La nueva Ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes: un ciclo de 500 años se cierra

El 22 de noviembre de 2012, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció en la Casa Sefarad-Israel, bajo una gran atención mediática, que los sefardíes podrán obtener la nacionalidad española por la vía de la naturalización. Poco más de un año después, el pasado 7 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España y por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil. Se salda así una deuda histórica que España tiene para con sus antiguos súbditos, “españoles sin patria”, expulsados tras la promulgación del Edicto de Granada en 1.492, y de los que el profesor del Brooklyn College, Max A. Luria, diría en 1965:

“Casi no se puede creer que los descendientes de los expulsados de España hace varios siglos sigan conservando por ella un amor tan profundo y desinteresado (…)”

En esencia, y a la espera de su aprobación por las Cortes, esta ley viene a establecer un procedimiento exclusivo con el objetivo de facilitar, a los sefardíes que acrediten su condición, el acceso a la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

No obstante, la carta de naturaleza es un instrumento legal que los sefardíes han venido utilizando desde la publicación del Real Decreto de 21 de diciembre de 1924, elaborado por el Directorio Militar de Miguel Primo de Rivera, el cual sin mencionar a los sefardíes explícitamente, se refiere a ellos en la Exposición de Motivos de la siguiente manera:

“(…) antiguos protegidos españoles o descendientes de éstos, y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritas en Registros españoles y estos elementos hispanos, con sentimientos arraigados de amor a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra nacionalidad (…)”

Regulada en los artículos 21 y 23 del Código Civil como mecanismo discrecional para obtener la nacionalidad española, la carta de naturaleza exige acreditar por el solicitante la concurrencia de “circunstancias excepcionales”, que en el caso de los sefardíes es el hecho de ser descendientes de los judíos expulsados hace más de 500 años que conservan aún el idioma y las tradiciones de sus ancestros. El idioma en cuestión es el ladino o la hacketía, una reliquia lingüística en castellano medieval con aportaciones hebreas, griegas e incluso turcas; y por tradiciones, siempre se ha entendido la práctica del judaísmo con las costumbres y especialidades sefardíes.

La repercusión social y global de esta Ley es considerable. Así lo confirman la confusión y expectación levantadas por el anuncio del ministro de Justicia que han llevado a colapsar los consulados españoles en medio mundo, sobre todo en Israel. No es para menos, se calcula que actualmente existen dos millones de sefardíes, principalmente en Israel, Turquía, Bosnia y en toda Sudamérica.

Prologado con una Exposición de Motivos hermosa en su retórica, repleta de nostalgia y resarcimiento, el artículo 1.1 del Anteproyecto, que continúa contemplando la naturalización como mecanismo preferido para la obtención de la nacionalidad española, establece que para los sefardíes debe entenderse por “circunstancias excepcionales” su propia condición y una “especial vinculación con España”. La ley dispone, en el segundo punto del citado artículo, los siguientes instrumentos para acreditar la condición de sefardíes:

  1. Con un certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España.
  2. Con un certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante.
  3. Apellidos del interesado, idioma familiar u otros indicios que demuestren su pertenencia al colectivo sefardí.
  4. Que el peticionario o su descendencia hayan estado incluidos en las listas de familias sefardíes protegidas por España al que hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948 o cualquier otra lista análoga; o bien, de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por Real Decreto de 20 de diciembre del 1924.
  5. La vinculación o parentesco del peticionario con una persona o familia de las mencionadas en el apartado anterior.

Los medios probatorios son los asumidos desde hace tiempo para los sefardíes y hasta ahora han sido válidos para acreditar sus “circunstancias excepcionales”. Sin embargo, pese a las novedades que introduce, el procedimiento a implantar es a veces reiterativo y consta de requisitos que adolecen de indeterminación.

En este sentido, según establece el artículo 2, cuando el solicitante reúna uno o varios de los elementos probatorios anteriores, deberá presentarlos al encargado del Registro Civil en España, o de la misión diplomática o consular correspondiente, que a la vista de lo aportado, y bajo su discreción, certificará su condición de sefardí y su vinculación con España.

Una vez obtenido el certificado, el peticionario tiene un plazo de dos años, que puede prorrogarse un año más por acuerdo del Consejo de Ministros, para formalizar la solicitud. Dicha solicitud, que consistirá en un modelo normalizado aprobado por Orden del Ministerio de Justicia, detallará también los documentos necesarios, que supuestamente serán los requeridos para todo trámite de extranjería: certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, copia del pasaporte, etc. además de todos aquellos probatorios de su condición de sefardí.

Hasta ahora, este segundo paso era el único y común que los sefardíes debían practicar para solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza. Mediante este nuevo procedimiento, el solicitante debe acreditar dos veces su condición. Si supuestamente el objetivo de la ley es abrir una puerta directa a la obtención de la nacionalidad española para los sefardíes de todo el mundo, el trámite debería reducirse.

