos convirtamos) en decididos impulsores de la mediación en beneficio de las partes en conflicto, de la sociedad en general y de ellos mismos. Los que actúen así se convertirán en vanguardia privilegiada de un cambio social a mejor, y contribuirán además a aliviar la sobrecarga de los juzgados, incapaces de dar respuesta a adecuada a muchos problemas. Y al menos en parte suplirán la sorprendente pasividad de nuestro Gobierno y Parlamento, que apenas están haciendo nada por promover la mediación, y que parecen “conformarse” con afrontar tal sobrecarga con medidas disuasorias mucho más negativas y contrarias al Estado de derecho, como las tasas.
La utilización de Hojas de Encargo como la que se indica, que recoge un modelo de acuerdo con un cliente en el que se prevé que el abogado pueda recomendar mediación, y asesorar durante el proceso, puede ayudará a revertir esta situación en beneficio de todos.