El fraude Aneri-Tezanos ¿Una forma consentida de financiar la patronal madrileña?

La Justicia está investigando una trama de corrupción ligada al fraude en las subvenciones a la formación continua de los trabajadores concedidas por la Comunidad de Madrid. Una estafa de millones de euros recibidos por la patronal madrileña que se centra, por ahora, en 25 asociaciones empresariales que subcontrataron la formación con José Luis Aneri y con las empresas de Tezanos: detenido el pasado martes y hasta hace poco miembro de la ejecutiva de CEIM y responsable de formación de la Cámara de Comercio de Madrid; ambas, presididas por Arturo Fernández.

Tras el estallido del escándalo y múltiples detenciones, la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, y otros cargos de su consejería ha comparecido en la Asamblea de Madrid, para tratar de justificar la actuación del Gobierno en este caso. Sus intervenciones no han respondido con solvencia a tres preguntas esenciales: qué saben del fraude, desde cuándo lo saben y qué hicieron para evitarlo, perseguirlo y sancionarlo.

La consejera y su directora general –Patricia Herrero- tuvieron la oportunidad de aclarar todas estas dudas y sin embargo, no lo hicieron. Al revés. Tergiversaron datos y pretendieron derivar toda la responsabilidad hacia las asociaciones empresariales, obviando la de su consejería. Esta forma de actuar resulta muy extraña; desde luego, no es la práctica común de una administración diligente y responsable. Estas dudas nos obligan a plantearnos en qué medida la actuación de la Dirección General de Formación, situada en Vía Lusitana, es producto de una negligencia o de la necesidad de encubrir un fraude generalizado de las subvenciones recibidas durante años por la patronal madrileña, en el que podrían tener responsabilidades propias más graves, que podrían llegar a ser delictivas.

En un país con más de un 25% de paro, no nos podemos permitir que el dinero de la formación de los trabajadores se dilapide y menos que se “robe”.  No basta hablar ahora de la reforma de los cursos de formación para el empleo como una coartada para desviar la atención. Una reforma que, reclamada en la Asamblea de Madrid por UPyD, fue recibida con enfado y rechazo por todos los partidos, a pesar de que sabían que el sistema funcionaba mal y que era un caldo de cultivo perfecto para la corrupción.

La Comunidad de Madrid concedió más de 52 millones en 2010 y 49 en 2011, respectivamente, para ese fin. En las órdenes anuales de concesión, se establece que la Administración valorará los diferentes planes de formación de las entidades  que concurran a la subvención, tras lo cual, el director general de formación firmará un convenio con cada una de las entidades beneficiarias. Éstas, durante la formación, están obligadas a una serie de controles propios y externos. Entre ellos, remitir a la Dirección General de Formación –antes del inicio de cada uno de los grupos- el lugar, fecha y horario de su realización y, en el caso de la formación telemática, la dirección web de la plataforma tecnológica utilizada, así como las claves de entrada. Además, debe crearse para cada convenio una comisión mixta integrada por personas de la Administración y de la entidad beneficiaria. Finalmente, esa entidad deberá justificar la subvención en el plazo máximo de tres meses, tras el fin del plan formativo, mediante cuenta justificativa con aportación de informe del auditor.

Centrándonos en el caso Aneri, las subvenciones del año 2010 se ejecutaron durante 2011 y debieron justificarse, como muy tarde, en el primer trimestre de 2012; las de 2011 se ejecutaron durante el año 2012 y debieron justificarse, también como muy tarde, durante el primer trimestre de 2013.  La consejera, en su comparecencia ante el Pleno, aseguró que se habían enterado de la existencia de irregularidades en la primavera de 2013 y que las descubrieron dentro de los tres meses previstos para justificar las subvenciones.

