Entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez en Lawyerpress

Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013:
“Falta la ambición en nuestros gobernantes de hacer reformas de calado”
MADRID, 21 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

“Por desgracia, ni estamos saliendo de nuestra crisis institucional y política ni de la económica. El deterioro de nuestro Estado de Derecho es evidente y la judicialización de nuestra vida política muy preocupante”. Es una de las reflexiones de Elisa de la Juez, jurista y editora de Hay Derecho? uno de los blogs más leídos del momento. Acaba de recibir el Premio Scevola 2013 que distingue a esta labor crítica y ética de esta publicación online. “ Al igual que con la reforma fiscal que hemos conocido, que solo parchea la situación, falta la ambición de hacer reformas de calado, no se sabe si es por falta de interés o por qué no se puede”. Desde su punto de vista se echan en falta grandes reformas, tanto a nivel institucional como de las propias administraciones del Estado “ Así ha pasado con la Ley de Transparencia que se queda muy corta”, añade. También alude a que hay otros cambio normativos que se hacen sin convicción, un poco de cara a la galería. De política, reforma de la justicia y de otras muchas cosas trata esta entrevista. Elisa como siempre habla claro y lanza mensajes muy concretos.

En primera persona
“Hice hace muchos años la oposición a la Abogacía del Estado, eso me ha hecho ver desde dentro como es nuestra Administración a través de diferentes responsabilidades en diferentes Ministerios o la propia Agencia Tributaria.
En el año 2000 surge la oportunidad de incorporarme a una entidad pública, RED.ES, que se iba a ocupar del desarrollo de las tecnologías en nuestro país y de la sociedad de la información. Ahí estuve como Secretaria General.
Es evidente que en esta etapa fui conociendo mejor lo que es el mundo de las nuevas tecnologías; es un universo tan interesante como cautivador. En aquel momento era clave para la innovación en nuestro país.
Cuando ya salí del sector público ya tenía un amplio bagaje profesional a mis espaldas. Era el momento de montar ICLAVES, mi propia empresa, como consultora especializada en diferentes temas de la sociedad de la información.
Ahora trabajo con ingenieros, juristas y otros profesionales. En este contexto de desarrollo de Internet surgió la idea de poner en marcha Hay Derecho? como blog. Era hacer una propuesta que les hice a un grupo de amigos. Les gustó y lo pusimos en marcha a finales del 2010.
A todos nos unía en ese momento la preocupación del deterioro del Estado de Derecho y de nuestra seguridad jurídica como juristas y ciudadanos. Que hayamos elegido Hay Derecho? como nombre no fue una casualidad.
Estamos a punto de editar un libro con el nombre del blog como recopilatorio del trabajo de estos años. Es algo más que un resumen de esta labor. Confiemos que pueda estar disponible para la próxima Feria del Libro.
La verdad es que a lo largo de estos años en muchas ocasiones hemos visto que no hay ese Derecho…”

Sra de la Nuez Desde una plataforma tan privilegiada como es Hay Derecho, como se ve el entorno actual?
Vemos tocado a nuestro Estado de Derecho. Si le soy sincera hemos ido llegando a esta conclusión de forma progresiva. Al principio pensábamos que funcionaba bien con ciertas excepciones, sin embargo a medida que nos hemos ido metiendo y tener que investigar otros temas hay más cosas que funcionan mal, aparte de la administración de justicia.
Es el caso de la hiperinflación normativa, demasiada normativa no siempre con la calidad legislativa que se espera. Eso hace que sea imposible su conocimiento y aplicación posterior.
Quizás la justificación tenga que ver con nuestra proliferación de Parlamentos autonómicos que dictan leyes, sean necesarias o no. Y a nivel estatal se puede hablar del voluntarismo jurídico.
Parece como si todo se solucionara con sacar normas cuando a lo mejor que se debería hacer es aplicar las normas que tienes y no hacer tantos cambios

Normas hechas de forma deficiente…
Así también lo comentamos en ese libo que está a punto de salir. Pero es que todo tiene relación. Si legislas de una forma tan descontrolada no es sencillo conocer qué es lo que se regula; lo que tienes que derogar o modificar.
Alguna vez hemos pensado que quizás hay alguna norma mal hecha a propósito. No se entienden muy bien y dan mucho margen a la interpretación y a la arbitrariedad, que su aplicación sea diferente en determinados momentos.

