¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?

Seguro que no poca gente se pregunta qué es lo que ocurre tras el supuesto final feliz en que acaba el drama humano de la inmigración, qué ocurre con esos subsaharianos que vemos en la televisión correr por las calles de Melilla exhaustos de alegría tras haber conseguido acceder a la Ciudad Autónoma, por fin, objetivo conseguido. Qué, en definitiva, pasa con la princesa y el príncipe del cuento tras haberse dado un beso y galopar juntos hacia el horizonte ¿Qué hay después de ese horizonte? ¿Qué es lo que esperan conseguir esas 80.000 personas que, según Delegación de Gobierno de Melilla, están esperando para entrar en la ciudad?
Pues bien, ahora que los asaltos a la valla de Melilla están tan de actualidad, quiero aprovechar este espacio para tratar de acercar al público en general, desde mi posición de magistrado que ejerce sus funciones en esta ciudad, la respuesta a la pregunta del título, que en su versión más corta se resume en la siguiente frase:
En su inmensa mayoría, estos inmigrantes acaban en la península ibérica y el resto de Europa.
Me explico.
Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.
Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura.
Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel.
Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE.
Pues bien, aquí se da la increíble circunstancia de que los inmigrantes están deseosos de estar entre esos 30 ó 50 que cada semana la policía lleva(ba) al juzgado para ingresar en un CIE ¿La razón? Pues que en Melilla no hay CIE, sino que están en su mayoría en la península (Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia), y es ahí donde quieren ir los inmigrantes. Porque no hay que perder de vista que cuando un ciudadano del África subsahariana cruza el desierto, atraviesa la selva, se enfrenta al hambre, supera enfermedades, sobrevive a los ladrones y luego tiene que lidiar con las mafias, no lo hace porque quiera ir a Melilla, no. Melilla es la seguridad, el techo y la comida, pero sobre todo, es la inminente y real posibilidad de cruzar a la Europa sin fronteras. Para qué va a querer quedarse en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados cuando tiene a su alcance todo un vasto y civilizado continente.
¿Y qué dice el juez de guardia cuando el Gobierno le pide autorización para llevarse de golpe unos cuantos inmigrantes a un CIE de la península? Lo que siempre contestamos los jueces, salvo supuestos muy excepcionales, es que adelante con el internamiento. El Gobierno desea el internamiento porque quiere asegurarse que va a poder notificar al inmigrante la resolución de expulsión, y como no tiene la certeza de dónde va a estar éste cuando termine el procedimiento, pide que quede privado de libertad para garantizar su localización y tenerlo a mano cuando, por fin, se haga efectiva su expulsión. Y los jueces de Melilla, conscientes de que esta gente no tiene arraigo alguno en España y de que van a intentar por todos los medios posibles acceder a la península y evitar su expulsión, autorizamos su internamiento en un CIE.
Para alegría de ellos, como decía.
Porque lo que ocurre, y lo que ellos saben, es que el periodo máximo por el cual van a estar en un CIE es de sesenta días, porque así lo dice la Ley. Imposible retenerlos por más tiempo. Pero sobre todo, lo que ellos saben y con lo que cuentan es que el procedimiento de expulsión no va a culminar antes de que pasen esos sesenta días. Y es verdad, es muy difícil entrar dentro de ese plazo puesto que hay que averiguar de qué país es cada uno (lo que ellos suelen dificultar mucho al venir indocumentados y/o mentir sobre el lugar de su procedencia), hay contactar con las autoridades de dicho país, esperar que éstas lo reconozcan efectivamente como ciudadano suyo y, finalmente, que dichas autoridades consientan la devolución.
Resultado: en un elevadísimo porcentaje (muy alto) transcurren los sesenta días y aún no han terminado los trámites de expulsión, por lo que automáticamente quedan en libertad, pero ya en suelo peninsular, pudiendo ir donde les plazca. Sí, siguen incursos en un procedimiento de expulsión, pero en una Europa sin fronteras y con toda una sociedad de desarrollo a su alrededor, saben que va a ser casi imposible volver a dar con ellos.
Así que, de Melilla, los inmigrantes pasan a la península, y a partir de ahí el cielo es Schengen (España, Portugal, Francia, Bélgica, Grecia, Holanda, Alemania, etc.) Y luego Europa hace oídos sordos a este problema, no se entiende.
Por eso, cuando la policía nos trae al juzgado de guardia una tacada de subsaharianos para su internamiento en un CIE, éstos, irremediable y (no tan) sorprendentemente, siempre contestan que sí a la pregunta “¿estás de acuerdo con tu internamiento?”. Claro que sí quieren que les prives de libertad, cómo van a decir que no a ir a la península con altas probabilidades, tras un periodo de confinamiento, de quedar en libertad pero ya en suelo europeo, que es lo que de verdad quieren.
Dos precisiones. La primera es que el ritmo de internamientos en un CIE había bajado mucho con la crisis económica. Antes, como decía, cada semana nos pasaban por el juzgado de guardia entre 30 y 50 inmigrantes para su internamiento. Pero de un tiempo a esta parte, como ya no hay dinero para fletar tanto avión, hay semanas que no pasan ninguno, y muchas semanas nos presentan tan sólo unos pocos.
La segunda es que eso de que los inmigrantes no se quedan en Melilla es relativo. Por lo acabado de decir, que ya no internamos (o internábamos) a tantos. Y porque, bueno, desde hace unos meses entran en Melilla a un ritmo muy elevado. Mucho. Escribo esto cuando antes de ayer entraron unos doscientos inmigrantes y hoy mismo más de quinientos, en lo que es el mayor salto a la valla de la historia de la Ciudad Autónoma. Según datos oficiales, en dos meses y medio ha entrado en Melilla la mitad de “sin papeles” que en todo el año pasado, y ello sin contar estos últimos asaltos masivos. El CETI de Melilla da cobijo ahora mismo a 1.900 extranjeros, cuando su capacidad máxima es de 480 personas, el Ejército ha tenido que montar tiendas a su alrededor para subsanar relativamente esta falta de espacio y recursos, e incluso la Cruz Roja ha visto la necesidad de levantar un hospital de campaña.
Aquí en Melilla cada vez somos más, con todo lo que ello significa desde el punto de vista social, económico y humano. Y claro, entran tantos y tan deprisa que no es posible darles salida por los trámites normales.
Así que, para paliar en lo posible esta aglomeración de inmigrantes en Melilla y las consecuencias negativas de tener a miles de subsaharianos en una ciudad tan pequeña, no sólo se ha recuperado el ritmo de internamientos en CIEs de antaño (hemos vuelto a los 50 inmigrantes por semana), sino que me consta que se están haciendo traslados de extranjeros a la península sin seguir ningún tipo de procedimiento, ni de la Ley de extranjería ni, mucho menos, judicial. Quiero decir que directamente los están cruzando a la península porque aquí no caben, y supongo, seguro que sí, que una vez allí ya se siguen todos los trámites legales correspondientes, los mismos que se hacían en Melilla, pero ahora en territorio continental. Por supuesto, que nadie dude que los inmigrantes se van encantados.
¿Y las llamadas “devoluciones en caliente”? Bien, lo que se vio por la televisión (cruzan, les abrimos la puerta de atrás de la valla, y automáticamente otra vez en territorio marroquí) y que se da dado en llamar así, no está contemplado en la Ley. Sí es cierto que existe un convenio hispano-marroquí de 13 de enero de 1992 (que entró en vigor en diciembre de 2012) por el cual Marruecos se obliga a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o Melilla desde su territorio, pero ello debe hacerse a través de un procedimiento, que aunque rápido y breve, exige el cumplimiento de una serie de requisitos tales como solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportación de datos referidos al modo en que entró y cualquier otra información sobre el mismo de que se disponga, sin que, además, se pueda olvidar cumplir con la Ley que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que estos inmigrantes pidan asilo. Entonces, cumplido todo esto, sí se puede conseguir que, de forma muy rápida y siempre que Marruecos los acepte, estos inmigrantes estén de vuelta al otro lado de la valla, un entrar y salir. ¿Cuál es la trampa? Pues que Marruecos casi nunca admite que estos inmigrantes hayan llegado a Melilla desde Marruecos (¿?), obligando a seguir los trámites ordinarios de expulsión ya señalados.
Ahora suenan cantos de sirena reformadores de la Ley, como respuesta a estos problemas. Como obra humana que es, toda ley puede mejorarse, por supuesto, y la Ley de Extranjería no lo va a ser menos. Pero me genera cierta intranquilidad que sean los titulares de los periódicos los que animen estos propósitos legislativos. Veremos a ver.
En fin, confío haber arrojado algo de luz sobre este controvertido y actual problema, que mezcla política interior, exterior y derechos humanos en un cóctel nada glamuroso.

