El “céntimo sanitario”: el Estado como defraudador fiscal

Hay dos tipos de fraude fiscal. El primero consiste en que el contribuyente incumple sus obligaciones con Hacienda y no declara e ingresa las cantidades a las que está obligado según sus actividades y las leyes vigentes. El segundo es aquel por medio del cual el Estado obliga a los ciudadanos a pagar un impuesto ilegal, a sabiendas de que lo es, durante varios años, y con la pretensión de, cuando le descubren y sancionan, intentar devolver lo menos posible a los perjudicados. Es el caso del llamado céntimo sanitario.

Recordemos la historia. En la llamada coloquialmente ley de acompañamiento de los presupuestos para 2002, la ley 24/2001, se crea en su artículo 9 un nuevo impuesto, llamado oficialmente impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Y consistía lisa y llanamente en pagar una determinada cantidad cada vez que echábamos un litro de combustible al vehículo. Tenía dos tramos, uno estatal y otro autonómico, y por tanto la cuantía del mismo podía variar entre comunidades autónomas, como así ocurrió: al principio oscilaba entre 1 y 2,4 céntimos pero ha llegado a alcanzar los 4,8. Se implantó en todas las comunidades, salvo País Vasco, Rioja y Canarias, ésta por tener un régimen especial. (PS: tampoco se instauró en Aragón)

El impuesto tenía una finalidad específica, como dice la ley: “Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria orientados por criterios objetivos fijados en el ámbito nacional”. La parte autonómica podía dedicarse también a “financiar actuaciones medioambientales”.

Nos trasladamos ahora a 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 27 de febrero de 2014 y respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo declara ilegal. Bueno, en realidad no hace solamente eso, sino que pone a caer de un burro al Estado español por su vergonzoso comportamiento durante todos estos años. Declara, nada menos, que el Estado no obró de buena fe porque ya estaba avisado desde hace mucho tiempo de la posible ilegalidad. En 2000, el tribunal ya se había pronunciado sobre la ilegalidad de un impuesto similar, en 2001 la Comisión Europea avisó a España de que el impuesto podría ser contrario a Derecho y en 2003 (el año siguiente a su entrada en vigor), la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.

La razón que aduce para ello el TJUE es que este tipo de tributos es que, como dice Ignacio Martín, han de tener lo que se llama una “finalidad específica”, de modo que la estructura del tributo debe fomentar o disuadir, según los casos, un determinado comportamiento de los contribuyentes. Es decir, que para que este tipo de impuestos específicos sean legales no basta que su finalidad sea simplemente recaudar, lo que deben pretender es que el ciudadano afectado se comporte de una determinada manera, a diferencia de los tributos ordinarios cuyo fin general sí puede ser el meramente contributivo.

El TJUE dice que el que el céntimo sanitario tenga por objeto atender gastos en materia sanitaria no es una finalidad específica, porque, si así se considerara, cualquier impuesto la tendría.  Lo que dice es que sería admisible este impuesto si por ejemplo lo recaudado por él se destinara a obligatoriamente a reducir los costes sanitarios y  medioambientales vinculados específicamente al consumo de hidrocarburos.  Pero no a otros costes que no tengan esta vinculación.

España pidió que los efectos de esta declaración judicial no fueran retroactivos y que se tuviera en cuenta la difícil situación económica de las arcas públicas y el impacto que una devolución de esa cuantía podría tener en ellas. Se habla de que el monto total cobrado podría rondar los 13.000 millones de euros.  Pero en la sentencia se asegura que la elevada cantidad que habría que devolver no puede servir como excusa para no ser reembolsada, porque lo contrario supondría que cuanto más grave es una infracción, más posibilidades habría de quedar absuelto de ella. Principio totalmente lógico y que se podría aplicar a otros casos sangrantes, como el de las preferentes.

