Flash Derecho: La charla-debate de Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano

Recordarán nuestros lectores que hace unos días anunciamos para este pasado viernes una conferencia-debate de Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano. Aquí están los interesantes y muy recomendables enlaces a sus  intervenciones:

 

Jesús Fernández-Villaverde:

 

Luis Garicano:

El divorcio exprés del Partido Socialista de Madrid con la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización y control del Sector Público de la Comunidad de Madrid, que es una de las 13 Comunidades Autónomas que cuenta con un organismo de este tipo (se trata de los tribunales de cuentas autonómicos).

La Cámara de Cuentas está de actualidad en los medios de comunicación por las recientes críticas, vertidas por el Partido Socialista de Madrid (PSM), a raíz de la publicación de un informe de fiscalización sobre el servicio de recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes del municipio de Parla (ejercicios 2010 y 2011). En este informe podemos leer cifras impactantes, como por ejemplo que Parla acumuló 80 millones de deuda por la recogida de basuras en cinco años y estuvo 47 meses sin pagar a la concesionaria.

Este informe no ha sentado bien en el seno del PSM, que ha denunciado que la Cámara de Cuentas es un órgano “sectario” y “manipulado por la mayoría del PP”, que usa la Cámara para acosar a los ayuntamientos socialistas -haciendo informes repetidos y manipulados- mientras que obvian la fiscalización de los ayuntamientos gobernados por el PP tocados por la trama Gürtel, por las cuentas en Suiza, etc. Asimismo el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar la actuación de la consejera de la Cámara de Cuentas Concepción Ruano ya que “no está guiada por los principios de objetividad, independencia y rigor en el desempeño de su función”.

Lo primero que me sorprende es que el PSM clame a estas alturas contra la politización de este organismo, cuando lleva años negociando con el PP los consejeros que forman parte de la Cámara Cuentas. La última ocasión en diciembre de 2012, cuando de los 7 componentes, 5 los propuso el PP y 2 el PSOE. Yo no estoy metido en política, pero supongo que si te repartes los puestos del consejo de un organismo público es para interferir en el funcionamiento del mismo o al menos para tener la capacidad de hacerlo llegado el caso. Desde luego que con este sistema de elección del Presidente y Consejeros de la Cámara de Cuentas, la independencia en el ejercicio de sus funciones queda en entredicho.

Lo segundo que me sorprende es que pidan la reprobación de una de las consejeras de la Cámara de Cuentas, por tener una “vinculación directísima” a través de su entorno familiar con el Presidente Ignacio González, cuando otra de las consejeras (propuesta por el PSM) es del entorno de Carme Chacón según indica El País en esta noticia. Visto lo visto, hay que saber diferenciar bien entre los niveles de vinculación con un partido político: está la “directísima” y luego diferentes matices: colaboradores, personas del entorno, confiables, etc etc. Solo se pide la reprobación del consejero de turno si está muy vinculado con el partido, en caso contrario se considera lo normal. ¿No será mejor elegir a profesionales independientes de reconocida experiencia para estos puestos? Parece que no, ya que lo propuso UPyD y el resto de grupos de la Asamblea de Madrid lo rechazó (PP, PSOE, IU).

Lo tercero que me llama la atención es que, viendo la relación de los informes de fiscalización de los años 2012, 2013 y lo que llevamos de 2014, no aprecio con tanta claridad como el PSM ese afán de persecución contra Parla. En relación con el municipio de Parla hay dos informes: el “polémico” de la recogida de basuras y otro de fiscalización del propio ayuntamiento y sus entes dependientes. Pues bien, Alcalá de Henares ha sido objeto de la misma fiscalización, mientras que hay tres municipios más a los que se les ha fiscalizado el servicio de recogida de basuras y otros cinco que han sido objeto de una fiscalización integral. Eso sí, echo en falta como reclama el PSM que se incluyan municipios afectados por la trama Gurtel.

De todos modos, por fortuna para el actual alcalde Parla, para su predecesor y a la sazón líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez y para en general cualquier regidor municipal, con los informes que realiza la Cámara de Cuentas pasa lo mismo que con los del Tribunal de Cuentas: se pueden ignorar sus recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Comprobado. Eso sí, generan intercambios de acusaciones infructuosas y subidas de tono entre el PP y el PSOE: pim, pam, pum… y poco más.

Aunque parece que el PSM puede reconciliarse con la Cámara de Cuentas ya que, junto con el resto de grupos de la Asamblea de Madrid, ha votado a favor de la iniciativa de UPyD para que la Cámara fiscalice las subvenciones para empresas, asociaciones empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la impartición de acciones formativas para el empleo, en el marco de las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de Madrid (en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013). La presunta estafa millonaria de los cursos de formación ha vuelto a unir a todos los partidos en torno a la Cámara de Cuentas, veremos lo que dura…

Orden público y participación política

Varios de los editores de ¿Hay Derecho? coincidimos casualmente en las proximidades de las “marchas de la dignidad” del pasado sábado 22 de marzo y pudimos ver parte de lo que ocurrió. Y lo cierto es que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión porque es importante y va in crescendo: manifestaciones, escraches, acosos, el 15-M, paralización de desahucios, invasión de fincas militares por representantes del pueblo, etc. De hecho, en el libro que hemos escrito y que pronto se publicará (se llamará también ¿Hay Derecho?), dedicamos un capítulo a esta cuestión bajo el título “La ley de la calle”. Ya me han advertido los otros editores de que no debo destripar nuestro libro, pero creo que decir algo generará expectación (esperemos), aunque sean unas consideraciones generales y muy obvias, como estas.

Bajo muchos de estos sucesos se encuentra una tensión evidente entre el orden público y la legalidad y la legítima expresión de descontento y aspiraciones. Por partir del último de los sucesos, lo cierto es que en el tema de las marchas de la dignidad hay muchos factores en juego, y según la tendencia del analista se destaca uno u otro. Por un lado, no cabe duda de que la deriva institucional, los recortes, los agravios comparativos, las injusticias o la corrupción han generado un estado de ánimo que genera pulsiones propensas a la manifestación, la reivindicación y la protesta, dado que los cauces habituales parecen estar embotados y no canalizan las necesidades, cosa perfectamente comprensible y justa. Pero por otro, parece también claro, a medida que pasan los días, que entre los manifestantes se camuflan grupos que distorsionan la manifestación para convertirla en algo violento y contrario a la ley que unos ven como una ataque al Estado de Derecho (Cosidó: “escalada de violencia que busca desestabilizar es Estado de Derecho”) y otros disminuyen su importancia (“la verdadera violencia son los recortes”) o simplemente niegan su existencia (ver aquí y aquí)

Desde un tercer punto de vista, pareciera que las autoridades actuales tienen mucho reparo a usar la represión en un momento muy delicado políticamente porque la sensibilidad está a flor de piel, y quizá porque consideran que su posición no es muy firme por su forma de afrontar la crisis (“problemas de coordinación”); los jueces sueltan a todos los agresores de policías menos a uno, quizá debido a nuestra normativa garantista o porque a los jueces les pasa lo mismo que al ejecutivo (Juez: “no quisieron causar daños”) Tampoco la oposición acaba de oponerse del todo a estas manifestaciones violentas, quizá, aventuro, porque le parece más rentable alentar la protesta contra el gobierno que defender la ley y el orden (aquí)

La conclusión de todo ello es que, ya sea por una cosa o por otra, la ley se vulnera de una manera u otra y además la legítima protesta se distorsiona porque lo único que aparece mediáticamente es la violencia.  Al respecto de todo ello cabe decir varias cosas. Lo primero, lo obvio, es que no todas actuaciones callejeras, revueltas o expresiones populares son iguales en sí mismas ni ocurren en escenarios similares. Por un lado, no es igual una manifestación de protesta que cumple todos los requisitos legales y reglamentarios que romper contenedores o agredir policías, el escrache o la invasión de espacios públicos, fenómenos como el del Gamonal o la paralización de desahucios. Todos son diferentes, a veces responden a finalidades distintas y sólo se identifican por ser modos de expresión del descontento. Pero hay una raya diferenciadora que debe ser básica en un Estado de Derecho: si suponen una vulneración de la ley o de los derechos de terceros o ambas cosas, y esta es la distinción que nos interesa aquí.

Pero, por otro lado, es evidente que no todos los contextos son iguales y así como en el ámbito penal la violencia proporcional en legítima defensa o estado de necesidad puede ser eximente de responsabilidad, también en el ámbito político y social pudiera ocurrir lo mismo. De hecho, en la antigüedad, cuando no existían demasiados canales de participación política, se desarrolló –incluso entre los escolásticos- el llamado derecho de resistencia contra leyes injustas que llegaba incluso a legitimar el tiranicidio en casos extremos. Y probablemente, en la actualidad, las revueltas en los países árabes contra dictaduras opresivas que no permiten discrepancia alguna y violan los derechos humanos pudieran entrar en el antiguo concepto del derecho de resistencia.

Ahora bien ¿cabe decir lo mismo de los países democráticos? Y más concretamente, ¿están justificadas ese tipo de actitudes –las ilegales o perjudiciales de derechos de terceros-  en nuestro país, a la vista del deterioro de las instituciones que tantas veces se denuncia en este blog? Es evidente que podemos compartir –y compartimos- muchas de las inquietudes y de la  indignación que animan a este tipo de manifestaciones (no todas, porque de lo que se trata es precisamente de distinguir lo razonable de lo que no lo es) pero lo que nos preguntamos es si tales comprensibles estados de ánimos son suficientes para romper la estructura legal y el orden público. Pues bien, la respuesta a esa pregunta, para mí, es clara: no.  Pero ese “no” debe matizarse según a quien nos dirijamos.

Desde el punto de vista de las autoridades obligadas a aplicar la norma, jueces y medios de comunicación, cabe decir que la condescendencia, lenidad y comprensión con estos atentados al orden público es abrir la caja de Pandora, que Zeus ordenó no abrir. En un país como el nuestro en el que, al menos formalmente, hay un Estado de Derecho, que significa que hemos renunciado al ejercicio de la violencia a favor del Estado para que garantice la seguridad y la justicia, no caben los actos vandálicos y demás infracciones legales, que involucran también derechos de terceros (comerciantes de la puerta del Sol, mobiliario urbano, la integridad física de mucha gente…) que el Estado debe proteger. No se me escapa, por supuesto, que es habitual que cuando la gente lo está pasando mal haya brotes de violencia (el motín de Esquilache, aunque en apariencia se debió a la prohibición de la capa, en realidad se debió a la liberalización de la tasa del pan y el hambre) y que muchas reivindicaciones están justificadas, pero ya los defensores medievales del derecho de resistencia exigían enormes cautelas (que todos recursos pacíficos hayan quedado agotados, reunir al pueblo para tomar esta decisión crucial o al menos consultar a algunos “hombres graves y eruditos”) para saltarse la ley. La democracia es respeto a las formas y a los procedimientos y si una parte rompe su parte del contrato y recurre a la violencia, quizá quieran hacerlo otros: la violencia significa querer imponer a todos decisiones de parte sin seguir los procedimientos.