El fraude Aneri-Tezanos ¿Una forma consentida de financiar la patronal madrileña?

La Justicia está investigando una trama de corrupción ligada al fraude en las subvenciones a la formación continua de los trabajadores concedidas por la Comunidad de Madrid. Una estafa de millones de euros recibidos por la patronal madrileña que se centra, por ahora, en 25 asociaciones empresariales que subcontrataron la formación con José Luis Aneri y con las empresas de Tezanos: detenido el pasado martes y hasta hace poco miembro de la ejecutiva de CEIM y responsable de formación de la Cámara de Comercio de Madrid; ambas, presididas por Arturo Fernández.
Tras el estallido del escándalo y múltiples detenciones, la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, y otros cargos de su consejería ha comparecido en la Asamblea de Madrid, para tratar de justificar la actuación del Gobierno en este caso. Sus intervenciones no han respondido con solvencia a tres preguntas esenciales: qué saben del fraude, desde cuándo lo saben y qué hicieron para evitarlo, perseguirlo y sancionarlo.
La consejera y su directora general –Patricia Herrero- tuvieron la oportunidad de aclarar todas estas dudas y sin embargo, no lo hicieron. Al revés. Tergiversaron datos y pretendieron derivar toda la responsabilidad hacia las asociaciones empresariales, obviando la de su consejería. Esta forma de actuar resulta muy extraña; desde luego, no es la práctica común de una administración diligente y responsable. Estas dudas nos obligan a plantearnos en qué medida la actuación de la Dirección General de Formación, situada en Vía Lusitana, es producto de una negligencia o de la necesidad de encubrir un fraude generalizado de las subvenciones recibidas durante años por la patronal madrileña, en el que podrían tener responsabilidades propias más graves, que podrían llegar a ser delictivas.
En un país con más de un 25% de paro, no nos podemos permitir que el dinero de la formación de los trabajadores se dilapide y menos que se “robe”.  No basta hablar ahora de la reforma de los cursos de formación para el empleo como una coartada para desviar la atención. Una reforma que, reclamada en la Asamblea de Madrid por UPyD, fue recibida con enfado y rechazo por todos los partidos, a pesar de que sabían que el sistema funcionaba mal y que era un caldo de cultivo perfecto para la corrupción.
La Comunidad de Madrid concedió más de 52 millones en 2010 y 49 en 2011, respectivamente, para ese fin. En las órdenes anuales de concesión, se establece que la Administración valorará los diferentes planes de formación de las entidades  que concurran a la subvención, tras lo cual, el director general de formación firmará un convenio con cada una de las entidades beneficiarias. Éstas, durante la formación, están obligadas a una serie de controles propios y externos. Entre ellos, remitir a la Dirección General de Formación –antes del inicio de cada uno de los grupos- el lugar, fecha y horario de su realización y, en el caso de la formación telemática, la dirección web de la plataforma tecnológica utilizada, así como las claves de entrada. Además, debe crearse para cada convenio una comisión mixta integrada por personas de la Administración y de la entidad beneficiaria. Finalmente, esa entidad deberá justificar la subvención en el plazo máximo de tres meses, tras el fin del plan formativo, mediante cuenta justificativa con aportación de informe del auditor.
Centrándonos en el caso Aneri, las subvenciones del año 2010 se ejecutaron durante 2011 y debieron justificarse, como muy tarde, en el primer trimestre de 2012; las de 2011 se ejecutaron durante el año 2012 y debieron justificarse, también como muy tarde, durante el primer trimestre de 2013.  La consejera, en su comparecencia ante el Pleno, aseguró que se habían enterado de la existencia de irregularidades en la primavera de 2013 y que las descubrieron dentro de los tres meses previstos para justificar las subvenciones.
Pero no explicó por qué fallaron todos los controles administrativos previos a la concesión de las subvenciones, así como los previstos durante su ejecución; por qué mintió diciendo que una norma estatal les obligaba a adelantar la subvención sin pedir garantías, cuando son ellos los que lo han aprobado expresamente; por qué no se crearon las comisiones mixtas de seguimiento con las asociaciones empresariales; por qué, si los funcionarios de la Consejería detectaron en el año 2012 el fraude de las subvenciones de 2010, no se tomaron medidas legales, e incluso, se pagó a las asociaciones (realmente a Aneri) el 50% que quedaba por abonar de las subvenciones de 2011; por qué no se avisó del presunto fraude a las asociaciones empresariales hasta finales de octubre de 2013 y sí se notificaron a la empresa de José Luis Aneri los expedientes de reversión de subvenciones, cuando algunos funcionarios consideraban que éste podía estar falsificando firmas, sellos oficiales y documentos por qué cuando se avisa a las asociaciones empresariales, la directora general, nombrada en 2012 por Lucía Figar –actualmente, consejera de Educación y Deporte-, no les recibe, ni tampoco el viceconsejero de Empleo; por qué no fueron a la policía con estas evidencias, que conocían desde la primavera de 2012, permitiendo que se pudieran destruir pruebas y que haya tenido que ser la policía la que fuera a ellos –en vez de ellos a la policía- a abrir la investigación; y por qué cesan al subdirector de Formación Continua y Emprendimiento a los pocos días de declarar ante la policía, y no a la directora general, que también declaró.
 
La credibilidad de las instituciones y de las reformas que se propongan exige llegar hasta el fondo en el fraude de la formación continua y determinar las responsabilidades políticas que de él se deriven. Ahora toca aprobar una comisión de investigación. No debemos parar hasta esclarecer la verdad

Entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez en Lawyerpress

Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013:
“Falta la ambición en nuestros gobernantes de hacer reformas de calado”
MADRID, 21 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

“Por desgracia, ni estamos saliendo de nuestra crisis institucional y política ni de la económica. El deterioro de nuestro Estado de Derecho es evidente y la judicialización de nuestra vida política muy preocupante”. Es una de las reflexiones de Elisa de la Juez, jurista y editora de Hay Derecho? uno de los blogs más leídos del momento. Acaba de recibir el Premio Scevola 2013 que distingue a esta labor crítica y ética de esta publicación online. “ Al igual que con la reforma fiscal que hemos conocido, que solo parchea la situación, falta la ambición de hacer reformas de calado, no se sabe si es por falta de interés o por qué no se puede”. Desde su punto de vista se echan en falta grandes reformas, tanto a nivel institucional como de las propias administraciones del Estado “ Así ha pasado con la Ley de Transparencia que se queda muy corta”, añade. También alude a que hay otros cambio normativos que se hacen sin convicción, un poco de cara a la galería. De política, reforma de la justicia y de otras muchas cosas trata esta entrevista. Elisa como siempre habla claro y lanza mensajes muy concretos.

En primera persona
“Hice hace muchos años la oposición a la Abogacía del Estado, eso me ha hecho ver desde dentro como es nuestra Administración a través de diferentes responsabilidades en diferentes Ministerios o la propia Agencia Tributaria.
En el año 2000 surge la oportunidad de incorporarme a una entidad pública, RED.ES, que se iba a ocupar del desarrollo de las tecnologías en nuestro país y de la sociedad de la información. Ahí estuve como Secretaria General.
Es evidente que en esta etapa fui conociendo mejor lo que es el mundo de las nuevas tecnologías; es un universo tan interesante como cautivador. En aquel momento era clave para la innovación en nuestro país.
Cuando ya salí del sector público ya tenía un amplio bagaje profesional a mis espaldas. Era el momento de montar ICLAVES, mi propia empresa, como consultora especializada en diferentes temas de la sociedad de la información.
Ahora trabajo con ingenieros, juristas y otros profesionales. En este contexto de desarrollo de Internet surgió la idea de poner en marcha Hay Derecho? como blog. Era hacer una propuesta que les hice a un grupo de amigos. Les gustó y lo pusimos en marcha a finales del 2010.
A todos nos unía en ese momento la preocupación del deterioro del Estado de Derecho y de nuestra seguridad jurídica como juristas y ciudadanos. Que hayamos elegido Hay Derecho? como nombre no fue una casualidad.
Estamos a punto de editar un libro con el nombre del blog como recopilatorio del trabajo de estos años. Es algo más que un resumen de esta labor. Confiemos que pueda estar disponible para la próxima Feria del Libro.
La verdad es que a lo largo de estos años en muchas ocasiones hemos visto que no hay ese Derecho…”
Sra de la Nuez Desde una plataforma tan privilegiada como es Hay Derecho, como se ve el entorno actual?
Vemos tocado a nuestro Estado de Derecho. Si le soy sincera hemos ido llegando a esta conclusión de forma progresiva. Al principio pensábamos que funcionaba bien con ciertas excepciones, sin embargo a medida que nos hemos ido metiendo y tener que investigar otros temas hay más cosas que funcionan mal, aparte de la administración de justicia.
Es el caso de la hiperinflación normativa, demasiada normativa no siempre con la calidad legislativa que se espera. Eso hace que sea imposible su conocimiento y aplicación posterior.
Quizás la justificación tenga que ver con nuestra proliferación de Parlamentos autonómicos que dictan leyes, sean necesarias o no. Y a nivel estatal se puede hablar del voluntarismo jurídico.
Parece como si todo se solucionara con sacar normas cuando a lo mejor que se debería hacer es aplicar las normas que tienes y no hacer tantos cambios
Normas hechas de forma deficiente…
Así también lo comentamos en ese libo que está a punto de salir. Pero es que todo tiene relación. Si legislas de una forma tan descontrolada no es sencillo conocer qué es lo que se regula; lo que tienes que derogar o modificar.
Alguna vez hemos pensado que quizás hay alguna norma mal hecha a propósito. No se entienden muy bien y dan mucho margen a la interpretación y a la arbitrariedad, que su aplicación sea diferente en determinados momentos.