Desde fuera da la sensación que con malas normas es más sencillo ser corrupto.
Hay alguna expresión latina que traducida señala que “Cuantas más leyes se necesitan más corrupta es la República”. Nosotros preferimos otro escenario, con pocas leyes y que se cumplan de verdad para todos.
Regularlo todo al detalle tiene otro problema, aquello que esté sin regular es un agujero por donde pueden venir los problemas.
La claridad normativa tiene que ir de la mano de la ejemplaridad; hay que ver más dimisiones o ceses que no necesitan de ninguna ley para que sucedan. Eso es fundamental también.

¿Son apropiadas las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción?
No están mal. Pero el problema es lo que estamos hablando. Hay otras muchas normas que están en vigor y que intentan evitar conductas similares y que se incumplen. En nuestro blog hemos hablado mucho de los indultos o aforamientos por ponerle dos casos concretos.
Mientras estas cuestiones no se arreglen, la lucha contra la corrupción estará perdida. Las cosas no se tienen que resolver sólo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica. Y es que la realidad exige más cosas.

Hablamos siempre de las reformas de la justicia pero nunca llegan de manera profunda, ¿Dónde está el problema?
La justicia funciona mucho peor que cualquiera de nuestros servicios públicos. Lo veo como usuaria y como jurista. Por desgracia, cuando uno va un juzgado le puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que su margen de aplicación es más restringido pero debe de someterse a una reforma profunda.

¿Cambiaría el panorama con otro ministro o hace falta otro talante?
Es necesario un cambio de política jurídica en nuestro país. Las personas son importantes pero las estructuras y las instituciones mucho más.
Al mismo tiempo hace falta concienciar al ciudadano que un Estado de Derecho necesita una administración de justicia sólida e independiente. Debería ser tan importante como que funcionen bien nuestros hospitales en urgencias.

¿Le ha decepcionado Gallardón como Ministro?
Tengo que confesar que no tenía muchas expectativas puestas sobre su gestión. Tenga en cuenta que es una persona de formación casi exclusiva política, no se sabía que planteamientos podría tener para mejorar la administración de justicia.
Ha llegado a un Ministerio sin la experiencia o formación adecuada para intentar hacer los cambios que necesita nuestra justicia

De todas formas es curioso que aprobase como primera Ley la relacionada con la Mediación y a continuación impusiera las tasas judiciales…
Es mi opinión muy personal, se han visto muy presionados por el colapso judicial, que es evidente que existe, pero claro intentar solucionar este asunto con las tasas sin tomar otras medidas que son necesarias para reformar la justicia produce el problema que tenemos ahora.
Estás evitando que haya más pleitos a los tribunales pero dañando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. La medida se impuso en pleno problema de preferentistas y otras reclamaciones.
Este café para todos de Gallardón no es una solución y está generando grandes injusticias como se puede ver ahora

¿Es necesario tener tasas en la justicia?
Hay que estudiarlo muy bien para que no sea una barrera de acceso a nuestra justicia. Habría que ver de qué forma se desarrolla. En el próximo libo hablamos que las tasas son una medida más de las reformas que necesita nuestra justicia pero no la única

¿Comparte la opinión de otros colegas suyos que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse lo antes posible ante esta cuestión por que este tema afecta a todos?
Me gustaría que así fuera. Hay varios recursos de inconstitucionalidad que están ahí y tenemos que saber qué va a pasar con ellos. Deberían hacer un esfuerzo. Lo que desconozco es si estos magistrados tienen esa sensibilidad que les pedimos.
El otro tema preocupante de la administración de justicia son los retrasos. Si nos van a decir dentro de diez años que las tasas que nos cobran son anticonstitucionales ese fallo no vale para nada.

