El divorcio exprés del Partido Socialista de Madrid con la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización y control del Sector Público de la Comunidad de Madrid, que es una de las 13 Comunidades Autónomas que cuenta con un organismo de este tipo (se trata de los tribunales de cuentas autonómicos).

La Cámara de Cuentas está de actualidad en los medios de comunicación por las recientes críticas, vertidas por el Partido Socialista de Madrid (PSM), a raíz de la publicación de un informe de fiscalización sobre el servicio de recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes del municipio de Parla (ejercicios 2010 y 2011). En este informe podemos leer cifras impactantes, como por ejemplo que Parla acumuló 80 millones de deuda por la recogida de basuras en cinco años y estuvo 47 meses sin pagar a la concesionaria.

Este informe no ha sentado bien en el seno del PSM, que ha denunciado que la Cámara de Cuentas es un órgano “sectario” y “manipulado por la mayoría del PP”, que usa la Cámara para acosar a los ayuntamientos socialistas -haciendo informes repetidos y manipulados- mientras que obvian la fiscalización de los ayuntamientos gobernados por el PP tocados por la trama Gürtel, por las cuentas en Suiza, etc. Asimismo el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar la actuación de la consejera de la Cámara de Cuentas Concepción Ruano ya que “no está guiada por los principios de objetividad, independencia y rigor en el desempeño de su función”.

Lo primero que me sorprende es que el PSM clame a estas alturas contra la politización de este organismo, cuando lleva años negociando con el PP los consejeros que forman parte de la Cámara Cuentas. La última ocasión en diciembre de 2012, cuando de los 7 componentes, 5 los propuso el PP y 2 el PSOE. Yo no estoy metido en política, pero supongo que si te repartes los puestos del consejo de un organismo público es para interferir en el funcionamiento del mismo o al menos para tener la capacidad de hacerlo llegado el caso. Desde luego que con este sistema de elección del Presidente y Consejeros de la Cámara de Cuentas, la independencia en el ejercicio de sus funciones queda en entredicho.

Lo segundo que me sorprende es que pidan la reprobación de una de las consejeras de la Cámara de Cuentas, por tener una “vinculación directísima” a través de su entorno familiar con el Presidente Ignacio González, cuando otra de las consejeras (propuesta por el PSM) es del entorno de Carme Chacón según indica El País en esta noticia. Visto lo visto, hay que saber diferenciar bien entre los niveles de vinculación con un partido político: está la “directísima” y luego diferentes matices: colaboradores, personas del entorno, confiables, etc etc. Solo se pide la reprobación del consejero de turno si está muy vinculado con el partido, en caso contrario se considera lo normal. ¿No será mejor elegir a profesionales independientes de reconocida experiencia para estos puestos? Parece que no, ya que lo propuso UPyD y el resto de grupos de la Asamblea de Madrid lo rechazó (PP, PSOE, IU).

Lo tercero que me llama la atención es que, viendo la relación de los informes de fiscalización de los años 2012, 2013 y lo que llevamos de 2014, no aprecio con tanta claridad como el PSM ese afán de persecución contra Parla. En relación con el municipio de Parla hay dos informes: el “polémico” de la recogida de basuras y otro de fiscalización del propio ayuntamiento y sus entes dependientes. Pues bien, Alcalá de Henares ha sido objeto de la misma fiscalización, mientras que hay tres municipios más a los que se les ha fiscalizado el servicio de recogida de basuras y otros cinco que han sido objeto de una fiscalización integral. Eso sí, echo en falta como reclama el PSM que se incluyan municipios afectados por la trama Gurtel.

De todos modos, por fortuna para el actual alcalde Parla, para su predecesor y a la sazón líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez y para en general cualquier regidor municipal, con los informes que realiza la Cámara de Cuentas pasa lo mismo que con los del Tribunal de Cuentas: se pueden ignorar sus recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Comprobado. Eso sí, generan intercambios de acusaciones infructuosas y subidas de tono entre el PP y el PSOE: pim, pam, pum… y poco más.

