La regeneración bien entendida empieza por uno mismo: Jornadas notariales de Málaga

Los editores tenemos desde el principio el propósito de no utilizar este blog para fines corporativos pues, aunque varios editores somos notarios, la finalidad del mismo no es, en absoluto, profesional. Y, además, actualmente no dependemos de ningún órgano corporativo e incluso se ha incorporado recientemente una nueva editora no notaria. Pero tampoco hay que hurtar la temática notarial, e incluso es debido hacerlo cuando se trata de autocrítica, como es el caso, aunque quizá no guste a todos los compañeros. Espero que sí, porque este post es constructivo.

El caso es que los notarios –como otras varias corporaciones- también estamos necesitados de regeneración. Por supuesto, son diversos los males que nos aquejan como profesión: algunos inevitables como la crisis económica; otros difícilmente evitables, como leyes diversas que afectan a nuestra función de manera negativa; y otros perfectamente previsibles y evitables. Por supuesto, somos también conscientes que hay males que están dentro de nosotros mismos y que hay que corregir, razón por las cuales se pidió en las jornadas que se modificara el régimen disciplinario, lo que sin duda es una tarea imprescindible y urgente.

Pero, como he dicho, no vamos a usar este blog para hablar de nuestros problemas (aunque quien quiera podrá ver las conclusiones en el enlace que daré más adelante), sino de mostrar que en muy diversas corporaciones, incluso en la nuestra, se dan alguno de los males propios de las estructuras de poder que tanto combatimos en este foro. Pues lo que parece claro es que un órgano directivo eficaz, previsor y organizado podrá paliar algunos de estos males previsibles y evitables así como realizar un “control de daños” de los inevitables o imprevisibles. E incluso podrá reforzar la función con iniciativas interesante y útiles. Pero claro, para eso, como dirían Acemoglu y Robinson, cuyas enseñanzas entiendo aplicables aquí en socorrida metáfora, es necesario que esas instituciones sean “inclusivas” y no “extractivas”, de manera que haya una importante participación de los interesados en el nombramiento y en el control de los dirigentes y que estos, conscientes de su obligación y responsabilidad, actúen en beneficio de quienes les nombran con diligencia y eficacia y no se encierren en su torre de marfil, alejándose de la realidad y disfrutando de las comodidades del poder, que no son pocas. Si no, como tuve oportunidad de decirles a los compañeros en vivo, corremos el riesgo de que ocurra lo que dicen los autores de “Por qué fracasan las naciones” con aquéllas que no son capaces de permitir la renovación y la participación: el fracaso.

Y muchos compañeros, algunos presentes en las Jornadas y otros no, pensamos que nuestro órgano directivo, el Consejo General del Notariado, adolece al menos de algunos de esos males. El Consejo está formado por 17 decanos, uno por cada colegio, y cada colegio corresponde a una Comunidad Autónoma por lo que cada uno de ellos, por razones obvias, comprende un número muy diferente de notarios. Sin embargo, cada decano tiene un voto en el Consejo lo que, como puede entenderse, supone un cierto déficit de representatividad, importante en ciertas ocasiones. Por otro lado, no existe tampoco un medio de control o censura de la actuación del Consejo ni medios para exigir responsabilidad. Por ejemplo, nuestros primos los registradores disponen de elecciones directas de su presidente y equipo y la posibilidad de convocar una asamblea general de registradores para asuntos importantes. Y tanto es así que el año pasado se convocó una para tratar la reforma del registro civil y probablemente fue una de las causas de que se parara.

La consecuencia de nuestras carencias, como podrán ustedes suponer, es la falta de planificación eficaz de la actuación del Consejo, alarmante ausencia de transparencia, gasto suntuario excesivo incluyendo una polémica sobre las llamadas “compensaciones institucionales” de la cúpula (loa cargos en teoría son gratuitos, por lo que ello acabó desembocando en una sentencia anulatoria) y, cómo no, una incesante y fratricida lucha desde hace algunos años entre decanos en un “quítate tú que me pongo yo” que, obviamente, ha generado una gran inestabilidad que de hecho produjo hace pocos meses la dimisión de nuestro actual presidente, posteriormente revocada a consecuencia de un movimiento espontáneo de compañeros que es el que ha animado la celebración de estas Jornadas.

