Escrache y educación (a propósito del escrache en el domicilio de la vicepresidente del Gobierno)

La semana pasada se conoció el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 29 de enero de 2014, por el que se desestima el recurso de apelación de la Fiscalía contra un Auto previo del Juez de Instrucción nº 4 de Madrid, de 10 de mayo de 2013, por el que se archivó la denuncia por el escrache realizado en abril de 2013 frente al domicilio particular de la Vicepresidente del Gobierno.

Sobre el carácter delictivo o no de los escraches se han suscitado opiniones jurídicas y políticas opuestas. En este mismo blog, se publicó hace poco menos de un año un vibrante post cuya lectura -y comentarios- recomiendo porque nos permite recordar los antecedentes del problema y el lenguaje amenazante de la plataforma que organizó el mencionado escrache y que, entre otras cosas, se proponía que políticos como la Vicepresidente del Gobierno “no puedan vivir de forma impune y sientan la incomodidad en sus actos cotidianos”.

Lo cierto es que tanto el Juez de Instrucción nº 4 de Madrid como posteriormente la Audiencia Provincial consideran que los hechos enjuiciados no tienen carácter delictivo. No constituyen delito o falta de amenazas, ni de coacciones, ni de desórdenes públicos, ni de desobediencia a la autoridad, como tampoco delito de reunión o manifestación ilícita.

El Juez de Instrucción entendió que no existen coacciones porque “no se ejerció directa ni indirectamente sobre el denunciante ni violencia física ni fuerza en las cosas”. La Audiencia, invocando lo dicho por el Juez, arguye que tampoco puede considerarse delito de coacciones “el efecto persuasivo que pueda provocar una protesta en las personas a quien va dirigida puesto que no se exterioriza que la finalidad perseguida fuera la de quebrantar la voluntad política de la Vicepresidente, salvo que todo legítimo intento o deseo de influir en la voluntad de otro sea calificado como tal”, sin que “las intervenciones verbales de los intervinientes” (que “no portaban armas”) fueran un “medio violento apto y dirigido a conseguirlo”.

En definitiva –entiende la Audiencia- que “las manifestaciones y concentraciones que cotidianamente se llevan a cabo por toda la geografía española -y particularmente en Madrid (…)- se producen como medio de protesta por las decisiones tomadas o que se va a tomar por los responsables políticos o económicos -y en ocasiones también por los jueces y tribunales-, constituyendo un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos. Y lo mismo puede decirse del presente caso, sin que la particularidad de haberse producido frente al domicilio de la vicepresidente del Gobierno le confiera otro carácter”.

Esta afirmación que subrayo se vierte en el Auto de manera gratuita y sin esgrimir razón alguna que la fundamente. Me parece especialmente desafortunada porque precisamente el hecho de que un grupo de personas se presenten y griten en la puerta de tu domicilio particular contiene ya en sí mismo un componente de violencia (no física, pero sí verbal y ambiental) y de intimidación para la persona que lo padece. “The right to be left alone” a que se refería un famoso artículo de Warren y Brandeis (“The right to privacy”) forma parte del derecho a la intimidad domiciliaria, reconocido en el artículo 18 de la Constitución.

El Auto, sin embargo, viene a asimilar de forma indistinta cualquier concentración de protesta como un mecanismo “ordinario” de participación democrática, sea cual sea el lugar donde se celebre. Resulta sorprendente que el Auto no se detenga ni una línea a motivar por qué es irrelevante el lugar donde se celebra la concentración, como si fuera lo mismo la sede de un ministerio o del partido en la calle Génova o Ferraz que la puerta del domicilio particular de un político. Por el contrario, considero que el lugar de la concentración será uno de los datos decisivos para poder diferenciar lo que es un mecanismo “ordinario” de participación democrática de lo que puede ser un atentando a los derechos y libertades de los demás, también dignos de respeto.

Se da la circunstancia de que la ponente del citado Auto no es magistrada de carrera (ni por oposición ni por el llamado “cuarto turno”) sino que ejerce funciones jurisdiccionales de manera interina, como suplente, tras haber pasado muchos años como asesora de varios ministros socialistas (años en los cuales se manifestó, paradójicamente, en contra del escrache que sufrió la ministra Aído ante su domicilio familiar, calificándolo de “acoso antidemocrático”) y del grupo parlamentario socialista en el Congreso. A pesar de ello, no parece que nadie la recusara. Pero es evidente que si ella se hubiera abstenido de conocer el asunto habría prestado un gran servicio a la independencia judicial. Habría preservado la apariencia de alienità, de desinterés objetivo y subjetivo sobre el asunto. Absteniéndose, el contenido del Auto podría haber sido idéntico (probablemente), pero con ello se habría evitado que buena parte de la opinión pública lo atribuyera a un sesgo ideológico pro socialista o antigubernamental en la magistrada ponente. Y en ello habría ganado la imagen de la justicia, que una vez más ha vuelto a salir maltrecha.