Aunque parece que el PSM puede reconciliarse con la Cámara de Cuentas ya que, junto con el resto de grupos de la Asamblea de Madrid, ha votado a favor de la iniciativa de UPyD para que la Cámara fiscalice las subvenciones para empresas, asociaciones empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la impartición de acciones formativas para el empleo, en el marco de las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de Madrid (en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013). La presunta estafa millonaria de los cursos de formación ha vuelto a unir a todos los partidos en torno a la Cámara de Cuentas, veremos lo que dura…

Orden público y participación política

Varios de los editores de ¿Hay Derecho? coincidimos casualmente en las proximidades de las “marchas de la dignidad” del pasado sábado 22 de marzo y pudimos ver parte de lo que ocurrió. Y lo cierto es que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión porque es importante y va in crescendo: manifestaciones, escraches, acosos, el 15-M, paralización de desahucios, invasión de fincas militares por representantes del pueblo, etc. De hecho, en el libro que hemos escrito y que pronto se publicará (se llamará también ¿Hay Derecho?), dedicamos un capítulo a esta cuestión bajo el título “La ley de la calle”. Ya me han advertido los otros editores de que no debo destripar nuestro libro, pero creo que decir algo generará expectación (esperemos), aunque sean unas consideraciones generales y muy obvias, como estas.

Bajo muchos de estos sucesos se encuentra una tensión evidente entre el orden público y la legalidad y la legítima expresión de descontento y aspiraciones. Por partir del último de los sucesos, lo cierto es que en el tema de las marchas de la dignidad hay muchos factores en juego, y según la tendencia del analista se destaca uno u otro. Por un lado, no cabe duda de que la deriva institucional, los recortes, los agravios comparativos, las injusticias o la corrupción han generado un estado de ánimo que genera pulsiones propensas a la manifestación, la reivindicación y la protesta, dado que los cauces habituales parecen estar embotados y no canalizan las necesidades, cosa perfectamente comprensible y justa. Pero por otro, parece también claro, a medida que pasan los días, que entre los manifestantes se camuflan grupos que distorsionan la manifestación para convertirla en algo violento y contrario a la ley que unos ven como una ataque al Estado de Derecho (Cosidó: “escalada de violencia que busca desestabilizar es Estado de Derecho”) y otros disminuyen su importancia (“la verdadera violencia son los recortes”) o simplemente niegan su existencia (ver aquí y aquí)

Desde un tercer punto de vista, pareciera que las autoridades actuales tienen mucho reparo a usar la represión en un momento muy delicado políticamente porque la sensibilidad está a flor de piel, y quizá porque consideran que su posición no es muy firme por su forma de afrontar la crisis (“problemas de coordinación”); los jueces sueltan a todos los agresores de policías menos a uno, quizá debido a nuestra normativa garantista o porque a los jueces les pasa lo mismo que al ejecutivo (Juez: “no quisieron causar daños”) Tampoco la oposición acaba de oponerse del todo a estas manifestaciones violentas, quizá, aventuro, porque le parece más rentable alentar la protesta contra el gobierno que defender la ley y el orden (aquí)

La conclusión de todo ello es que, ya sea por una cosa o por otra, la ley se vulnera de una manera u otra y además la legítima protesta se distorsiona porque lo único que aparece mediáticamente es la violencia.  Al respecto de todo ello cabe decir varias cosas. Lo primero, lo obvio, es que no todas actuaciones callejeras, revueltas o expresiones populares son iguales en sí mismas ni ocurren en escenarios similares. Por un lado, no es igual una manifestación de protesta que cumple todos los requisitos legales y reglamentarios que romper contenedores o agredir policías, el escrache o la invasión de espacios públicos, fenómenos como el del Gamonal o la paralización de desahucios. Todos son diferentes, a veces responden a finalidades distintas y sólo se identifican por ser modos de expresión del descontento. Pero hay una raya diferenciadora que debe ser básica en un Estado de Derecho: si suponen una vulneración de la ley o de los derechos de terceros o ambas cosas, y esta es la distinción que nos interesa aquí.

Pero, por otro lado, es evidente que no todos los contextos son iguales y así como en el ámbito penal la violencia proporcional en legítima defensa o estado de necesidad puede ser eximente de responsabilidad, también en el ámbito político y social pudiera ocurrir lo mismo. De hecho, en la antigüedad, cuando no existían demasiados canales de participación política, se desarrolló –incluso entre los escolásticos- el llamado derecho de resistencia contra leyes injustas que llegaba incluso a legitimar el tiranicidio en casos extremos. Y probablemente, en la actualidad, las revueltas en los países árabes contra dictaduras opresivas que no permiten discrepancia alguna y violan los derechos humanos pudieran entrar en el antiguo concepto del derecho de resistencia.