Y, en efecto, preocupados por esta grave situación, el pasado día 29 de marzo se han reunido en Málaga de una manera extraoficial para tratar todos estos asuntos nada menos que 236 notarios (un número muy importante, quizá mayor que el de los Congresos convocados por la corporación). La reunión fue un gran éxito, con intervenciones sinceras y emocionantes y mucho sentido común. Estuvieron presentes en la reunión, tanto el presidente como el vicepresidente del Consejo, así como varios decanos, que tuvieron que soportar las críticas de las bases notariales. Que se prestaran a eso, hay que decirlo, es positivo. Las conclusiones, aprobadas prácticamente por unanimidad, instaban a nuestros representantes a favorecer las reformas reglamentarias que permitan la existencia de un equipo directivo homogéneo, legitimado por un sistema de elección directa, que garantice simultáneamente la eficacia y la responsabilidad y que, mientras tales reformas se ultiman, el Consejo se contagie de ese espíritu democrático, convoque un Congreso oficial al efecto y caso de verse incapacitado para todo ello, todos sus componentes dimitan de sus cargos. Aquí se puede ver el resumen de las conclusiones.

Por supuesto, como no podía ser de otra manera, los editores de este blog estuvimos en las Jornadas interviniendo (menos uno, que tenía un compromiso anterior), a pesar de que ese mismo día nos entregaban el premio de Derecho en Red, del que ya dimos cuenta en el blog. La vida es así.

Como pueden ver, algo no muy distinto de lo que ocurre en otros sitios, pero nos cabe la satisfacción de decir que un nutrido grupo de compañeros están dispuestos a enterarse de la realidad y cambiar las cosas lo que, dicho sea de paso, nos deja ver un rayo de esperanza en el horizonte.

Otra entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez…esta vez en diariojurídico.es

01_ElisaDeLaNuez3-003“Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes, con una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Nos falta un poco de movilización”, afirma Elisa de la Nuez, una abogada del estado en excedencia y consultora en temas de nuevas tecnologías y derecho de la información, que se ha convertido desde hace algo más de tres años en una especie de activista en defensa de un mejor funcionamiento de la Justicia y de las leyes en España. Desde el blog ‘¿Hay Derecho?’, esta jurista ha mostrado su rechazo por la falta de transparencia y la corrupción, ha instado a reformar las administraciones públicas y los partidos políticos o ha criticado la mala gestión del dinero público y la inseguridad jurídica. Ahora, su labor divulgativa y crítica acaba de ser recompensada: Elisa de la Nuez acaba de recibir el Premio Scevola 2013 a la Ética y Calidad de los Profesionales del Derecho por sus méritos en la lucha por mejorar el Estado de Derecho y por su trayectoria como editora del Blog. “Optimista por naturaleza”, de la Nuez considera que el hecho de que los distintos colectivos se hayan ya sensibilizado de los problemas que sufre la Administración de Justicia, supone el primer paso para que las cosas cambien.

¿Cómo surge el blog ‘Hay Derecho’?

Surge de unas reuniones que tenemos un grupo de amigos. Empezamos a hablar de problemas que veíamos como la falta de seguridad jurídica, demasiada normativa o los problemas de la administración de justicia… Entonces se me ocurrió que podíamos contar todo esto en un blog y, de esta forma, contribuir un poco a difundir y a explicar como funcionan las cosas. Ese fue el origen de ‘Hay Derecho’ en diciembre de 2010. Y la verdad es que ha ido muy bien, lo cual quiere decir que había un hueco para este tipo de publicaciones. En el blog estamos cinco editores y luego tenemos una red de colaboradores extensa de entre 20 y 30 profesionales. Para temas puntales encargamos una colaboración especial, porque no siempre tenemos a las personas que saben de cada tema disponibles. Creo que el secreto es ese, que tenemos una red de colaboradores muy buena y que podemos opinar casi de todos los temas.

¿Y cuáles son los tema que más les preocupan y más se han repetido en el blog?

Hay varias cuestiones en las que tenemos mucha preocupación y las hemos tratado en muchos posts: la falta de seguridad jurídica, el mal funcionamiento de la administración de justicia y su politización. Hablamos también mucho del incumplimiento de leyes y sentencias, de la falta de separación de los poderes y, por supuesto, de la corrupción. Creo que tocamos todos los palos que hacen que el Estado de Derecho en España esté tocado.