Desde fuera da la sensación que con malas normas es más sencillo ser corrupto.
Hay alguna expresión latina que traducida señala que “Cuantas más leyes se necesitan más corrupta es la República”. Nosotros preferimos otro escenario, con pocas leyes y que se cumplan de verdad para todos.
Regularlo todo al detalle tiene otro problema, aquello que esté sin regular es un agujero por donde pueden venir los problemas.
La claridad normativa tiene que ir de la mano de la ejemplaridad; hay que ver más dimisiones o ceses que no necesitan de ninguna ley para que sucedan. Eso es fundamental también.
¿Son apropiadas las medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción?
No están mal. Pero el problema es lo que estamos hablando. Hay otras muchas normas que están en vigor y que intentan evitar conductas similares y que se incumplen. En nuestro blog hemos hablado mucho de los indultos o aforamientos por ponerle dos casos concretos.
Mientras estas cuestiones no se arreglen, la lucha contra la corrupción estará perdida. Las cosas no se tienen que resolver sólo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica. Y es que la realidad exige más cosas.
Hablamos siempre de las reformas de la justicia pero nunca llegan de manera profunda, ¿Dónde está el problema?
La justicia funciona mucho peor que cualquiera de nuestros servicios públicos. Lo veo como usuaria y como jurista. Por desgracia, cuando uno va un juzgado le puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que su margen de aplicación es más restringido pero debe de someterse a una reforma profunda.
¿Cambiaría el panorama con otro ministro o hace falta otro talante?
Es necesario un cambio de política jurídica en nuestro país. Las personas son importantes pero las estructuras y las instituciones mucho más.
Al mismo tiempo hace falta concienciar al ciudadano que un Estado de Derecho necesita una administración de justicia sólida e independiente. Debería ser tan importante como que funcionen bien nuestros hospitales en urgencias.
¿Le ha decepcionado Gallardón como Ministro?
Tengo que confesar que no tenía muchas expectativas puestas sobre su gestión. Tenga en cuenta que es una persona de formación casi exclusiva política, no se sabía que planteamientos podría tener para mejorar la administración de justicia.
Ha llegado a un Ministerio sin la experiencia o formación adecuada para intentar hacer los cambios que necesita nuestra justicia
De todas formas es curioso que aprobase como primera Ley la relacionada con la Mediación y a continuación impusiera las tasas judiciales…
Es mi opinión muy personal, se han visto muy presionados por el colapso judicial, que es evidente que existe, pero claro intentar solucionar este asunto con las tasas sin tomar otras medidas que son necesarias para reformar la justicia produce el problema que tenemos ahora.
Estás evitando que haya más pleitos a los tribunales pero dañando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. La medida se impuso en pleno problema de preferentistas y otras reclamaciones.
Este café para todos de Gallardón no es una solución y está generando grandes injusticias como se puede ver ahora

¿Es necesario tener tasas en la justicia?
Hay que estudiarlo muy bien para que no sea una barrera de acceso a nuestra justicia. Habría que ver de qué forma se desarrolla. En el próximo libo hablamos que las tasas son una medida más de las reformas que necesita nuestra justicia pero no la única
¿Comparte la opinión de otros colegas suyos que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse lo antes posible ante esta cuestión por que este tema afecta a todos?
Me gustaría que así fuera. Hay varios recursos de inconstitucionalidad que están ahí y tenemos que saber qué va a pasar con ellos. Deberían hacer un esfuerzo. Lo que desconozco es si estos magistrados tienen esa sensibilidad que les pedimos.
El otro tema preocupante de la administración de justicia son los retrasos. Si nos van a decir dentro de diez años que las tasas que nos cobran son anticonstitucionales ese fallo no vale para nada.
El otro gran estigma de la justicia es su politización.
Es una cuestión en la que hemos sido y seremos beligerantes. Nuestra decepción ha sido notable más con Gallardón con el propio programa político del PP.
Se habló que irían en dirección contraria, en especial en el caso del CGPJ y al final se ha hecho lo contrario. Es un tema preocupante y los ciudadanos también advierten la situación
¿Puede el nuevo CGPJ con menos vocales que nunca ejercer su labor realmente?
El CGPJ tiene grandes problemas ahora. En primer lugar su nombramiento que está impugnado en el Supremo por una asociación judicial.
Hay un problema de percepción y credibilidad notable. Otra cosa es que puedan a lo largo de esa gestión cambiar esa idea. Si además la forma de funcionamiento no ayuda, el problema crece de forma notable.
¿Cuándo escucha al presidente de CGPJ hablar que los jueces necesitan palo y zanahoria, que se le viene a la cabeza?
Ha sido una sorpresa para todas esas declaraciones. No sabemos si realmente piensa eso, si así fuera es muy preocupante el tema.
Denota un modelo de gestión del poder judicial muy criticable. Me imagino que los propios jueces no estarán muy contentos con estas declaraciones.
Vivimos en un mundo donde las noticias jurídicas saltan en portadas e informativos televisivos. ¿qué denotan estos elementos?
Es un dato muy negativo la judicialización de nuestra vida política. Este entorno lo han creado nuestros propios políticos. Si todo tiene que acabar en una fiscalía o en un juzgadp porque es imposible cesar a nadie tenemos un problema.
Y es que esta ha sido la estrategia de nuestra clase política hasta ahora para evitar la asunción de responsabilidades que no tienen porque ser únicamente penales, podrían ser conductas sancionables a nivel administrativo. Los tribunales de justicia son sufridores de este estado de cosas.
Y nuestro Código Penal en medio de nuestra vida, sociedad y empresas…
Es preocupante esta judicialización por la via penal de nuestras actividades. Hay asuntos de otras jurisdicciones que también acaban en esta via y no es comprensible.
Es comprensible que el ciudadano que no conoce estos temas si no es bien aconsejado pueda acudir a la vía penal, pero los abogados estamos para aconsejar a nuestros clientes que es lo que hay que hacer.
En esta situación creo que hemos contribuido todos a generar este contexto, también los propios abogados. La via penal debería ser la excepción.
¿Entonces los políticos se aprovechan del mal estado de nuestra justicia?
Sobre todo de su lentitud. Se sabe que los tribunales tardarán años en dictar resoluciones que les puedan imputar y es una forma de jugar con ventaja.
Todos sabemos que la administración de justicia funciona mal y desde esa perspectiva se busca lograr ciertos privilegios. Así lo hacen los deudores y otros personajes que se benefician de estas injusticias.
¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de toda esta crispación política y jurídica de nuestra sociedad?
Le contesto a la pregunta como jurista, los medios generalistas en un contexto tan judicializado patinan mucho. Cometen errores importantes de interpretación al no tener la formación adecuada para ello.
En los medios especializados el tratamiento es otro y es más cercano a la realidad jurídica que se vive. Saben poner las cosas en perspectiva.
Su parte de culpa es menor que la de nuestros políticos, como antes le mencionaba. No podemos matar al mensajero.

