La Educación de un Economista (I)

 

En unos días daré una serie de charlas (en Estados Unidos y en Madrid) sobre la situación económica y política de España. Por ello, estas semanas últimas y en vez de escribir, he dedicado tiempo a pensar sobre nuestras tesituras. No solo esto me ha permitido delinear los temas sobre los que hablaré, sino que también me sirve para enfocar algunos de los aspectos en los que me gustaría construir argumentos más solidos.

Quizás no sea una sorpresa para aquellos que han leído mis columnas y mis entradas en internet, especialmente desde que me mudé a las más acogedoras páginas de este blog, que estas reflexiones me alejen de aspectos meramente económicos y me lancen contra los peligrosos arrecifes de la economía política de España.[1] En particular, contra las rocas de nuestro maltrecho estado de derecho, nuestro decadente sistema de partidos y nuestras doloridas instituciones.

Esta evolución es consecuencia de años de frustración ante la gestión de nuestra crisis económica. Cuando, en 2008, España entró en una profunda recesión disponíamos de amplios márgenes de maniobra. Nuestra deuda pública era reducida, el sector financiero contaba con ciertas reservas y, desde nuestra entrada en la Unión Europa, habíamos acumulado un amplio capital de credibilidad con nuestros socios.

La reacción del gobierno de Zapatero ante la crisis fue decepcionante. Primero se negó que la crisis fuera objeto de mayor preocupación (“no llegaremos a 4 millones de parados”). Luego se pretendió salir de ella a golpe de talonario público. Finalmente, se habló de unos brotes verdes que nunca existieron.

Este comportamiento del gobierno no me sorprendió. Nunca había tenido a Zapatero en mucha consideración. Intelectualmente no era más que un ejemplo de esos políticos superficiales que producen las sociedades modernas. Políticamente, su llegada al poder había sido producto de unos acontecimientos excepcionales en los que él solo había jugado un papel secundario. Entre sus asesores más cercanos, unos votaban al PSOE fruto de nuestras peculiaridades históricas pero poco tenían que ver con el resto del partido. Otros habían sido catapultados a posiciones de influencia muy por encima de sus capacidades fruto del reducido banquillo del partido. España estaba malgastado siete años y medio en días de vino y rosas.

Pero, si Zapatero únicamente cumplía con mis limitadas expectativas, para mi sorpresa, el comportamiento de Rajoy en la oposición cada vez me preocupaba más. El 21 de Diciembre de 2010, cuando ya estaba claro que el PP iba a ganar las elecciones, escribí con Luis Garicano:

“Ante la necesidad imperativa de llevar a cabo estas profundas reformas, y las enormes dificultades para hacerlo que suponen sindicatos, baronías regionales, etc., nos ha sorprendido la evolución aparentemente inexorable del principal partido de la oposición de popular a populista. Cada día, al leer el periódico, vemos noticias que cuentan como el PP vota en contra de la congelación de las pensiones o de la reducción de sueldo de los funcionarios, no apoya el incremento de la edad de jubilación o tiene una actitud cuando menos equívoca con los desmanes de los controladores aéreos.”

Y:

“Pero no solo es la posición con respecto a las pensiones la que nos parece incomprensible. Miremos aquellas situaciones donde el PP tiene un poder de decisión más directo. ¿Se entiende la lista de 11 consejeros, todos ellos más o menos políticos, que Cajamadrid propone para el consejo del banco del SIP con Bancaja y otras entidades? ¿Se entiende la demanda contra los administradores del Banco de España en la CCM? ¿Se entiende el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad Valenciana? Todas estas medidas nos hacen temer que la demagogia de las pensiones sea la prueba de una enfermedad mucho más seria que el electoralismo cortoplacista: el populismo, el todo es gratis, el vayamos despreocupadamente por el camino más fácil, el la culpa la tienen los demás, usted no tiene que hacer nada costoso.”

Esa columna no sentó demasiado bien. Una persona con razones para saberlo me comentó que Rajoy y su entorno no olvidaban este tipo de artículos en la prensa y que tendría que vivir con las consecuencias de mis palabras. Obviamente, tal amenaza me importó bastante poco (las ventajas de no querer nada del poder, ¿o se cree nadie que si yo hubiese tenido otras ambiciones –como se nos ha acusado en decenas de casos- hubiese escrito eso?).