Desde el punto de vista de la ciudadanía que protesta, no vamos a negar, pues es cierto, que la situación de deterioro del sistema de control de las instituciones y la separación de poderes es grande y que la Constitución se ha convertido en una especie de zombie, más muerto que vivo, en el la participación ha quedado reducida en la práctica al voto cada cuatro años, a cuya captura dedican los partidos políticos sus máximas energías cuando se aproximan las fechas. Ello justifica las manifestaciones, críticas y movilizaciones, pero no que se incumpla la ley o se altere el orden público. Es evidente que lo más cómodo, ante una situación que no nos gusta, es enfadarse, a modo de un niño que tiene una rabieta, y romper contenedores y escaparates. Seguramente nos sentiremos mejores personas pensando que hacemos justicia y nos desahogaremos de nuestras penas. Quizá hasta a lo mejor pasamos un rato divertido alternando y conociendo gente. Y probablemente no tenga ningún coste.

Pero me temo que esta actitud no sólo no está bien, es que seguramente es muy poco eficaz para cambiar las sólidas estructuras de la partitocracia. Ser un ciudadano responsable exige más esfuerzo, pero también es más eficaz, a la larga. Y es que ser ciudadano no es solo tener derechos. Tenemos también cargas si queremos que los derechos funcionen. Y ello vale tanto para los que protestan violentamente como para los que deciden pasar de todo y luego se quejan. En una democracia no cabe, como en las dictaduras, aguantarlo todo estoicamente hasta que no podemos más y rompemos la baraja. Ser ciudadano cuesta esfuerzo y quizá algún disgusto: hay que formarse un verdadero criterio y, una vez formado, ser capaces de cambiar nuestros sesgos cognitivos y dejar de votar lo mismo que habíamos votado, o simplemente significarse, mojarse o manifestarse para convencer a los demás de que hay algo que se está haciendo mal. Pero el premio es que las cosas cambien.

Sin lugar a dudas, el establishment ha intentado minar todos los canales de participación política y dejarlos limitados al formalismo de la votación, que ya se encargaran de adaptar a sus necesidades cuando llegue. Pero está en nuestras manos no aceptar esa situación: somos los dueños y podemos revocar el poder cuando queramos, que para eso son las elecciones que, por cierto, se nos presentan en un breve plazo. Aprovechemos la oportunidad de mostrar nuestra opinión sin prejuicios.

Concienciémonos: para cambiar las cosas no es suficiente, ni justo, dar voces y romper cosas. Pero hay caminos.

Flash Derecho: ¿Hay Derecho? Mejor blog jurídico 2013 en la IV Edición de los premios Derecho en Red.

Tenemos la satisfacción de comunicar que la Asociación “Derecho en red”  nos ha concedido el premio a la “mejor bitácora jurídica” 2013.

El éxito del blog no se habría logrado si no fuera por el importante trabajo de los colaboradores que desinteresadamente contribuyen con sus post a tratar temas de máxima actualidad y,  por supuesto, también a los comentaristas que cada día enriquecen el debate.

Premios como éste nos animan a seguir trabajando por la regeneración democrática de nuestro país,  la defensa del Estado de Derecho, y  la mejora de nuestra calidad legislativa. Todo ello -claro está-  desde la libertad y el respeto.

La entrega del premio ha tenido lugar hoy sábado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja  y  ha sido recogido amablemente por nuestra amiga y compañera Rosana Pérez Gurrea.

¡Muchas gracias a todos!

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad que corresponde asumir individualmente a los profesionales del sector legal ante la sociedad

En los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema recurrente en los foros de gestión y dirección. También el sector legal la tiene en su agenda. Instituciones como el CGAE, alguna que otra institución colegial y privada como por ejemplo la Fundación Aranzadi Lexnova, Scevola, Civio y la Fundación Pombo, vienen promoviendo iniciativas de distinta índole dirigidas a que el sector asuma responsabilidades ante la sociedad. Está claro que las corporaciones (C) deben revisar sus estrategias y rehacer sus políticas para lograr además de los objetivos financieros, otros igual de importantes como la satisfacción de sus empleados, el retorno a la sociedad en el contexto en el que desarrollan su actividad o la sostenibilidad medio ambiental.

Sin embargo, poco se habla de otro concepto, también clave, al que he bautizado como Responsabilidad Social Individual (RSI), es decir la que nos corresponde asumir como individuos que formamos parte de una sociedad, y que en el caso de quienes hemos obtenido la licenciatura de Derecho, se me antoja aún más exigible en tanto en cuanto se nos debe presuponer una mejor compresión del sistema legal y en general, del entorno institucional, político y económico en el que vivimos.

Recuerdo aún como en primero de carrera nos explicaban esa idea de que el Derecho estaba en todo. Con el tiempo no he podido más que comprobar la verdad casi absoluta de esa afirmación. Y si a través de las lentes del Derecho se puede entender casi todo, ahora que los datos que arrojan las encuestas sobre el estado de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el sistema en general es tan demoledor, ¿no debería la responsabilidad de todos nosotros ante esta compleja situación, con un sistema tan cuestionado y debilitado, resultar  aún más exigible?

A continuación profundizo sobre esta idea de la RSI y lo que entiendo que debería conllevar asumirla y llevarla a la práctica:

1.- Los profesionales del Derecho debemos ser soldados de nuestras  obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia.

Los profesionales del Derecho tenemos que aprender a escribir y a informar respetando esos principios. No debería volver a ocurrir lo que describe este párrafo de un sentencia, dictada hace sólo unos días por la sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con un contrato de una entidad bancaria de primer orden: “se trata de conceptos y términos descriptivos de los que no es fácil, por no decir imposible, saber a qué ha de atenerse el cliente a partir de la firma del swap. Es un contrato complejo, excesivamente técnico, de mala  y peor sintaxis, y en alguna de sus partes ininteligible. Por lo que del examen del documento no cabe inferir ni se puede afirmar que la información dada al cliente sea ni mucho menos adecuada a la naturaleza y riesgo (que luego cristalizarían) propios del swap en la fecha en que fue suscrito.” Además, del problema de la imposibilidad de comprender el contrato, para el juzgador, la información suministrada al cliente fue juzgada como escasa e insuficiente.

Sería realmente triste pensar que tengamos que esperar a que en nuestro país nazca una persona capaz de asumir el rol que jugó ya en el año 1971 en el Reino Unido, Chrissie Maher como ideóloga y promotora del movimiento “Plain English” (que marcó un antes y un después en el Reino Unido al ser capaz de movilizar a los profesionales con responsabilidades en la redacción de documentos jurídicos a sumarse a su campaña) para asumir nuestro rol de “ser soldados de las obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia que exige nuestro ordenamiento jurídico”.

2.- Los profesionales del Derecho debemos ser guardianes de los mecanismos de los que está dotado el sistema y utilizarlos siempre de forma modélica, con el fin de que devenga aún más sólidos y funcionen

Es nuestro deber ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía en el cumplimiento y respeto del marco legal y de las decisiones de los jueces y magistrados. Nuestro colectivo no puede permitirse situaciones como la presuntamente protagonizada por el abogado defensor de uno de los imputados en el caso Nóos, que a pesar de la prohibición expresa de entrar en la sala con dispositivos electrónicos, aparentemente decidió grabar el interrogatorio de la Infanta y difundirlo con posterioridad y que acaba de ser imputado por revelación de secreto.

Otro ejemplo, disponemos de un mecanismo que podría ser extraordinariamente útil para prevenir focos de conflictos como el registro de condiciones generales de contratación en el que se inscriben las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes (es decir, la mayoría de las incorporadas a los contratos bancarios) y  cuya versión on-line está ya a disposición de todos los ciudadanos 365 días al año y 24 horas al día”. ¿Y estando dotados de una herramienta tan útil para la prevención del conflicto no podríamos nosotros profesionales que entendemos de leyes y contratos desarrollar, a través de las asociaciones profesionales o incluso de nuestros propios colegios profesionales,  una actividad que permita ejercer acciones de cesación para que se eliminen a través de Sentencia aquellas condiciones que sean nulas?

3.- Los profesionales del Derecho debemos convertirnos en arquitectos e incluso activos promotores del cambio cuando sea necesario someter el ordenamiento o el sistema a debate o realizar alguna reforma.

Es un hecho probado que en los países más desarrollados, el nivel de implicación de la sociedad civil es mayor.  La participación en asociaciones y organizaciones diversas fomenta las relaciones de reciprocidad, facilita la comunicación y colaboración entre  individuos y constituye un pilar de la sociedad civil y la democracia pluralista. La fundación BBVA realizó hace unos años un interesante estudio sobre el capital social del que se concluía que “en todos los países estudiados las asociaciones que trabajan en lo que posiblemente serán algunos de los grandes desafíos de los próximos años ―la preservación del medio ambiente, la salud, la ciencia, los derechos civiles― son las que muestran tasas relativamente bajas de miembros participantes”.  Éstas últimas si alguien tiene que promoverlas somos nosotros,  ¿a qué esperamos? Asumamos nuestra RSI, hay mucho trabajo esperándonos. Debemos participar en aquellas iniciativas en las que creamos podemos aportar valor.

 

La solución

¿Puede hacerse algo para que un colectivo dotado de soldados, guardianes, arquitectos y promotores tan capaces como el que conforma el sector legal de nuestro país se movilice en pro de la lucha contra la corrupción y en defensa de la imagen de marca país, confiable y seguro que tenemos? Seguro que sí. Se me ocurren al menos tres acciones:

  1. Más formación adicional, obligatoria y continua de los profesionales del Derecho en materias como la ética y la dialéctica, la comunicación oral y escrita, la negociación y la mediación.  Y la inclusión entre los servicios ofertados por los Colegios Profesionales de sistemas de certificación  y acreditación de los conocimientos y experiencia de los profesionales.
  2. La mayor involucración de todo el que pueda en aquellas asociaciones y foros  en los que se traten las cuestiones clave para el futuro del país y se luche por la mejora del sistema y la defensa de los derechos civiles.
  1. La creación de un observatorio que haga las veces de Think Tank y lugar de encuentro sobre ética y responsabilidad.
  1. Dar visibilidad y premiar no sólo a las empresas y corporaciones, no sólo a los que más facturan, sino a aquellos individuos del sector legal que más aportan a la sociedad, entendiendo dicha aportación en un sentido amplio y moderno, como ejercicio exitoso de la responsabilidad individual.

Licenciados en Derecho, tomemos consciencia de nuestro deber para con la sociedad y trabajemos para que sea realmente predicable de todos nosotros la visión que José Juan Toharía afirma tiene el ciudadano de los abogados, “una figura auxiliadora clave, por su pericia profesional, para todos los que tengan que transitar (y ocurre que ahora tenemos que hacerlo prácticamente todos) por este nuevo e inmenso mundo de normas, regulaciones y procedimientos, en permanente ensanchamiento y cambio”. Seamos útiles, pero sobre todo asumamos nuestro rol de soldados, guardianes, arquitectos y promotores de un sistema jurídico mejor, en suma de agentes de un cambio que hoy es más necesario que nunca.

 

 

¿Conoce el regulador el sentido último de sus propias instituciones?

Uno de los fenómenos más reveladores de la deficiente preparación de nuestras élites dirigentes es la ligereza con la que toman decisiones completamente contradictorias con el sentido último de nuestras instituciones fundamentales. El defecto es imputable tanto al legislador como a nuestros Tribunales Superiores (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), pues no cabe desconocer que su jurisprudencia está llamada a desempeñar una función de regulación general innegable. He tenido oportunidad de tratar este tema recientemente en dos columnas referidas específicamente a cuestiones de Derecho Privado, una publicada en Expansión (aquí) y otra en la revista El Notario (aquí), pero el fenómeno es completamente general, y me gustaría tratarlo un poco más extensamente en este post.