El otro gran estigma de la justicia es su politización.
Es una cuestión en la que hemos sido y seremos beligerantes. Nuestra decepción ha sido notable más con Gallardón con el propio programa político del PP.
Se habló que irían en dirección contraria, en especial en el caso del CGPJ y al final se ha hecho lo contrario. Es un tema preocupante y los ciudadanos también advierten la situación

¿Puede el nuevo CGPJ con menos vocales que nunca ejercer su labor realmente?
El CGPJ tiene grandes problemas ahora. En primer lugar su nombramiento que está impugnado en el Supremo por una asociación judicial.
Hay un problema de percepción y credibilidad notable. Otra cosa es que puedan a lo largo de esa gestión cambiar esa idea. Si además la forma de funcionamiento no ayuda, el problema crece de forma notable.

¿Cuándo escucha al presidente de CGPJ hablar que los jueces necesitan palo y zanahoria, que se le viene a la cabeza?
Ha sido una sorpresa para todas esas declaraciones. No sabemos si realmente piensa eso, si así fuera es muy preocupante el tema.
Denota un modelo de gestión del poder judicial muy criticable. Me imagino que los propios jueces no estarán muy contentos con estas declaraciones.

Vivimos en un mundo donde las noticias jurídicas saltan en portadas e informativos televisivos. ¿qué denotan estos elementos?
Es un dato muy negativo la judicialización de nuestra vida política. Este entorno lo han creado nuestros propios políticos. Si todo tiene que acabar en una fiscalía o en un juzgadp porque es imposible cesar a nadie tenemos un problema.
Y es que esta ha sido la estrategia de nuestra clase política hasta ahora para evitar la asunción de responsabilidades que no tienen porque ser únicamente penales, podrían ser conductas sancionables a nivel administrativo. Los tribunales de justicia son sufridores de este estado de cosas.

Y nuestro Código Penal en medio de nuestra vida, sociedad y empresas…
Es preocupante esta judicialización por la via penal de nuestras actividades. Hay asuntos de otras jurisdicciones que también acaban en esta via y no es comprensible.
Es comprensible que el ciudadano que no conoce estos temas si no es bien aconsejado pueda acudir a la vía penal, pero los abogados estamos para aconsejar a nuestros clientes que es lo que hay que hacer.
En esta situación creo que hemos contribuido todos a generar este contexto, también los propios abogados. La via penal debería ser la excepción.

¿Entonces los políticos se aprovechan del mal estado de nuestra justicia?
Sobre todo de su lentitud. Se sabe que los tribunales tardarán años en dictar resoluciones que les puedan imputar y es una forma de jugar con ventaja.
Todos sabemos que la administración de justicia funciona mal y desde esa perspectiva se busca lograr ciertos privilegios. Así lo hacen los deudores y otros personajes que se benefician de estas injusticias.

¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de toda esta crispación política y jurídica de nuestra sociedad?
Le contesto a la pregunta como jurista, los medios generalistas en un contexto tan judicializado patinan mucho. Cometen errores importantes de interpretación al no tener la formación adecuada para ello.
En los medios especializados el tratamiento es otro y es más cercano a la realidad jurídica que se vive. Saben poner las cosas en perspectiva.
Su parte de culpa es menor que la de nuestros políticos, como antes le mencionaba. No podemos matar al mensajero.

¿Habría que reformar el llamado secreto del sumario?
Este tipo de cambios hay que hacerlos dentro de otros de más trascendencia. La verdad que si es alucinante que los detalles de un tema importante esté en su totalidad en los medios de comunicación.
Hay que afrontar una reforma integral de nuestra justicia para evitar este tipo de situaciones que usted señala. En nuestro procedimiento penal hay que arreglar más cosas, como por ejemplo esas instrucciones tan largas que no conducen a nada.
Lo hemos denunciado en nuestro blog. Un juez de instrucción no tiene ni los medios materiales ni procesales para asuntos de corrupción masivo como los que están saltando a nuestros medios de comunicación.