Sin embargo, a tenor de lo que expone el artículo 2 del anteproyecto, la solicitud, que podrá presentarse a través de cualquiera de las vías indicadas en la Ley 30/1992, así como en el Registro Civil Consular del interesado, la resolverá la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) y, en consecuencia, será la que declare, con la facultad de poder recabar informes de las instituciones -la autoridad rabínica competente, por ejemplo- que puedan atestiguar sobre la realidad de las condiciones, el derecho del solicitante a obtener la nacionalidad española. Otorgando esta potestad a la DGRN y no al Consejo de Ministros, se agiliza inequívocamente el tiempo de resolución de la solicitud de carta de naturaleza para los sefardíes.

Contra la resolución de la DGRN se entiende que caben, como en los casos que se deniega la nacionalidad española por alguna causa, el recurso de reposición y ante la desestimación de este, el recurso contencioso-administrativo.

Por otra parte, el gran foco de indeterminación de la ley, recogido en el artículo 2.3, reside en la exigencia de una “especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas” teniendo en cuenta para acreditar este requisito, “los estudios del interesado, sus actividades benéficas o sociales, y cualesquiera otras circunstancias que reflejen dicha vinculación”. Si la voluntad de la ley es facilitar y agilizar la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, se torna lógico que habría que suprimir el término “vinculación” por redundante, ya que al ser sefardíes, esa vinculación está de sobra explicada en la Exposición de Motivos. Si el solicitante ha acreditado que es sefardí, y tiene el certificado expedido por el Registro o por la oficina diplomática o consular correspondiente, está de más que se atienda a circunstancias como sus estudios o actividades filantrópicas o sociales como objeto de consideración para probar la vinculación con España. En todo caso, debería ser una vinculación cultural, como así refleja dicha Exposición de Motivos en referencia al mantenimiento de la lengua y las costumbres.

A pesar los aspectos que incurren en reiteración e indeterminación, este Anteproyecto posee, además de otorgar a la DGRN la potestad de resolver la solicitud, importantes novedades a considerar en relación a la carta de naturaleza ordinaria.

La primera y más reseñable, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil, es que los sefardíes que adquieran la nacionalidad española no tendrán que renunciar a su anterior nacionalidad, acabando con el recelo que muchos de los potenciales solicitantes tenían a la hora de optar por la naturalización.

En segundo lugar, tal como reza el artículo 1, esta ley se extenderá no sólo a los judíos sefardíes, sino a “cualesquiera de estos sin distinción de ideología, religión o creencia.” Algo que sin duda agradecerán todos los descendientes de los sefardíes expulsados que no practican el judaísmo y que por justicia histórica deben ostentar el mismo derecho.

Sea como fuere, y más allá de sus imperfecciones, la aprobación de esta nueva Ley supondrá un momento cumbre en la historia de España. Esta norma supone la reconciliación definitiva de España con sus sefardíes, y relega para siempre a los libros de historia las palabras del Edicto de Expulsión:

Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos.

Desde Caracas hasta Tel Aviv, pasando por Montreal, Los Ángeles o Estambul, los sefardíes que no olvidaron su vinculación con España, opten o no por la naturalización, tendrán el reconocimiento legal de su patria ancestral.


Una inmersión en la realidad bolivariana (y II)