Pienso que una de sus posibles explicaciones está relacionada con la falta de una adecuada formación en el campo del análisis económico de las instituciones. En un mundo en el que el impacto social de unas buenas instituciones ha sido resaltado hasta la saciedad, ese déficit resulta grave, especialmente cuando afecta a los que toman las decisiones en el vértice de la pirámide. Probablemente esta materia tendría que enseñarse en el bachillerato, pero, desde luego, nadie debería terminar la carrera de Derecho sin una sólida formación al respecto.

Cuando el regulador pretende resolver un problema puntual -ya sea de índole particular a través de una sentencia, o de carácter más general por medio de una norma- es imprescindible que proceda previamente a valorar su impacto en el conjunto del sistema, no sea que buscando hacer justicia (o “política”) en un caso se termine generando más injusticia en otros. No se trata en absoluto de subordinar todo a la eficiencia económica, sino más bien de comprender que el verdadero sentido de la justicia está íntimamente ligado a la seguridad jurídica y al armónico funcionamiento de las instituciones. En un mundo tan interconectado como el actual, “dar a cada uno lo suyo” según la clásica definición romana de la justicia, exige una previa reflexión técnica que debe ir más allá de la mera intuición. No es que ésta no sea importante, es que no es suficiente.

Este es un problema que nuestro país arrastra desde antiguo y en el que apenas se ha mejorado nada, más bien creo que se ha empeorado, y que tiene cierta relación con lo que denunciaba Álvaro el otro día (aquí). En una famosa conferencia pronunciada en Madrid en 1948, que parece dictada después de leer el nombre de nuestro blog, un insigne profesor señalaba lo siguiente:

Hoy ya nadie tiene derecho porque no hay Derecho, pues es no haberlo que, por puro azar, queden como islas flotantes tal y cual institución de Derecho privado que, rota la arquitectura integral del sistema jurídico, se degradan hasta ser meros e insustanciales reglamentos. De nada sirve que siga funcionando la parte del Código Civil que prescribe sobre la propiedad si nadie sabe hoy lo que mañana va a ser su propiedad”.

Y para explicar la razón de esta deriva, comparaba nuestra obsesiva preocupación por eso que llamamos “justicia” con las que inquietaban a los romanos: “quizás no ha habido ninguno al quien menos preocupase eso que vaga e irresponsablemente nosotros llamamos justicia. Por lo mismo que sabía muy bien, bajo la iluminación de una sorprendente intuición, que no hay dentro de lo humano ninguna forma de conducta que pueda considerarse, de modo último y absoluto, como superior a las demás y a la que, por tanto, todas las demás tengan que supeditarse y hasta anularse; como sabía que no hay, por ejemplo, ni puede haber nada que sea absolutamente eso que nosotros llamamos hoy justicia y que mañana nos parecerá injusticia”.

La aspiración del Derecho romano es englobar bajo la figura de una institución jurídica un compromiso, un acuerdo social, y luego dotarle de una estabilidad con vocación de inmutabilidad. Por eso “el romano reforma su Derecho a regañadientes, lentamente, gota a gota y nunca destruye el torso estructural de sus instituciones, de suerte que justamente en su modo de reformar el Derecho es donde mejor se manifiesta la conciencia romana de que el Derecho es por sí mismo lo irreformable.” Y terminaba afirmando: “Con la idea romana y la inglesa contrasta la actitud ante el Derecho de los pueblos europeos continentales desde hace dos siglos”.

¿Saben quién era ese insigne jurista? Hagan el intento, pero creo que no lo van a adivinar.[1]

Hoy seguimos obsesionados con una visión de la “justicia” todavía más adulterada que aquella. Porque en la política está mezclada con la demagogia y con el interés electoral a corto plazo, y en la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores con la arbitrariedad propia de la justicia del Cadí. A nadie le preocupa lo más mínimo la congruencia de sus decisiones con el sistema y los riesgos sociales derivados de la incertidumbre. De ahí que las reformas se sucedan con una vorágine desatada, sin criterio alguno ni análisis sobre su repercusión y costes; que las secciones de una misma sala puedan dictar sentencias contradictorias sobre asuntos idénticos y que la jurisprudencia se contradiga constantemente a sí misma. No es de extrañar que los tribunales inferiores apenas la respeten.

Pero ya no es sólo una cuestión de incertidumbre. El problema más grave es, como denunciaba al principio, de desconocimiento del sentido de determinadas instituciones; en definitiva, del sentido de ese pacto o acuerdo social al que dan forma, ya sea un pacto decantado por el tiempo o creado por una razón común y reflexiva. En las columnas que mencioné al principio se citan algunos ejemplos relacionados con el documento público (producto sofisticado, sin duda, pero no incognoscible) pero para que no se me tache de rancio corporativismo añado otro sobre el mismo tema: choca también la resistencia de nuestros jueces a sancionar a notarios por conductas impropias cuando –afirman- “no ha habido perjuicio para nadie”. Tal cosa implica ignorar completamente el daño que tales conductas provocan al tráfico en su conjunto, pero para ser consciente de ello es necesario comprender antes, entre otras cosas, el valor económico de la reputación (aquí).

No se confundan, no soy un converso del análisis económico del Derecho. De hecho, escribí hace unos años un artículo apuntando sus limitaciones a la hora de resolver problemas jurídicos (aquí). Pero una cosa es confundir la Justicia con la eficiencia entendida en un sentido estrecho, y otra distinta despreciarla como si no aportase nada a la propia comprensión de la Justicia.

Si, como demandaba Ortega, queremos que la Justicia tenga un mínimo sentido técnico para el jurista y no sea algo “vago e irresponsable”, es necesario mucho más rigor y estudio, y para eso el análisis económico aporta una metodología y unos resultados extraordinariamente valiosos. Al final, seguramente, no llegaremos a conclusiones muy diferentes de las que alcanzaron los romanos combinando sólo intuición y dialéctica griega, pero en un mundo infinitamente más complejo en el que esos pactos sociales resultan mucho más difíciles de conseguir y, sin embargo, extraordinariamente fáciles de liquidar.

 



[1] José Ortega y Gasset, Una interpretación de la historia universal, lección XII (los subrayados son míos).  Gracias JJ por la referencia.

El IVA y la reforma fiscal. Instrucciones de uso

“…Todo esto fuera bien escusado, respondió Don Quijote, si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con sólo una gota se ahorraran tiempo y medicinasLuego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana…” El Quijote Cap. X.

  Los orígenes

En la situación actual de crisis y ante la perspectiva de una reforma fiscal hay dos preguntas de actualidad: La primera es si la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es suficiente para combatir el déficit en las cuentas públicas. La segunda si  tiene sentido compensar el  incremento del IVA con una correlativa disminución de las cargas sociales. Para responderlas conviene  hacer una breve referencia  histórica.

En el año 1986 España se adhirió a las Comunidades Europeas e implantó IVA. Las  autoridades comunitarias exigieron tal implantación por su  neutralidad en el comercio entre Estados miembros al no incorporarse al precio de los productos y por afectarse un 1% de su base imponible al presupuesto de ingresos  comunitario.

Hace tiempo sin embargo que el IVA rebasó el ámbito europeo y hoy es ya un “impuesto global” vigente en gran numero de países. Esto se explica por razones  técnicas y, sobre todo , por su gran capacidad recaudatoria dada la amplitud de su base imponible, así como por la simplicidad en su gestión. No es de extrañar pues que cualquier legislador tributario o Ministro de Hacienda recurran  a este impuesto en situaciones de importante y/o urgente necesidad financiera. En los países de la UE- se observa a lo largo del tiempo una tendencia al alza en el impuesto instrumentada  mediante incrementos en sus tipos de gravamen.

Nuestro país tampoco ha sido ajeno a este fenómeno. Desde que el IVA se estableció en España el “tipo general” se ha modificado al alza en cinco ocasiones, pasando desde el 12%  hasta el 21 %. , lo que ha supuesto a lo largo de todo el período un incremento del 75%.  En la actualidad el tipo medio español ha alcanzado ya el nivel medio europeo .

La situación es distinta en cuanto a los tipos reducidos. La normativa comunitaria  permite que, para determinados bienes y servicios incluidos en una  “lista cerrada“,  pueda aplicarse un “tipo reducido” de un mínimo del 5%. No obstante algunos países -caso de España, Francia o Italia- pueden aplicar además un “tipo superreducido” inferior que en el caso español es del 4%. Excepcionalmente algunos países – Irlanda, Malta y Reino Unido- pueden aplicar un tipo 0% a determinados productos.

Crisis y ajustes fiscales

Ofrecen especial interés las dos últimas subidas de IVA realizadas en España (en 2010 con gobierno del PSOE y en 2012 con gobierno del PP) por su proximidad en el tiempo,  por haberse producido en el contexto de “la crisis” y, finalmente por que quizás sean precedentes de medidas análogas en el futuro.

En la Ley de Presupuestos para 2010 el Gobierno socialista incrementó en dos puntos el tipo general del IVA, lo que dio lugar a un llamamiento a la rebelión fiscal por la militante del Partido Popular a la sazón Presidenta de la Comunidad de Madrid. Según el Gobierno socialista tal medida fue insoslayable, no para introducir mejoras de técnica tributaria, sino por exigencias perentorias de consolidación fiscal planteadas por la UE , el FMI y en general por los  mercados financieros.

En el año 2012 , con Gobierno del Partido Popular en el poder como resultado de las elecciones generales de Noviembre  2011 , se aprobó una subida generalizada de tipos de IVA y ello a pesar del compromiso de bajar los impuestos contenido en su programa electoral. Su resultado fue que el tipo “general” pasó del 18 al 21 %, el “reducido” pasó del 8 al 10%, mientras que el tipo “super-reducido “ se mantuvo en el 4%. Según el Gobierno tal medida fue indispensable, no por razones  técnicas, sino para afrontar una insostenible situación de déficit heredada del Gobierno socialista anterior. Ulteriormente se han aprobados medidas que han supuesto una resignación a tipos más altos para determinados  bienes y servicios.

Hacia una  reforma fiscal

Como  he indicado antes el recurso al IVA, en circunstancias de avidez de financiación, se explica por su potencia recaudatoria, y por ser fácil la instrumentación practica de las subidas. Por ello en tiempos difíciles el IVA suele ser el remedio al que a cualquiera se le ocurre acudir para abordar los problemas del momento. Nada hay en ello de especialmente original.

Sin embargo en el caso de España los problemas actuales son de mayor alcance, tras más de cinco años de severa crisis económico-financiera -con cifras de paro y endeudamiento insostenibles y con dificultad para cumplir los sucesivos objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea- ya nadie discute la necesidad  de reformar el sistema tributario español en su conjunto  A ello se ha comprometido el Gobierno ante la UE, y a tal efecto se nombró la comisión de expertos encargada de diseñar las grandes líneas de la reforma.

Las  consideraciones anteriores sirven para apreciar mejor las diferentes recomendaciones  –a veces perentorias y en la mayor parte de los casos arropadas bajo el manto de una necesaria “consolidación fiscal”–  formuladas tanto  por la UE, el BCE, el FMI, como por los mercados financieros.