¿Habría que reformar el llamado secreto del sumario?
Este tipo de cambios hay que hacerlos dentro de otros de más trascendencia. La verdad que si es alucinante que los detalles de un tema importante esté en su totalidad en los medios de comunicación.
Hay que afrontar una reforma integral de nuestra justicia para evitar este tipo de situaciones que usted señala. En nuestro procedimiento penal hay que arreglar más cosas, como por ejemplo esas instrucciones tan largas que no conducen a nada.
Lo hemos denunciado en nuestro blog. Un juez de instrucción no tiene ni los medios materiales ni procesales para asuntos de corrupción masivo como los que están saltando a nuestros medios de comunicación.
Desde fuera se ve al sector jurídico como muy disperso, colectivos que defienden sus intereses por encima de los generales.
La verdad es que se ve así como usted señala. Junto con el problema de que el ciudadano aun no tiene conciencia del o que supone el mal funcionamiento de la administración de justicia, hay en el llamado sector jurídico muchos colectivos, con intereses contrapuestos.
Hace falta un interés común que les una: tener una buena administración de justicia. A veces parece que estamos más atentos a nuestros problemas particulares, de nuestro colectivo, que a este gran problema que es el de todos.
Nosotros desde el blog estamos haciendo pedagogía en ese sentido. Hay problemas generales que son comunes a todos y por eso deberíamos trabajar juntos.
Es curiosa la campaña de las tasas en redes sociales con esa #T que muchos llevan puestos en su avatar.
La verdad es que llama la atención. Si hablas con ellos te dirán que las tasas afectan a todo el mundo pero es comprensible que se pueda tener otra percepción diferente y que alguien diga que su reivindicación les afecta tanto en cuanto pierden clientes.
Este ejemplo que está muy bien puesto viene por la falta de unidad de los operadores jurídicos en cuestiones esenciales. Realmente no ha habido otros colectivos jurídicos que se hayan añadido de forma importante.
En nuestro caso utilizamos nuestro blog para recordar que todos necesitamos una administración de justicia independiente y eficiente.
¿Dónde está la clave para que el ciudadano recobre la confianza en nuestra justicia?
Lo primero que habría que trabajar es la independencia del poder judicial. Sería la prioridad en este escenario que arreglaría la cuestión de credibilidad.
Eso supondría ir a otro modelo de elección del CGPj del actual, como el que viene reflejado en la Constitución de 1978 u otro similar. Tendría que ser mucho más abierto y transparente que el actual.
Es necesaria más transparencia en la carrera judicial; tanto en sus nombramientos, carga de trabajo o procesos de selección.
Luego habría que abordar los problemas de gestión y administración para evitar que los pleitos se resuelvan en cinco años como está pasando ahora. Hay que reorganizar la justicia de otra forma y administrar mejor los recursos que existen.
Un colega suyo Manuel Pimentel comentó hace poco que la justicia no tiene un liderazgo definido..
Hay una excesiva división de las competencias de Justicia. Quizás él se refiriese a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es bueno que pudiera haber un interlocutor único. Pero también que el otro lado hubiera menos sujetos para que la relación con los sujetos jurídicos fuera más fructífera.
Hay Derecho? es un blog crítico, valiente, donde sus editores analizan la realidad sin miramientos.. ¿Han tenido alguna llamada o presión externa por algún post publicado?
Llamadas o presiones, no. Pero sabemos lo que se opina y lo que molesta. Es un blog independiente financiado por los cinco editores, eso hace que las presiones nunca surtan efecto.
¿Cuál es el post que le gustaría escribir, hasta la fecha no redactado? 
Hay uno sobre la responsabilidad de los juristas en este estado de cosas que si me gustaría escribir. Creo que podrían hacer mucho más por nuestro Estado de Derecho de lo que hacen. Quizás por interés y comodidad no lo hacen.
También es una llamada a la autocrítica. Cuando un Estado de Derecho se deteriora muchos colectivos son responsables, incluido los propios operadores jurídicos
Hablar de nuestra sociedad civil es hacerlo de una entidad que sigue dormida pese a lo que está cayendo en nuestro país.
Bueno, yo no la veo tan dormida, al menos en la parte en la que estoy involucrada donde seguimos haciendo cosas. En otro entorno, es evidente que hay cierto escepticismo. Pero una sociedad civil no se improvisa. Requiere tiempo aunque se ven avances importantes en estos últimos tres años.

El curioso “síndrome de Robin Hood” que afecta a algunos juristas

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.

 

Flash Derecho: Conferencia-Debate de Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano

Con el título, ¿Hay alternativas para estimular el crecimiento económico en España?,  la Fundación Unión, Progreso y Democracia ha convocado a Jesús y Luis el próximo día 28 de marzo a una conferencia-debate en la que también intervendrá Álvaro Anchuelo, portavoz de Economía de UPyD en el Congreso.
La Fundación tiene entre sus fines promover el debate de ideas en España, planteando especialmente aquellos que, por poner en duda los mensajes oficialmente transmitidos por nuestras actuales élites políticas y financieras, encuentran mayor resistencia a su difusión en nuestra sociedad.  Si hoy en España hay dos candidatos idóneos para plantear un debate de este tipo son, sin duda alguna, Luis y Jesús.
Pensamos, en consecuencia, que se trata de uno de esos “partidos del siglo” que cualquier persona interesada en el futuro de nuestro país no puede perderse. Así que os convocamos a presenciarlo en directo  el próximo día 28 de marzo a las 12 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Salón Valle Inclán, 5ª planta).
 

La Educación de un Economista (II)