Pero no explicó por qué fallaron todos los controles administrativos previos a la concesión de las subvenciones, así como los previstos durante su ejecución; por qué mintió diciendo que una norma estatal les obligaba a adelantar la subvención sin pedir garantías, cuando son ellos los que lo han aprobado expresamente; por qué no se crearon las comisiones mixtas de seguimiento con las asociaciones empresariales; por qué, si los funcionarios de la Consejería detectaron en el año 2012 el fraude de las subvenciones de 2010, no se tomaron medidas legales, e incluso, se pagó a las asociaciones (realmente a Aneri) el 50% que quedaba por abonar de las subvenciones de 2011; por qué no se avisó del presunto fraude a las asociaciones empresariales hasta finales de octubre de 2013 y sí se notificaron a la empresa de José Luis Aneri los expedientes de reversión de subvenciones, cuando algunos funcionarios consideraban que éste podía estar falsificando firmas, sellos oficiales y documentos por qué cuando se avisa a las asociaciones empresariales, la directora general, nombrada en 2012 por Lucía Figar –actualmente, consejera de Educación y Deporte-, no les recibe, ni tampoco el viceconsejero de Empleo; por qué no fueron a la policía con estas evidencias, que conocían desde la primavera de 2012, permitiendo que se pudieran destruir pruebas y que haya tenido que ser la policía la que fuera a ellos –en vez de ellos a la policía- a abrir la investigación; y por qué cesan al subdirector de Formación Continua y Emprendimiento a los pocos días de declarar ante la policía, y no a la directora general, que también declaró.

 

La credibilidad de las instituciones y de las reformas que se propongan exige llegar hasta el fondo en el fraude de la formación continua y determinar las responsabilidades políticas que de él se deriven. Ahora toca aprobar una comisión de investigación. No debemos parar hasta esclarecer la verdad

Entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez en Lawyerpress

Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013:
“Falta la ambición en nuestros gobernantes de hacer reformas de calado”
MADRID, 21 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

“Por desgracia, ni estamos saliendo de nuestra crisis institucional y política ni de la económica. El deterioro de nuestro Estado de Derecho es evidente y la judicialización de nuestra vida política muy preocupante”. Es una de las reflexiones de Elisa de la Juez, jurista y editora de Hay Derecho? uno de los blogs más leídos del momento. Acaba de recibir el Premio Scevola 2013 que distingue a esta labor crítica y ética de esta publicación online. “ Al igual que con la reforma fiscal que hemos conocido, que solo parchea la situación, falta la ambición de hacer reformas de calado, no se sabe si es por falta de interés o por qué no se puede”. Desde su punto de vista se echan en falta grandes reformas, tanto a nivel institucional como de las propias administraciones del Estado “ Así ha pasado con la Ley de Transparencia que se queda muy corta”, añade. También alude a que hay otros cambio normativos que se hacen sin convicción, un poco de cara a la galería. De política, reforma de la justicia y de otras muchas cosas trata esta entrevista. Elisa como siempre habla claro y lanza mensajes muy concretos.

En primera persona
“Hice hace muchos años la oposición a la Abogacía del Estado, eso me ha hecho ver desde dentro como es nuestra Administración a través de diferentes responsabilidades en diferentes Ministerios o la propia Agencia Tributaria.
En el año 2000 surge la oportunidad de incorporarme a una entidad pública, RED.ES, que se iba a ocupar del desarrollo de las tecnologías en nuestro país y de la sociedad de la información. Ahí estuve como Secretaria General.
Es evidente que en esta etapa fui conociendo mejor lo que es el mundo de las nuevas tecnologías; es un universo tan interesante como cautivador. En aquel momento era clave para la innovación en nuestro país.
Cuando ya salí del sector público ya tenía un amplio bagaje profesional a mis espaldas. Era el momento de montar ICLAVES, mi propia empresa, como consultora especializada en diferentes temas de la sociedad de la información.
Ahora trabajo con ingenieros, juristas y otros profesionales. En este contexto de desarrollo de Internet surgió la idea de poner en marcha Hay Derecho? como blog. Era hacer una propuesta que les hice a un grupo de amigos. Les gustó y lo pusimos en marcha a finales del 2010.
A todos nos unía en ese momento la preocupación del deterioro del Estado de Derecho y de nuestra seguridad jurídica como juristas y ciudadanos. Que hayamos elegido Hay Derecho? como nombre no fue una casualidad.
Estamos a punto de editar un libro con el nombre del blog como recopilatorio del trabajo de estos años. Es algo más que un resumen de esta labor. Confiemos que pueda estar disponible para la próxima Feria del Libro.
La verdad es que a lo largo de estos años en muchas ocasiones hemos visto que no hay ese Derecho…”
Sra de la Nuez Desde una plataforma tan privilegiada como es Hay Derecho, como se ve el entorno actual?
Vemos tocado a nuestro Estado de Derecho. Si le soy sincera hemos ido llegando a esta conclusión de forma progresiva. Al principio pensábamos que funcionaba bien con ciertas excepciones, sin embargo a medida que nos hemos ido metiendo y tener que investigar otros temas hay más cosas que funcionan mal, aparte de la administración de justicia.
Es el caso de la hiperinflación normativa, demasiada normativa no siempre con la calidad legislativa que se espera. Eso hace que sea imposible su conocimiento y aplicación posterior.
Quizás la justificación tenga que ver con nuestra proliferación de Parlamentos autonómicos que dictan leyes, sean necesarias o no. Y a nivel estatal se puede hablar del voluntarismo jurídico.
Parece como si todo se solucionara con sacar normas cuando a lo mejor que se debería hacer es aplicar las normas que tienes y no hacer tantos cambios
Normas hechas de forma deficiente…
Así también lo comentamos en ese libo que está a punto de salir. Pero es que todo tiene relación. Si legislas de una forma tan descontrolada no es sencillo conocer qué es lo que se regula; lo que tienes que derogar o modificar.
Alguna vez hemos pensado que quizás hay alguna norma mal hecha a propósito. No se entienden muy bien y dan mucho margen a la interpretación y a la arbitrariedad, que su aplicación sea diferente en determinados momentos.