Pues bien, me parecen explicables y lógicas las recomendaciones hechas a España de  reforma del sistema tributario en su conjunto para afrontar los problemas de financiación con perspectiva de futuro. Sin embargo, estimo que no lo son tanto las medidas referidas exclusivamente al IVA, ya consistan en incrementos de tipos de gravamen, o en combinar simultaneamente subida de IVA y correlativa bajada de cotizaciones a la Seguridad Social como medida de alcance coyuntural.

Creo que hacer pivotar básicamente en el IVA el esfuerzo de consolidación fiscal -, aunque sea a corto plazo  supone atribuirle un papel a la vez excesivo e insuficiente  convirtiéndolo en “panacea” o “bálsamo” que todo lo cura.

Aunque en el momento en que escribo la comisión de expertos designada por el Gobierno todavía no ha publicado integramente su informe, la prensa  ha avanzado ya algunas primicias al respecto. Se publica que “El comité de sabios plantea al Gobierno fórmulas para subir el IVA y bajar cotizaciones sociales y que la combinación de ambas medidas permitirá ganar competitividad exterior e impulsar el empleo”.

Parece que -al menos  por el momento- el Gobierno no se muestra receptivo a esta  propuesta. Según declaraciones del Ministro de Economía : “El Gobierno ya ha tomado medidas importantes en relación con el IVA, no se van a producir modificaciones sustanciales en absoluto del impuesto sobre el valor añadido“, y en relación con las cotizaciones sociales destacó que el Ejecutivo “acaba de aprobar una tarifa plana de 100 euros que supone una bajada de las cotizaciones”, una medida que consideró que es muy importante”. (El Mundo 12.03.14).

Comparto en buena medida este criterio ya que, aun estimando necesaria alguna reducción de las cotizaciones sociales (verdadero gravamen sobre el trabajo y empleo) considero que el coste de dicha reducción debe asumirse  por el conjunto de los ciudadanos -via Presupuesto- con cargo a lo recaudado por los diferentes conceptos de ingresos y no sólo por los consumidores -via IVA- con cargo a la recaudado por este sólo Impuesto. Considero que esta formula propuesta por los expertos, que algunos califican de “devaluación fiscal “, atenta además a un sólido principio de ortodoxia presupuestaria que exige que la totalidad del presupuesto de ingresos financie la totalidad del presupuesto de gastos y prohíbe afectaciones parciales de unos a otros.

Por otra parte es de temer que tanto las propuestas de reforma fiscal de los expertos como las que en su día sean asumidas por el Gobierno en sucesivas etapas (se prevé  un calendario de reforma  205/207) ignoren el problema básico de nuestras finanzas publicas que alguien ha calificado recientemente como “desaforado nivel de gasto publico” y la necesidad de una drástica reducción del mismo en los diferentes niveles de gobierno: central, regional y local.

Hay que reconocer que el diagnóstico inicial de este “mal nacional” y la propuesta de medidas para afrontarlo -en los que  ha sido pionero el partido político UPyD– hoy en día  es aceptado ya por la opinión publica en general y por los diferentes partidos políticos. Urge sin embargo llevarlo a la práctica adoptando medidas  concretas  de recorte de gastos que son siempre difíciles.

Dicho esto y volviendo al terreno de los ingresos, que es el campo propio de una reforma fiscal, estimo que, para garantizar la suficiencia financiera del sistema, son prioritarias las siguientes acciones:

  • Lucha decidida contra el fraude fiscal.
  • Revisión a la baja de incentivos fiscales en los diferentes impuestos.
  • Reducción selectiva de las cotizaciones sociales , financiada con cargo a los PGE
  • Paulatina supresión de los regímenes de estimación objetiva de bases imponibles: módulos (en el IRPF) y  simplificado (en el  IVA).
  • Posible reasignación de tipos de IVA, aplicable  a  bienes y servicios concreto, al alza o a la baja.

 

No considero conveniente ahora una subida del tipo general del IVA, ya que ha sido objeto de incrementos sucesivos recientemente.

 

 

REFLEXIÓN FINAL. Un sistema tributario no es sólo un instrumento para recaudar, sino que -sobre todo- debe servir de  marco para la convivencia. La tarea de su reforma ha de extenderse al conjunto de los tributos que lo integran y afectar a todos los ciudadanos en función de sus diferentes capacidades contributivas. La carga fiscal ha de distribuirse equitativamente entre las distintas manifestaciones de capacidad contributiva: renta, riqueza, consumo y tráfico de de bienes. Todo ésto, aunque pueda parecer obvio y ya sabido, es preciso recordarlo aquí ya que suele olvidarse con frecuencia.

A propósito del indulto y las sentencias del Tribunal Supremo. El caso del kamikaze.

En el año 2013 el Tribunal Supremo ha dictado sentencias relevantes sobre la figura del indulto, en las que se han planteado cuestiones del más diverso calado y alcance sobre temas nucleares de la configuración constitucional del Estado, como la separación de poderes, el ejercicio de la potestad de gracia, la titularidad de la potestad del indulto, la diferente construcción constitucional de los poderes del Estado, la categoría del acto político y su sometimiento a control por la jurisdicción contencioso-administrativa o el deber de motivación por el Gobierno de los actos derivados del ejercicio de potestades graciables.

Sin duda, los más de 100 folios de la Sentencia del Pleno de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2013, dictada en el Recurso nº 13/2013, dan para albergar razonamientos como los anteriores, al hilo de la anulación del Real Decreto 1688/2012, de 14 de diciembre, por el que se indultaba a don Cesáreo Parada González. Esta anulación representa una novedad de primer orden en nuestra jurisprudencia pues, como destaca la citada Sentencia en su fundamento jurídico 7º, desde el año 2001 la Sala se ha pronunciado en 32 sentencias sobre el indulto, siendo 28 sentencias sobre acuerdos de denegación y 4 sobre acuerdos de concesión del indulto.

En esta Sentencia, emitida en relación con el llamado indulto del kamikaze, puede apreciarse un notable esfuerzo de los magistrados integrantes de la Sala por ofrecer un razonamiento sosegado sobre las razones de sus diferentes posturas, concurrentes o discrepantes con la Sentencia del Pleno, incluidos en los 7 votos particulares, suscritos por 17 de los 36 magistrados integrantes de la Sala.

El Decreto de indulto presentaba el siguiente tenor literal:

Visto el expediente de indulto de don Ramón Jorge Ríos Salgado, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, sección cuarta, en sentencia de 17 de enero de 2011, como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños, a la pena de trece años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2003, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2012,

               Vengo en conmutar a don Ramón Jorge Ríos Salgado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa, que se satisfará en cuotas diarias de seis euros cuyo inicio y forma de cumplimiento serán determinados por el Tribunal sentenciador, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto”.

La cuestión esencial en el caso parece residir en si el Gobierno puede indultar cuando los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal son contrarios al indulto.

Debe tenerse en cuenta que la impugnación del indulto se residencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que cuenta con la base fáctica y jurídica sentada en la jurisdicción penal, sin que pueda el Tribunal Supremo, cuando se impugna un Decreto de concesión o denegación del indulto, ejercer más control que el que le permite la Ley 29/1998, sin que sea posible un nuevo enjuiciamiento de los hechos decididos en sede penal. Es claro en este sentido el fundamento jurídico 2º de la Sentencia comentada, cuando afirma que ya la Sala Segunda del propio Tribunal Supremo descartó que el indultado padeciera epilepsia a la fecha de los hechos.

En suma, cuando se impugna el Decreto de indulto cabe al Tribunal Supremo el control de los elementos reglados, conforme al artículo 2 de la Ley 29/1998.

Y aquí se produce la controversia fundamental en el seno del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Se discutió en el Pleno el alcance del control del ejercicio de la potestad de indulto y, en particular, el control de la motivación. En el fundamento 7º se dice textualmente:

Así, en la STS de 29 de Mayo del 2013 (RC 441/2012) hemos señalado que esta Sala “con reiteración viene expresando, a la hora de delimitar el alcance del control jurisdiccional contencioso administrativo de los acuerdos de indulto, que se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración, esto es, a los aspectos reglados del procedimiento, concretamente, a si se han solicitado los informes preceptivos y no vinculantes que la Ley 1/1988 establece, sin extenderse a defectos de motivación ni, por supuesto, a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo”.

               Igualmente (SSTS de 20 de febrero y 9 de mayo de 2013, RRCC 165 y 481 de 2012) se ha expuesto que “los indultos son susceptibles de control jurisdiccional en cuanto a los límites y requisitos que deriven directamente de la Constitución o de la Ley, pese a que se trate de actos del Gobierno incluidos entre los denominados tradicionalmente actos políticos, sin que ello signifique que la fiscalización sea in integrum y sin límite de ningún género, pues esta posición resultaría contraria también a la Constitución”.

               Pero también, en la STS (Pleno) de 2 de diciembre de 2005 (RC 161/2004) hemos expuesto que “La regulación legal del indulto está recogida en la Ley de 18 de junio de 1870, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero. Su exposición de motivos precisa bien su alcance y subraya, ya que se refiere solamente a los indultos particulares, la importancia que han de tener a los efectos de la decisión que deba adoptar el Consejo de Ministros, los hechos y circunstancias del caso concreto, sobre los que debe extenderse la motivación que ha de contener el Real Decreto en que se manifieste. Motivación que deberá contemplar, especialmente, las consecuencias que haya de producir bajo el aspecto de la justicia, de la equidad y de la conveniencia social, pues son extremos cuyo estudio impone la Ley. Por tanto, el indulto comporta una decisión circunscrita a un supuesto específico: el del reo al que se refiere, ya lo haya solicitado él o sean otros quienes lo hayan pedido en su nombre …“.

Partiendo de esta base, la Sentencia considera que es posible controlar el ejercicio del derecho de gracia desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y especifica (FJ 8º):

               “Se trata, pues, de un control meramente externo, que debe limitarse a la comprobación de si el Acuerdo de indulto cuenta con soporte fáctico suficiente —cuyo contenido no podemos revisar— para, en un proceso de lógica jurídica,  soportar las razones exigidas por el legislador, pudiendo, pues, examinarse si en ese proceso se ha incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica. Lo que podemos comprobar es si la concreta decisión discrecional de indultar ha guardado coherencia lógica con los hechos que constan en el expediente”.

Con estos mimbres, en el FJ 9º se anula el Real Decreto impugnado por entender que no señala las razones de justicia, equidad o utilidad pública exigidas por el legislador y que han de ser determinantes del indulto; desde otra perspectiva, continúa la sentencia, la única fundamentación que el mismo contiene es la referencia a haber sido considerados los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, fundamentación que “no podemos situarla en el terreno de la lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad, ya que, por una parte, el Ministerio Fiscal señala que se opone a la concesión del indulto por la naturaleza y gravedad de los hechos, por la oposición de casi todos los perjudicados y por estimar que no concurren razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública” y, por otra parte, el Tribunal sentenciador informó en el sentido de que no procedía la concesión del indulto.

La lectura de la Sentencia deja un cierto poso amargo o una sensación de desorientación, por mejor decir, quizás incluso en la propia Sala. Y ello porque se revela que ciertas cuestiones que podrían considerarse lugares asentados en la jurisprudencia contencioso-administrativa no lo son tanto y que categorías que la doctrina declara desaparecidas, como el acto político, se resisten a ser enterradas en el cementerio de las leyendas jurídicas.