Explicaba ayer cómo mi columna de EL PAÍS con Luis Garicano y Tano Santos, No Queremos Volver a la España de los 50, había representado el final de una etapa de evolución personal sobre la situación política y económica de España.
El origen de la famosa columna (aun sale en Google bien arriba cuando una la busca y de la que se sigue hablando en la prensa incluso hoy) fue sencillo. Yo estaba visitando por una semana el departamento de economía de UCL (en Londres). Como Luis trabaja en LSE pensamos en quedar a tomar un café y hablar sobre la situación de España. Al final resultó que no pudimos (vidas ajetreadas las nuestras) pero si que estuvimos un buen rato en el teléfono. Gracias a ello y, después de añadir a Tano a la conferencia, escribimos casi de un tirón la columna.
De muchas fuentes me llegaba que desde posiciones oficiales se coqueteaba abiertamente y enfrente de mucha gente con la salida del Euro. Se iba por ahí diciendo que si salíamos del Euro no pasaba nada y que nuestros socios europeos mejor nos trababan bien o las cosas irían mal para todos (una especia de “opción Sansón” a la española). Esto era, obviamente, una posición de política peligrosísima, no solo por los horribles efectos que salirse del Euro hubiera tenido sobre la economía sino por sus consecuencias políticas de “Peronización” de España. Lo que Luis, Tano y yo nos dimos cuenta hablando –y eso quizás haya sido una de nuestras mejores intuiciones- es que más de un político no veía la “Peronización” como un peligro sino como una oportunidad de incrementar sus rentas. Había que decir estas cosas y había que decirlas cuanto antes.
Cuando enviamos la columna a EL PAÍS le pedimos al periódico que fuera cuidadoso y que solo pusiera nuestras afiliaciones universitarias. La columna la escribíamos nosotros tres solos, a nivel individual y sin citar a ninguna otra institución española. De hecho, y de manera contraria a nuestra costumbre, no lo colgamos en el blog en el que escribíamos por aquellas fechas, precisamente para no confundir a nadie. Solo unos días después, y ante la tremenda reacción creada, escribimos una entrada explicando, de nuevo, que la columna era únicamente nuestra opinión personal.
De poco nos sirvió. Unos nos criticaron por “esconder” el que éramos de FEDEA. Otros nos culpaban de no desvincularnos lo suficiente de FEDEA (nadie en la fundación había visto la columna antes de que la enviásemos a EL PAÍS y no habíamos firmado con tal afiliación, así que sinceramente no entiendo cómo podíamos habernos desvinculado más). Unos nos atacaban por ser de izquierdas. Otros, por ser de derechas. Incluso, de manera muy cómica, se nos acusó de intentar articular un golpe de estado.  En general esto me dejó contento. Es como cuando te llegan las evaluaciones de clase. Si la mitad de los estudiantes te dicen que vas muy rápido y la mitad que vas muy lento es que más o menos el curso lo diste a la velocidad correcta.
No Queremos Volver a la España de los 50 tuvo dos efectos en mi. El primer efecto fue darme cuenta de que muchísimos comentaristas en España prefieren la teoría conspiratoria a ninguna otra explicación. En vez de entrar en el fondo del asusto (¿cuál es el riesgo para España de salirse del Euro? ¿Funciona la Unión Europea como un mecanismo de limitación de la arbitrariedad de nuestros políticos?), estos comentaristas se limitaban a hacernos cómplices de oscuras maquinaciones
Me imagino que esto es culpa de dos cosas: el que en España muchos escriben al dictado y que es más fácil emplear la teoría conspiratoria que pensar. Lo primero remunera bien. Lo segundo es muy cómodo. Pero, por otra parte, si alguien de lo único que te acusa es ser parte de una conspiración, sabes que la victoria intelectual es tuya: no tienen un mejor argumento.
El segundo efecto fue el hacerme saltar definitivamente al campo de los que creían que los problemas españoles eran institucionales y no meramente económicos. Mejor tarde que nunca.
A partir de ese momento mis entradas en internet cambiaron de manera radical. Empecé a hablar de instituciones siempre que pude. Por ejemplo, aquí alababa a John Roberts y Ben Bernanke como dos grandes servidores del estado. John Roberts ha liderar a la Corte Suprema de Estados Unidos por caminos muy difíciles (como todo el tema de Obamacare: cuanto más lo pienso más convencido estoy que su decisión de defender la constitucionalidad del mandato como un impuesto -“the saving construction”- fue la mejor posible). Ben Bernanke contribuyó de manera decisiva a que la crisis en Estados Unidos no fuera a peor y que su impacto fuera menor que en Europa.
Esa entrada me motivó a hablar del acceso a la función pública en España aquí y aquí (con Pablo Ibañez Colomo, de LSE), pues ni Roberts ni Bernanke, a pesar de sus indudables méritos, podrían haber nunca haber llegado a donde han llegado en Estados Unidos en España.
Estas entradas sobre el acceso a la función pública generaron mucha reacción entre ciertos grupos (incluyendo, de nuevo, acusaciones francamente divertidas). Pero el proceso de escribirlas me ha llevado a reflexionar sobre estos sistemas de acceso y a aprender en mayor detalle acerca de los sistemas alternativos existentes en otros países. Como expliqué en esas entradas (y a lo que volveré en su día), creo que buena parte de nuestros problemas vienen del sistema de acceso a la función pública y de su interrelación con la política. No es sano que básicamente todo el actual gobierno sea funcionario de carrera. Menos sano aún es el sistema de excedencias especiales indefinidas que convierten a la carrera política en una apuesta para los funcionarios en la que solo se puede ganar.
Otras entradas fueron sobre instituciones incluyeron esta, esta y esta, pero quizás la que mas eco tuvo fue esta sobre Elvira Rodríguez. Este nombramiento fue para mi la gota que colmó el vaso y que me hizo abandonar toda esperanza con el actual gobierno. Claramente Elvira Rodríguez no estaba preparada para ese puesto y su vinculación partidista era obvia. Pero el verdadero problema era que, si había un cargo donde el PP podía encontrar a alguien bien preparado, razonablemente independiente y afín a su proyecto político era en el mundo financiero. Como dicen en Estados Unidos (y perdón por el anglicismo): “they did not even try”. El gobierno puso a mala persona a llevar la CNMV a posta. Punto.
Lo único positivo es que fue justo antes de mi famosa conferencia en ICADE, lo que me permitió incluir un ejemplo que llegó a mucha gente (junto con mi crítica del alcalde de Majadahonda: curiosamente nadie me acusó de querer ser alcalde).
Después, de Octubre de 2012 a Septiembre de 2013 escribí muy poco por una serie de motivos. El primero era que estaba muy ocupado con mi vida profesional. Por ejemplo, escribí un artículo sobre la economía política de la burbuja que salió en el Journal of Economic Perspectives y que, a pesar de no ser matemático, me llevo mucho tiempo pensar. El segundo, que estaba aún más ocupado leyendo sobre economía política. En mis clases en la universidad le dediqué mucho tiempo a explicar estos temas (no se si para alegría o tristeza de mis estudiantes). Y durante los fines de semana, a recuperar lo poco que sabía de derecho (cinco años de carrera un tanto olvidados).
Como recordarán los editores de este blog un buen día les empecé a preguntar sobre manuales de derecho administrativo. Realmente quería entender los detalles de los cambios regulatorios, en especial del uso del suelo. Cuando mi mujer me vio llegar a casa con los tres volúmenes del manual de Ramón Parada Vázquez, la pobre poco podía salir de su asombro. El que me pasara el siguiente fin de semana sin levantarme de la mesa leyendo un buen trozo del susodicho manual probablemente le hizo preguntarse acerca de mi salud mental. Pero ese esfuerzo era necesario.
Mi última entrada en mi antiguo blog fue precisamente producto de esas lecturas: Controles y Contrapesos, en el que comentaba esta nueva columna en EL PAÍS. Como decía, en este caso hablando sobre los nombramientos de la nueva CNMC:
“necesitamos una CNMC vigorosa y vigilante. Y esto requiere de dos cosas: conocimiento técnico e independencia del poder. En otras palabras: el saber qué hacer y el querer hacerlo. La lista de los consejeros nombrados nos dice que la CNMC no va a cumplir con su misión.”
Y añadíamos:
“sí que sabemos que en España existen decenas de candidatos mucho mejor preparados para este puesto que los economistas seleccionados como consejeros. Quien dude de ello, solo ha de poner el nombre de los consejeros en Google Académico (esa prueba del algodón que no engaña) y comprobará la casi total ausencia de citas relevantes de los mismos. A la vez, poniendo el nombre de muchos otros posibles candidatos verá que estos tienen muchísimas más citas (y con mayor índice de impacto) en las áreas de competencia y regulación.”
Ya desvinculado de mis anteriores afiliaciones, en Enero publiqué una nueva columna que fue también mi bautismo aquí en ¿Hay Derecho?, en la que ya analizaba de manera muy explícita la economía política de los nombramientos políticos:
“En resumen: la selección de directivos en nuestras instituciones públicas no es un accidente. Es una respuesta estructural dados los incentivos existentes. Los gobiernos no quieren ser controlados, unos políticos de mala calidad necesitan de salidas económicas personales y los mecanismos de control no operan.”
Culminaba así la educación de un economista. España ha sufrido una gravísima crisis económica. Pero lo que nos ha pasado no es una casualidad: es el producto de la conjunción de unas fuerzas exteriores (el Euro, la caída de los tipos de interés mundiales) con nuestra situación política. No se puede hablar de economía en España sin entrar en la economía política. Si Bankia se hundió fue por un pacto entre PP y CC.OO. que politizó CajaMadrid, por el control por la Comunidad Valenciana de Bancaja, por fusionar malas entidades para crear una nueva “too big to fail” a propósito, por nombrar a Rodrigo Rato –una persona sin experiencia profesional en la banca y que había dejado un pésimo recuerdo en el FMI- para que el banco fuera intocable.  Si la gente esta cansada con el sistema es porque nadie entiende porque Moreno Bonilla puede mentir sobre su CV y que no pase nada o que Cesar Alierta siga siendo Presidente de Telefónica cuando esta probada su participación en un uso privilegiado de información confidencial.
La crisis y la pobre recuperación actual es el producto de un sistema político creado en la transición y que ha llegado al final de su ciclo vital. El problema es que muchos o no lo han entendido o no lo han querido entender e intentarán prolongar su vida todo lo que puedan. El desenlace puede ser repentino o puede que nos lleve tres décadas, como durante el declive de la restauración. La dos grandes claves en el corto plazo serán cómo se gestione el tema de Cataluña y que coaliciones sean posibles después de las siguientes elecciones generales.
Mientras tanto, yo seguiré escribiendo sobre la economía política de España. Una cosa que quiero hacer es comentar libros y artículos que he leído sobre temas de economía política, derecho constitucional e instituciones (alguno de los cuales, sinceramente, me han encantado). Un par de docenas se me han acumulado encima de la mesa. Espero que los lectores de este blog me otorguen su confianza y sigan con cierto interés mis disquisiciones.  Quizás nos ayuden a entender lo que pasa.