Ahora bien ¿cabe decir lo mismo de los países democráticos? Y más concretamente, ¿están justificadas ese tipo de actitudes –las ilegales o perjudiciales de derechos de terceros-  en nuestro país, a la vista del deterioro de las instituciones que tantas veces se denuncia en este blog? Es evidente que podemos compartir –y compartimos- muchas de las inquietudes y de la  indignación que animan a este tipo de manifestaciones (no todas, porque de lo que se trata es precisamente de distinguir lo razonable de lo que no lo es) pero lo que nos preguntamos es si tales comprensibles estados de ánimos son suficientes para romper la estructura legal y el orden público. Pues bien, la respuesta a esa pregunta, para mí, es clara: no.  Pero ese “no” debe matizarse según a quien nos dirijamos.

Desde el punto de vista de las autoridades obligadas a aplicar la norma, jueces y medios de comunicación, cabe decir que la condescendencia, lenidad y comprensión con estos atentados al orden público es abrir la caja de Pandora, que Zeus ordenó no abrir. En un país como el nuestro en el que, al menos formalmente, hay un Estado de Derecho, que significa que hemos renunciado al ejercicio de la violencia a favor del Estado para que garantice la seguridad y la justicia, no caben los actos vandálicos y demás infracciones legales, que involucran también derechos de terceros (comerciantes de la puerta del Sol, mobiliario urbano, la integridad física de mucha gente…) que el Estado debe proteger. No se me escapa, por supuesto, que es habitual que cuando la gente lo está pasando mal haya brotes de violencia (el motín de Esquilache, aunque en apariencia se debió a la prohibición de la capa, en realidad se debió a la liberalización de la tasa del pan y el hambre) y que muchas reivindicaciones están justificadas, pero ya los defensores medievales del derecho de resistencia exigían enormes cautelas (que todos recursos pacíficos hayan quedado agotados, reunir al pueblo para tomar esta decisión crucial o al menos consultar a algunos “hombres graves y eruditos”) para saltarse la ley. La democracia es respeto a las formas y a los procedimientos y si una parte rompe su parte del contrato y recurre a la violencia, quizá quieran hacerlo otros: la violencia significa querer imponer a todos decisiones de parte sin seguir los procedimientos.

Desde el punto de vista de la ciudadanía que protesta, no vamos a negar, pues es cierto, que la situación de deterioro del sistema de control de las instituciones y la separación de poderes es grande y que la Constitución se ha convertido en una especie de zombie, más muerto que vivo, en el la participación ha quedado reducida en la práctica al voto cada cuatro años, a cuya captura dedican los partidos políticos sus máximas energías cuando se aproximan las fechas. Ello justifica las manifestaciones, críticas y movilizaciones, pero no que se incumpla la ley o se altere el orden público. Es evidente que lo más cómodo, ante una situación que no nos gusta, es enfadarse, a modo de un niño que tiene una rabieta, y romper contenedores y escaparates. Seguramente nos sentiremos mejores personas pensando que hacemos justicia y nos desahogaremos de nuestras penas. Quizá hasta a lo mejor pasamos un rato divertido alternando y conociendo gente. Y probablemente no tenga ningún coste.

Pero me temo que esta actitud no sólo no está bien, es que seguramente es muy poco eficaz para cambiar las sólidas estructuras de la partitocracia. Ser un ciudadano responsable exige más esfuerzo, pero también es más eficaz, a la larga. Y es que ser ciudadano no es solo tener derechos. Tenemos también cargas si queremos que los derechos funcionen. Y ello vale tanto para los que protestan violentamente como para los que deciden pasar de todo y luego se quejan. En una democracia no cabe, como en las dictaduras, aguantarlo todo estoicamente hasta que no podemos más y rompemos la baraja. Ser ciudadano cuesta esfuerzo y quizá algún disgusto: hay que formarse un verdadero criterio y, una vez formado, ser capaces de cambiar nuestros sesgos cognitivos y dejar de votar lo mismo que habíamos votado, o simplemente significarse, mojarse o manifestarse para convencer a los demás de que hay algo que se está haciendo mal. Pero el premio es que las cosas cambien.

Sin lugar a dudas, el establishment ha intentado minar todos los canales de participación política y dejarlos limitados al formalismo de la votación, que ya se encargaran de adaptar a sus necesidades cuando llegue. Pero está en nuestras manos no aceptar esa situación: somos los dueños y podemos revocar el poder cuando queramos, que para eso son las elecciones que, por cierto, se nos presentan en un breve plazo. Aprovechemos la oportunidad de mostrar nuestra opinión sin prejuicios.

Concienciémonos: para cambiar las cosas no es suficiente, ni justo, dar voces y romper cosas. Pero hay caminos.