El informe sobre la reforma tributaria ¿mucho ruido y pocas nueces?

Seguramente que Joaquín Estefanía consideraría como parte del lenguaje de la “economía del miedo”  (La economía del miedo. Galaxia Gutemberg, 2012) la frase del profesor Manuel Lagares (Presidente de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español) dicha en la entrevista  de Jesús Sérvulo González para El País (16 de marzo de 2013): “Hay que ver si se quiere pagar dos puntos menos de IVA, y mantener el paro”. Como ha señalado Francisco de la Torre (“Una propuesta de sabor agridulce”. Expansión, 15 de marzo de 2014), “La denominada “reclasificación” de productos en el IVA es regresiva, mucho. Considero que aumentar la carga fiscal, de forma especial para los más desfavorecidos, elevando en un 11% los productos de primera necesidad debería ser el último cartucho recaudatorio, y no la primera medida para financiar una bajada de otros impuestos”.

Después de una primera lectura del Informe de la Comisión (`presentado el viernes 14 de marzo), de la referida entrevista y algunas otras opiniones ya publicadas, saco la impresión de que la reforma fiscal anunciada, si se siguen las recomendaciones de la Comisión, perjudicará, como siempre, a la depauperada clase media. Y menos mal que el Gobierno  se ha apresurado a decir que no aplicará el recomendado gravamen de la vivienda habitual, criticado con gran acierto por el vocal de la Comisión Pedro M. Herrera Molina en su interesante voto particular. La grosera medida propuesta supondría un verdadero ataque a las personas que ahorran.

Cuando leí el Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de julio de 2013 sobre la creación de la referida Comisión de expertos y, más concretamente, su composición, consideré que era una decisión equivocada: nueve miembros de los cuales exclusivamente uno es jurista (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario). El resto son prestigiosos economistas y expertos en Hacienda Pública. El propio Lagares lo ha resaltado en la referida entrevista: “En la Comisión hemos sido ocho economistas y un abogado, todos catedráticos. Los economistas hemos pensado como economistas y hemos diseñado un esquema que puede ser duro y difícil de asumir…”

Cualquiera que conozca un poco el sistema tributario español y su falta de coherencia, acumulada por los desaguisados y despropósitos infligidos al mismo durante años, convendrá en que hacían falta más juristas en dicha Comisión. Esta presencia minoritaria de juristas se nota a lo largo de todo el Informe. Brillan por su ausencia las consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica y la técnica normativa. “La reforma en ciernes es la ocasión para enmendar los errores y parches del marco actual”, decía el editorial de Expansión del 3 de febrero de 2014 (“Una reforma fiscal que dé más seguridad jurídica”).

A estas alturas pueden resultar irritantes algunas propuestas harto voluntaristas: “Suprimir la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando lo permita la situación presupuestaria”. Pero resulta más irritante lo que se dice de este arcaico impuesto. Se sigue sosteniendo que su justificación es “la ventaja derivada de la protección que otorga la fe pública…” Argumento harto falaz como hemos intentado demostrar en otra ocasión : la referida ventaja la pagamos los ciudadanos y empresas cuando acudimos al notario y al registro público correspondiente.

Siguiendo con los ejemplos, se dice en el Informe, sobre la delimitación entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que “las normativas de ambos tributos delimitan perfectamente la asignación de operaciones a uno y otro impuesto”. Esta afirmación sobre la perfecta delimitación es más que discutible si observamos la doctrina administrativa y la jurisprudencia al respecto. La propia Comisión alude a operaciones que suelen crear mayores dificultades (la renuncia a la exención en el IVA; el concepto de segunda o ulteriores entregas de edificaciones, etc). Pero lo que es de lamentar es que la Comisión, en aras del principio de neutralidad que rige en el IVA, no haya propuesto una justa delimitación entre ambos impuestos, llevando al ámbito del IVA todas aquellas operaciones que vayan a ser incorporadas a actividades empresariales, aunque el transmitente sea un particular. Qué no decir de la necesaria abolición del incremento del gravamen de Actos Jurídicos Documentados impuesto por algunas Comunidades Autónomas cuando se renuncia a la exención en el IVA, lo que supone un verdadero dislate desde el punto de visto jurídico.

