Bunkerización
Es propio de todos los fines de ciclo y épocas de grandes cambios lo que puede calificarse de la “bunkerización” del sistema que se resiste a los mismos. Sucede en todos los ámbitos de la actividad humana, pero muy especialmente en la política. Ya ocurrió en España al final del franquismo. Hay muchos síntomas de que algo parecido está sucediendo ahora, ya se trate de las tentativas de acallar las voces críticas o los medios desafectos, de los intentos de desmantelar las instituciones de supervisión y control apartando a los funcionarios y técnicos más profesionales e independientes (veáse el reciente caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria) del reparto sin ningún rubor de cargos, ventajas, y prebendas de todo tipo a los más fieles y complacientes o directamente a los familiares y amigos o del temor que suscitan las manifestaciones y protestas de todo tipo, que se intentan combatir con importantes sanciones económicas. El establishment se defiende con uñas y dientes porque entiende que si no utiliza todos los medios a su alcance para defenderse los cambios que lleguen no le van a ser favorables.
Pero como la ciudadanía se muestra cada vez más levantisca y desafecta -y sin ciudadanos que estén por la labor es difícil mantener la ficción de una democracia ejemplar y avanzada- también se multiplican como en el tardofranquismo las propuestas de cambios y reformas para apaciguarla. Todos los días surgen iniciativas “reformistas” , ya se trate del informe CORA sobre la reforma de las Administraciones Públicas, la ley de Transparencia (que tardará todavía casi un año en entrar en vigor para el Estado y dos para CCAA y Entidades locales), las propuestas de lucha contra la corrupción, la reforma local, la reforma fiscal, etc, etc. Lo que ocurre es que todas estas iniciativas son desmentidas todos los días por los hechos que demuestran que no hay la menor intención de ir más allá de las palabras y de los cambios puramente cosméticos.
En resumen, los candidatos en los partidos políticos se siguen eligiendo a dedo, en las listas electorales se sigue primando la obediencia y la fidelidad al líder sobre cualquier otra consideración, el nepotismo y el clientelismo siguen campando a sus anchas en nuestro sector público, las Administraciones se saltan la ley cuando les conviene…es decir, todo sigue igual. Lo único que ha cambiado y de forma muy relevante es la percepción ciudadana muy consciente ya de que no va a haber ningún cambio político real desde arriba por la sencilla razón de que a los únicos capaces de promoverlos no les interesa. A estas alturas ya sabemos que nuestra clase política no va a cambiar voluntariamente la ley electoral, ni va a reformar y democratizar internamente los partidos políticos, ni va a acabar de verdad con su financiación irregular, ni a reformar las Administraciones Públicas, ni a promover la transparencia, ni van a promover la separación de Poderes ni la independencia y profesionalización de los organismos reguladores y la función pública.
Claro está que todo esto públicamente no se puede reconocer. De ahí que o se evite la discusión sobre estos espinosos asuntos reduciéndolo todo a un debate económico (como si la degeneración política e institucional y la economía no tuvieran nada que ver) o se realicen esfuerzos un tanto desesperados por convencer a la ciudadanía de que realmente las reformas van en serio.
Por eso la situación política recuerda un tanto al famoso “espíritu del 12 de febrero” de Arias Navarro, al principio de la Transición, y su tímida ley de asociaciones políticas que debían respetar “los principios del Movimiento Nacional”. De esta forma se pretendía tranquilizar a los que mandaban entonces, evitando legalizar los partidos políticos cuya sola existencia se consideraba entonces la piedra de toque de una auténtica democracia (por contraposición a la democracia “orgánica” franquista) procurando contentar a los que reclamaban una democracia homologable con la de los países libres occidentales. Evidentemente, con este tipo de “reformas” solo estaban contentos los que las hacían, dado que las únicas asociaciones compatibles con estos principios eran precisamente las falangistas. Como la realidad es tozuda, la solución no tuvo mucho recorrido, lo mismo que el Gobierno de Arias Navarro y los partidos políticos que concurrieron a las primeras elecciones defendiéndolos.