La cuestión esencial a dilucidar en el caso examinado era la si podía anularse un Decreto de indulto que tenía la redacción mencionada, una vez que “se habían considerado” los informes preceptivos pero no vinculantes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, ambos contrarios al indulto.

A este respecto, debe destacarse que los mencionados informes son, como se ha indicado, preceptivos pero no vinculantes para el Gobierno, de modo que aunque fueran favorables podría no indultar y aunque fueran contrarios podría, en hipótesis, indultar. Y esto es lo que discute la Sentencia, no tanto en cuanto al núcleo de la decisión gubernamental, incontrolable al ser fruto de una potestad graciable, como en lo referido a la inexistencia de una fundamentación específica que, precisamente y a pesar de esos informes contrarios al indulto, permita sustentar en razones de justicia, equidad o conveniencia social (Exposición de Motivos de la Ley de 1870) la decisión del Gobierno de indultar a una persona determinada.

Ahora bien, como desliza en algún momento la propia Sentencia y destacan algunos votos particulares como el de Rodríguez-Zapata, esos motivos o razones justificativos del indulto nunca han sido exigidos a ningún Real Decreto de indulto, en el sentido de exigirles que contengan una motivación formal, siendo suficiente que la justificación del indulto resulte del expediente de indulto.

El FJ 8º de la Sentencia, sin embargo, afirma que ha sido “el propio legislador el que ha limitado la citada discrecionalidad a la hora de ejercer la prerrogativa de gracia, materializada en el indulto, estableciendo las razones a las que ha de responder el mismo, las cuales deben constar en el Acuerdo de concesión”. Esta afirmación final supone una auténtica novedad, si se entiende como exigencia de que en el Decreto de indulto se afirmen esas razones, que no casa a mi juicio con lo que se afirma a continuación en la propia sentencia: “Tales razones han de ser explicadas y han de ser deducidas de lo actuado en el expediente (informes preceptivos, estos sí, motivados, alegaciones, certificaciones, aportaciones sobre la vida y conducta del indultado, etc.), pero, una vez verificada la realidad de tales hechos —que habremos de aceptar y que no podemos revisar— la revisión jurisdiccional, en ese espacio asequible al que tenemos acceso, debe valorar si la decisión adoptada guarda “coherencia lógica” con aquellos, de suerte que cuando sea clara la incongruencia o discordancia de la decisión elegida (basada en las expresadas razones legales de “justicia, equidad o utilidad pública”), con la realidad plasmada en el expediente y que constituye su presupuesto inexorable, “tal decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más concretamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (…)”.

Resulta así que quizás la Sala en Pleno podría haber atendido a si el expediente ofrecía o no señales de la existencia de esas razones justificativas, como señalaba el voto particular encabezado por Carlos Lesmes, pero prefirió descansar en la discordancia entre los informes preceptivos contrarios al indulto y el Real Decreto de concesión que situaban supuestamente a éste fuera del terreno de la lógica jurídica.

La Sentencia, sin embargo, no contiene una valoración de si esos informes preceptivos eran suficientes para ser motivo de oposición a la decisión gubernamental, informes que, como revela un voto particular, emplearon “meras fórmulas rituarias que se limitaban a expresar sin razonamiento alguno su oposición” al indulto.Cabe preguntarse legítimamente si en un asunto en el que está en juego el ingreso en prisión de una persona es admisible que los órganos llamados por la Ley para emitir su parecer en tan trascendente materia se limiten a emplear modelos. La respuesta es, evidentemente, negativa.

El análisis jurídico de la sentencia admitiría reflexionar sobre otras cuestiones importantes, como la extensión de las reglas del indulto total al parcial que parece efectuar la sentencia, el empleo de los criterios explicitados en la Exposición de Motivos de la Ley como ratio de los indultos, sin atender al artículo 3 del Código Civil, o la supuesta falta de relevancia de la reforma de la Ley del Indulto que tuvo lugar en 1988, al menos en lo que a la necesidad o no de motivación del Decreto de indulto se refiere.

Al cabo la Sentencia comentada ha tenido como efecto que el Gobierno haya incorporado a los Decretos de indulto una frase ad hoc, en el sentido marcado por el Tribunal Supremo. Así, en el Real Decreto 132/2014, de 28 de febrero, se concede el indulto parcial una vez “Visto el expediente de indulto de XXX (…), en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, [y] estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada, concurren razones de justicia y equidad”.

Esta técnica parece cuando menos un parche provisional. La lectura de la Sentencia examinada revela que quizás sea el momento de modificar el régimen jurídico del indulto, de manera que se acomode a ciertas exigencias de la configuración constitucional del Estado social y democrático de derecho.

A la caza del socio negador

El RD Ley 4/2014 de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, ha supuesto una reforma de calado (y van…) en nuestra normativa concursal, afectando hasta a doce artículos de la Ley 22/2003 Ley Concursal, y a su Disposición Adicional Cuarta.

Obviamente, excedería con mucho el objetivo y alcance de esta colaboración el tratar de exponer, siquiera someramente, el alcance y contenido general de esta reforma, respecto a la que sí puede adelantarse siquiera como diagnóstico previo, dos ideas: Por un lado que incide -ya desde su Exposición de Motivos- en la línea argumental de caracterizar el concurso como un verdadero “estigma” que ha de evitarse a toda costa (de “peligro” lo califica el RD Ley); y, por otro, que en el conjunto de su regulación no resulta posible detectar extremo alguno que pudiera resultar mínimamente perjudicial para el sector bancario y “allegados”, o para la privilegiada posición detentada ‑también en sede pre o paraconcursal- por la Administración Pública (y aquí que cada cual aporte el grado de ironía que estime pertinente o saludable).

Como digo, no hay en esta ocasión posibilidad de detenerse en el análisis de diversos aspectos que avalan lo anterior, como: la suspensión de ejecuciones durante el período de negociación previo al concurso (no extensible al crédito público, y que por otra parte ya las entidades financieras venían abordando en la práctica mediante los llamados pactos de “stand still”); la sustitución del concepto de “bien afecto” por el más restrictivo de “bien necesario”; la demolición del principio de relatividad de los contratos, en base a la imposición extensible de unas condiciones acordadas por una mera mayoría simple; la supuesta “sustitución” del informe del experto independiente por una certificación del auditor meramente alusiva a la concurrencia del quorum de pasivo requerido; la exclusión iuris tantum de la posibilidad de considerar a la entidad prestataria como administrador de hecho (y por tanto susceptible de verse afectada por la calificación culpable del concurso), con independencia del número e intensidad de los “covenants” asociados a la operación de financiación; la extensión (temporal, por dos años) de la consideración de crédito contra la masa al 100% de nuevos ingresos de tesorería que hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación ….etc. etc. Y todo ello en pro de los heréticamente sacrosantos acuerdos de refinanciación protagonizados –cuando no, directamente auspiciados- por las entidades financieras. A buen entendedor…

No obstante, sí quisiera hacer hincapié –aunque no sea desde un enfoque propiamente técnico- en un concreto punto de la reforma que, en mi opinión, supone la quiebra frontal de un principio ínsito hasta ahora a nuestro Derecho de Sociedades –llegando a encabezar el articulado de la principal norma en la materia, la LSC- y que no es otro que la ausencia de responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales de las sociedades de capital, principio general operante salvo tipos societarios específicos y supuestos “patológicos” (unipersonalidad sobrevenida no publicitada).

Sorprende, por tanto que el legislador considere este concreto aspecto de la reforma como algo de tan escaso calado, que ni siquiera sea merecedor de una simple mención dentro de la Exposición de Motivos, aun cuando fuera a título meramente explicativo de su génesis y finalidad, y aun situándolo al margen del autocomplaciente relato de “logros” o elevados objetivos que con la norma se dicen alcanzar.

Sea como fuere, lo cierto es que se añade una presunción de dolo o culpa grave para la calificación del concurso, que puede llegar a afectar a los propios socios de la sociedad concursada hasta el punto de obligarles a responder de la totalidad del déficit concursal. Y ¿cuál es ese motivo que implica presumir el dolo o culpa grave con tan gravísimas consecuencias?. Pues haberse negado “sin causa razonable” a admitir una capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles, “instigada” por las entidades financieras acreedoras de la sociedad como vehículo de refinanciación.

Acompañando a esta idea central, la norma introduce luego una serie de aclaraciones y matizaciones (algunas “de ida y vuelta”, como el derecho de adquisición preferente en favor de los socios, que luego sin embargo puede excluirse en favor del propio grupo societario de la entidad financiera) en las que no me resulta posible ahora detenerme, pero entiendo que lo esencial en estos momentos es poner de manifiesto que, por muchas matizaciones que luego se señalen, lo cierto e irrefutable es que puede darse el siguiente caso:

Uno o varios socios de la sociedad con problemas de solvencia consideran que esa capitalización promovida por sus bancos acreedores como condicionante de un acuerdo de refinanciación –y que de modo tan trascendente incide en su sociedad-, no resulta conveniente para el interés social, e incluso tienen en apoyo de su postura un informe emitido por experto independiente calificándola como no razonable, lo que les lleva a votar en contra de la misma. Pues bien, si esa legitima decisión de los socios motiva que el acuerdo de refinanciación así propuesto se frustre, éstos pueden verse condenados en el posterior concurso a responder personalmente de aquellas deudas que la sociedad no pueda llegar a satisfacer en el procedimiento concursal.

Con independencia, pues, de las matizaciones (algunas en un lenguaje tan arcano, que su dificultad de comprensión no puede descartarse que sea intencionada) lo cierto es que la responsabilidad concursal del socio introducida por esta reforma, sí tiene la relevancia que el legislador desconoce o ha pretendido ignorar, y supone un cambio radical en lo que históricamente ha venido siendo quizás la nota más característica de la participación de las personas físicas en el seno de las sociedades de capital.

 

 

Flash Derecho: Adolfo Suárez y la tragedia griega

La persona y el personaje político de Suárez han tenido y siguen teniendo hoy un atractivo indudable. Y quizá la razón de ello, aparte de los datos objetivos que lo convierten en el hacedor de la Transición Democrática, sea que en su vida, tanto personal como política, se encuentran muchos de los elementos de la tragedia griega que, como decía Aristóteles, ilustra más y es más verdadera que la historia real por cuanto presenta situaciones concretas vinculadas causalmente para ilustrar principios universales.

El argumento de la tragedia griega es frecuentemente el devenir de un personaje cuyas cualidades exceden las del hombre común pero que, a consecuencia de sus pasiones (pathos) o de sus acciones, cae en desgracia de una manera predestinada y casi inevitable (Deus ex machina) lo cual es contemplado por el espectador finalmente con sentimientos de piedad y terror que permiten que la mente se purifique de las pasiones negativas que cada hombre posee. La catarsis final representa la toma de conciencia del espectador que, comprendiendo a los personajes, alcanza este estado final de conciencia y sabiduría, distanciado de las pasiones

Suárez fue elegido por Zeus para realizar uno de los trabajos de Hércules, la Transición Española. En su consecución luchó contra grandes peligros y amenazas – no olvidemos los constantes atentados terroristas, el “ruido de sables” y los extremismos varios- y hasta soportó un golpe de Estado. Al final le abandonaron los corifeos (perdóneseme la licencia: los que siguen y apoyan al personaje principal) y cae en desgracia abandonado por todos, como expresan gráficamente los únicos dos diputados obtenidos (el famoso “Agustín y yo”) con el partido que él fundó al caer UCD, el CDS, en las elecciones de octubre de 1982. Poco levantó la cabeza a partir de ese momento, y en lo poco que lo hizo fue golpeado con varias tragedias personales que minaron su resistencia hasta que finalmente una grave enfermedad le hizo perder la conciencia. Mucho se ha hablado de su ambición, de sus virtudes y sus defectos. Pero lo que es claro es que al final llega la catarsis y el espectador efectivamente se siente próximo al héroe y a sus desgracias en las que, en buena parte, se ve reflejado.