La práctica ausencia de juristas en la Comisión ha significado que no se tomen en consideración sugerencias tales como la eliminación de recargos e intereses en regularizaciones de IVA sin perjuicio económico para la Hacienda Pública; elevación el plazo máximo de repercusión del IVA, para hacerlo coincidir con el plazo para la deducción del soportado, la necesaria proporcionalidad de las sanciones que castigan el mero incumplimiento de obligaciones formales cuando se han cumplido las materiales, etc, etc.

Soy de los que piensan que con el desaforado nivel de gasto improductivo de nuestro país, cuyo principal beneficiario es buena parte de la parasitaria casta política, es el verdadero problema, y que no existe sistema tributario eficiente que lo financie. El “impuesto justo” al que se refirió Luigi Vittorio Berliri hace tiempo provoca risa y algazara en cualquier reunión de gente con cierta altura intelectual. De ahí las referidas propuestas voluntaristas: “para cuando se pueda”.

Lo que  parece claro es que un Informe de estas características no puede digerirse en un par de meses y que debería abrirse un cierto debate público. Una pretendida reforma fiscal global apresurada podría ser insoportable. Dice el profesor Lagares en la entrevista que no está seguro de las propuestas que le van a admitir, señalando que el eminente Hacendista Richard Musgrave le comentó en cierta ocasión que él era feliz cuando le habían admitido el 10% de lo propuesto. Esta reflexión es peligrosa, pues se supone que el Informe es coherente y no dado a la fragmentación. Es decir, el conjunto de propuestas del mismo no son las estanterías de un supermercado para que el Gobierno vaya llevando al carrito las que le apetezca. Sería desastroso, por ejemplo, que se llevara al carrito la supresión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades pero no la bajada de los tipos impositivos actualmente vigentes. Una medida es complementaria de la otra.

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (y VII): El principio y el fin

Donde se pone fin a esta novela de no ficción, pero no a esta historia, cuyo definitivo desenlace corresponde determinar a los lectores
 

