Vidas paralelas de dos ‘apparatchik’

Con designación de Juan Manuel Moreno como candidato popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía, los dos partidos mayoritarios en esta comunidad autónoma han renovado su liderazgo. Más allá de su juventud (Susana Díaz, 39 años, Juan Manuel Moreno, 43), ambos políticos comparten una característica más importante: toda su vida ha girado en torno a la política y su carrera profesional fuera de ella es inexistente.

Díaz comenzó su andadura en la vida pública durante sus estudios universitarios y, con sólo 24 años, fue elegida concejal en Sevilla. Desde entonces ha ocupado ininterrumpidamente cargos electos. Esta dedicación a la política le supuso demorarse en obtener la licenciatura de Derecho (diez años) y le apartó de otra experiencia profesional significativa.

Moreno es aún más peculiar. El jueves pasado, sorprendidos por varias inconsistencias en su currículum, acometimos un pequeño ejercicio detectivesco que nos permitió desmontar un perfil plagado de falsedades, incluyendo tres másteres de los cuáles ninguno era lo que solemos llamar un máster (uno no requiere un título universitario, otro era un «programa» con pocas horas lectivas y el tercero era un premio que resultaba llamarse «máster de oro»). Azuzada por nuestro ejemplo, la prensa encontró luego muchas más lagunas en su currículum.

Pero de nuevo, más allá de lo que un periodista ha llamado su «currículum menguante», el hecho más significativo acerca de Moreno es la ausencia de ninguna experiencia fuera de la política.

Díaz y Moreno son lo que en la antigua Unión Soviética llamaban apparatchiks, los miembros profesionales del aparato. Conocen, como pocos, los entresijos de su partido. Saben con quién hay que hablar en Ronda para conseguir 15 votos. A quién hay que llamar en Marbella para que concedan un permiso a un bar. Y qué cadáveres tiene en el armario el presidente de la diputación provincial de turno. Más aún, saber guardarse sus desacuerdos y trabajar «por el bien del partido». Obedecer y callar.

Todos éstas son capacidades importantes para un apparatchik, pero no son las primeras habilidades que nos vienen a la cabeza como importantes para gobernar la comunidad más poblada de España. La capacidad de liderazgo, la visión de futuro, la comprensión de los desafíos de la globalización y los retos de España, la soltura con los idiomas (en especial el inglés) y el haber demostrado la excelencia en algo que no sea la política parece mucho más importante. ¿Qué hay en los currículos de Díaz o de Moreno que nos haga confiar en que tienen estas habilidades? Nada.

¿A qué se debe este estado de cosas? ¿Cómo es posible que, salvo sorpresa inesperada, las próximas elecciones andaluzas las vaya a ganar un apparatchik cuya experiencia vital consiste en mostrar la paciencia y obediencia necesaria para ascender en la jerarquía del partido?

La respuesta, por sencilla no es menos descorazonadora. Los partidos españoles son estructuras jerárquicas y centralizadas, cerradas frente a la sociedad y cuyas burocracias se concentran, antes que en nada, en el mantenimiento de unas rentas que pagamos todos los demás españoles. Gracias al control con mano de hierro de las listas electorales desde el centro del partido, a una ley electoral que limita la competencia por los escaños y a la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización desde la judicatura, los medios de comunicación y la sociedad civil, estas jerarquías lo dominan todo.

Muchas son las consecuencias preocupantes de esta situación. La falta de democracia interna lleva a una peligrosa ausencia de rendición de cuentas. El jefe hace lo que quiera y no se confunde. Para eso es el jefe. El que se mueve, no sale en la foto, ¿recuerdan?

Pero quizás la más insidiosa de las consecuencias sólo empieza a estar clara con la llegada de esta nueva generación de políticos. Durante las primeras décadas de nuestra democracia, los partidos contaban con muchos dirigentes que, forzados por la dictadura, habían hecho otras cosas y habían entrado en política ya con experiencia. La nueva generación, en comparación, ha entendido los incentivos que el sistema les ofrece. Muchos jóvenes con muy legítimas ambiciones políticas han observado lo que hacen sus mayores y han llegado a una conclusión clara. ¿Qué hay que saber para llegar a ser presidente de Andalucía? Más que nada, que la formación no importa. ¿Para qué esforzase en la Universidad? ¿Para que ir afuera a aprender? ¿Para qué ganar experiencia profesional? Entre leer el libro de Historia de la globalización para entender por qué España tiene un problema muy grave de competitividad en el medio plazo e ir a la enésima reunión de las juventudes del partido a hablar de nada, mejor dejar el libro e ir corriendo a la sede local.