Sin embargo, lo que no terminé de ver lo suficientemente claro es que lo que Luis y yo apuntábamos como una posibilidad (“una enfermedad mucho más seria que el electoralismo cortoplacista”), era una triste realidad. Que había un problema estructural con nuestro sistema político mucho más profundo que el que Zapatero fuera un mal guiño del destino o que Rajoy sufriese de veleidades populistas.

Cuando llegó el PP al poder tenía fundados temores sobre los dilemas a los que se enfrentaba y sobre la voluntad de atajarlos. Como escribí el 11 de Noviembre de 2011, el día antes de las elecciones (en un post que más de uno me criticó por no “respetar” esa institución infantil de la jornada de reflexión):

“No sé quién se paseará por la calle de Alcalá en Madrid en unas semanas, pero no le envidió en absoluto. Hagamos lo que hagamos, el 2012 y 2013 solo podrán moverse entre lo horrible y lo realmente horrible. Incluso la mejor política posible, que pasa muy a mi pesar por grandes sacrificios para todos, solo podrá aspirar a salvar los muebles lo mejor que podamos. Y lo realmente aterrador: si no seguimos esa política, los resultados serán aún más nefastos.”

A la vez, y quizás en un ejercicio de ingenuo optimismo, durante el verano y el otoño de 2011 pensaba que el gobierno del PP corregiría algunos de los peores defectos del PSOE. Tenía una idea más o menos clara de a quién Rajoy iba a poner en su equipo económico. Había hablado con ellos en muchas ocasiones y, si bien no siempre compartía sus diagnósticos o prioridades, si que esperaba una gestión relativamente competente aun si tuviesen que cumplir ciertas promesas demagógicas. Mis temores se centraban más en que fuera demasiado tarde para corregir la situación, en que -siendo todos ellos funcionarios- carecieran de la imaginación para acometer reformas radicales que España necesitaba y en que el resto del partido no les dejase márgenes de maniobra.

Además, y de manera egoísta, en el otoño de 2011, esperaba poder dejar de hablar de la crisis por una temporada. Como concluía, con cierta tristeza, en ese mismo post que cité anteriormente: “Yo me apunté a esto del blog para hablar del último modelo de aversión a la ambigüedad y de lo que acabábamos de descubrir sobre como computar verosimilitudes en paralelo.” Tras un par de años muy metido en la conversación de política económica, me apetecía volver a mis cosas. Trabajar en una universidad americana rica tiene muchas ventajas pero ninguna mayor que el poder vivir muy tranquilo dedicándose a leer lo que a uno le apetezca en cada momento y sin darle explicaciones a nadie.

Por ello, durante los siguientes Diciembre y Enero no comenté nada (o casi nada) sobre el nuevo gobierno y me dediqué a hablar de cosas raras como la política industrial en Corea o sobre las aventuras de Niall Ferguson (una serie de tres entradas que me hicieron mucha gracia: una, dos y tres).

Mi primeras sospechas de que mis temores de la columna en El Confidencial de Diciembre de 2010 eran fundados fue el anteproyecto Ley de Estabilidad Financiera (otra serie de tres entradas –una, dos y tres– en el que, con bastante esfuerzo, hice lo que nadie más hizo en España: leerse el anteproyecto en detalle y explicarlo en público). El anteproyecto desvirtuaba todo el objetivo de la reforma constitucional al eliminar cualquier mecanismo de control independiente de la situación fiscal. Pero incluso a finales de Febrero de 2012 aun me quedaba un residuo del optimismo de 2011 acerca de la posibilidades del nuevo gobierno.

Fue durante Marzo y Abril de 2012 que mi visión de los objetivos del gobierno cambió radicalmente. Se iba por ahí diciendo cosas peligrosas sobre el Euro que a muchos asustaban. Las reformas no se hacían. Y, en general, no avanzábamos. Esta evolución culminó en la famosa columna de EL PAÍS con Luis Garicano y Tano Santos, No Queremos Volver a la España de los 50. Pero esto lo dejamos para mañana.



[1] “Economía política” es una expresión que se utiliza en diferentes sentidos según el contexto. Aquí la empleo como el área que estudia la interacción entre la economía, el sistema político y el ordenamiento jurídico. Piso disculpas a los lectores que prefieran otros usos.

