Orden público y participación política

Varios de los editores de ¿Hay Derecho? coincidimos casualmente en las proximidades de las “marchas de la dignidad” del pasado sábado 22 de marzo y pudimos ver parte de lo que ocurrió. Y lo cierto es que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión porque es importante y va in crescendo: manifestaciones, escraches, acosos, el 15-M, paralización de desahucios, invasión de fincas militares por representantes del pueblo, etc. De hecho, en el libro que hemos escrito y que pronto se publicará (se llamará también ¿Hay Derecho?), dedicamos un capítulo a esta cuestión bajo el título “La ley de la calle”. Ya me han advertido los otros editores de que no debo destripar nuestro libro, pero creo que decir algo generará expectación (esperemos), aunque sean unas consideraciones generales y muy obvias, como estas.

Bajo muchos de estos sucesos se encuentra una tensión evidente entre el orden público y la legalidad y la legítima expresión de descontento y aspiraciones. Por partir del último de los sucesos, lo cierto es que en el tema de las marchas de la dignidad hay muchos factores en juego, y según la tendencia del analista se destaca uno u otro. Por un lado, no cabe duda de que la deriva institucional, los recortes, los agravios comparativos, las injusticias o la corrupción han generado un estado de ánimo que genera pulsiones propensas a la manifestación, la reivindicación y la protesta, dado que los cauces habituales parecen estar embotados y no canalizan las necesidades, cosa perfectamente comprensible y justa. Pero por otro, parece también claro, a medida que pasan los días, que entre los manifestantes se camuflan grupos que distorsionan la manifestación para convertirla en algo violento y contrario a la ley que unos ven como una ataque al Estado de Derecho (Cosidó: “escalada de violencia que busca desestabilizar es Estado de Derecho”) y otros disminuyen su importancia (“la verdadera violencia son los recortes”) o simplemente niegan su existencia (ver aquí y aquí)

Desde un tercer punto de vista, pareciera que las autoridades actuales tienen mucho reparo a usar la represión en un momento muy delicado políticamente porque la sensibilidad está a flor de piel, y quizá porque consideran que su posición no es muy firme por su forma de afrontar la crisis (“problemas de coordinación”); los jueces sueltan a todos los agresores de policías menos a uno, quizá debido a nuestra normativa garantista o porque a los jueces les pasa lo mismo que al ejecutivo (Juez: “no quisieron causar daños”) Tampoco la oposición acaba de oponerse del todo a estas manifestaciones violentas, quizá, aventuro, porque le parece más rentable alentar la protesta contra el gobierno que defender la ley y el orden (aquí)

La conclusión de todo ello es que, ya sea por una cosa o por otra, la ley se vulnera de una manera u otra y además la legítima protesta se distorsiona porque lo único que aparece mediáticamente es la violencia.  Al respecto de todo ello cabe decir varias cosas. Lo primero, lo obvio, es que no todas actuaciones callejeras, revueltas o expresiones populares son iguales en sí mismas ni ocurren en escenarios similares. Por un lado, no es igual una manifestación de protesta que cumple todos los requisitos legales y reglamentarios que romper contenedores o agredir policías, el escrache o la invasión de espacios públicos, fenómenos como el del Gamonal o la paralización de desahucios. Todos son diferentes, a veces responden a finalidades distintas y sólo se identifican por ser modos de expresión del descontento. Pero hay una raya diferenciadora que debe ser básica en un Estado de Derecho: si suponen una vulneración de la ley o de los derechos de terceros o ambas cosas, y esta es la distinción que nos interesa aquí.

Pero, por otro lado, es evidente que no todos los contextos son iguales y así como en el ámbito penal la violencia proporcional en legítima defensa o estado de necesidad puede ser eximente de responsabilidad, también en el ámbito político y social pudiera ocurrir lo mismo. De hecho, en la antigüedad, cuando no existían demasiados canales de participación política, se desarrolló –incluso entre los escolásticos- el llamado derecho de resistencia contra leyes injustas que llegaba incluso a legitimar el tiranicidio en casos extremos. Y probablemente, en la actualidad, las revueltas en los países árabes contra dictaduras opresivas que no permiten discrepancia alguna y violan los derechos humanos pudieran entrar en el antiguo concepto del derecho de resistencia.

Ahora bien ¿cabe decir lo mismo de los países democráticos? Y más concretamente, ¿están justificadas ese tipo de actitudes –las ilegales o perjudiciales de derechos de terceros-  en nuestro país, a la vista del deterioro de las instituciones que tantas veces se denuncia en este blog? Es evidente que podemos compartir –y compartimos- muchas de las inquietudes y de la  indignación que animan a este tipo de manifestaciones (no todas, porque de lo que se trata es precisamente de distinguir lo razonable de lo que no lo es) pero lo que nos preguntamos es si tales comprensibles estados de ánimos son suficientes para romper la estructura legal y el orden público. Pues bien, la respuesta a esa pregunta, para mí, es clara: no.  Pero ese “no” debe matizarse según a quien nos dirijamos.