Desde fuera da la sensación que con malas normas es más sencillo ser corrupto.
Hay alguna expresión latina que traducida señala que “Cuantas más leyes se necesitan más corrupta es la República”. Nosotros preferimos otro escenario, con pocas leyes y que se cumplan de verdad para todos.
Regularlo todo al detalle tiene otro problema, aquello que esté sin regular es un agujero por donde pueden venir los problemas.
La claridad normativa tiene que ir de la mano de la ejemplaridad; hay que ver más dimisiones o ceses que no necesitan de ninguna ley para que sucedan. Eso es fundamental también.
¿Son apropiadas las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción?
No están mal. Pero el problema es lo que estamos hablando. Hay otras muchas normas que están en vigor y que intentan evitar conductas similares y que se incumplen. En nuestro blog hemos hablado mucho de los indultos o aforamientos por ponerle dos casos concretos.
Mientras estas cuestiones no se arreglen, la lucha contra la corrupción estará perdida. Las cosas no se tienen que resolver sólo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica. Y es que la realidad exige más cosas.
Hablamos siempre de las reformas de la justicia pero nunca llegan de manera profunda, ¿Dónde está el problema?
La justicia funciona mucho peor que cualquiera de nuestros servicios públicos. Lo veo como usuaria y como jurista. Por desgracia, cuando uno va un juzgado le puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que su margen de aplicación es más restringido pero debe de someterse a una reforma profunda.
¿Cambiaría el panorama con otro ministro o hace falta otro talante?
Es necesario un cambio de política jurídica en nuestro país. Las personas son importantes pero las estructuras y las instituciones mucho más.
Al mismo tiempo hace falta concienciar al ciudadano que un Estado de Derecho necesita una administración de justicia sólida e independiente. Debería ser tan importante como que funcionen bien nuestros hospitales en urgencias.
¿Le ha decepcionado Gallardón como Ministro?
Tengo que confesar que no tenía muchas expectativas puestas sobre su gestión. Tenga en cuenta que es una persona de formación casi exclusiva política, no se sabía que planteamientos podría tener para mejorar la administración de justicia.
Ha llegado a un Ministerio sin la experiencia o formación adecuada para intentar hacer los cambios que necesita nuestra justicia
De todas formas es curioso que aprobase como primera Ley la relacionada con la Mediación y a continuación impusiera las tasas judiciales…
Es mi opinión muy personal, se han visto muy presionados por el colapso judicial, que es evidente que existe, pero claro intentar solucionar este asunto con las tasas sin tomar otras medidas que son necesarias para reformar la justicia produce el problema que tenemos ahora.
Estás evitando que haya más pleitos a los tribunales pero dañando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. La medida se impuso en pleno problema de preferentistas y otras reclamaciones.
Este café para todos de Gallardón no es una solución y está generando grandes injusticias como se puede ver ahora