Flash Derecho: Tratados Internacionales (IV Convenio de Ginebra) vs leyes internas (reforma de la LOPJ en materia de justicia universal)

El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Con la nueva redacción se modifican los términos de la persecución penal en España de hechos ocurridos en el extranjero, tal y como venían establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero en la medida en que las nuevas previsiones sean contrarias a un tratado internacional en vigor para España, como elConvenio IV de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, no serán de aplicación en tanto se mantenga en España la vigencia del tratado internacional. Y es que si bien la incorporación a nuestro ordenamiento de un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 (aprobado en España mediante Ley Orgánica) y 94.1 (firmado con autorización de las Cortes Generales) de la Constitución deroga o modifica leyes anteriores con un contenido contrario, tal cosa no sucede cuando la norma posterior es una Ley, Orgánica u ordinaria, que carece de fuerza activa para derogar una norma internacional, pues, como prevé el propio artículo 96 de la Constitución, esas disposiciones internacionales “solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”.
La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal no es nula pero sí inaplicable en tanto no se consume la denuncia por parte del Estado español de los tratados internacionales con un contenido distinto.
Por todo lo anterior, parece acertado el Auto de 17 de marzo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 que ha resuelto no considerar aplicable al asunto que está investigando -el asesinato del periodista José Manuel Couso en Bagdad- la citada reforma legislativa.

Flash Derecho: Tratados Internacionales (IV Convenio de Ginebra) vs leyes internas (reforma de la LOPJ en materia de justicia universal)

El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Con la nueva redacción se modifican los términos de la persecución penal en España de hechos ocurridos en el extranjero, tal y como venían establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero en la medida en que las nuevas previsiones sean contrarias a un tratado internacional en vigor para España, como elConvenio IV de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, no serán de aplicación en tanto se mantenga en España la vigencia del tratado internacional. Y es que si bien la incorporación a nuestro ordenamiento de un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 (aprobado en España mediante Ley Orgánica) y 94.1 (firmado con autorización de las Cortes Generales) de la Constitución deroga o modifica leyes anteriores con un contenido contrario, tal cosa no sucede cuando la norma posterior es una Ley, Orgánica u ordinaria, que carece de fuerza activa para derogar una norma internacional, pues, como prevé el propio artículo 96 de la Constitución, esas disposiciones internacionales “solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”.

La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal no es nula pero sí inaplicable en tanto no se consume la denuncia por parte del Estado español de los tratados internacionales con un contenido distinto.

Por todo lo anterior, parece acertado el Auto de 17 de marzo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 que ha resuelto no considerar aplicable al asunto que está investigando -el asesinato del periodista José Manuel Couso en Bagdad- la citada reforma legislativa.

El informe sobre la reforma tributaria ¿mucho ruido y pocas nueces?

Seguramente que Joaquín Estefanía consideraría como parte del lenguaje de la “economía del miedo”  (La economía del miedo. Galaxia Gutemberg, 2012) la frase del profesor Manuel Lagares (Presidente de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español) dicha en la entrevista  de Jesús Sérvulo González para El País (16 de marzo de 2013): “Hay que ver si se quiere pagar dos puntos menos de IVA, y mantener el paro”. Como ha señalado Francisco de la Torre (“Una propuesta de sabor agridulce”. Expansión, 15 de marzo de 2014), “La denominada “reclasificación” de productos en el IVA es regresiva, mucho. Considero que aumentar la carga fiscal, de forma especial para los más desfavorecidos, elevando en un 11% los productos de primera necesidad debería ser el último cartucho recaudatorio, y no la primera medida para financiar una bajada de otros impuestos”.

Después de una primera lectura del Informe de la Comisión (`presentado el viernes 14 de marzo), de la referida entrevista y algunas otras opiniones ya publicadas, saco la impresión de que la reforma fiscal anunciada, si se siguen las recomendaciones de la Comisión, perjudicará, como siempre, a la depauperada clase media. Y menos mal que el Gobierno  se ha apresurado a decir que no aplicará el recomendado gravamen de la vivienda habitual, criticado con gran acierto por el vocal de la Comisión Pedro M. Herrera Molina en su interesante voto particular. La grosera medida propuesta supondría un verdadero ataque a las personas que ahorran.