Dicho esto, hay que señalar que otros juristas coinciden con el criterio de que los hechos no constituyen una conducta delictiva. En primer lugar, el Juez de Instrucción nº 4 de Madrid, así como los otros dos magistrados que suscriben el Auto de la Audiencia de Madrid. También el Juez de Instrucción nº 2 de Teruel respecto al escrache a otro diputado del PP en abril de 2013.

En la misma línea, un colaborador de este blog, el Prof. Presno ha publicado un artículo doctrinal (cuya lectura recomiendo) defendiendo la legalidad de los escraches. Entiende que son una manifestación colectiva de la libertad de expresión frente a un cargo público representativo, y que para mantenerse en el ámbito de la protección constitucional deben tener una duración limitada (20 minutos, como en el caso de la Vicepresidente, sería aceptable; 3 horas no, según la sentencia 219/2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ PVasco, con la que parece estar de acuerdo); el objeto de la concentración debe ser lícito, sin ambiente de presión o acoso, y cuidando de no sobrepasar los niveles de ruido permitidos por la ley.

El punto más endeble de la argumentación de Presno vuelve a ser, como en el Auto de la Audiencia, el referido al lugar de la celebración de la concentración, con la diferencia de que él sí trata de razonar su postura. Reconoce Presno que el aspecto más característico de los escraches” es hacerlos en “las inmediaciones del domicilio de los políticos”. A este respecto, cita, por una parte, la STJPVasco 219/2013, según la cual en todo caso se vulnera la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal por la realización de un escrache ante un domicilio particular, puesto que existen lugares alternativos y de igual repercusión en la opinión pública, tratándose por tanto de una intromisión que no se revela ni necesaria ni proporcionada para alcanzar el fin legítimo de la concentración”.

Por otra, entiende Presno que “el ejercicio del derecho de reunión (escrache) puede vincularse a su realización en un lugar determinado como condición necesaria para que las reivindicaciones lleguen a sus destinatarios principales”. Siguiendo ese razonamiento, como la concentración ante la casa de la Vicepresidente estaba motivada por el problema de la vivienda “tiene sentido que la reivindicación de quienes han perdido su casa (…) pueda manifestarse, de manera transitoria y pacífica, ante la vivienda de personas con capacidad para decidir sobre las leyes y políticas en dicho ámbito”. A sensu contrario, y con el mismo razonamiento, podríamos entender que no habría tenido justificación un escrache ante la casa de la Vicepresidente si las reivindicaciones, en vez de por la política de vivienda, hubieran estado motivadas por la política exterior o por la política sanitaria o por la política pesquera del Gobierno. Con todo el respeto al Prof. Presno, me parece un argumento poco consistente.

No creo que pueda afirmarse, a priori, el carácter delictivo de todos los escraches: dependerá de las circunstancias del caso concreto, y la casuística nos llevará a más decisiones judiciales controvertidas. Pero lo que me parece importante rechazar es la idea de que constituya un “mecanismo ordinario de participación democrática”.

Conviene además desterrar la idea de que lo que no es delito se puede hacer alegremente, o es incluso digno de imitación. En absoluto es así. Por eso se impone hacer un esfuerzo de pedagogía tanto a los políticos como a quienes realizan escraches. A los primeros, para que piensen que su escasa representatividad en un sistema partitocrático dominado por las cúpulas de los partidos impide que funcionen debidamente los cauces ordinarios de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y hay que tener voluntad política para corregir ese fallo del sistema. Y a los ciudadanos que se manifiestan, para que lo hagan con sentido de la responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de los demás.

Cada vez se tolera más en este país la protesta que se extralimita, la protesta no cívica, la que pisa o traspasa  la raya de la ley. Vemos gente asaltando plenos municipales, mujeres desnudas pintadas con sangre increpando a un cardenal a la puerta de una iglesia, ciudadanos asaltando supermercados sin que ello tenga consecuencia legal alguna. Y eso es, como dice Aurelio Arteta, una “patología de la tolerancia” que también debe corregirse.