Si es ilegal, por tanto, habrá de procederse a la devolución.  Las cifras son muy elevadas, tanto globales como individuales, en el sector profesional se habla de 15000 euros (son siempre cifras medias y muy aproximadas) por transportista. No obstante, no parece que vaya a ser fácil. La propia actitud del Estado ante el tribunal lo anuncia. Se aduce asimismo que gran parte de lo que se recaudó ilegalmente no se podría reclamar porque estaría prescrito, de modo que la cifra quedaría reducida a unos 4000 millones, que no está nada mal, ciertamente. No obstante, como indica Ignacio Martín en el blog de Luis Cazorla, aparte del expediente administrativo para la devolución de ingresos indebidos, cabe plantearse una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, e incluso una responsabilidad del Estado Legislador, persiguiendo no tanto la devolución de unos ingresos indebidos, sino la reparación de unos daños y perjuicios ocasionados. Se trataría, en definitiva, de centrar el problema no en las normas y procesos tributarios, sino en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y la flagrante vulneración de principios como la confianza legítima.  Y todo ello sería preciso, añado yo, porque sería impensable que el propio Estado reconociese su comportamiento improcedente y desleal con sus ciudadanos y rectificase de oficio. Es decir, sería impensable que el Estado se planteara dar ejemplo. Eso se llamaría liderar, pero no son tiempos de liderazgos.

En resumen:

Las autoridades españolas implantan un impuesto ilegal, que lo es por la razón fundamental de que está mal hecho, es decir, porque el legislador hace mal su trabajo y crea una “cosa” deforme que no cumple con la normativa sobre implantación de tributos de este tipo, la cual es perfectamente conocida: tienen técnicos y expertos de sobra para ello. Por cierto, el ministro de Hacienda de entonces era un tal… Cristóbal Montoro.

Desde Europa, y muy poco tiempo después, se les advierte por activa y por pasiva de que este impuesto no es conforme a la legislación, y que a ver qué pasa con él.

Y el Estado, efectivamente, pasa. Pasa completamente. Un aspecto que creo que no se ha resaltado lo suficiente en las informaciones sobre este tema y que me parece quizá lo peor de todo es que el Gobierno español, ni con Aznar ni con Zapatero, movió un solo dedo para solucionar este evidente atropello. Tuvo que ser una empresa de transportes catalana la que en 2008 acudiera al juzgado a pedir que le reembolsaran lo que había pagado, alegando que era ilegal su cobro. Es decir, que si no se hubiera reclamado, nada se habría hecho hasta el día del Juicio Final. El Estado se comporta pues, como un enemigo del ciudadano al que ha de servir, como alguien que si puede te quita hasta aquello a lo que no tiene derecho. Y no lo digo yo, sino que el Abogado General del TJUE le dedica estas durísimas palabras: “España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior”.

Y cuando finalmente se le condena pide que no haya que devolver nada –recordemos, devolver a los ciudadanos españoles y no españoles a los que literalmente se les ha esquilmado, no a unos marcianos que pasaban por aquí-, porque “hay mucha crisis”. Claro, habrán pensado, es mejor quedarnos con el dinero que hemos recaudado ilegalmente, durante muchos años y conociendo esa ilegalidad.  A fin de cuentas, como dijo aquella ministra, el dinero público no es de nadie ¿no es verdad?

Todos los ciudadanos debemos pagar los impuestos que nos corresponden. Eso no es negociable. Pero necesitamos que el Estado y los gobernantes den ejemplo ¿Con qué autoridad se puede censurar a los defraudadores fiscales si el Estado se comporta como uno de ellos? ¿Qué mensaje nos estan transmitiendo? El Estado debe educar a los ciudadanos para que estos se comporten conforme a las normas que permiten la adecuada convivencia, porque es mucho más sencillo y eficaz hacer que una persona cumpla con lo que debe por convencimiento, que por amenazas legales. Si queremos que el contribuyente cumpla y no defraude, lo primero es que el Estado no sea el que encabece la lista. Luego nos quejamos.