El primer post de esta serie terminaba de la siguiente manera:
“Mientras tanto, la economía y la actividad productiva se desploman; la inseguridad y la insalubridad se disparan; los productos básicos escasean; la inflación explota hasta el 56% anual; la corrupción y los vaivenes gubernamentales han hecho desaparecer toda seguridad jurídica; provocando una diáspora de la intelectualidad y del talento hacia el extranjero.”
Así enunciado, el párrafo anterior podría parecer una exageración, pero unas simples pinceladas nos pueden dar una imagen aproximada de la realidad bolivariana actual.
En lo económico, tras los quince años de régimen bolivariano y de represión de la actividad económica privada, Venezuela ha pasado de exportar café, cacao, energía hidroeléctrica y, por supuesto, petróleo y otros productos petrolíferos refinados derivados, a tener que importar prácticamente todos estos productos (excepto el petróleo bruto y otras materias primas, aunque con una producción muy inferior a la de una década atrás). Al mismo tiempo, el país ha pasado de producir suficientes recursos alimenticios (carne, maíz, azúcar, leche) como para casi autoabastecerse hace quince años, a no producir lo suficiente, siendo necesario importar grandes cantidades de alimentos e, incluso, productos petrolíferos para satisfacer las necesidades de la población.
El aumento de las importaciones sobre las exportaciones contribuyó a encarecer el dólar, a lo que el Gobierno respondió acordando el control de cambios. Gran parte de los problemas económicos actuales tienen su origen en las perversas dinámicas surgidas en torno al control de cambios. Actualmente, tras la última devaluación, el gobierno determina dos precios oficiales para el dólar:  6,3 bolívares (BsF) para las importaciones y BsF 11,3 para los particulares que vayan a salir al extranjero o que adquieran productos por internet. Sin embargo, el marco regulatorio obliga a los importadores a adelantar el monto de los productos que han de adquirir y solo cuando estos llegan a la aduana, se autorizan los pagos por el regulador, existiendo además otras trabas y retrasos que solo pueden superarse por vías “informales”. En ocasiones, los importadores se ven obligados a adquirir dólares en un mercado paralelo no oficial para poder cumplir sus compromisos con los proveedores. Todo ello encarece el importe final de los productos importados influyendo en la dinámica inflacionista y alimentando una espiral interminable. En esta dinámica, monedas como el dólar y el euro se consideran monedas refugio y existe una fuerte demanda interna de particulares que también recurren a este mercado paralelo donde el precio del dólar se encuentra entre los 70 y los 80 bs aunque sigue incrementándose.
Pero en un entorno corrupto, la consideración del dólar como bien escaso, es además una tentación irresistible y así, bien pudiera darse la paradoja de que quienes determinan el control de cambios, probablemente también controlen y se beneficien del mercado paralelo. Un joven ejecutivo del sector de la exportación/importación me explicaba el procedimiento empleado por determinados sectores, con el imprescindible respaldo de altas instancias, para sustraer dólares del mercado oficial e introducirlos en el mercado paralelo con pingues beneficios mediante la importación ficticia de productos que, en realidad nunca llegan a ingresar en el mercado venezolano. Según esta versión, además del agente de aduanas, tres son los operadores burocráticos que han de intervenir en el proceso autorizando la importación, autorizando el cambio de divisas e inspeccionando materialmente la carga. En función de su importancia, a cada uno se le asigna como “mordida” una cantidad que oscila entre BsF 1’5  por dólar y BsF 4 por dólar, de manera que, al final, el falso importador, adquiere cada dólar por una cantidad aproximada de BsF 16 por dólar. Después de vender en el mercado negro ese dólar a BsF 70, la ganancia aun será de BsF 54 por dólar.  La utilización masiva de estas prácticas pues, al parecer en estas operaciones se mueven millones de dolares, ha agudizado la caída de las reservas en dólares del Tesoro público y ha generado que tras haber colapsado los sectores productivos primario y secundario de naturaleza privada con las nacionalizaciones y expropiaciones confiscatorias, también entre en barrena el sector de la distribución.
El control de cambios que dificulta las importaciones se conjuga con el mecanismo de fijación de precios mínimos utilizado por el gobierno para intentar controlar la inflación a la hora de favorecer que se den situaciones de desabastecimiento. Una anécdota: un día intenté adquirir una aspirina en la farmacia. La dependienta me informó de que hacía años que no despachaban aspirinas, cuando comenté mi sorpresa con un conocido me indicó que el precio máximo de venta fijado para las aspirinas no alcanzaba ni para cubrir los costes del empaquetado y que, en consecuencia, habían dejado de producirse y de importarse. Sólo existen en los hospitales públicos y en cantidades limitadas en función de la limitada capacidad de producción de las empresas públicas. Este problema se extiende a los productos alimenticios, así una barra de pan de trigo tiene un precio máximo de BsF 5,  en determinadas ocasiones por debajo del coste de la propia materia prima, por lo que en las panaderías no se encuentra o solo venden una barra por persona. Sin embargo, no es difícil encontrar pan de molde o productos elaborados con trigo a un coste superior. Mientras permanecí allí, existían dificultades para comprar leche, pollo, azúcar o harina pan (una harina de maíz muy popular en Venezuela). Al marchar empezaban a escasear productos textiles o derivados de la celulosa como el papel higiénico, las compresas o las servilletas.