El principio
Como tantas otras Cajas, Caja Segovia nació en la segunda mitad del siglo XIX con el fin de paliar la secular usura que lastraba el campo español, y que alcanzaba a veces el estratosférico interés de real por duro mensual, es decir, del 60% anual. Lo hizo de la manera más humilde posible: un conjunto de personas bien intencionadas se reunieron e invitaron a los segovianos a dar algo de lo que les sobraba para poder establecer un Monte de Piedad. Cuando inició su andadura sólo contaba con 14.586 pesetas (de ellas 717 fueron recaudadas en una velada músico-literaria organizada en su favor en junio de 1877). El día de su apertura se formalizaron dos préstamos por valor de 70 pesetas y cuarenta imposiciones que ascendieron a 168 pesetas.
La Caja fue creciendo a base de súplicas a los vecinos para que suscribieran nuevas acciones y obligaciones. Lo segovianos dieron la talla, a veces triplicando el importe de las emisiones solicitadas, mostrando desde el principio una enorme solidaridad con los fines sociales que ésta pretendía. Poco a poco, el acudir al Monte de Piedad para empeñar bienes de la más variada procedencia a cambio de préstamos a corto plazo terminó desplazando completamente a la tradicional usura.
Tras la Guerra Civil la Caja dejó de ser una sociedad de accionistas, y en el Consejo entran representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, entre otros organismos. Es en esta época cuando empieza su gran expansión. Con el desarrollo de la economía española, las cuentas de ahorro y las imposiciones a plazo sustituyen a los empeños. Se abren sucursales en distintos pueblos de la provincia, en beneficio de los agricultores que encuentran en la Caja el único socorro financiero y también el único asesoramiento digno de ese nombre.  Empezó así a gestarse, precisamente, una relación de confianza que iba a durar muchas décadas, pero que con el tiempo se convertiría en una trampa mortal.
En esa época comienzan también las actividades culturales de la Caja, especialmente en el ámbito editorial, centrado en la historia, la literatura, la agricultura, el arte popular y la naturaleza de la provincia. De ahí se pasó pronto a la docencia, siempre al lógico estilo de la época: la Escuela de Obreras, la Granja Escuela y los Centros de Formación Familiar. Siguieron becas y premios para alumnos de enseñanza media y superior. En 1969 se financia la apertura de un Colegio Universitario adscrito a la Universidad Complutense. Unos años antes se había iniciado la obra social para la protección y ayuda a la tercera edad.
En el año 1956 la Caja se suma a los esfuerzos de restauración del riquísimo patrimonio segoviano, comenzando por la Sala de las Piñas del Alcázar. En 1973 adquiere un palacio para su restauración, el Torreón de Lozoya (cuyo triste destino ya conocemos). Enseguida se convirtió en un centro artístico de gran trascendencia dentro y fuera de la provincia, que llegó a acoger muestras de primerísima fila: Zuloaga, Miró, Esteban Vicente, Tapies, Feito, Antonio López, Chillida… sin olvidar a los mejores artistas locales del momento. La Caja creó también su propia colección a lo largo de todos esos años, desde los primitivos hasta las acuarelas de Pérez de Castro, pasando por los grandes murales en grisalla descubiertos en el palacio de Villafañe siguiendo las indicaciones del Marqués de Lozoya…
Para qué seguir. Mucho es lo que hizo la Caja por los segovianos, desde la ayuda financiera a las capas más humildes de la sociedad a la difusión del arte de vanguardia, desde la promoción del deporte popular a la educación, desde la conservación del patrimonio artístico hasta la preservación de la cultura segoviana en todas sus manifestaciones. Si se lo hubieran anticipado a esos diez benefactores que firmaron la primera acta el 24 de junio de 1877, quizás no se lo hubieran creído. Pero, sin duda, aun menos se hubieran creído lo que pasó luego.
No sería justo acusar a la democracia de no haber sabido conservar este regalo, porque lo que ocurrió no tiene nada que ver con la verdadera democracia (que sabe siempre dónde está su sitio). Más bien, si con algo tiene que ver es con su perversión.
El origen del problema hay que encontrarlo en la Ley 31/1985 sobre órganos rectores de las Cajas. La Exposición de Motivos nos avisa ya de que persigue la cuadratura del círculo: lograr simultáneamente “la plena democratización de los órganos rectores”, conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, y adaptarse a la nueva estructura territorial del Estado delegando ciertas competencias en las CCAA. Sobre el papel se diseña un marco aparentemente equilibrado entre la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control, pero en la práctica la poderosa trituradora que es nuestra partitocracia clientelar borra por completo cualquier diferencia. Los partidos, en realidad, los caciques locales, toman paulatinamente posesión de la Cajas y empiezan a repartirse el negocio, con mayor o menor discreción. Lo mejor de todo es que no le tienen que rendir cuentas a nadie…. porque ellos mismo son los que están replicados en todos los lados del poliedro: en los órganos internos, por supuesto, pero también en los externos, ya sean los ayuntamientos, las diputaciones, las CCAA, los sindicatos, etc. La ruptura entre el agente y el principal (entre los gestores y los intereses públicos) viene a ser total.
Pero, sin duda, lo que termina de cebar la bomba es la burbuja inmobiliaria. Como han demostrado Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos (aquí) la burbuja creó una apariencia de prosperidad que impidió que esa ruptura entre agente y principal resultase evidente. Los errores, incluso los disparates, no eran sancionados por el mercado, al menos no inmediatamente. Se perdió completamente la noción de proporción y la prudencia, hasta ese momento características de las Cajas, y se emprendieron aventuras sin justificación financiera ni geográfica. La burbuja originó además una tentación de dinero rápido y fácil absolutamente irresistible para los caciques locales. El resultado fue el previsible: cada grupo de amigos –normalmente articulado en torno a un partido político- emprendía aventuras particulares con la aquiescencia de los directivos de la Caja, que miraban para otro lado mientras simultáneamente engordaban sus bolsillos con la aquiescencia de los consejeros políticos, que miraban para otro lado mientras… en un círculo perverso potencialmente explosivo para el futuro de las Cajas.
Caja Segovia no fue la excepción, precisamente. Tras la fusión con Bankia y la consiguiente expropiación perdió prácticamente todo su patrimonio. En los post anteriores hemos descrito el tipo de gestión que condujo a ese resultado. Hoy, la Fundación Caja Segovia no tiene más bienes que unos cuantos inmuebles hipotecados, entre ellos el famoso Torreón de Lozoya, cuyo crédito puede terminar en cualquier momento en poder de un “fondo buitre”, si no lo está ya. Los segovianos, por su parte, se han quedado sin la Caja, pero como entrañable recuerdo todavía conservan en su poder más de doscientos millones de euros en participaciones preferentes y otras obligaciones subordinadas, la mayoría de los cuales colocadas a minoristas que han perdido de esa manera gran parte de sus ahorros. Precisamente, al mismo tipo de personas a los que, hace más de un siglo, la Caja pretendió ayudar emancipándoles del engaño y del abuso practicado por usureros y  otras gentes de mal vivir….
 