¿Es necesario tener tasas en la justicia?
Hay que estudiarlo muy bien para que no sea una barrera de acceso a nuestra justicia. Habría que ver de qué forma se desarrolla. En el próximo libo hablamos que las tasas son una medida más de las reformas que necesita nuestra justicia pero no la única
¿Comparte la opinión de otros colegas suyos que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse lo antes posible ante esta cuestión por que este tema afecta a todos?
Me gustaría que así fuera. Hay varios recursos de inconstitucionalidad que están ahí y tenemos que saber qué va a pasar con ellos. Deberían hacer un esfuerzo. Lo que desconozco es si estos magistrados tienen esa sensibilidad que les pedimos.
El otro tema preocupante de la administración de justicia son los retrasos. Si nos van a decir dentro de diez años que las tasas que nos cobran son anticonstitucionales ese fallo no vale para nada.
El otro gran estigma de la justicia es su politización.
Es una cuestión en la que hemos sido y seremos beligerantes. Nuestra decepción ha sido notable más con Gallardón con el propio programa político del PP.
Se habló que irían en dirección contraria, en especial en el caso del CGPJ y al final se ha hecho lo contrario. Es un tema preocupante y los ciudadanos también advierten la situación
¿Puede el nuevo CGPJ con menos vocales que nunca ejercer su labor realmente?
El CGPJ tiene grandes problemas ahora. En primer lugar su nombramiento que está impugnado en el Supremo por una asociación judicial.
Hay un problema de percepción y credibilidad notable. Otra cosa es que puedan a lo largo de esa gestión cambiar esa idea. Si además la forma de funcionamiento no ayuda, el problema crece de forma notable.
¿Cuándo escucha al presidente de CGPJ hablar que los jueces necesitan palo y zanahoria, que se le viene a la cabeza?
Ha sido una sorpresa para todas esas declaraciones. No sabemos si realmente piensa eso, si así fuera es muy preocupante el tema.
Denota un modelo de gestión del poder judicial muy criticable. Me imagino que los propios jueces no estarán muy contentos con estas declaraciones.
Vivimos en un mundo donde las noticias jurídicas saltan en portadas e informativos televisivos. ¿qué denotan estos elementos?
Es un dato muy negativo la judicialización de nuestra vida política. Este entorno lo han creado nuestros propios políticos. Si todo tiene que acabar en una fiscalía o en un juzgadp porque es imposible cesar a nadie tenemos un problema.
Y es que esta ha sido la estrategia de nuestra clase política hasta ahora para evitar la asunción de responsabilidades que no tienen porque ser únicamente penales, podrían ser conductas sancionables a nivel administrativo. Los tribunales de justicia son sufridores de este estado de cosas.
Y nuestro Código Penal en medio de nuestra vida, sociedad y empresas…
Es preocupante esta judicialización por la via penal de nuestras actividades. Hay asuntos de otras jurisdicciones que también acaban en esta via y no es comprensible.
Es comprensible que el ciudadano que no conoce estos temas si no es bien aconsejado pueda acudir a la vía penal, pero los abogados estamos para aconsejar a nuestros clientes que es lo que hay que hacer.
En esta situación creo que hemos contribuido todos a generar este contexto, también los propios abogados. La via penal debería ser la excepción.
¿Entonces los políticos se aprovechan del mal estado de nuestra justicia?
Sobre todo de su lentitud. Se sabe que los tribunales tardarán años en dictar resoluciones que les puedan imputar y es una forma de jugar con ventaja.
Todos sabemos que la administración de justicia funciona mal y desde esa perspectiva se busca lograr ciertos privilegios. Así lo hacen los deudores y otros personajes que se benefician de estas injusticias.
¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de toda esta crispación política y jurídica de nuestra sociedad?
Le contesto a la pregunta como jurista, los medios generalistas en un contexto tan judicializado patinan mucho. Cometen errores importantes de interpretación al no tener la formación adecuada para ello.
En los medios especializados el tratamiento es otro y es más cercano a la realidad jurídica que se vive. Saben poner las cosas en perspectiva.
Su parte de culpa es menor que la de nuestros políticos, como antes le mencionaba. No podemos matar al mensajero.