La inflación, unida a una regulación laboral muy rígida en donde la inamovilidad de aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo constituye una espada de Damocles sobre la cabeza de muchos pequeños empresarios,  tiene como consecuencia la progresiva desaparición de las clases medias que habían surgido en el país con el esplendor de la industria petrolífera en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta y con el consiguiente empobrecimiento de la población que, incluso teniendo un trabajo estable en muchos casos, ve como su capacidad adquisitiva es cada vez es menor.
La inseguridad es otro elemento que perturba gravemente la vida cotidiana de un venezolano normal: los robos, los secuestros exprés y los asesinatos están a la orden del día. Caracas es, por méritos propios una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo solo por detrás de Damasco, Bagdad o Kandahar. Solo un porcentaje mínimo de los hechos delictivos es resuelto por la fuerzas de seguridad, siendo necesario que el hecho haya tenido cierta relevancia o la víctima fuera un personaje conocido tal y como sucedió recientemente con el asesinato de una antigua Miss Venezuela y su esposo irlandés. Por otro lado, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad es irregular y, en numerosas ocasiones se denuncian arbitrariedades y negligencias, existiendo numerosos casos de detenidos que esperan durante meses en prisión preventiva sin que las acusaciones se concreten ni lleguen a ser condenados en un juicio justo. No es infrecuente tampoco la persecución policial del enemigo político por parte del poder, utilizando de manera artera lo que debería ser un servicio público neutral.
En esa situación, uno no puede dejar de estar en guardia cuando sale de un entorno seguro como una urbanización cerrada, un centro comercial o determinados barrios -y solo durante ciertas horas-. Los frecuentes atascos caraqueños, suelen ser una trampa en donde los denominados “motorizados” motoristas que por parejas y armados con pistolas atracan a los vehículos a su antojo y a la más mínima resistencia, confiados en su impunidad, no dudan en disparar a matar. Un pinchazo o una avería en el coche en determinadas carreteras, incluso de la red principal, puede comprometer la seguridad personal seriamente. En las zonas próximas a barriadas conflictivas como la de Petare, hasta los autobuses de las líneas de transporte público son asaltados a mano armada. En ese ambiente, salir del trabajo y regresar sano y salvo a casa todos los días constituye una aventura, una especie de lotería diabólica, que va generando en la población un estrés y, por qué no, también un cierto fatalismo. Ya no solo Caracas se ve afectada por la inseguridad, las principales ciudades venezolanas afrontan riesgos semejantes.
En paralelo, la permisibilidad del gobierno con la ocupación por los sectores marginales de la población de fincas privadas para la autoconstrucción de infraviviendas –los denominados ranchitos-, que se construyen de manera espontanea sin planificación ni obras públicas de saneamiento ni acceso al agua potable en una versión extrema de “urbanismo salvaje”, además de reforzar la marginalidad de grandes sectores de la población está propiciando un incremento de la insalubridad, con un aumento de enfermedades digestivas e infecciosas. Así, en 2013, se ha confirmado la aparición de más 150.000 nuevos casos de malaria y dengue, en muchos casos hemorrágico, que está alcanzando a zonas donde estas enfermedades anteriormente se habían conseguido erradicar o, al menos, disminuir su incidencia de manera importante.
Todo ello, a pesar de los recursos invertidos por el gobierno en sus misiones “barrio adentro” que pretenden extender una suerte de atención sanitaria primaria en estas barriadas; o en los destinados a la “Misión vivienda” orientada a la construcción de viviendas (solo se han construido 150.000 de las 300.000 previstas inicialmente) y que también ha recibido numerosas críticas, tanto por cómo y en donde se han expropiado los terrenos, cómo por la forma en la que han adjudicado estas obras públicas -sorprendentemente, a empresas chinas, rusas o búlgaras en vez de venezolanas- e incluso, por los procedimientos de asignación a sus destinatarios.
Esta realidad intenta ser minimizada y ocultada desde el gobierno venezolano. Durante estos quince años los medios de comunicación libres han sido acosados y atacados hasta que en la actualidad no existe ni un solo canal de televisión ni de radio con dimensión nacional que pueda emitir un discurso crítico con el gobierno. Todos emiten las mismas consignas e idéntico argumentario. Tan solo dos periódicos permanecen independientes y no sin dificultades. La más reciente, la derivada de la limitación impuesta por el gobierno a la importación de papel. Los periodistas y los intelectuales críticos también son condenados sin piedad al ostracismo, cuando no detenidos o golpeados.
Junto a una oposición que resiste como puede el ninguneo y el asedio de un poder casi absoluto, la universidad es una de las pocas instituciones que aún permanecen como baluarte de lucidez  pese a encontrarse ahogada por la carencia de recursos y la presión del entorno, por ello tiene cierta lógica que sea en los estudiantes universitarios donde ha prendido por fin la mecha de la rebeldía y del inconformismo.
Hace poco más de un mes, mientras tomábamos un café en su despacho repleto de premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales, un célebre director teatral y profesor universitario, -que tras la marginación oficial ahora se encuentra relegado montando sus creaciones en un espacio casi underground- me confesaba que a su juicio Venezuela había caído en una miseria material y ética sin precedentes y que casi ya no veía futuro ni salida.  Sin embargo, viendo como un sector relevante de la población ha decidido poner pie en pared y ha plantado cara al régimen para que, al menos, el desastre no siga consumándose a costa de su pasividad y como la juventud, con la vitalidad y la energía que le es propia, acomete sin miedo un día tras otro las marchas de protestas, es posible que en estos días haya recuperado un poco de esperanza.