Desde el punto de vista de las autoridades obligadas a aplicar la norma, jueces y medios de comunicación, cabe decir que la condescendencia, lenidad y comprensión con estos atentados al orden público es abrir la caja de Pandora, que Zeus ordenó no abrir. En un país como el nuestro en el que, al menos formalmente, hay un Estado de Derecho, que significa que hemos renunciado al ejercicio de la violencia a favor del Estado para que garantice la seguridad y la justicia, no caben los actos vandálicos y demás infracciones legales, que involucran también derechos de terceros (comerciantes de la puerta del Sol, mobiliario urbano, la integridad física de mucha gente…) que el Estado debe proteger. No se me escapa, por supuesto, que es habitual que cuando la gente lo está pasando mal haya brotes de violencia (el motín de Esquilache, aunque en apariencia se debió a la prohibición de la capa, en realidad se debió a la liberalización de la tasa del pan y el hambre) y que muchas reivindicaciones están justificadas, pero ya los defensores medievales del derecho de resistencia exigían enormes cautelas (que todos recursos pacíficos hayan quedado agotados, reunir al pueblo para tomar esta decisión crucial o al menos consultar a algunos “hombres graves y eruditos”) para saltarse la ley. La democracia es respeto a las formas y a los procedimientos y si una parte rompe su parte del contrato y recurre a la violencia, quizá quieran hacerlo otros: la violencia significa querer imponer a todos decisiones de parte sin seguir los procedimientos.

Desde el punto de vista de la ciudadanía que protesta, no vamos a negar, pues es cierto, que la situación de deterioro del sistema de control de las instituciones y la separación de poderes es grande y que la Constitución se ha convertido en una especie de zombie, más muerto que vivo, en el la participación ha quedado reducida en la práctica al voto cada cuatro años, a cuya captura dedican los partidos políticos sus máximas energías cuando se aproximan las fechas. Ello justifica las manifestaciones, críticas y movilizaciones, pero no que se incumpla la ley o se altere el orden público. Es evidente que lo más cómodo, ante una situación que no nos gusta, es enfadarse, a modo de un niño que tiene una rabieta, y romper contenedores y escaparates. Seguramente nos sentiremos mejores personas pensando que hacemos justicia y nos desahogaremos de nuestras penas. Quizá hasta a lo mejor pasamos un rato divertido alternando y conociendo gente. Y probablemente no tenga ningún coste.

Pero me temo que esta actitud no sólo no está bien, es que seguramente es muy poco eficaz para cambiar las sólidas estructuras de la partitocracia. Ser un ciudadano responsable exige más esfuerzo, pero también es más eficaz, a la larga. Y es que ser ciudadano no es solo tener derechos. Tenemos también cargas si queremos que los derechos funcionen. Y ello vale tanto para los que protestan violentamente como para los que deciden pasar de todo y luego se quejan. En una democracia no cabe, como en las dictaduras, aguantarlo todo estoicamente hasta que no podemos más y rompemos la baraja. Ser ciudadano cuesta esfuerzo y quizá algún disgusto: hay que formarse un verdadero criterio y, una vez formado, ser capaces de cambiar nuestros sesgos cognitivos y dejar de votar lo mismo que habíamos votado, o simplemente significarse, mojarse o manifestarse para convencer a los demás de que hay algo que se está haciendo mal. Pero el premio es que las cosas cambien.

Sin lugar a dudas, el establishment ha intentado minar todos los canales de participación política y dejarlos limitados al formalismo de la votación, que ya se encargaran de adaptar a sus necesidades cuando llegue. Pero está en nuestras manos no aceptar esa situación: somos los dueños y podemos revocar el poder cuando queramos, que para eso son las elecciones que, por cierto, se nos presentan en un breve plazo. Aprovechemos la oportunidad de mostrar nuestra opinión sin prejuicios.

Concienciémonos: para cambiar las cosas no es suficiente, ni justo, dar voces y romper cosas. Pero hay caminos.

Flash Derecho: ¿Hay Derecho? Mejor blog jurídico 2013 en la IV Edición de los premios Derecho en Red.