En mi opinión, y aunque superficialmente parezca lo contrario, lo que está sucediendo ahora en España revela la extremada debilidad del régimen nacido de la Transición, lo que también le convierte en más peligroso, al menos desde el punto de vista de las libertades y derechos de los ciudadanos. Afortunadamente, hemos dejado atrás los tiempos en que las amenazas se referían a derechos como la libertad o la seguridad; ahora se trata más bien de amenazas de tipo económica contra los derechos fundamentales de manifestación y reunión –veánse las increíbles sanciones económicas que estaban previstas al menos en la primera versión del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana— contra la libertad de expresión –aunque sea mediante vías indirectas pero que pueden suponer la pérdida de importantes cantidades de dinero para los desafectos ya se trate de periodistas, medios, o ciudadanos en general- y de ataques contra la neutralidad y la imparcialidad de empleados y funcionarios públicos e incluso de empresarios privados pero cuyas cuentas de resultados son muy dependientes del sector público.
Lógicamente estas “sanciones” económicas son el reverso de las ventajas que confiere la proximidad al Poder, ya se trate de mejores retribuciones para los funcionarios complacientes, obedientes, contratos públicos para empresas próximas, cargos para amigos, rescates para socios en apuros o publicidad institucional para medios afines. No obstante, conviene recordar que este tipo de sanciones o desventajas, aunque no sean comparables a las que en otros tiempos tenían que soportar los desafectos y los críticos, son muy reales y dolorosas en un contexto de crisis económica como el que padecemos y muy sensibles para la mayoría de los españoles. Y resultan efectivas
Lo más interesante es que hasta hace poco la existencia de este tipo de comportamientos tan poco homologables con los de nuestros socios europeos era negada cuidadosamente. Por eso otra señal inequívoca del fin de régimen es que ahora se están perdiendo las formas y se dice en público lo que antes se comentaba en privado. Se puede vetar en una rueda de prensa de la Moncloa a determinados medios sin dar más justificación que la que de la santísima voluntad, se hacen insinuaciones sobre la situación tributaria de determinados colectivos críticos, o o se destituye sin miramientos y sin explicaciones a los molestos funcionarios que investigan y denuncian caiga quien caiga o se sanciona disciplinariamente -cuando no se expulsa de la carrera como ha ocurrido con algún Fiscal reingresado por vía judicial- a los que osan levantar la voz contra este estado de cosas. Decir la verdad en España es hoy peligroso. Al menos económicamente peligroso.
Por último, otro rasgo sintomático de bunkerización y fin de ciclo es la apelación al miedo del electorado, miedo a lo desconocido, al caos, a la italianización, al populismo, lo que pueda venir en estos momentos en que, siempre según la versión oficial ya ha empezado la recuperación económica, aunque los ciudadanos todavía no lo perciban en su vida diaria, más bien al contrario. Lo que sí se empieza a percibir con bastante nitidez es la involución democrática. Ha empezado el partido del gobierno declarando por boca de su Secretaria General que es “o el PP o la nada”, en feliz expresión que tanto recuerda el famoso chiste de Hermano Lobo en las postrimerías del franquismo en el que un prohombre del Régimen decía algo similar (“O nosotros o el caos”). En los próximos meses seguirán apelando al miedo y las voces se elevarán cada vez más a medida que las encuestas del CIS les resulten más desfavorables. Me imagino que también intentarán meter miedo a los socios y acreedores europeos.
Y sin embargo, si algo han demostrado estos años es la extraordinaria madurez y resistencia de la sociedad española frente a la adversidad. Los españoles nos hemos hecho mayores de edad y estamos preparados, sin ninguna duda, para una democracia de calidad, que es lo que ya toca para los siguientes 40 o 50 años. No hay que tener miedo.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?