Sobran leyes, sobran sentencias contradictorias o sesgadas por intereses diversos, y falta responsabilidad individual y buenas reglas de Derecho, como aquella de Ulpiano: vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Un ciudadano responsable, sea político o manifestante, debería tener suficiente criterio y conciencia cívica para saber discernir lo que debe hacer  o no en la vida social, aunque no sea delito ni un juez se lo prohíba.  Porque unos y otros contribuyen, con su ejemplo, al nivel del debate político. O a la pobreza de ese nivel.

 

 

La mutación de la Ley de Presupuestos: sobre la (sospechosa) imprevisibilidad del gasto

Como sabemos, el control democrático del poder ejecutivo por medio de una cámara de representantes tiene su origen en la necesidad de vigilar y legitimar los gastos en que pretende incurrir cada año. Y ello por una sencilla razón: porque los recursos para financiar esos gastos van a salir de los bolsillos de los ciudadanos. Por ello, históricamente se ha considerado a la Ley Anual de Presupuestos como la más importante, y por ello el art. 134 de nuestra Constitución introduce varias cautelas, como que corresponde a las Cortes Generales “su examen, enmienda y aprobación”, que los presupuestos generales deberán incluir “la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal” o que si el gobierno considera necesario posteriormente aumentar el gasto público o disminuir ingresos lo deba hacer presentando el correspondiente “proyecto de ley”. Previsiones similares las encontramos en las Constituciones de otros Estados así como en los Estatutos de Autonomía.
También sabemos que justamente para evitar (o al menos limitar) el recurrir a modificaciones presupuestarias en medio del ejercicio, se creó por Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, el Fondo de Contingencia que desde entonces incluye el Presupuesto anual con objeto de atender a necesidades imprevistas en el momento de elaborar los presupuestos y que tengan carácter inaplazable. También sabemos que la Constitución fue modificada hace pocos años para cambiar el art. 135 y establecer medidas más rigurosas de estabilidad presupuestaria, y que en su virtud se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero del mismo modo conocemos que la Ley 47/2003 General Presupuestaria permite los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, aunque formalmente exige proyecto de ley, como no podía ser de otro modo de acuerdo con lo que prevé la Constitución (salvo lógicamente las cuantías que se detraigan del Fondo de Contingencia).
Pues bien, desde muy pronto se optó por la fórmula de decreto-ley para estos casos, lo que ha llegado a convertir el control parlamentario en una especie de ficción dudosamente constitucional pues cuando llega a convalidación tal instrumento legislativo extraordinario a menudo el gasto ya se ha realizado. Pero además, aunque estos gastos extraordinarios no financieros debieran cargarse al Fondo de Contingencia, el-los gobierno-s prefieren acudir a deuda pública aduciendo en ocasiones a que estos pagos atienden a obligaciones nacidas de “actuaciones que se enmarcan en el ámbito de la discrecionalidad propio de la acción de Gobierno”, cuando el Gobierno no debería tener ninguna discrecionalidad para comprometer nuevos gastos.
Como resultado, podemos hablar sin duda de una verdadera mutación de la ley de presupuestos en España. Así, a pesar de lo que dice el art. 135 y la Ley Orgánica 2/2012, desde hace años en España existen en realidad dos presupuestos: uno formal, aprobado por ley a finales de diciembre, tras un debate de meses, y presentado con luz y taquígrafos por el Ministro de Hacienda en el Congreso de los Diputados…, y otro, “no menos importante” que se financia de forma algo opaca (aumentando deuda) y que aparece de tapadillo bajo la forma de “real decreto-ley”. De hecho, el propio Partido Popular, cuando estaba en la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuestos para el año 2009 por vulnerar los principios de unidad y universalidad (necesidad de contemplar todos los gastos), al no incluir el contenido de cuatro reales decretos-leyes que se aprobaron de forma paralela a la tramitación parlamentaria del presupuesto: ver sentencia del TC 206/2013, de 5 de diciembre.
En ocasiones, algún decreto-ley se presenta apenas un mes después de que se hayan aprobado “a bombo y platillo” los presupuestos generales del Estado, obedeciendo a necesidades perfectamente conocidas y previsibles. Por ejemplo, los 175 millones de euros al PLAN PIVE-5 (como su número indica no es la primera vez que se presenta, además siguiendo idéntico procedimiento) que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero de 2014, mientras que la Ley de Presupuestos del Estado es de 23 de diciembre de 2013. Tampoco se gana mucho en transparencia del gasto si dicha subvención al sector de la automoción aparece escondida en el artículo octavo del real-decreto ley 1/2014 “de reforma en materia de infraestructuras y transporte”. No resulta fácil prever cómo el  Parlamento podría decidir convalidar todo el real decreto-ley menos dicho incremento de gasto.