El jurista complaciente (o nuestro hombre en el Consejo)

En el post de hoy, amigos lectores, quiero glosar un fenómeno muy nuestro y extraordinariamente castizo: el del jurista complaciente. En pocos países del mundo cabe apreciar con tal pureza de rasgos este espécimen, profundamente imbricado en nuestro hábitat partitocrático. En ¿Hay Derecho? hemos hablado hasta hartarnos de la captura de nuestros organismos reguladores supuestamente independientes por el actual establishment extractivo, y sus perniciosos efectos, pero tal cosa no sería posible sin la entregada colaboración -porque no podemos calificarla precisamente de desinteresada- del jurista complaciente. Para ilustrarlo, vamos a escoger dos ejemplos muy interesantes: el de Vicente Guilarte, actual consejero del CGPJ, y el de Fabio Pascua Mateo, Secretario General de la CNMV.
Vicente Guilarte, Catedrático de Derecho Civil, comenzó su carrera política al fichar como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad. Era el encargado de defender en los juzgados las posturas de la Corporación, impugnando resoluciones de la Dirección General de los Registros cuando convenía o defendiendo de la impugnación calificaciones registrales. Fue una época muy movida corporativamente hablando, pues la Dirección General pensaba, en su ingenuidad, que era el superior jerárquico de los funcionarios a su cargo (notarios y registradores) y que podía sancionarles cuando no obedecían sus mandatos. En fin, recordarlo hoy da casi ternura.
Bueno, el caso es que uno de los muchos sancionados fue nada menos que Enrique Rajoy Brey, un hombre muy implicado en la defensa de los intereses corporativos. El Sr. Guilarte se encarga activamente de la defensa del Sr. Rajoy y consigue levantarle las sanciones en los tribunales. Es el comienzo de una gran amistad. Sin duda complacido por su actuación, el propio Rajoy la recuerda públicamente en esta carta (aquí) enviada a todos sus compañeros en diciembre de 2013, en donde glosa la persecución a la que fue sometido y agradece “el impagable apoyo de Vicente Guilarte Gutierrez”.
Es una carta muy emotiva cuya lectura recomiendo encarecidamente. En su parte final realiza una advertencia que interesa retener por lo que luego veremos y que transcribo seguidamente: “casi nos hemos olvidado de que el riesgo que entonces estuvo a punto de acabar con nuestro status todavía permanece y no sólo permanece sino que se agranda cada día que pasa y, en lugar de aprovechar el tiempo para mejorar nuestro sistema de seguridad jurídica, para modernizarnos, para aumentar nuestra eficiencia y acrecentar así nuestro valor añadido, lo utilizamos para cazar musarañas, proponer cambios tan urgentes y candentes como la pre-horizontalidad y difundir insidiosos e interesados rumores sobre la ruina a que las reformas propuestas por el Ministerio nos abocarían o la ‘contaminación’ que implicarían para nuestra función.”
El caso es que el Sr. Guilarte, poco a poco y sin olvidar sus encargos judiciales, fue promocionado a otros menesteres. El 2012 se le incorpora al consejo de redacción de la revista del Consejo General de la Abogacía en representación de los registradores y desde allí comienza a publicar (en ese y en otros medios) una serie de artículos en defensa de la profesión (tal como él entiende la defensa de una profesión, claro, que es denigrando a las demás). Pueden leer uno de esos interesantes artículos aquí (tampoco tiene desperdicio).
Tantos méritos no podían quedar desatendidos. Si Enrique Rajoy había sido capaz de nombrar medio Ministerio de Justicia, estaba claro que podía ayudar a un amigo (y a la Corporación, claro) colocando al Sr. Guilarte en el CGPJ. Sin duda resultaba muy interesante para todo el mundo (recordemos esa advertencia sobre los riesgos para “nuestro status” y la necesidad de defender las reformas propuestas por el Ministerio). Dicho y hecho, Guilarte es nombrado consejero en la última renovación por la cuota del PP y desde el primer momento se pone manos a la obra, sin por ello dejar sus tareas anteriores, al menos las principales, pues en enero y febrero de 2014 Guilarte sigue firmando un buen número de escritos procesales en representación de los registradores (concretamente escritos de personación, lo que significa que lleva la dirección letrada en su conjunto). Suponemos que sigue cobrando por ello, naturalmente. Quizás la reforma del CGPJ propulsada por el PP -permitiendo compatibilizar la actividad de consejero con el ejercicio profesional- buscaba precisamente esto, quién sabe.