Desde fuera se ve al sector jurídico como muy disperso, colectivos que defienden sus intereses por encima de los generales.
La verdad es que se ve así como usted señala. Junto con el problema de que el ciudadano aun no tiene conciencia del o que supone el mal funcionamiento de la administración de justicia, hay en el llamado sector jurídico muchos colectivos, con intereses contrapuestos.
Hace falta un interés común que les una: tener una buena administración de justicia. A veces parece que estamos más atentos a nuestros problemas particulares, de nuestro colectivo, que a este gran problema que es el de todos.
Nosotros desde el blog estamos haciendo pedagogía en ese sentido. Hay problemas generales que son comunes a todos y por eso deberíamos trabajar juntos.

Es curiosa la campaña de las tasas en redes sociales con esa #T que muchos llevan puestos en su avatar.
La verdad es que llama la atención. Si hablas con ellos te dirán que las tasas afectan a todo el mundo pero es comprensible que se pueda tener otra percepción diferente y que alguien diga que su reivindicación les afecta tanto en cuanto pierden clientes.
Este ejemplo que está muy bien puesto viene por la falta de unidad de los operadores jurídicos en cuestiones esenciales. Realmente no ha habido otros colectivos jurídicos que se hayan añadido de forma importante.
En nuestro caso utilizamos nuestro blog para recordar que todos necesitamos una administración de justicia independiente y eficiente.

¿Dónde está la clave para que el ciudadano recobre la confianza en nuestra justicia?
Lo primero que habría que trabajar es la independencia del poder judicial. Sería la prioridad en este escenario que arreglaría la cuestión de credibilidad.
Eso supondría ir a otro modelo de elección del CGPj del actual, como el que viene reflejado en la Constitución de 1978 u otro similar. Tendría que ser mucho más abierto y transparente que el actual.
Es necesaria más transparencia en la carrera judicial; tanto en sus nombramientos, carga de trabajo o procesos de selección.
Luego habría que abordar los problemas de gestión y administración para evitar que los pleitos se resuelvan en cinco años como está pasando ahora. Hay que reorganizar la justicia de otra forma y administrar mejor los recursos que existen.

Un colega suyo Manuel Pimentel comentó hace poco que la justicia no tiene un liderazgo definido..
Hay una excesiva división de las competencias de Justicia. Quizás él se refiriese a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es bueno que pudiera haber un interlocutor único. Pero también que el otro lado hubiera menos sujetos para que la relación con los sujetos jurídicos fuera más fructífera.

Hay Derecho? es un blog crítico, valiente, donde sus editores analizan la realidad sin miramientos.. ¿Han tenido alguna llamada o presión externa por algún post publicado?
Llamadas o presiones, no. Pero sabemos lo que se opina y lo que molesta. Es un blog independiente financiado por los cinco editores, eso hace que las presiones nunca surtan efecto.

¿Cuál es el post que le gustaría escribir, hasta la fecha no redactado? 
Hay uno sobre la responsabilidad de los juristas en este estado de cosas que si me gustaría escribir. Creo que podrían hacer mucho más por nuestro Estado de Derecho de lo que hacen. Quizás por interés y comodidad no lo hacen.
También es una llamada a la autocrítica. Cuando un Estado de Derecho se deteriora muchos colectivos son responsables, incluido los propios operadores jurídicos

Hablar de nuestra sociedad civil es hacerlo de una entidad que sigue dormida pese a lo que está cayendo en nuestro país.
Bueno, yo no la veo tan dormida, al menos en la parte en la que estoy involucrada donde seguimos haciendo cosas. En otro entorno, es evidente que hay cierto escepticismo. Pero una sociedad civil no se improvisa. Requiere tiempo aunque se ven avances importantes en estos últimos tres años.

El curioso “síndrome de Robin Hood” que afecta a algunos juristas

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.