Cuando hemos criticado duramente los magros logros académicos de Díaz y Moreno no es por esnobismo. Jamás hubiésemos criticado por ausencia de estudios a los históricos líderes del movimiento sindical europeo de décadas pasadas. Criados en sociedades profundamente desiguales, los dirigentes sindicales de antaño suplieron con inteligencia, sacrificio y honestidad la imposibilidad de estudiar que las estructuras reinantes les habían impuesto. Si criticamos a Díaz, Moreno y muchos otros es porque tuvieron la oportunidad de formarse y, en vez de aprovecharla, prefirieron dedicarse en cuerpo y alma a jugar el juego. Pudieron y no quisieron.

EL IMPACTO para Andalucía y para España es terrible. Muchos nos llaman alarmistas, pero creemos firmemente que al final del camino por el que estamos avanzando aparece Argentina. Un país donde los dirigentes no se preocupan por aprender, donde no hay ninguna razón para considerar los méritos objetivos de las decisiones, donde la política económica mezcla a partes iguales populismo y extracción de rentas y donde la seguridad jurídica, como ya se ha dicho, es «un lujo que no nos podemos permitir». El resultado: pobreza.

Los españoles debemos exigir que cambien las cosas. La conciencia de que nuestro sistema actual de partidos tiene que cambiar está creciendo pero aún no es unánime. A nosotros mismos nos llevó tiempo llegar a esa conclusión. Al principio de esta crisis confiábamos mucho más en nuestros políticos. Cinco años después nos queda poca esperanza de que sea posible reconducir nuestro país con políticos del perfil de Díaz o Moreno.

Y en esta tarea colectiva de cambiar nuestros partidos políticos, el papel de la prensa es crucial. La investigación que nosotros hicimos el miércoles por la noche nos llevó dos horas. Cualquiera podría haberla hecho, pero demasiados periodistas se limitaron a copiar la elogiosa nota de prensa del propio PP y a alabar los «numerosos másteres» de Moreno. Pero también es fundamental la labor de la sociedad civil, que demasiado a menudo, tras la protesta fácil de un tuit, no se moviliza. Entre todos debemos impedir que mentir sobre un currículum quede impune. Entre todos debemos preguntar a los candidatos a qué se dedicaron durante sus años de juventud. Entre todos debemos exigir explicaciones a los actos arbitrarios de nuestros gobernantes. Andalucía y España se lo merecen.