Es este sin duda el momento de honrar su persona y su obra, que fue importante por mucho que quienes, aun jóvenes, los vivimos, recordemos lo accidentado, convulso y peligroso de aquellos años. El paso de una dictadura de cuarenta años a una democracia avanzada en poquísimos meses, con el harakiri de las Cortes anteriores, la legalización del Partido Comunista, la aprobación de la Constitución de 1978 y tantas cosas más de por medio fue una obra maestra y puso a España al nivel de los países europeos con los que comparte historia. Por supuesto, no fue perfecta: en la Transición se hizo lo que se pudo y quizá se pudo hacer mejor, pero había prioridades y en ese salto mortal no es fácil caer de pie en un elegante escorzo, cuando además no ha habido tiempo para ensayar. Bastante tuvimos con no rompernos la crisma.

Pero no es este el momento de recordar esas carencias. No, este es el momento de recordar su obra y su persona. Su persona porque fue de una rectitud personal, limpieza y coherencia que nos hacen añorar otros tiempos en los que, al menos no en la proporción actual, la corrupción y el interés personal no campaban por sus respetos. Y su dignidad política, mostrada paladinamente tanto en su postura firme e inconmovible en su escaño en el 23 F que tantas veces hemos visto reflejada gráficamente como en su dimisión como presidente de Gobierno no por horribles acusaciones de corrupción o de incumplimiento de su programa, sino simplemente por considerarlo lo mejor para el Estado y lo más conforme a su dignidad personal. La renuncia que ello debió de significar para él, un zoon politikon, un verdadero animal político con las máximas ambiciones en este ámbito y prácticamente ninguna en los demás (recuerden su tortilla francesa y la ausencia de escándalos en cualquier otro vicio capital), está, en efecto, a la altura de cualquier tragedia griega, y lamentablemente nos incita a odiosas comparaciones que están en la mente de todos y que hoy no quiero citar.

Y también es preciso recordar su obra, el advenimiento de la democracia. Sin duda  esta tarea no fue sólo suya, sino colectiva, pero él tuvo en ella un papel determinante con su habilidad, determinación y voluntad de lograr el tan traído y llevado consenso que, como sinónimo de deliberación, intercambio de opiniones y acuerdo (no como renuncia a los intereses generales para logros particulares) es un valor incuestionable que trajo a España la modernidad tras años, por no decir siglos, de atraso. Y resulta importante recordar esto hoy porque cabe constatar que el fallecimiento de Suárez coincide, de una manera un tanto simbólica, con un momento político en el que una buena parte de su obra se encuentra en entredicho, como comentamos y denunciamos constantemente en este blog.

Pero ojalá Suárez, con su fallecimiento, nos preste un último servicio: el de la catarsis nacional que estamos necesitando, el alcanzar esa sabiduría o concienciación de lo que fue su obra y de las acciones que se precisan para acabarla y consolidarla.

¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?

Seguro que no poca gente se pregunta qué es lo que ocurre tras el supuesto final feliz en que acaba el drama humano de la inmigración, qué ocurre con esos subsaharianos que vemos en la televisión correr por las calles de Melilla exhaustos de alegría tras haber conseguido acceder a la Ciudad Autónoma, por fin, objetivo conseguido. Qué, en definitiva, pasa con la princesa y el príncipe del cuento tras haberse dado un beso y galopar juntos hacia el horizonte ¿Qué hay después de ese horizonte? ¿Qué es lo que esperan conseguir esas 80.000 personas que, según Delegación de Gobierno de Melilla, están esperando para entrar en la ciudad?

Pues bien, ahora que los asaltos a la valla de Melilla están tan de actualidad, quiero aprovechar este espacio para tratar de acercar al público en general, desde mi posición de magistrado que ejerce sus funciones en esta ciudad, la respuesta a la pregunta del título, que en su versión más corta se resume en la siguiente frase:

En su inmensa mayoría, estos inmigrantes acaban en la península ibérica y el resto de Europa.

Me explico.

Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura.

Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel.

Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE.

Pues bien, aquí se da la increíble circunstancia de que los inmigrantes están deseosos de estar entre esos 30 ó 50 que cada semana la policía lleva(ba) al juzgado para ingresar en un CIE ¿La razón? Pues que en Melilla no hay CIE, sino que están en su mayoría en la península (Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia), y es ahí donde quieren ir los inmigrantes. Porque no hay que perder de vista que cuando un ciudadano del África subsahariana cruza el desierto, atraviesa la selva, se enfrenta al hambre, supera enfermedades, sobrevive a los ladrones y luego tiene que lidiar con las mafias, no lo hace porque quiera ir a Melilla, no. Melilla es la seguridad, el techo y la comida, pero sobre todo, es la inminente y real posibilidad de cruzar a la Europa sin fronteras. Para qué va a querer quedarse en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados cuando tiene a su alcance todo un vasto y civilizado continente.

¿Y qué dice el juez de guardia cuando el Gobierno le pide autorización para llevarse de golpe unos cuantos inmigrantes a un CIE de la península? Lo que siempre contestamos los jueces, salvo supuestos muy excepcionales, es que adelante con el internamiento. El Gobierno desea el internamiento porque quiere asegurarse que va a poder notificar al inmigrante la resolución de expulsión, y como no tiene la certeza de dónde va a estar éste cuando termine el procedimiento, pide que quede privado de libertad para garantizar su localización y tenerlo a mano cuando, por fin, se haga efectiva su expulsión. Y los jueces de Melilla, conscientes de que esta gente no tiene arraigo alguno en España y de que van a intentar por todos los medios posibles acceder a la península y evitar su expulsión, autorizamos su internamiento en un CIE.

Para alegría de ellos, como decía.

Porque lo que ocurre, y lo que ellos saben, es que el periodo máximo por el cual van a estar en un CIE es de sesenta días, porque así lo dice la Ley. Imposible retenerlos por más tiempo. Pero sobre todo, lo que ellos saben y con lo que cuentan es que el procedimiento de expulsión no va a culminar antes de que pasen esos sesenta días. Y es verdad, es muy difícil entrar dentro de ese plazo puesto que hay que averiguar de qué país es cada uno (lo que ellos suelen dificultar mucho al venir indocumentados y/o mentir sobre el lugar de su procedencia), hay contactar con las autoridades de dicho país, esperar que éstas lo reconozcan efectivamente como ciudadano suyo y, finalmente, que dichas autoridades consientan la devolución.

Resultado: en un elevadísimo porcentaje (muy alto) transcurren los sesenta días y aún no han terminado los trámites de expulsión, por lo que automáticamente quedan en libertad, pero ya en suelo peninsular, pudiendo ir donde les plazca. Sí, siguen incursos en un procedimiento de expulsión, pero en una Europa sin fronteras y con toda una sociedad de desarrollo a su alrededor, saben que va a ser casi imposible volver a dar con ellos.

Así que, de Melilla, los inmigrantes pasan a la península, y a partir de ahí el cielo es Schengen (España, Portugal, Francia, Bélgica, Grecia, Holanda, Alemania, etc.) Y luego Europa hace oídos sordos a este problema, no se entiende.

Por eso, cuando la policía nos trae al juzgado de guardia una tacada de subsaharianos para su internamiento en un CIE, éstos, irremediable y (no tan) sorprendentemente, siempre contestan que sí a la pregunta “¿estás de acuerdo con tu internamiento?”. Claro que sí quieren que les prives de libertad, cómo van a decir que no a ir a la península con altas probabilidades, tras un periodo de confinamiento, de quedar en libertad pero ya en suelo europeo, que es lo que de verdad quieren.

Dos precisiones. La primera es que el ritmo de internamientos en un CIE había bajado mucho con la crisis económica. Antes, como decía, cada semana nos pasaban por el juzgado de guardia entre 30 y 50 inmigrantes para su internamiento. Pero de un tiempo a esta parte, como ya no hay dinero para fletar tanto avión, hay semanas que no pasan ninguno, y muchas semanas nos presentan tan sólo unos pocos.

La segunda es que eso de que los inmigrantes no se quedan en Melilla es relativo. Por lo acabado de decir, que ya no internamos (o internábamos) a tantos. Y porque, bueno, desde hace unos meses entran en Melilla a un ritmo muy elevado. Mucho. Escribo esto cuando antes de ayer entraron unos doscientos inmigrantes y hoy mismo más de quinientos, en lo que es el mayor salto a la valla de la historia de la Ciudad Autónoma. Según datos oficiales, en dos meses y medio ha entrado en Melilla la mitad de “sin papeles” que en todo el año pasado, y ello sin contar estos últimos asaltos masivos. El CETI de Melilla da cobijo ahora mismo a 1.900 extranjeros, cuando su capacidad máxima es de 480 personas, el Ejército ha tenido que montar tiendas a su alrededor para subsanar relativamente esta falta de espacio y recursos, e incluso la Cruz Roja ha visto la necesidad de levantar un hospital de campaña.

Aquí en Melilla cada vez somos más, con todo lo que ello significa desde el punto de vista social, económico y humano. Y claro, entran tantos y tan deprisa que no es posible darles salida por los trámites normales.

Así que, para paliar en lo posible esta aglomeración de inmigrantes en Melilla y las consecuencias negativas de tener a miles de subsaharianos en una ciudad tan pequeña, no sólo se ha recuperado el ritmo de internamientos en CIEs de antaño (hemos vuelto a los 50 inmigrantes por semana), sino que me consta que se están haciendo traslados de extranjeros a la península sin seguir ningún tipo de procedimiento, ni de la Ley de extranjería ni, mucho menos, judicial. Quiero decir que directamente los están cruzando a la península porque aquí no caben, y supongo, seguro que sí, que una vez allí ya se siguen todos los trámites legales correspondientes, los mismos que se hacían en Melilla, pero ahora en territorio continental. Por supuesto, que nadie dude que los inmigrantes se van encantados.

¿Y las llamadas “devoluciones en caliente”? Bien, lo que se vio por la televisión (cruzan, les abrimos la puerta de atrás de la valla, y automáticamente otra vez en territorio marroquí) y que se da dado en llamar así, no está contemplado en la Ley. Sí es cierto que existe un convenio hispano-marroquí de 13 de enero de 1992 (que entró en vigor en diciembre de 2012) por el cual Marruecos se obliga a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o Melilla desde su territorio, pero ello debe hacerse a través de un procedimiento, que aunque rápido y breve, exige el cumplimiento de una serie de requisitos tales como solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportación de datos referidos al modo en que entró y cualquier otra información sobre el mismo de que se disponga, sin que, además, se pueda olvidar cumplir con la Ley que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que estos inmigrantes pidan asilo. Entonces, cumplido todo esto, sí se puede conseguir que, de forma muy rápida y siempre que Marruecos los acepte, estos inmigrantes estén de vuelta al otro lado de la valla, un entrar y salir. ¿Cuál es la trampa? Pues que Marruecos casi nunca admite que estos inmigrantes hayan llegado a Melilla desde Marruecos (¿?), obligando a seguir los trámites ordinarios de expulsión ya señalados.