La Educación de un Economista (I)

 

En unos días daré una serie de charlas (en Estados Unidos y en Madrid) sobre la situación económica y política de España. Por ello, estas semanas últimas y en vez de escribir, he dedicado tiempo a pensar sobre nuestras tesituras. No solo esto me ha permitido delinear los temas sobre los que hablaré, sino que también me sirve para enfocar algunos de los aspectos en los que me gustaría construir argumentos más solidos.
Quizás no sea una sorpresa para aquellos que han leído mis columnas y mis entradas en internet, especialmente desde que me mudé a las más acogedoras páginas de este blog, que estas reflexiones me alejen de aspectos meramente económicos y me lancen contra los peligrosos arrecifes de la economía política de España.[1] En particular, contra las rocas de nuestro maltrecho estado de derecho, nuestro decadente sistema de partidos y nuestras doloridas instituciones.
Esta evolución es consecuencia de años de frustración ante la gestión de nuestra crisis económica. Cuando, en 2008, España entró en una profunda recesión disponíamos de amplios márgenes de maniobra. Nuestra deuda pública era reducida, el sector financiero contaba con ciertas reservas y, desde nuestra entrada en la Unión Europa, habíamos acumulado un amplio capital de credibilidad con nuestros socios.
La reacción del gobierno de Zapatero ante la crisis fue decepcionante. Primero se negó que la crisis fuera objeto de mayor preocupación (“no llegaremos a 4 millones de parados”). Luego se pretendió salir de ella a golpe de talonario público. Finalmente, se habló de unos brotes verdes que nunca existieron.
Este comportamiento del gobierno no me sorprendió. Nunca había tenido a Zapatero en mucha consideración. Intelectualmente no era más que un ejemplo de esos políticos superficiales que producen las sociedades modernas. Políticamente, su llegada al poder había sido producto de unos acontecimientos excepcionales en los que él solo había jugado un papel secundario. Entre sus asesores más cercanos, unos votaban al PSOE fruto de nuestras peculiaridades históricas pero poco tenían que ver con el resto del partido. Otros habían sido catapultados a posiciones de influencia muy por encima de sus capacidades fruto del reducido banquillo del partido. España estaba malgastado siete años y medio en días de vino y rosas.
Pero, si Zapatero únicamente cumplía con mis limitadas expectativas, para mi sorpresa, el comportamiento de Rajoy en la oposición cada vez me preocupaba más. El 21 de Diciembre de 2010, cuando ya estaba claro que el PP iba a ganar las elecciones, escribí con Luis Garicano:
“Ante la necesidad imperativa de llevar a cabo estas profundas reformas, y las enormes dificultades para hacerlo que suponen sindicatos, baronías regionales, etc., nos ha sorprendido la evolución aparentemente inexorable del principal partido de la oposición de popular a populista. Cada día, al leer el periódico, vemos noticias que cuentan como el PP vota en contra de la congelación de las pensiones o de la reducción de sueldo de los funcionarios, no apoya el incremento de la edad de jubilación o tiene una actitud cuando menos equívoca con los desmanes de los controladores aéreos.”
Y:
“Pero no solo es la posición con respecto a las pensiones la que nos parece incomprensible. Miremos aquellas situaciones donde el PP tiene un poder de decisión más directo. ¿Se entiende la lista de 11 consejeros, todos ellos más o menos políticos, que Cajamadrid propone para el consejo del banco del SIP con Bancaja y otras entidades? ¿Se entiende la demanda contra los administradores del Banco de España en la CCM? ¿Se entiende el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad Valenciana? Todas estas medidas nos hacen temer que la demagogia de las pensiones sea la prueba de una enfermedad mucho más seria que el electoralismo cortoplacista: el populismo, el todo es gratis, el vayamos despreocupadamente por el camino más fácil, el la culpa la tienen los demás, usted no tiene que hacer nada costoso.”
Esa columna no sentó demasiado bien. Una persona con razones para saberlo me comentó que Rajoy y su entorno no olvidaban este tipo de artículos en la prensa y que tendría que vivir con las consecuencias de mis palabras. Obviamente, tal amenaza me importó bastante poco (las ventajas de no querer nada del poder, ¿o se cree nadie que si yo hubiese tenido otras ambiciones –como se nos ha acusado en decenas de casos- hubiese escrito eso?).
Sin embargo, lo que no terminé de ver lo suficientemente claro es que lo que Luis y yo apuntábamos como una posibilidad (“una enfermedad mucho más seria que el electoralismo cortoplacista”), era una triste realidad. Que había un problema estructural con nuestro sistema político mucho más profundo que el que Zapatero fuera un mal guiño del destino o que Rajoy sufriese de veleidades populistas.
Cuando llegó el PP al poder tenía fundados temores sobre los dilemas a los que se enfrentaba y sobre la voluntad de atajarlos. Como escribí el 11 de Noviembre de 2011, el día antes de las elecciones (en un post que más de uno me criticó por no “respetar” esa institución infantil de la jornada de reflexión):
“No sé quién se paseará por la calle de Alcalá en Madrid en unas semanas, pero no le envidió en absoluto. Hagamos lo que hagamos, el 2012 y 2013 solo podrán moverse entre lo horrible y lo realmente horrible. Incluso la mejor política posible, que pasa muy a mi pesar por grandes sacrificios para todos, solo podrá aspirar a salvar los muebles lo mejor que podamos. Y lo realmente aterrador: si no seguimos esa política, los resultados serán aún más nefastos.”
A la vez, y quizás en un ejercicio de ingenuo optimismo, durante el verano y el otoño de 2011 pensaba que el gobierno del PP corregiría algunos de los peores defectos del PSOE. Tenía una idea más o menos clara de a quién Rajoy iba a poner en su equipo económico. Había hablado con ellos en muchas ocasiones y, si bien no siempre compartía sus diagnósticos o prioridades, si que esperaba una gestión relativamente competente aun si tuviesen que cumplir ciertas promesas demagógicas. Mis temores se centraban más en que fuera demasiado tarde para corregir la situación, en que -siendo todos ellos funcionarios- carecieran de la imaginación para acometer reformas radicales que España necesitaba y en que el resto del partido no les dejase márgenes de maniobra.
Además, y de manera egoísta, en el otoño de 2011, esperaba poder dejar de hablar de la crisis por una temporada. Como concluía, con cierta tristeza, en ese mismo post que cité anteriormente: “Yo me apunté a esto del blog para hablar del último modelo de aversión a la ambigüedad y de lo que acabábamos de descubrir sobre como computar verosimilitudes en paralelo.” Tras un par de años muy metido en la conversación de política económica, me apetecía volver a mis cosas. Trabajar en una universidad americana rica tiene muchas ventajas pero ninguna mayor que el poder vivir muy tranquilo dedicándose a leer lo que a uno le apetezca en cada momento y sin darle explicaciones a nadie.
Por ello, durante los siguientes Diciembre y Enero no comenté nada (o casi nada) sobre el nuevo gobierno y me dediqué a hablar de cosas raras como la política industrial en Corea o sobre las aventuras de Niall Ferguson (una serie de tres entradas que me hicieron mucha gracia: una, dos y tres).
Mi primeras sospechas de que mis temores de la columna en El Confidencial de Diciembre de 2010 eran fundados fue el anteproyecto Ley de Estabilidad Financiera (otra serie de tres entradas –una, dos y tres– en el que, con bastante esfuerzo, hice lo que nadie más hizo en España: leerse el anteproyecto en detalle y explicarlo en público). El anteproyecto desvirtuaba todo el objetivo de la reforma constitucional al eliminar cualquier mecanismo de control independiente de la situación fiscal. Pero incluso a finales de Febrero de 2012 aun me quedaba un residuo del optimismo de 2011 acerca de la posibilidades del nuevo gobierno.
Fue durante Marzo y Abril de 2012 que mi visión de los objetivos del gobierno cambió radicalmente. Se iba por ahí diciendo cosas peligrosas sobre el Euro que a muchos asustaban. Las reformas no se hacían. Y, en general, no avanzábamos. Esta evolución culminó en la famosa columna de EL PAÍS con Luis Garicano y Tano Santos, No Queremos Volver a la España de los 50. Pero esto lo dejamos para mañana.



[1] “Economía política” es una expresión que se utiliza en diferentes sentidos según el contexto. Aquí la empleo como el área que estudia la interacción entre la economía, el sistema político y el ordenamiento jurídico. Piso disculpas a los lectores que prefieran otros usos.

Flash Derecho: Tratados Internacionales (IV Convenio de Ginebra) vs leyes internas (reforma de la LOPJ en materia de justicia universal)

El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Con la nueva redacción se modifican los términos de la persecución penal en España de hechos ocurridos en el extranjero, tal y como venían establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero en la medida en que las nuevas previsiones sean contrarias a un tratado internacional en vigor para España, como elConvenio IV de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, no serán de aplicación en tanto se mantenga en España la vigencia del tratado internacional. Y es que si bien la incorporación a nuestro ordenamiento de un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 (aprobado en España mediante Ley Orgánica) y 94.1 (firmado con autorización de las Cortes Generales) de la Constitución deroga o modifica leyes anteriores con un contenido contrario, tal cosa no sucede cuando la norma posterior es una Ley, Orgánica u ordinaria, que carece de fuerza activa para derogar una norma internacional, pues, como prevé el propio artículo 96 de la Constitución, esas disposiciones internacionales “solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”.
La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal no es nula pero sí inaplicable en tanto no se consume la denuncia por parte del Estado español de los tratados internacionales con un contenido distinto.
Por todo lo anterior, parece acertado el Auto de 17 de marzo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 que ha resuelto no considerar aplicable al asunto que está investigando -el asesinato del periodista José Manuel Couso en Bagdad- la citada reforma legislativa.