La expulsión de las cajas de ahorros de su paraíso financiero

Las cajas de ahorros han pasado de ser actores protagonistas de nuestro sistema financiero a quedar relegadas a un papel secundario. Del centenar de entidades existentes en los años ochenta del siglo XX, se pasó, en los primeros años del milenio, a cerca de la cincuentena. En la actualidad quedan media docena, de las que las más relevantes, las que son «sistémicas», se transformarán a lo largo de 2014 en fundaciones bancarias. La suerte de todas las cajas no ha sido pareja: una parte sustancial ha sido barrida de la escena, pero otras luchan, hoy día, por salir adelante, y algunas se encuentran plenamente consolidadas en el sector financiero.
Las cajas, en atención a su naturaleza jurídica fundacional, tenían dificultades para reforzar su capital, lo que, en una etapa de expansión exacerbada del crédito, les llevó a recurrir, excesivamente, a los mercados mayoristas, y a comercializar entre sus clientes, no siempre de forma correcta, instrumentos computables como recursos propios. Siendo «entidades sin dueño», las debilidades de su gobierno corporativo eran notorias, lo que se agravó con la presencia desmedida del sector público en sus órganos de administración. En numerosos casos, también fue palpable la falta de la suficiente capacitación y experiencia de sus gestores.
Ahora bien, uno de los puntos positivos de las cajas era la existencia, en el propio seno de las entidades, de la Obra Social. Los beneficios generados que no pasaban a reservas regresaban a la sociedad en forma de gasto destinado a cultura, sanidad, educación, asistencia a colectivos y personas desfavorecidas, investigación, defensa del patrimonio histórico, protección del medio ambiente, etcétera.
Según Titos Martínez («La Obra Social de las Cajas de Ahorros y sus perspectivas de futuro», Extoikos, núm. 8, 2012), en el período 1947-2010 las cajas lograron unos beneficios totales de 138.623 millones de euros, de los que destinaron a la Obra Social 34.908 millones de euros, es decir, exactamente el 25 por ciento de la totalidad de sus beneficios antes de impuestos (valores actualizados a 1 de enero de 2012).
Como se expone en el preámbulo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, en los años 30 del siglo XIX «las cajas de ahorros se configuraron como entidades de beneficencia, orientadas al fomento y protección del ahorro y a la generalización del acceso al crédito de las clases sociales más desfavorecidas». La consolidación de las cajas se basó en estos caracteres «primigenios de carácter social, simplicidad del negocio y apego territorial, donde radicó históricamente gran parte de su general aceptación y su éxito como instituciones bancarias singulares».
Paulatinamente, las cajas fueron creciendo en tamaño y ampliando los servicios ofrecidos a la clientela, pero fue el preconstitucional Real Decreto 2290/1977, de 27 de agosto (el «Decreto Fuentes Quintana») el que permitió a las cajas realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada.
Sería con la Constitución de 1978 cuando la configuración de las cajas se alteró por completo, al permitir a las incipientes Comunidades Autónomas regular la materia, sobre la base de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, e incidir en la gestión de las mismas. Pocos apostaron por las cajas durante la elaboración de nuestra vigente Constitución, motivo por el cual se permitió, bien por descuido, bien por decisión voluntaria y consciente, que su regulación fuera materia competencial atribuida a las Comunidades Autónomas. El modelo de las cajas, de forma preconcebida o no, con mayor o con menor aceptación y agrado, se ajustó como un guante, transcurrido el tiempo, a la estructura política y territorial de nuestro país.
Años más tarde, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, implantó el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de bancos instrumentales, para facilitar el acceso a recursos de máxima categoría, en igualdad de condiciones que los bancos. La opción para aplicar este régimen era voluntaria, aunque prácticamente todas las cajas de magnitud se acogieron a él, con varias salidas a Bolsa incluidas.
Hasta ese momento, una parte sustancial del sistema financiero español, la integrada por las cajas de ahorros, estaba aislada e «inmunizada» ante el vendaval de los mercados. Careciendo de «dueños», no podían lanzarse operaciones de adquisición de cajas, aunque esto también era un inconveniente a la hora de captar capital y recursos propios de máxima calidad, al despertar las renuencias de posibles inversores, que no podían ejercer un control «desde dentro». Durante algunos años, este obstáculo fue salvado mediante el recurso a la emisión de deuda, más barata y carente de derechos políticos.
El Real Decreto-ley 11/2010 abrió la espita del sometimiento de las cajas (o de sus bancos instrumentales) a los mercados, para bien y para mal, poniendo fin a esta «Arcadia» en la que las cajas habían desarrollado felizmente su centenaria actividad financiera y social.
Algún autor calificó este proceso de reforma de las cajas como «la tercera desamortización» (por ejemplo, Vallès, «Cajas, ¿la desamortización del siglo XXI?», El País, 26 de enero de 2011), por entregar su suerte al capital privado. Realmente, la desastrosa situación financiera del Estado no ofrecía muchas más opciones.
La Ley 26/2013 regirá para las dos pequeñas cajas que se han mantenido fieles a la tradición y para las cajas que se puedan crear en un futuro, siempre dentro de los rigurosos límites concernientes a la actividad desarrollada (minorista), territoriales (una Comunidad Autónoma o diez provincias limítrofes) y de volumen de negocio (el activo total consolidado no podrá superar los 10.000 millones de euros, ni su cuota en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de actuación el 35 por ciento del total de depósitos).
Las cajas subsistentes más importantes se transformarán, dentro de 2014, en fundaciones bancarias, si mantienen una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que les permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. De no concurrir estos requisitos, la transformación será en fundaciones ordinarias.
El extinto modelo de las cajas fue, durante varias décadas, «amable» y funcionó razonablemente bien, en un mercado bien acotado territorial y operativamente, sin pretensiones de grandeza, ni por parte de las cajas ni de su clientela. Los problemas comenzaron, quizás, cuando se superaron las tradicionales fronteras operativas y territoriales, trascendiendo de la banca al por menor, bien apegada al municipio o, como mucho, a la provincia. Este «salto» implicó, asimismo, una mutación no siempre solicitada por el cliente, que de depositante con nómina o pensión domiciliada transitó a inversor, presumiéndosele una capacitación y unas necesidades de las que realmente carecía.  En otras crisis financieras anteriores, las dificultades alcanzaron, primordialmente, a entidades bancarias, pero a nadie se le ocurrió terminar con el modelo de los bancos con forma de sociedad de capital para su sustitución por otro patrón organizativo alternativo.
Esto nos permite reflexionar acerca de si los modelos de las cajas y de los bancos se han de reputar necesariamente como antagonistas; es más, ¿era posible, incluso deseable, una ordenada convivencia de ambos tipos de entidades?
Las cajas españolas desplegaron una relevante función social y tuvieron sus «quince minutos de fama» durante tres siglos, pero puede que lo que más duela haya sido que la extirpación de los problemas se haya tenido que impulsar desde el exterior, lo que muestra, en otra faceta, la minoría de edad de nuestro país.