Este supuesto no es anecdótico, ni es de ahora, sino que obedece a una tendencia, tal vez acuciada por la crisis económica. De hecho, cuando se aprueba un suplemento de crédito o un crédito extraordinario, tanto a nivel estatal o autonómico, en ocasiones a los pocos meses de aprobado el presupuesto anual, muchas veces lo que se está produciendo es la constatación del fracaso en la gestión: bien por falta de planificación adecuada de los gastos por parte de los respectivos dirigentes, o bien por asumir compromisos sin la adecuada previsión presupuestaria. Es cierto que en algunos casos los gastos pueden estar justificados por su carácter extraordinario e imprevisible, pero este no es siempre el caso. Analicemos algunos ejemplos recientes del pasado ejercicio de 2013:
– Real Decreto-ley 7/2013 de 28 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Aquí convendría distinguir entre gastos necesarios e imprevistos (derivados de lluvias torrenciales del norte peninsular) y gastos previstos y que obedecen a compromisos anteriores. Mientras el primer supuesto es plenamente razonable, el segundo (61 millones de euros) no debería pasar sin más como un supuesto más de suplemento de crédito pues su ausencia en el presupuesto general del Estado resulta incomprensible cuando no bordea un posible fraude de ley. También sorprenden los 28 millones de euros dedicados a la compra de una nueva aeronave para luchar contra los incendios.
-Real Decreto-Ley 10/2013 de 26 de julio de 2013 por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 5.850.573.399,97 euros para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal correspondientes al ejercicio 2013, y regulación de ejercicios anteriores. Parecería que de nuevo no se hubieran querido introducir estos gastos perfectamente previsibles (dada la evolución del paro) cuando se elaboraron los presupuestos anuales. No obstante, ¡pocas esperanzas a este respecto!, pues la sentencia del TC 206/2013 (recordemos en un recurso del PP contra el gobierno del PSOE), antes citada, ya se ha pronunciado sobre la posible “arbitrariedad” de la ley de presupuestos (para el año 2009) por fundamentarse en previsiones irreales. El TC considera que la ley de presupuestos no es arbitraria, señalando (curiosamente) que prever un crecimiento del 1% no cabe calificarlo de irracional (aunque la mayoría de previsiones indicaban un decrecimiento del 0,9%), dado que fallaron todas las previsiones, también las de decrecimiento, al caer la economía también mucho más de lo previsto (sic), según el Eurostat, en torno a un 3.7%!!!
-Real Decreto-Ley 10/2013 de 26 de julio de 2013, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 70.000.0000 euros para financiar el Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía, el programa de incentivos al vehículo eficiente (PIVE-3). Un gasto extrañamente no previsto cuando se elaboró el presupuesto de dicho organismo.
-Real Decreto-Ley 10/2013 de 26 de julio, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 877.334.595,95 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material. Se trata al parecer de armamento cuya compra había sido asumida ya por el Ministerio de Defensa de gobiernos anteriores, pero sin contar con la necesaria partida presupuestaria. Tal vez aquí influya el hecho de que la intervención militar no esté debidamente protegida frente a “órdenes” que provengan de la superioridad. Esta intervención debería integrarse en la IGAE y depender directamente, como el resto, del Ministerio de Hacienda, cuando no de una Oficina Presupuestaria incardinada en el Congreso de los diputados.
Estos son solo algunos casos, pero hay más, por ejemplo, los millones de euros concedidos al CSIC para evitar una posible quiebra perfectamente conocida por los dirigentes del Ministerio (¿una política de I+D+i por decreto-ley?). Y en definitiva, ¿en qué estadística oficial comunicada a la UE figuran estos suplementos y créditos extraordinarios concedidos por Decreto-ley?
Varias conclusiones se derivan de lo visto: una, que nada es lo que parece y que el presupuesto ha dejado de ser esa ley clave del control parlamentario, desde hace años, pero una situación probablemente agravada en tiempos de crisis económica; dos, que la austeridad de las Administraciones Públicas que refleja el presupuesto ordinario no es tal como la pintan, siendo que algunas políticas aparecen financiadas de forma diferida y escalonada por real decreto-ley; y tres, que tal vez por la necesidad de esquivar el férreo control de Bruselas la deuda se incrementa por la puerta de atrás, sin apenas control parlamentario
En definitiva en lugar de una ley de presupuestos anual, única y universal nos encontramos en una situación de presupuestos paralelos, ¿o sería mejor denominarlos “para-lelos”.