Tenemos la satisfacción de comunicar que la Asociación “Derecho en red”  nos ha concedido el premio a la “mejor bitácora jurídica” 2013.
El éxito del blog no se habría logrado si no fuera por el importante trabajo de los colaboradores que desinteresadamente contribuyen con sus post a tratar temas de máxima actualidad y,  por supuesto, también a los comentaristas que cada día enriquecen el debate.
Premios como éste nos animan a seguir trabajando por la regeneración democrática de nuestro país,  la defensa del Estado de Derecho, y  la mejora de nuestra calidad legislativa. Todo ello -claro está-  desde la libertad y el respeto.
La entrega del premio ha tenido lugar hoy sábado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja  y  ha sido recogido amablemente por nuestra amiga y compañera Rosana Pérez Gurrea.
¡Muchas gracias a todos!

Flash Derecho: ¿Hay Derecho? Mejor blog jurídico 2013 en la IV Edición de los premios Derecho en Red.

Tenemos la satisfacción de comunicar que la Asociación “Derecho en red”  nos ha concedido el premio a la “mejor bitácora jurídica” 2013.

El éxito del blog no se habría logrado si no fuera por el importante trabajo de los colaboradores que desinteresadamente contribuyen con sus post a tratar temas de máxima actualidad y,  por supuesto, también a los comentaristas que cada día enriquecen el debate.

Premios como éste nos animan a seguir trabajando por la regeneración democrática de nuestro país,  la defensa del Estado de Derecho, y  la mejora de nuestra calidad legislativa. Todo ello -claro está-  desde la libertad y el respeto.

La entrega del premio ha tenido lugar hoy sábado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja  y  ha sido recogido amablemente por nuestra amiga y compañera Rosana Pérez Gurrea.

¡Muchas gracias a todos!

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad que corresponde asumir individualmente a los profesionales del sector legal ante la sociedad

En los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema recurrente en los foros de gestión y dirección. También el sector legal la tiene en su agenda. Instituciones como el CGAE, alguna que otra institución colegial y privada como por ejemplo la Fundación Aranzadi Lexnova, Scevola, Civio y la Fundación Pombo, vienen promoviendo iniciativas de distinta índole dirigidas a que el sector asuma responsabilidades ante la sociedad. Está claro que las corporaciones (C) deben revisar sus estrategias y rehacer sus políticas para lograr además de los objetivos financieros, otros igual de importantes como la satisfacción de sus empleados, el retorno a la sociedad en el contexto en el que desarrollan su actividad o la sostenibilidad medio ambiental.
Sin embargo, poco se habla de otro concepto, también clave, al que he bautizado como Responsabilidad Social Individual (RSI), es decir la que nos corresponde asumir como individuos que formamos parte de una sociedad, y que en el caso de quienes hemos obtenido la licenciatura de Derecho, se me antoja aún más exigible en tanto en cuanto se nos debe presuponer una mejor compresión del sistema legal y en general, del entorno institucional, político y económico en el que vivimos.
Recuerdo aún como en primero de carrera nos explicaban esa idea de que el Derecho estaba en todo. Con el tiempo no he podido más que comprobar la verdad casi absoluta de esa afirmación. Y si a través de las lentes del Derecho se puede entender casi todo, ahora que los datos que arrojan las encuestas sobre el estado de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el sistema en general es tan demoledor, ¿no debería la responsabilidad de todos nosotros ante esta compleja situación, con un sistema tan cuestionado y debilitado, resultar  aún más exigible?
A continuación profundizo sobre esta idea de la RSI y lo que entiendo que debería conllevar asumirla y llevarla a la práctica:
1.- Los profesionales del Derecho debemos ser soldados de nuestras  obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia.
Los profesionales del Derecho tenemos que aprender a escribir y a informar respetando esos principios. No debería volver a ocurrir lo que describe este párrafo de un sentencia, dictada hace sólo unos días por la sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con un contrato de una entidad bancaria de primer orden: “se trata de conceptos y términos descriptivos de los que no es fácil, por no decir imposible, saber a qué ha de atenerse el cliente a partir de la firma del swap. Es un contrato complejo, excesivamente técnico, de mala  y peor sintaxis, y en alguna de sus partes ininteligible. Por lo que del examen del documento no cabe inferir ni se puede afirmar que la información dada al cliente sea ni mucho menos adecuada a la naturaleza y riesgo (que luego cristalizarían) propios del swap en la fecha en que fue suscrito.” Además, del problema de la imposibilidad de comprender el contrato, para el juzgador, la información suministrada al cliente fue juzgada como escasa e insuficiente.
Sería realmente triste pensar que tengamos que esperar a que en nuestro país nazca una persona capaz de asumir el rol que jugó ya en el año 1971 en el Reino Unido, Chrissie Maher como ideóloga y promotora del movimiento “Plain English” (que marcó un antes y un después en el Reino Unido al ser capaz de movilizar a los profesionales con responsabilidades en la redacción de documentos jurídicos a sumarse a su campaña) para asumir nuestro rol de “ser soldados de las obligaciones de claridad, lealtad, buena fe y transparencia que exige nuestro ordenamiento jurídico”.
2.- Los profesionales del Derecho debemos ser guardianes de los mecanismos de los que está dotado el sistema y utilizarlos siempre de forma modélica, con el fin de que devenga aún más sólidos y funcionen
Es nuestro deber ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía en el cumplimiento y respeto del marco legal y de las decisiones de los jueces y magistrados. Nuestro colectivo no puede permitirse situaciones como la presuntamente protagonizada por el abogado defensor de uno de los imputados en el caso Nóos, que a pesar de la prohibición expresa de entrar en la sala con dispositivos electrónicos, aparentemente decidió grabar el interrogatorio de la Infanta y difundirlo con posterioridad y que acaba de ser imputado por revelación de secreto.
Otro ejemplo, disponemos de un mecanismo que podría ser extraordinariamente útil para prevenir focos de conflictos como el registro de condiciones generales de contratación en el que se inscriben las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes (es decir, la mayoría de las incorporadas a los contratos bancarios) y  cuya versión on-line está ya a disposición de todos los ciudadanos 365 días al año y 24 horas al día”. ¿Y estando dotados de una herramienta tan útil para la prevención del conflicto no podríamos nosotros profesionales que entendemos de leyes y contratos desarrollar, a través de las asociaciones profesionales o incluso de nuestros propios colegios profesionales,  una actividad que permita ejercer acciones de cesación para que se eliminen a través de Sentencia aquellas condiciones que sean nulas?
3.- Los profesionales del Derecho debemos convertirnos en arquitectos e incluso activos promotores del cambio cuando sea necesario someter el ordenamiento o el sistema a debate o realizar alguna reforma.
Es un hecho probado que en los países más desarrollados, el nivel de implicación de la sociedad civil es mayor.  La participación en asociaciones y organizaciones diversas fomenta las relaciones de reciprocidad, facilita la comunicación y colaboración entre  individuos y constituye un pilar de la sociedad civil y la democracia pluralista. La fundación BBVA realizó hace unos años un interesante estudio sobre el capital social del que se concluía que “en todos los países estudiados las asociaciones que trabajan en lo que posiblemente serán algunos de los grandes desafíos de los próximos años ―la preservación del medio ambiente, la salud, la ciencia, los derechos civiles― son las que muestran tasas relativamente bajas de miembros participantes”.  Éstas últimas si alguien tiene que promoverlas somos nosotros,  ¿a qué esperamos? Asumamos nuestra RSI, hay mucho trabajo esperándonos. Debemos participar en aquellas iniciativas en las que creamos podemos aportar valor.
 