En cualquier caso, el resultado final era el previsible (al fin y al cabo para eso le han nombrado) en un frente y en el otro. En el frente de los Juzgados, ¿se imaginan la presión para un juez de Primera Instancia que tenga que decidir sobre un asunto de interés para los registradores cuando se entere que el abogado de esa parte es un consejero del CGPJ? En el frente del Consejo, se propone él mismo como co-ponente en el informe del CGPJ sobre jurisdicción voluntaria, en el que tanto interés tiene los registradores (en eso sí que se juegan el status y no en la pre-horizontalidad, como nos ilustraba Rajoy) y ya se pueden ustedes imaginar el desenlace: la propuesta de informe deja pequeños a los mismísimos artículos de Guilarte anteriormente mencionados. Y lo que te rondaré, morena. Definitivamente, nuestro hombre en el Consejo (pero todo legal, eh, aunque otra cosa es que ética y estéticamente resulte sencillamente asombroso).
Pasemos ahora al otro caso, que no es menos divertido. Fabio Pascua Mateo es Letrado de las Cortes. Comienza su andadura política en Madrid a la sombra de Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien le designa Secretario General de la Asamblea. En la siguiente legislatura la Sra. Rodríguez se va al Congreso de diputada y el Sr. Pascua continúa con el nuevo Presidente, Ignacio Echevarría. Pues bien, al poco tiempo estalla el escándalo BFA-Bankia y la oposición, en su ingenuidad y a la vista del desaguisado, quiere debatir las posibles responsabilidades políticas en las que han podido incurrir los gestores autonómicos en una comisión de investigación.
La pretensión sobre el papel parece lógica, puesto que  la Ley 4/2003 de 11 de marzo, reguladora de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid,  establece una serie de responsabilidades administrativas para quienes ostenten cargos de administración y dirección que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito,  correspondiendo la competencia para exigirla y sancionarla a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su caso, a su Consejo de Gobierno, aunque en determinados casos se requiere informe del Banco de España.
Quizás sobre el papel de la ley, sí, ¡pero menos mal que tenemos juristas complacientes para interpretarlas! Si no estaríamos perdidos, desde luego. Se encarga urgentemente un informe a la Secretaría General de la Asamblea para que emita su opinión (institucional e imparcial, naturalmente) y el Sr. Pascua se descuelga en mayo de 2012 con uno, que pueden consultar aquí, en donde afirma que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna competencia en materia de Cajas de Ahorro.
Como lo leen. Pese a que la Ley de la Comunidad de Madrid establece claramente que  el órgano responsable dentro de la Comunidad de Madrid de ejercer las funciones de disciplina y sanción es la Consejería de Economía y Hacienda, el informe supuestamente independiente, en base a argumentos de tipo formal y temporal, y con abundante retórica, afirma que el único responsable es el Estado y el Banco de España.
El informe cumplió su cometido: por supuesto que no hubo Comisión de investigación –tampoco es que hubiera servido para mucho, visto el paripé que se montó en el Congreso por el mismo tema- pero, sobre todo, el jurista complaciente es en la actualidad Director del Servicio Jurídico y Secretario General de la CNMV, de nuevo bajo las órdenes de su jefa de siempre, Elvira Rodríguez. Estamos seguros de que sus informes en ese órgano serán del mismo tipo al que ya estamos acostumbrados, para tranquilidad de su presidenta… e intranquilidad de los ciudadanos, lamentablemente.