El fin
Pese a lo que pudiera pensar algún lector despistado, éste no es el final, ni muchísimo menos. Como ocurre en la actualidad con las mejores series interactivas, el final de esta triste historia lo van a escribir ustedes. Quiéranlo o no.
Hay gente que piensa que el problema ya está solucionado. Lo que había que hacer era diseñar una norma que saliese al paso de todas estas deficiencias que hemos enumerado. Pues bien, ahí está la nueva Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que exige una vinculación de la actividad financiera de las Cajas con las necesidades de los clientes minoristas, que impide que realice sus actuaciones fuera de la Comunidad Autónoma o de las  provincias limítrofes, que impone que todos los miembros del Consejo cuenten con conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones, que existan consejeros independientes, etc.
Estas medidas son necesarias, qué duda cabe. Pero pensar que con ellas basta, es no comprender en absoluto el crucial papel que cumple el principio de responsabilidad en una sociedad. Sin él, cualquier medida legislativa, cualquier reforma, por muy bien intencionada que sea, estará condenada necesariamente al fracaso. Pues bien, en Caja Segovia, como en tantos otros casos, la responsabilidad brilla por su ausencia.
En los Juzgados de Instrucción 2 y 5 de Segovia se iniciaron en 2011 y 2013, respectivamente, dos procedimientos penales contra los responsables del hundimiento de la Caja, en gran parte gracias al trabajo abnegado de una serie de ciudadanos que por su cuenta se empeñaron en investigar y denunciar el conjunto de tropelías que les hemos relatado. Pero se comenta que sus posibilidades de prosperar parecen escasas. De hecho, Atilano comunicó a sus consejeros que había sido tranquilizado por quien correspondía: quizás su conducta pudiera suscitar cierto reproche moral, pero difícilmente encaja en el tipo penal.
La Fundación Caja Segovia podría al menos interponer una acción civil de reclamación de daños y perjuicios, pero hay que recordar que en el patronato están sentados los mismos partidos involucrados en el escándalo de la Caja, que se proponen además volver a ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015 y 2016. En consecuencia, Manuel Escribano (el ex Director General) y sus amigos del equipo directivo, seguramente conservarán las retribuciones contratadas con los 34 millones de euros aportados. El Sr. Escribano lleva cobrando los 800.000 euros anuales desde 2012, por lo que a poco que goce de buena salud (lo que le deseamos todos) puede llegar a ahorrar bastante para solaz de sus herederos.
El caso Segovia 21 ni siquiera se encuentra ya en los juzgados, pues murió antes de nacer. La simple coincidencia de nombres con algunos implicados en la trama Gürtel, las remuneraciones supuestamente excesivas o los errores contables, no fueron suficientes para mantenerlo con vida.
Las cúpulas del PP y del PSOE controlan todavía -ya no la Caja como entidad financiera, que ha desaparecido- pero sí la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y con ellos los demás resortes de poder locales, incluida, por supuesto, la Fundación. Siguen siendo las mismas, sin renovación de ningún tipo fuera de los ocasionales casos de cooptación interna. Los mismos empresarios que hemos citado siguen engrosando su red clientelar. Qué duda cabe que la ausencia de sanciones (políticas y jurídicas) generará en unos y en otros (políticos y empresarios) una enorme sensación de seguridad (o digamos, quizás, de impunidad). Esperarán a que se recupere la economía para continuar haciendo los mismos negocios que antes, y con la misma opacidad. Saben que no les pasará nada, porque está todo atado y bien atado.
Los segovianos, por otra parte, han asumido el coste de todo ello: el de sus preferentes y sus swaps, el de haberse quedado sin la obra social de la Caja, y el derivado de tener que pagar más impuestos para tapar los agujeros motivados por su hundimiento. Ni los directivos del Banco de España ni de la CNMV de la época asumieron ninguna responsabilidad. Los nuevos han sido nombrados por los mismos partidos que eligieron a aquellos.
¿No le gusta este final? ¿Quiere cambiarlo? Es fácil, no tiene más que desearlo… y hacer algo al respecto, claro.