El informe sobre la reforma tributaria ¿mucho ruido y pocas nueces?

Seguramente que Joaquín Estefanía consideraría como parte del lenguaje de la “economía del miedo”  (La economía del miedo. Galaxia Gutemberg, 2012) la frase del profesor Manuel Lagares (Presidente de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español) dicha en la entrevista  de Jesús Sérvulo González para El País (16 de marzo de 2013): “Hay que ver si se quiere pagar dos puntos menos de IVA, y mantener el paro”. Como ha señalado Francisco de la Torre (“Una propuesta de sabor agridulce”. Expansión, 15 de marzo de 2014), “La denominada “reclasificación” de productos en el IVA es regresiva, mucho. Considero que aumentar la carga fiscal, de forma especial para los más desfavorecidos, elevando en un 11% los productos de primera necesidad debería ser el último cartucho recaudatorio, y no la primera medida para financiar una bajada de otros impuestos”.

Después de una primera lectura del Informe de la Comisión (`presentado el viernes 14 de marzo), de la referida entrevista y algunas otras opiniones ya publicadas, saco la impresión de que la reforma fiscal anunciada, si se siguen las recomendaciones de la Comisión, perjudicará, como siempre, a la depauperada clase media. Y menos mal que el Gobierno  se ha apresurado a decir que no aplicará el recomendado gravamen de la vivienda habitual, criticado con gran acierto por el vocal de la Comisión Pedro M. Herrera Molina en su interesante voto particular. La grosera medida propuesta supondría un verdadero ataque a las personas que ahorran.

Cuando leí el Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de julio de 2013 sobre la creación de la referida Comisión de expertos y, más concretamente, su composición, consideré que era una decisión equivocada: nueve miembros de los cuales exclusivamente uno es jurista (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario). El resto son prestigiosos economistas y expertos en Hacienda Pública. El propio Lagares lo ha resaltado en la referida entrevista: “En la Comisión hemos sido ocho economistas y un abogado, todos catedráticos. Los economistas hemos pensado como economistas y hemos diseñado un esquema que puede ser duro y difícil de asumir…”

Cualquiera que conozca un poco el sistema tributario español y su falta de coherencia, acumulada por los desaguisados y despropósitos infligidos al mismo durante años, convendrá en que hacían falta más juristas en dicha Comisión. Esta presencia minoritaria de juristas se nota a lo largo de todo el Informe. Brillan por su ausencia las consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica y la técnica normativa. “La reforma en ciernes es la ocasión para enmendar los errores y parches del marco actual”, decía el editorial de Expansión del 3 de febrero de 2014 (“Una reforma fiscal que dé más seguridad jurídica”).

A estas alturas pueden resultar irritantes algunas propuestas harto voluntaristas: “Suprimir la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando lo permita la situación presupuestaria”. Pero resulta más irritante lo que se dice de este arcaico impuesto. Se sigue sosteniendo que su justificación es “la ventaja derivada de la protección que otorga la fe pública…” Argumento harto falaz como hemos intentado demostrar en otra ocasión : la referida ventaja la pagamos los ciudadanos y empresas cuando acudimos al notario y al registro público correspondiente.

Siguiendo con los ejemplos, se dice en el Informe, sobre la delimitación entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que “las normativas de ambos tributos delimitan perfectamente la asignación de operaciones a uno y otro impuesto”. Esta afirmación sobre la perfecta delimitación es más que discutible si observamos la doctrina administrativa y la jurisprudencia al respecto. La propia Comisión alude a operaciones que suelen crear mayores dificultades (la renuncia a la exención en el IVA; el concepto de segunda o ulteriores entregas de edificaciones, etc). Pero lo que es de lamentar es que la Comisión, en aras del principio de neutralidad que rige en el IVA, no haya propuesto una justa delimitación entre ambos impuestos, llevando al ámbito del IVA todas aquellas operaciones que vayan a ser incorporadas a actividades empresariales, aunque el transmitente sea un particular. Qué no decir de la necesaria abolición del incremento del gravamen de Actos Jurídicos Documentados impuesto por algunas Comunidades Autónomas cuando se renuncia a la exención en el IVA, lo que supone un verdadero dislate desde el punto de visto jurídico.

La práctica ausencia de juristas en la Comisión ha significado que no se tomen en consideración sugerencias tales como la eliminación de recargos e intereses en regularizaciones de IVA sin perjuicio económico para la Hacienda Pública; elevación el plazo máximo de repercusión del IVA, para hacerlo coincidir con el plazo para la deducción del soportado, la necesaria proporcionalidad de las sanciones que castigan el mero incumplimiento de obligaciones formales cuando se han cumplido las materiales, etc, etc.

Soy de los que piensan que con el desaforado nivel de gasto improductivo de nuestro país, cuyo principal beneficiario es buena parte de la parasitaria casta política, es el verdadero problema, y que no existe sistema tributario eficiente que lo financie. El “impuesto justo” al que se refirió Luigi Vittorio Berliri hace tiempo provoca risa y algazara en cualquier reunión de gente con cierta altura intelectual. De ahí las referidas propuestas voluntaristas: “para cuando se pueda”.

Lo que  parece claro es que un Informe de estas características no puede digerirse en un par de meses y que debería abrirse un cierto debate público. Una pretendida reforma fiscal global apresurada podría ser insoportable. Dice el profesor Lagares en la entrevista que no está seguro de las propuestas que le van a admitir, señalando que el eminente Hacendista Richard Musgrave le comentó en cierta ocasión que él era feliz cuando le habían admitido el 10% de lo propuesto. Esta reflexión es peligrosa, pues se supone que el Informe es coherente y no dado a la fragmentación. Es decir, el conjunto de propuestas del mismo no son las estanterías de un supermercado para que el Gobierno vaya llevando al carrito las que le apetezca. Sería desastroso, por ejemplo, que se llevara al carrito la supresión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades pero no la bajada de los tipos impositivos actualmente vigentes. Una medida es complementaria de la otra.

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (y VII): El principio y el fin

Donde se pone fin a esta novela de no ficción, pero no a esta historia, cuyo definitivo desenlace corresponde determinar a los lectores
 

