¡Ay, Derecho!: Esperanza, Thelma y Louise

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Lo malo de estos pequeños incidentes es que a veces dicen mucho de nosotros. A veces más de lo que pensamos. La fuga motorizada de Aguirre creo yo que es uno de estos incidentes. Como en todos los sucesos en los que pueda haber involucrado algún interés político, por lejano que sea, las versiones son enormemente diferentes. En algunos sitios se dice que Esperanza Aguirre huyó inmediatamente, que arrolló a un guardia; en otros, que la retuvieron quince minutos, o incluso que todo es una chulería de los policías para darse importancia y hacerse una foto, y que el comunicado de UPyD, exigiendo el cumplimiento de la legalidad y el principio de igualdad de trato, es vomitivo.

Pero, en fin, tampoco hace falta dar tantas vueltas, que se embrollan las cosas. Los hechos que se conocen con seguridad son suficientes. Yo, desde luego, no tengo lo que hay que tener para parar a las cuatro y media de la tarde en el carril-bus de la Gran Vía, detrás de un taxi del que se está bajando un pasajero, e irme a sacar dinero de un cajero. Los cajeros estos se lo piensan bastante y se toman su tiempo para darte el dinero, preguntarte si quieres recibo, si vas a hacer alguna operación, etc, etc. De un minuto, nada. En un minuto no te da tiempo ni a bajarte del coche y sacar la 4B de la cartera.  Y mientras llegando autobuses y taxis tocando el claxon. Yo me pondría amarillo de tensión. Pero, claro, es que yo no valgo para político, no tengo esa capacidad de pasar de la normativa vigente, bastante severa en materia de carril-bus, aun a sabiendas de que si me pillan se va a montar gorda por ser conocido.

Ese detalle ya es de por sí significativo, porque revela capacidad para desarrollar una conducta irregular que la mayoría de la gente no tiene. Al menos en la Gran Vía de Madrid. Y es, por tanto, un mal ejemplo, lo que para una persona con aspiraciones políticas a la alcaldía, al menos como rumor, es importante.

Pero si encima después de pillarte en falta, lo que haces es irte –rápidamente o después de esperar un rato, estén abusando los agentes o no- arrollando una de las motos policiales, estás mostrando una grave falta de prudencia, muy necesaria en situaciones críticas. Y si, además, después de todo ello, cuando ocurre la previsible revolución mediática, te defiendes atacando a los agentes (“si tiene un ataque de ansiedad hay que ver si puede ser agente”), haciendo comparaciones con Bolinaga, diciendo que la moto estaba muy mal aparcada, y hablando de machismo (ver aquí y aquí) también revelas una carencia de criterio y olfato muy grandes. O quizá no, es que sabe que sus enemigos le van a atacar siempre y sus amigos le defenderán en todo momento.

Esperanza Aguirre tiene un estilo espontáneo y directo, sin pelos en la lengua, que es del agrado de mucha gente. Pero eso no es suficiente: los políticos han de tener, como figuras públicas, más respeto a la ley que los ciudadanos que han de gobernar. Y si se equivocan, han de dar también ejemplo de arrepentimiento y contrición, porque eso es también que es lo que se nos pide a nosotros.

Hacia el impulso de la internacionalización de las PYME y su novedosa protección contractual

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El crecimiento y proliferación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es, sin duda, uno de los pilares en los que debe sustentarse el crecimiento económico de un país moderno. Igualmente, desde hace ya algunos años se ha constatado que una de las bases en los que debe cimentarse el crecimiento de las PYME es, cada vez más, su apertura a nuevos mercados. Especialmente acuciante es esta necesidad de internacionalización en mercados como el español, en los que el volumen de actividad económica se encuentra bajo mínimos debido a la agudeza con que la crisis ha golpeado nuestro país.

Pese a que está asentada la conciencia de la importancia de esa internacionalización, lo cierto es que ésta es muy limitada en el ámbito de la Unión, la mayor parte de las PYME europeas y españolas se limitan a operar en el mercado nacional. Luego cabe preguntarse ¿Cuáles son las causas que frenan la apertura exterior de nuestras PYME?