Cuando leí el Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de julio de 2013 sobre la creación de la referida Comisión de expertos y, más concretamente, su composición, consideré que era una decisión equivocada: nueve miembros de los cuales exclusivamente uno es jurista (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario). El resto son prestigiosos economistas y expertos en Hacienda Pública. El propio Lagares lo ha resaltado en la referida entrevista: “En la Comisión hemos sido ocho economistas y un abogado, todos catedráticos. Los economistas hemos pensado como economistas y hemos diseñado un esquema que puede ser duro y difícil de asumir…”

Cualquiera que conozca un poco el sistema tributario español y su falta de coherencia, acumulada por los desaguisados y despropósitos infligidos al mismo durante años, convendrá en que hacían falta más juristas en dicha Comisión. Esta presencia minoritaria de juristas se nota a lo largo de todo el Informe. Brillan por su ausencia las consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica y la técnica normativa. “La reforma en ciernes es la ocasión para enmendar los errores y parches del marco actual”, decía el editorial de Expansión del 3 de febrero de 2014 (“Una reforma fiscal que dé más seguridad jurídica”).

A estas alturas pueden resultar irritantes algunas propuestas harto voluntaristas: “Suprimir la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando lo permita la situación presupuestaria”. Pero resulta más irritante lo que se dice de este arcaico impuesto. Se sigue sosteniendo que su justificación es “la ventaja derivada de la protección que otorga la fe pública…” Argumento harto falaz como hemos intentado demostrar en otra ocasión : la referida ventaja la pagamos los ciudadanos y empresas cuando acudimos al notario y al registro público correspondiente.

Siguiendo con los ejemplos, se dice en el Informe, sobre la delimitación entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que “las normativas de ambos tributos delimitan perfectamente la asignación de operaciones a uno y otro impuesto”. Esta afirmación sobre la perfecta delimitación es más que discutible si observamos la doctrina administrativa y la jurisprudencia al respecto. La propia Comisión alude a operaciones que suelen crear mayores dificultades (la renuncia a la exención en el IVA; el concepto de segunda o ulteriores entregas de edificaciones, etc). Pero lo que es de lamentar es que la Comisión, en aras del principio de neutralidad que rige en el IVA, no haya propuesto una justa delimitación entre ambos impuestos, llevando al ámbito del IVA todas aquellas operaciones que vayan a ser incorporadas a actividades empresariales, aunque el transmitente sea un particular. Qué no decir de la necesaria abolición del incremento del gravamen de Actos Jurídicos Documentados impuesto por algunas Comunidades Autónomas cuando se renuncia a la exención en el IVA, lo que supone un verdadero dislate desde el punto de visto jurídico.

La práctica ausencia de juristas en la Comisión ha significado que no se tomen en consideración sugerencias tales como la eliminación de recargos e intereses en regularizaciones de IVA sin perjuicio económico para la Hacienda Pública; elevación el plazo máximo de repercusión del IVA, para hacerlo coincidir con el plazo para la deducción del soportado, la necesaria proporcionalidad de las sanciones que castigan el mero incumplimiento de obligaciones formales cuando se han cumplido las materiales, etc, etc.

Soy de los que piensan que con el desaforado nivel de gasto improductivo de nuestro país, cuyo principal beneficiario es buena parte de la parasitaria casta política, es el verdadero problema, y que no existe sistema tributario eficiente que lo financie. El “impuesto justo” al que se refirió Luigi Vittorio Berliri hace tiempo provoca risa y algazara en cualquier reunión de gente con cierta altura intelectual. De ahí las referidas propuestas voluntaristas: “para cuando se pueda”.

Lo que  parece claro es que un Informe de estas características no puede digerirse en un par de meses y que debería abrirse un cierto debate público. Una pretendida reforma fiscal global apresurada podría ser insoportable. Dice el profesor Lagares en la entrevista que no está seguro de las propuestas que le van a admitir, señalando que el eminente Hacendista Richard Musgrave le comentó en cierta ocasión que él era feliz cuando le habían admitido el 10% de lo propuesto. Esta reflexión es peligrosa, pues se supone que el Informe es coherente y no dado a la fragmentación. Es decir, el conjunto de propuestas del mismo no son las estanterías de un supermercado para que el Gobierno vaya llevando al carrito las que le apetezca. Sería desastroso, por ejemplo, que se llevara al carrito la supresión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades pero no la bajada de los tipos impositivos actualmente vigentes. Una medida es complementaria de la otra.