El principio
Como tantas otras Cajas, Caja Segovia nació en la segunda mitad del siglo XIX con el fin de paliar la secular usura que lastraba el campo español, y que alcanzaba a veces el estratosférico interés de real por duro mensual, es decir, del 60% anual. Lo hizo de la manera más humilde posible: un conjunto de personas bien intencionadas se reunieron e invitaron a los segovianos a dar algo de lo que les sobraba para poder establecer un Monte de Piedad. Cuando inició su andadura sólo contaba con 14.586 pesetas (de ellas 717 fueron recaudadas en una velada músico-literaria organizada en su favor en junio de 1877). El día de su apertura se formalizaron dos préstamos por valor de 70 pesetas y cuarenta imposiciones que ascendieron a 168 pesetas.
La Caja fue creciendo a base de súplicas a los vecinos para que suscribieran nuevas acciones y obligaciones. Lo segovianos dieron la talla, a veces triplicando el importe de las emisiones solicitadas, mostrando desde el principio una enorme solidaridad con los fines sociales que ésta pretendía. Poco a poco, el acudir al Monte de Piedad para empeñar bienes de la más variada procedencia a cambio de préstamos a corto plazo terminó desplazando completamente a la tradicional usura.
Tras la Guerra Civil la Caja dejó de ser una sociedad de accionistas, y en el Consejo entran representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, entre otros organismos. Es en esta época cuando empieza su gran expansión. Con el desarrollo de la economía española, las cuentas de ahorro y las imposiciones a plazo sustituyen a los empeños. Se abren sucursales en distintos pueblos de la provincia, en beneficio de los agricultores que encuentran en la Caja el único socorro financiero y también el único asesoramiento digno de ese nombre.  Empezó así a gestarse, precisamente, una relación de confianza que iba a durar muchas décadas, pero que con el tiempo se convertiría en una trampa mortal.
En esa época comienzan también las actividades culturales de la Caja, especialmente en el ámbito editorial, centrado en la historia, la literatura, la agricultura, el arte popular y la naturaleza de la provincia. De ahí se pasó pronto a la docencia, siempre al lógico estilo de la época: la Escuela de Obreras, la Granja Escuela y los Centros de Formación Familiar. Siguieron becas y premios para alumnos de enseñanza media y superior. En 1969 se financia la apertura de un Colegio Universitario adscrito a la Universidad Complutense. Unos años antes se había iniciado la obra social para la protección y ayuda a la tercera edad.
En el año 1956 la Caja se suma a los esfuerzos de restauración del riquísimo patrimonio segoviano, comenzando por la Sala de las Piñas del Alcázar. En 1973 adquiere un palacio para su restauración, el Torreón de Lozoya (cuyo triste destino ya conocemos). Enseguida se convirtió en un centro artístico de gran trascendencia dentro y fuera de la provincia, que llegó a acoger muestras de primerísima fila: Zuloaga, Miró, Esteban Vicente, Tapies, Feito, Antonio López, Chillida… sin olvidar a los mejores artistas locales del momento. La Caja creó también su propia colección a lo largo de todos esos años, desde los primitivos hasta las acuarelas de Pérez de Castro, pasando por los grandes murales en grisalla descubiertos en el palacio de Villafañe siguiendo las indicaciones del Marqués de Lozoya…
Para qué seguir. Mucho es lo que hizo la Caja por los segovianos, desde la ayuda financiera a las capas más humildes de la sociedad a la difusión del arte de vanguardia, desde la promoción del deporte popular a la educación, desde la conservación del patrimonio artístico hasta la preservación de la cultura segoviana en todas sus manifestaciones. Si se lo hubieran anticipado a esos diez benefactores que firmaron la primera acta el 24 de junio de 1877, quizás no se lo hubieran creído. Pero, sin duda, aun menos se hubieran creído lo que pasó luego.
No sería justo acusar a la democracia de no haber sabido conservar este regalo, porque lo que ocurrió no tiene nada que ver con la verdadera democracia (que sabe siempre dónde está su sitio). Más bien, si con algo tiene que ver es con su perversión.
El origen del problema hay que encontrarlo en la Ley 31/1985 sobre órganos rectores de las Cajas. La Exposición de Motivos nos avisa ya de que persigue la cuadratura del círculo: lograr simultáneamente “la plena democratización de los órganos rectores”, conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, y adaptarse a la nueva estructura territorial del Estado delegando ciertas competencias en las CCAA. Sobre el papel se diseña un marco aparentemente equilibrado entre la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control, pero en la práctica la poderosa trituradora que es nuestra partitocracia clientelar borra por completo cualquier diferencia. Los partidos, en realidad, los caciques locales, toman paulatinamente posesión de la Cajas y empiezan a repartirse el negocio, con mayor o menor discreción. Lo mejor de todo es que no le tienen que rendir cuentas a nadie…. porque ellos mismo son los que están replicados en todos los lados del poliedro: en los órganos internos, por supuesto, pero también en los externos, ya sean los ayuntamientos, las diputaciones, las CCAA, los sindicatos, etc. La ruptura entre el agente y el principal (entre los gestores y los intereses públicos) viene a ser total.
Pero, sin duda, lo que termina de cebar la bomba es la burbuja inmobiliaria. Como han demostrado Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos (aquí) la burbuja creó una apariencia de prosperidad que impidió que esa ruptura entre agente y principal resultase evidente. Los errores, incluso los disparates, no eran sancionados por el mercado, al menos no inmediatamente. Se perdió completamente la noción de proporción y la prudencia, hasta ese momento características de las Cajas, y se emprendieron aventuras sin justificación financiera ni geográfica. La burbuja originó además una tentación de dinero rápido y fácil absolutamente irresistible para los caciques locales. El resultado fue el previsible: cada grupo de amigos –normalmente articulado en torno a un partido político- emprendía aventuras particulares con la aquiescencia de los directivos de la Caja, que miraban para otro lado mientras simultáneamente engordaban sus bolsillos con la aquiescencia de los consejeros políticos, que miraban para otro lado mientras… en un círculo perverso potencialmente explosivo para el futuro de las Cajas.
Caja Segovia no fue la excepción, precisamente. Tras la fusión con Bankia y la consiguiente expropiación perdió prácticamente todo su patrimonio. En los post anteriores hemos descrito el tipo de gestión que condujo a ese resultado. Hoy, la Fundación Caja Segovia no tiene más bienes que unos cuantos inmuebles hipotecados, entre ellos el famoso Torreón de Lozoya, cuyo crédito puede terminar en cualquier momento en poder de un “fondo buitre”, si no lo está ya. Los segovianos, por su parte, se han quedado sin la Caja, pero como entrañable recuerdo todavía conservan en su poder más de doscientos millones de euros en participaciones preferentes y otras obligaciones subordinadas, la mayoría de los cuales colocadas a minoristas que han perdido de esa manera gran parte de sus ahorros. Precisamente, al mismo tipo de personas a los que, hace más de un siglo, la Caja pretendió ayudar emancipándoles del engaño y del abuso practicado por usureros y  otras gentes de mal vivir….
 
El fin
Pese a lo que pudiera pensar algún lector despistado, éste no es el final, ni muchísimo menos. Como ocurre en la actualidad con las mejores series interactivas, el final de esta triste historia lo van a escribir ustedes. Quiéranlo o no.
Hay gente que piensa que el problema ya está solucionado. Lo que había que hacer era diseñar una norma que saliese al paso de todas estas deficiencias que hemos enumerado. Pues bien, ahí está la nueva Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que exige una vinculación de la actividad financiera de las Cajas con las necesidades de los clientes minoristas, que impide que realice sus actuaciones fuera de la Comunidad Autónoma o de las  provincias limítrofes, que impone que todos los miembros del Consejo cuenten con conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones, que existan consejeros independientes, etc.
Estas medidas son necesarias, qué duda cabe. Pero pensar que con ellas basta, es no comprender en absoluto el crucial papel que cumple el principio de responsabilidad en una sociedad. Sin él, cualquier medida legislativa, cualquier reforma, por muy bien intencionada que sea, estará condenada necesariamente al fracaso. Pues bien, en Caja Segovia, como en tantos otros casos, la responsabilidad brilla por su ausencia.
En los Juzgados de Instrucción 2 y 5 de Segovia se iniciaron en 2011 y 2013, respectivamente, dos procedimientos penales contra los responsables del hundimiento de la Caja, en gran parte gracias al trabajo abnegado de una serie de ciudadanos que por su cuenta se empeñaron en investigar y denunciar el conjunto de tropelías que les hemos relatado. Pero se comenta que sus posibilidades de prosperar parecen escasas. De hecho, Atilano comunicó a sus consejeros que había sido tranquilizado por quien correspondía: quizás su conducta pudiera suscitar cierto reproche moral, pero difícilmente encaja en el tipo penal.
La Fundación Caja Segovia podría al menos interponer una acción civil de reclamación de daños y perjuicios, pero hay que recordar que en el patronato están sentados los mismos partidos involucrados en el escándalo de la Caja, que se proponen además volver a ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015 y 2016. En consecuencia, Manuel Escribano (el ex Director General) y sus amigos del equipo directivo, seguramente conservarán las retribuciones contratadas con los 34 millones de euros aportados. El Sr. Escribano lleva cobrando los 800.000 euros anuales desde 2012, por lo que a poco que goce de buena salud (lo que le deseamos todos) puede llegar a ahorrar bastante para solaz de sus herederos.
El caso Segovia 21 ni siquiera se encuentra ya en los juzgados, pues murió antes de nacer. La simple coincidencia de nombres con algunos implicados en la trama Gürtel, las remuneraciones supuestamente excesivas o los errores contables, no fueron suficientes para mantenerlo con vida.
Las cúpulas del PP y del PSOE controlan todavía -ya no la Caja como entidad financiera, que ha desaparecido- pero sí la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y con ellos los demás resortes de poder locales, incluida, por supuesto, la Fundación. Siguen siendo las mismas, sin renovación de ningún tipo fuera de los ocasionales casos de cooptación interna. Los mismos empresarios que hemos citado siguen engrosando su red clientelar. Qué duda cabe que la ausencia de sanciones (políticas y jurídicas) generará en unos y en otros (políticos y empresarios) una enorme sensación de seguridad (o digamos, quizás, de impunidad). Esperarán a que se recupere la economía para continuar haciendo los mismos negocios que antes, y con la misma opacidad. Saben que no les pasará nada, porque está todo atado y bien atado.
Los segovianos, por otra parte, han asumido el coste de todo ello: el de sus preferentes y sus swaps, el de haberse quedado sin la obra social de la Caja, y el derivado de tener que pagar más impuestos para tapar los agujeros motivados por su hundimiento. Ni los directivos del Banco de España ni de la CNMV de la época asumieron ninguna responsabilidad. Los nuevos han sido nombrados por los mismos partidos que eligieron a aquellos.
¿No le gusta este final? ¿Quiere cambiarlo? Es fácil, no tiene más que desearlo… y hacer algo al respecto, claro.