Para responder a esta cuestión, la Unión Europea realizó una encuesta a nivel comunitario en la que se obtuvo la siguiente conclusión: el principal obstáculo al emprendimiento que señalaron las PYME no fue otro que las divergencias contractuales entre los distintos Estados de la Unión Europea.

Estas diferencias ocasionan unos costes para las PYME, a la hora de penetrar en otros mercados de la Unión Europea, que resultan desproporcionadamente grandes con respecto a su volumen de negocios. Conocer los todos los ordenamientos comunitarios en materia de contratos, consumo, garantías etc. supone unos gastos jurídicos a las pequeñas empresas que, a menudo, no se pueden permitir.

Para solucionar esta cuestión el legislador comunitario ha impulsado “la Propuesta de Reglamento del Parlamento y el Consejo relativa a una compraventa común europea.”

Esta propuesta pretende la unificación del Derecho contractual europeo mediante la creación de un segundo corpus de legislación civil de la compraventa que pueda ser elegido por las partes y aplicado en toda la Unión Europea, con la consiguiente rebaja de costes.

Es igualmente un planteamiento innovador, ya que, respetando el principio de proporcionalidad, preserva las tradiciones y culturas jurídicas de los Estados miembros, al tiempo que deja a las empresas la posibilidad de recurrir a esta normativa.

Se ha escrito ya mucho acerca de la Propuesta, por lo que quiero centrarme sobre un aspecto concreto, que por su novedad e importancia para las PYME merece una especial atención: por primera vez en el ámbito comunitario se avanza hacia una protección contractual del pequeño empresario.

¿Proteger al empresario en la contratación es una injerencia injustificada del legislador en la economía o una garantía necesaria que debe exigir cualquier pequeño empresario?

Es conocido que la autonomía de la voluntad es uno de los pilares básicos del Derecho Contractual en las economías de mercado liberal. Sin embargo, la proliferación de la contratación en masa ha evidenciado los inconvenientes de la aplicación a ultranza del dogma de la autonomía de la voluntad, llevando a los distintos legisladores a restringir la libertad de contratación con el propósito de proteger a la parte menos fuerte en el contrato.

Estas limitaciones no han sido, en la mayor parte de los casos, de alcance general, sino que han tenido un protagonista claro: el consumidor. Sin embargo, si la justificación de la protección al consumidor es su desigualdad de partida frente al empresario (unequal bargaining), ¿Por qué no es trasladable a la pequeña empresa cuando contrata con otra que tiene una mejor posición en el mercado?

Muchos autores comienzan a defender que la situación de indefensión que sufre el consumidor ante la empresa es perfectamente equiparable a la que sufren muchas pequeñas empresas y microempresas  en nuestro país cuando contratan con empresas mucho más fuertes y de las que dependen económicamente para incluso subsistir.

La realidad de nuestro país demuestra que los grandes grupos empresariales e industriales consiguen copar amplios sectores del mercado, monopolizándolos y produciendo una situación en la que toda otra empresa que decida iniciarse en el sector debe someterse a lo que determinen esos grandes grupos en posición privilegiada.

Ello pasa por trabajar sin contrato, incumplimiento sistemático de los plazos de pago, deber de facturar en países extranjeros, cargar con todos los riesgos del negocio, exigencia de papeleos interminables para retrasar el pago etc.

El pequeño, e incluso mediano empresario (recordemos que en nuestro país hay nada menos que 1.200.000 PYME) se ve abocado a aceptar todas las cláusulas del contrato para mantenerse en el negocio.

Uno de los sectores más afectados por este fenómeno es sin ninguna duda el agrario. Su alto nivel de atomización, ya que está integrado mayoritariamente por pequeñas empresas, unido a la rigidez de la demanda, la estacionalidad de la oferta y la dispersión territorial provoca que sea un ámbito muy propicio para estos abusos, por ello es una muy buena noticia la expresa protección que les dispensa la reciente ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, publicada en el BOE este mes de Agosto.

En conclusión, uno de los grandes retos legislativos de los próximos años en nuestro país debería pasar por dispensar una eficaz protección jurídica a estas empresas, que no lo olvidemos son el más importante motor de nuestra economía. El nuevo Código de Comercio que pretende impulsar el ministro Gallardón puede ser, sin ninguna duda, una gran oportunidad para ello.