¿Habría que reformar el llamado secreto del sumario?
Este tipo de cambios hay que hacerlos dentro de otros de más trascendencia. La verdad que si es alucinante que los detalles de un tema importante esté en su totalidad en los medios de comunicación.
Hay que afrontar una reforma integral de nuestra justicia para evitar este tipo de situaciones que usted señala. En nuestro procedimiento penal hay que arreglar más cosas, como por ejemplo esas instrucciones tan largas que no conducen a nada.
Lo hemos denunciado en nuestro blog. Un juez de instrucción no tiene ni los medios materiales ni procesales para asuntos de corrupción masivo como los que están saltando a nuestros medios de comunicación.
Desde fuera se ve al sector jurídico como muy disperso, colectivos que defienden sus intereses por encima de los generales.
La verdad es que se ve así como usted señala. Junto con el problema de que el ciudadano aun no tiene conciencia del o que supone el mal funcionamiento de la administración de justicia, hay en el llamado sector jurídico muchos colectivos, con intereses contrapuestos.
Hace falta un interés común que les una: tener una buena administración de justicia. A veces parece que estamos más atentos a nuestros problemas particulares, de nuestro colectivo, que a este gran problema que es el de todos.
Nosotros desde el blog estamos haciendo pedagogía en ese sentido. Hay problemas generales que son comunes a todos y por eso deberíamos trabajar juntos.
Es curiosa la campaña de las tasas en redes sociales con esa #T que muchos llevan puestos en su avatar.
La verdad es que llama la atención. Si hablas con ellos te dirán que las tasas afectan a todo el mundo pero es comprensible que se pueda tener otra percepción diferente y que alguien diga que su reivindicación les afecta tanto en cuanto pierden clientes.
Este ejemplo que está muy bien puesto viene por la falta de unidad de los operadores jurídicos en cuestiones esenciales. Realmente no ha habido otros colectivos jurídicos que se hayan añadido de forma importante.
En nuestro caso utilizamos nuestro blog para recordar que todos necesitamos una administración de justicia independiente y eficiente.
¿Dónde está la clave para que el ciudadano recobre la confianza en nuestra justicia?
Lo primero que habría que trabajar es la independencia del poder judicial. Sería la prioridad en este escenario que arreglaría la cuestión de credibilidad.
Eso supondría ir a otro modelo de elección del CGPj del actual, como el que viene reflejado en la Constitución de 1978 u otro similar. Tendría que ser mucho más abierto y transparente que el actual.
Es necesaria más transparencia en la carrera judicial; tanto en sus nombramientos, carga de trabajo o procesos de selección.
Luego habría que abordar los problemas de gestión y administración para evitar que los pleitos se resuelvan en cinco años como está pasando ahora. Hay que reorganizar la justicia de otra forma y administrar mejor los recursos que existen.
Un colega suyo Manuel Pimentel comentó hace poco que la justicia no tiene un liderazgo definido..
Hay una excesiva división de las competencias de Justicia. Quizás él se refiriese a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es bueno que pudiera haber un interlocutor único. Pero también que el otro lado hubiera menos sujetos para que la relación con los sujetos jurídicos fuera más fructífera.
Hay Derecho? es un blog crítico, valiente, donde sus editores analizan la realidad sin miramientos.. ¿Han tenido alguna llamada o presión externa por algún post publicado?
Llamadas o presiones, no. Pero sabemos lo que se opina y lo que molesta. Es un blog independiente financiado por los cinco editores, eso hace que las presiones nunca surtan efecto.
¿Cuál es el post que le gustaría escribir, hasta la fecha no redactado? 
Hay uno sobre la responsabilidad de los juristas en este estado de cosas que si me gustaría escribir. Creo que podrían hacer mucho más por nuestro Estado de Derecho de lo que hacen. Quizás por interés y comodidad no lo hacen.
También es una llamada a la autocrítica. Cuando un Estado de Derecho se deteriora muchos colectivos son responsables, incluido los propios operadores jurídicos
Hablar de nuestra sociedad civil es hacerlo de una entidad que sigue dormida pese a lo que está cayendo en nuestro país.
Bueno, yo no la veo tan dormida, al menos en la parte en la que estoy involucrada donde seguimos haciendo cosas. En otro entorno, es evidente que hay cierto escepticismo. Pero una sociedad civil no se improvisa. Requiere tiempo aunque se ven avances importantes en estos últimos tres años.