La solución
¿Puede hacerse algo para que un colectivo dotado de soldados, guardianes, arquitectos y promotores tan capaces como el que conforma el sector legal de nuestro país se movilice en pro de la lucha contra la corrupción y en defensa de la imagen de marca país, confiable y seguro que tenemos? Seguro que sí. Se me ocurren al menos tres acciones:

  1. Más formación adicional, obligatoria y continua de los profesionales del Derecho en materias como la ética y la dialéctica, la comunicación oral y escrita, la negociación y la mediación.  Y la inclusión entre los servicios ofertados por los Colegios Profesionales de sistemas de certificación  y acreditación de los conocimientos y experiencia de los profesionales.
  2. La mayor involucración de todo el que pueda en aquellas asociaciones y foros  en los que se traten las cuestiones clave para el futuro del país y se luche por la mejora del sistema y la defensa de los derechos civiles.
  1. La creación de un observatorio que haga las veces de Think Tank y lugar de encuentro sobre ética y responsabilidad.
  1. Dar visibilidad y premiar no sólo a las empresas y corporaciones, no sólo a los que más facturan, sino a aquellos individuos del sector legal que más aportan a la sociedad, entendiendo dicha aportación en un sentido amplio y moderno, como ejercicio exitoso de la responsabilidad individual.

Licenciados en Derecho, tomemos consciencia de nuestro deber para con la sociedad y trabajemos para que sea realmente predicable de todos nosotros la visión que José Juan Toharía afirma tiene el ciudadano de los abogados, “una figura auxiliadora clave, por su pericia profesional, para todos los que tengan que transitar (y ocurre que ahora tenemos que hacerlo prácticamente todos) por este nuevo e inmenso mundo de normas, regulaciones y procedimientos, en permanente ensanchamiento y cambio”. Seamos útiles, pero sobre todo asumamos nuestro rol de soldados, guardianes, arquitectos y promotores de un sistema jurídico mejor, en suma de agentes de un cambio que hoy es más necesario que nunca.