Ahora suenan cantos de sirena reformadores de la Ley, como respuesta a estos problemas. Como obra humana que es, toda ley puede mejorarse, por supuesto, y la Ley de Extranjería no lo va a ser menos. Pero me genera cierta intranquilidad que sean los titulares de los periódicos los que animen estos propósitos legislativos. Veremos a ver.

En fin, confío haber arrojado algo de luz sobre este controvertido y actual problema, que mezcla política interior, exterior y derechos humanos en un cóctel nada glamuroso.

El fraude Aneri-Tezanos ¿Una forma consentida de financiar la patronal madrileña?

La Justicia está investigando una trama de corrupción ligada al fraude en las subvenciones a la formación continua de los trabajadores concedidas por la Comunidad de Madrid. Una estafa de millones de euros recibidos por la patronal madrileña que se centra, por ahora, en 25 asociaciones empresariales que subcontrataron la formación con José Luis Aneri y con las empresas de Tezanos: detenido el pasado martes y hasta hace poco miembro de la ejecutiva de CEIM y responsable de formación de la Cámara de Comercio de Madrid; ambas, presididas por Arturo Fernández.

Tras el estallido del escándalo y múltiples detenciones, la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, y otros cargos de su consejería ha comparecido en la Asamblea de Madrid, para tratar de justificar la actuación del Gobierno en este caso. Sus intervenciones no han respondido con solvencia a tres preguntas esenciales: qué saben del fraude, desde cuándo lo saben y qué hicieron para evitarlo, perseguirlo y sancionarlo.

La consejera y su directora general –Patricia Herrero- tuvieron la oportunidad de aclarar todas estas dudas y sin embargo, no lo hicieron. Al revés. Tergiversaron datos y pretendieron derivar toda la responsabilidad hacia las asociaciones empresariales, obviando la de su consejería. Esta forma de actuar resulta muy extraña; desde luego, no es la práctica común de una administración diligente y responsable. Estas dudas nos obligan a plantearnos en qué medida la actuación de la Dirección General de Formación, situada en Vía Lusitana, es producto de una negligencia o de la necesidad de encubrir un fraude generalizado de las subvenciones recibidas durante años por la patronal madrileña, en el que podrían tener responsabilidades propias más graves, que podrían llegar a ser delictivas.

En un país con más de un 25% de paro, no nos podemos permitir que el dinero de la formación de los trabajadores se dilapide y menos que se “robe”.  No basta hablar ahora de la reforma de los cursos de formación para el empleo como una coartada para desviar la atención. Una reforma que, reclamada en la Asamblea de Madrid por UPyD, fue recibida con enfado y rechazo por todos los partidos, a pesar de que sabían que el sistema funcionaba mal y que era un caldo de cultivo perfecto para la corrupción.

La Comunidad de Madrid concedió más de 52 millones en 2010 y 49 en 2011, respectivamente, para ese fin. En las órdenes anuales de concesión, se establece que la Administración valorará los diferentes planes de formación de las entidades  que concurran a la subvención, tras lo cual, el director general de formación firmará un convenio con cada una de las entidades beneficiarias. Éstas, durante la formación, están obligadas a una serie de controles propios y externos. Entre ellos, remitir a la Dirección General de Formación –antes del inicio de cada uno de los grupos- el lugar, fecha y horario de su realización y, en el caso de la formación telemática, la dirección web de la plataforma tecnológica utilizada, así como las claves de entrada. Además, debe crearse para cada convenio una comisión mixta integrada por personas de la Administración y de la entidad beneficiaria. Finalmente, esa entidad deberá justificar la subvención en el plazo máximo de tres meses, tras el fin del plan formativo, mediante cuenta justificativa con aportación de informe del auditor.

Centrándonos en el caso Aneri, las subvenciones del año 2010 se ejecutaron durante 2011 y debieron justificarse, como muy tarde, en el primer trimestre de 2012; las de 2011 se ejecutaron durante el año 2012 y debieron justificarse, también como muy tarde, durante el primer trimestre de 2013.  La consejera, en su comparecencia ante el Pleno, aseguró que se habían enterado de la existencia de irregularidades en la primavera de 2013 y que las descubrieron dentro de los tres meses previstos para justificar las subvenciones.

Pero no explicó por qué fallaron todos los controles administrativos previos a la concesión de las subvenciones, así como los previstos durante su ejecución; por qué mintió diciendo que una norma estatal les obligaba a adelantar la subvención sin pedir garantías, cuando son ellos los que lo han aprobado expresamente; por qué no se crearon las comisiones mixtas de seguimiento con las asociaciones empresariales; por qué, si los funcionarios de la Consejería detectaron en el año 2012 el fraude de las subvenciones de 2010, no se tomaron medidas legales, e incluso, se pagó a las asociaciones (realmente a Aneri) el 50% que quedaba por abonar de las subvenciones de 2011; por qué no se avisó del presunto fraude a las asociaciones empresariales hasta finales de octubre de 2013 y sí se notificaron a la empresa de José Luis Aneri los expedientes de reversión de subvenciones, cuando algunos funcionarios consideraban que éste podía estar falsificando firmas, sellos oficiales y documentos por qué cuando se avisa a las asociaciones empresariales, la directora general, nombrada en 2012 por Lucía Figar –actualmente, consejera de Educación y Deporte-, no les recibe, ni tampoco el viceconsejero de Empleo; por qué no fueron a la policía con estas evidencias, que conocían desde la primavera de 2012, permitiendo que se pudieran destruir pruebas y que haya tenido que ser la policía la que fuera a ellos –en vez de ellos a la policía- a abrir la investigación; y por qué cesan al subdirector de Formación Continua y Emprendimiento a los pocos días de declarar ante la policía, y no a la directora general, que también declaró.

 

La credibilidad de las instituciones y de las reformas que se propongan exige llegar hasta el fondo en el fraude de la formación continua y determinar las responsabilidades políticas que de él se deriven. Ahora toca aprobar una comisión de investigación. No debemos parar hasta esclarecer la verdad

Entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez en Lawyerpress

Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013:
“Falta la ambición en nuestros gobernantes de hacer reformas de calado”
MADRID, 21 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

“Por desgracia, ni estamos saliendo de nuestra crisis institucional y política ni de la económica. El deterioro de nuestro Estado de Derecho es evidente y la judicialización de nuestra vida política muy preocupante”. Es una de las reflexiones de Elisa de la Juez, jurista y editora de Hay Derecho? uno de los blogs más leídos del momento. Acaba de recibir el Premio Scevola 2013 que distingue a esta labor crítica y ética de esta publicación online. “ Al igual que con la reforma fiscal que hemos conocido, que solo parchea la situación, falta la ambición de hacer reformas de calado, no se sabe si es por falta de interés o por qué no se puede”. Desde su punto de vista se echan en falta grandes reformas, tanto a nivel institucional como de las propias administraciones del Estado “ Así ha pasado con la Ley de Transparencia que se queda muy corta”, añade. También alude a que hay otros cambio normativos que se hacen sin convicción, un poco de cara a la galería. De política, reforma de la justicia y de otras muchas cosas trata esta entrevista. Elisa como siempre habla claro y lanza mensajes muy concretos.

En primera persona
“Hice hace muchos años la oposición a la Abogacía del Estado, eso me ha hecho ver desde dentro como es nuestra Administración a través de diferentes responsabilidades en diferentes Ministerios o la propia Agencia Tributaria.
En el año 2000 surge la oportunidad de incorporarme a una entidad pública, RED.ES, que se iba a ocupar del desarrollo de las tecnologías en nuestro país y de la sociedad de la información. Ahí estuve como Secretaria General.
Es evidente que en esta etapa fui conociendo mejor lo que es el mundo de las nuevas tecnologías; es un universo tan interesante como cautivador. En aquel momento era clave para la innovación en nuestro país.
Cuando ya salí del sector público ya tenía un amplio bagaje profesional a mis espaldas. Era el momento de montar ICLAVES, mi propia empresa, como consultora especializada en diferentes temas de la sociedad de la información.
Ahora trabajo con ingenieros, juristas y otros profesionales. En este contexto de desarrollo de Internet surgió la idea de poner en marcha Hay Derecho? como blog. Era hacer una propuesta que les hice a un grupo de amigos. Les gustó y lo pusimos en marcha a finales del 2010.
A todos nos unía en ese momento la preocupación del deterioro del Estado de Derecho y de nuestra seguridad jurídica como juristas y ciudadanos. Que hayamos elegido Hay Derecho? como nombre no fue una casualidad.
Estamos a punto de editar un libro con el nombre del blog como recopilatorio del trabajo de estos años. Es algo más que un resumen de esta labor. Confiemos que pueda estar disponible para la próxima Feria del Libro.
La verdad es que a lo largo de estos años en muchas ocasiones hemos visto que no hay ese Derecho…”

Sra de la Nuez Desde una plataforma tan privilegiada como es Hay Derecho, como se ve el entorno actual?
Vemos tocado a nuestro Estado de Derecho. Si le soy sincera hemos ido llegando a esta conclusión de forma progresiva. Al principio pensábamos que funcionaba bien con ciertas excepciones, sin embargo a medida que nos hemos ido metiendo y tener que investigar otros temas hay más cosas que funcionan mal, aparte de la administración de justicia.
Es el caso de la hiperinflación normativa, demasiada normativa no siempre con la calidad legislativa que se espera. Eso hace que sea imposible su conocimiento y aplicación posterior.
Quizás la justificación tenga que ver con nuestra proliferación de Parlamentos autonómicos que dictan leyes, sean necesarias o no. Y a nivel estatal se puede hablar del voluntarismo jurídico.
Parece como si todo se solucionara con sacar normas cuando a lo mejor que se debería hacer es aplicar las normas que tienes y no hacer tantos cambios

Normas hechas de forma deficiente…
Así también lo comentamos en ese libo que está a punto de salir. Pero es que todo tiene relación. Si legislas de una forma tan descontrolada no es sencillo conocer qué es lo que se regula; lo que tienes que derogar o modificar.
Alguna vez hemos pensado que quizás hay alguna norma mal hecha a propósito. No se entienden muy bien y dan mucho margen a la interpretación y a la arbitrariedad, que su aplicación sea diferente en determinados momentos.

Desde fuera da la sensación que con malas normas es más sencillo ser corrupto.
Hay alguna expresión latina que traducida señala que “Cuantas más leyes se necesitan más corrupta es la República”. Nosotros preferimos otro escenario, con pocas leyes y que se cumplan de verdad para todos.
Regularlo todo al detalle tiene otro problema, aquello que esté sin regular es un agujero por donde pueden venir los problemas.
La claridad normativa tiene que ir de la mano de la ejemplaridad; hay que ver más dimisiones o ceses que no necesitan de ninguna ley para que sucedan. Eso es fundamental también.

¿Son apropiadas las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción?
No están mal. Pero el problema es lo que estamos hablando. Hay otras muchas normas que están en vigor y que intentan evitar conductas similares y que se incumplen. En nuestro blog hemos hablado mucho de los indultos o aforamientos por ponerle dos casos concretos.
Mientras estas cuestiones no se arreglen, la lucha contra la corrupción estará perdida. Las cosas no se tienen que resolver sólo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica. Y es que la realidad exige más cosas.

Hablamos siempre de las reformas de la justicia pero nunca llegan de manera profunda, ¿Dónde está el problema?
La justicia funciona mucho peor que cualquiera de nuestros servicios públicos. Lo veo como usuaria y como jurista. Por desgracia, cuando uno va un juzgado le puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que su margen de aplicación es más restringido pero debe de someterse a una reforma profunda.

¿Cambiaría el panorama con otro ministro o hace falta otro talante?
Es necesario un cambio de política jurídica en nuestro país. Las personas son importantes pero las estructuras y las instituciones mucho más.
Al mismo tiempo hace falta concienciar al ciudadano que un Estado de Derecho necesita una administración de justicia sólida e independiente. Debería ser tan importante como que funcionen bien nuestros hospitales en urgencias.

¿Le ha decepcionado Gallardón como Ministro?
Tengo que confesar que no tenía muchas expectativas puestas sobre su gestión. Tenga en cuenta que es una persona de formación casi exclusiva política, no se sabía que planteamientos podría tener para mejorar la administración de justicia.
Ha llegado a un Ministerio sin la experiencia o formación adecuada para intentar hacer los cambios que necesita nuestra justicia

De todas formas es curioso que aprobase como primera Ley la relacionada con la Mediación y a continuación impusiera las tasas judiciales…
Es mi opinión muy personal, se han visto muy presionados por el colapso judicial, que es evidente que existe, pero claro intentar solucionar este asunto con las tasas sin tomar otras medidas que son necesarias para reformar la justicia produce el problema que tenemos ahora.
Estás evitando que haya más pleitos a los tribunales pero dañando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. La medida se impuso en pleno problema de preferentistas y otras reclamaciones.
Este café para todos de Gallardón no es una solución y está generando grandes injusticias como se puede ver ahora

¿Es necesario tener tasas en la justicia?
Hay que estudiarlo muy bien para que no sea una barrera de acceso a nuestra justicia. Habría que ver de qué forma se desarrolla. En el próximo libo hablamos que las tasas son una medida más de las reformas que necesita nuestra justicia pero no la única

¿Comparte la opinión de otros colegas suyos que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse lo antes posible ante esta cuestión por que este tema afecta a todos?
Me gustaría que así fuera. Hay varios recursos de inconstitucionalidad que están ahí y tenemos que saber qué va a pasar con ellos. Deberían hacer un esfuerzo. Lo que desconozco es si estos magistrados tienen esa sensibilidad que les pedimos.
El otro tema preocupante de la administración de justicia son los retrasos. Si nos van a decir dentro de diez años que las tasas que nos cobran son anticonstitucionales ese fallo no vale para nada.

El otro gran estigma de la justicia es su politización.
Es una cuestión en la que hemos sido y seremos beligerantes. Nuestra decepción ha sido notable más con Gallardón con el propio programa político del PP.
Se habló que irían en dirección contraria, en especial en el caso del CGPJ y al final se ha hecho lo contrario. Es un tema preocupante y los ciudadanos también advierten la situación

¿Puede el nuevo CGPJ con menos vocales que nunca ejercer su labor realmente?
El CGPJ tiene grandes problemas ahora. En primer lugar su nombramiento que está impugnado en el Supremo por una asociación judicial.
Hay un problema de percepción y credibilidad notable. Otra cosa es que puedan a lo largo de esa gestión cambiar esa idea. Si además la forma de funcionamiento no ayuda, el problema crece de forma notable.

¿Cuándo escucha al presidente de CGPJ hablar que los jueces necesitan palo y zanahoria, que se le viene a la cabeza?
Ha sido una sorpresa para todas esas declaraciones. No sabemos si realmente piensa eso, si así fuera es muy preocupante el tema.
Denota un modelo de gestión del poder judicial muy criticable. Me imagino que los propios jueces no estarán muy contentos con estas declaraciones.

Vivimos en un mundo donde las noticias jurídicas saltan en portadas e informativos televisivos. ¿qué denotan estos elementos?
Es un dato muy negativo la judicialización de nuestra vida política. Este entorno lo han creado nuestros propios políticos. Si todo tiene que acabar en una fiscalía o en un juzgadp porque es imposible cesar a nadie tenemos un problema.
Y es que esta ha sido la estrategia de nuestra clase política hasta ahora para evitar la asunción de responsabilidades que no tienen porque ser únicamente penales, podrían ser conductas sancionables a nivel administrativo. Los tribunales de justicia son sufridores de este estado de cosas.

Y nuestro Código Penal en medio de nuestra vida, sociedad y empresas…
Es preocupante esta judicialización por la via penal de nuestras actividades. Hay asuntos de otras jurisdicciones que también acaban en esta via y no es comprensible.
Es comprensible que el ciudadano que no conoce estos temas si no es bien aconsejado pueda acudir a la vía penal, pero los abogados estamos para aconsejar a nuestros clientes que es lo que hay que hacer.
En esta situación creo que hemos contribuido todos a generar este contexto, también los propios abogados. La via penal debería ser la excepción.

¿Entonces los políticos se aprovechan del mal estado de nuestra justicia?
Sobre todo de su lentitud. Se sabe que los tribunales tardarán años en dictar resoluciones que les puedan imputar y es una forma de jugar con ventaja.
Todos sabemos que la administración de justicia funciona mal y desde esa perspectiva se busca lograr ciertos privilegios. Así lo hacen los deudores y otros personajes que se benefician de estas injusticias.

¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de toda esta crispación política y jurídica de nuestra sociedad?
Le contesto a la pregunta como jurista, los medios generalistas en un contexto tan judicializado patinan mucho. Cometen errores importantes de interpretación al no tener la formación adecuada para ello.
En los medios especializados el tratamiento es otro y es más cercano a la realidad jurídica que se vive. Saben poner las cosas en perspectiva.
Su parte de culpa es menor que la de nuestros políticos, como antes le mencionaba. No podemos matar al mensajero.

¿Habría que reformar el llamado secreto del sumario?
Este tipo de cambios hay que hacerlos dentro de otros de más trascendencia. La verdad que si es alucinante que los detalles de un tema importante esté en su totalidad en los medios de comunicación.
Hay que afrontar una reforma integral de nuestra justicia para evitar este tipo de situaciones que usted señala. En nuestro procedimiento penal hay que arreglar más cosas, como por ejemplo esas instrucciones tan largas que no conducen a nada.
Lo hemos denunciado en nuestro blog. Un juez de instrucción no tiene ni los medios materiales ni procesales para asuntos de corrupción masivo como los que están saltando a nuestros medios de comunicación.

Desde fuera se ve al sector jurídico como muy disperso, colectivos que defienden sus intereses por encima de los generales.
La verdad es que se ve así como usted señala. Junto con el problema de que el ciudadano aun no tiene conciencia del o que supone el mal funcionamiento de la administración de justicia, hay en el llamado sector jurídico muchos colectivos, con intereses contrapuestos.
Hace falta un interés común que les una: tener una buena administración de justicia. A veces parece que estamos más atentos a nuestros problemas particulares, de nuestro colectivo, que a este gran problema que es el de todos.
Nosotros desde el blog estamos haciendo pedagogía en ese sentido. Hay problemas generales que son comunes a todos y por eso deberíamos trabajar juntos.

Es curiosa la campaña de las tasas en redes sociales con esa #T que muchos llevan puestos en su avatar.
La verdad es que llama la atención. Si hablas con ellos te dirán que las tasas afectan a todo el mundo pero es comprensible que se pueda tener otra percepción diferente y que alguien diga que su reivindicación les afecta tanto en cuanto pierden clientes.
Este ejemplo que está muy bien puesto viene por la falta de unidad de los operadores jurídicos en cuestiones esenciales. Realmente no ha habido otros colectivos jurídicos que se hayan añadido de forma importante.
En nuestro caso utilizamos nuestro blog para recordar que todos necesitamos una administración de justicia independiente y eficiente.

¿Dónde está la clave para que el ciudadano recobre la confianza en nuestra justicia?
Lo primero que habría que trabajar es la independencia del poder judicial. Sería la prioridad en este escenario que arreglaría la cuestión de credibilidad.
Eso supondría ir a otro modelo de elección del CGPj del actual, como el que viene reflejado en la Constitución de 1978 u otro similar. Tendría que ser mucho más abierto y transparente que el actual.
Es necesaria más transparencia en la carrera judicial; tanto en sus nombramientos, carga de trabajo o procesos de selección.
Luego habría que abordar los problemas de gestión y administración para evitar que los pleitos se resuelvan en cinco años como está pasando ahora. Hay que reorganizar la justicia de otra forma y administrar mejor los recursos que existen.

Un colega suyo Manuel Pimentel comentó hace poco que la justicia no tiene un liderazgo definido..
Hay una excesiva división de las competencias de Justicia. Quizás él se refiriese a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es bueno que pudiera haber un interlocutor único. Pero también que el otro lado hubiera menos sujetos para que la relación con los sujetos jurídicos fuera más fructífera.

Hay Derecho? es un blog crítico, valiente, donde sus editores analizan la realidad sin miramientos.. ¿Han tenido alguna llamada o presión externa por algún post publicado?
Llamadas o presiones, no. Pero sabemos lo que se opina y lo que molesta. Es un blog independiente financiado por los cinco editores, eso hace que las presiones nunca surtan efecto.

¿Cuál es el post que le gustaría escribir, hasta la fecha no redactado? 
Hay uno sobre la responsabilidad de los juristas en este estado de cosas que si me gustaría escribir. Creo que podrían hacer mucho más por nuestro Estado de Derecho de lo que hacen. Quizás por interés y comodidad no lo hacen.
También es una llamada a la autocrítica. Cuando un Estado de Derecho se deteriora muchos colectivos son responsables, incluido los propios operadores jurídicos

Hablar de nuestra sociedad civil es hacerlo de una entidad que sigue dormida pese a lo que está cayendo en nuestro país.
Bueno, yo no la veo tan dormida, al menos en la parte en la que estoy involucrada donde seguimos haciendo cosas. En otro entorno, es evidente que hay cierto escepticismo. Pero una sociedad civil no se improvisa. Requiere tiempo aunque se ven avances importantes en estos últimos tres años.

El curioso “síndrome de Robin Hood” que afecta a algunos juristas

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.

 

Flash Derecho: Conferencia-Debate de Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano

Con el título, ¿Hay alternativas para estimular el crecimiento económico en España?,  la Fundación Unión, Progreso y Democracia ha convocado a Jesús y Luis el próximo día 28 de marzo a una conferencia-debate en la que también intervendrá Álvaro Anchuelo, portavoz de Economía de UPyD en el Congreso.

La Fundación tiene entre sus fines promover el debate de ideas en España, planteando especialmente aquellos que, por poner en duda los mensajes oficialmente transmitidos por nuestras actuales élites políticas y financieras, encuentran mayor resistencia a su difusión en nuestra sociedad.  Si hoy en España hay dos candidatos idóneos para plantear un debate de este tipo son, sin duda alguna, Luis y Jesús.

Pensamos, en consecuencia, que se trata de uno de esos “partidos del siglo” que cualquier persona interesada en el futuro de nuestro país no puede perderse. Así que os convocamos a presenciarlo en directo  el próximo día 28 de marzo a las 12 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Salón Valle Inclán, 5ª planta).