¿Falta seguridad jurídica en España?

Primero, identificamos que en España hay una especie de hiperinflación normativa. Se están continuamente produciendo normas de todo tipo. No solamente estatales sino también autonómicas. ¡Decretos leyes no se cuántos llevamos ya! Esto hace que el ordenamiento jurídico esté en continua modificación: hay normas que se han modificado a los pocos días de salir en el BOE, correcciones continuas, disposiciones que se aplican retroactivamente… En definitiva, simplemente manejarse como jurista en esa especie de selva normativa ya es complicado; también es un problema para los aplicadores de la ley, los tribunales de justicia; y para los propios funcionarios.

Provoca inseguridad. Los operadores jurídicos no sabemos a qué atenernos, ni los jueces, los abogados, ni por supuesto la parte económica. Por ejemplo, los cambios fiscales, son cosas que a las empresas nos afectan mucho y son constantes. Eso hace que muchas no tomen muchas decisiones, que esperen y que cometan errores. En definitiva, la falta de seguridad jurídica, desde el punto de vista económico, es muy grave y, desde el punto de vista de los operadores jurídicos, es un escenario dónde resulta muy difícil funcionar. Sin duda, todo esto penaliza mucho la imagen del país en el exterior. Este es uno de los problemas más serios que sufre el Estado de Derecho.

¿Esta hiperinflación normativa es un mal histórico o se ha agravado en los últimos años?

Creo que es un fenómeno de los últimos años. Por un lado está muy ligado a los parlamentos autonómicos. El hecho de que haya distintas comunidades con capacidad legislativa hace que haya una producción de normas tremenda a nivel autonómico. Y en el Estado, particularmente a raíz de la crisis económica, ha habido una gran proliferación de normas y decretos leyes. Éstas responden en parte, en mi opinión, a una creencia de que todo se soluciona poniendo papel en el BOE. Sin embargo, muchas veces el problema no está tanto en la falta de normas como en el incumplimiento de las que ya están.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, habla de una “reforma histórica” de la Justicia. ¿Con lo realizado hasta ahora y lo previsto, cree que es así?

La impresión, un poco, es que hay mucha velocidad, muchas ganas de cambiar las cosas y muy poco orden. Falta perspectiva de conjunto. Estas prisas no son buenas porque para hacer cambios, históricos o no históricos, hay que hacer las cosas con reposo y con reflexión. Temas, por ejemplo, como el de la instrucción en el Código Penal, que es fundamental: sinceramente, a nosotros nos parece que no ha habido un debate público suficiente sobre si la instrucción la tiene que hacer el juez o el Ministerio Fiscal. Es decir, son temas muy importantes y que, efectivamente, pueden ser cambios profundos pero que no están lo suficientemente debatidos e incluso me atrevería a decir, aunque podría ser exagerado, que no sé si están muy estudiados. No digo tanto porque no haya una comisión de expertos sino a nivel de comunidad jurídica. Esa es mi impresión sin todavía haber entrado a analizar las normas, porque en ‘Hay Derecho’ nos gusta opinar cuando ya están aprobadas.

¿Se legisla a golpe de urna o de la noticia del momento?

Totalmente, nosotros lo llamamos legislar para la foto. Hemos publicado algún post sobre esto en el blog. Surge un tema en la opinión pública o en la portada de un periódico y a las dos semanas o al mes hay una norma que responde. Pero ésta no es una buena forma de legislar. Se corre el riesgo de parchear mucho, de atender a cosas que son muy llamativas pero en las que tampoco hay un problema grave.

¿Se parchea mucho?

Sí. Hace unas semanas acaban de modificar la Ley Concursal. No sé ya cuántos cambios lleva ya. Realmente ésta no parece una forma seria de hacer las cosas.

¿Es importante el consenso político para legislar?

El consenso político ayuda mucho pero también para legislar es necesaria una buena técnica legislativa. Las leyes tienen que ser técnicamente buenas. No sé si llegar a un acuerdo sobre una norma, muy deficiente técnicamente, al final tiene mucho sentido. Las dos cosas son importantes: normas buenas técnicamente y que haya consenso político. Pero considero que hay que intentar que las normas sean buenas técnicamente, porque si lo son hay más capacidad de alcanzar consenso.

¿Y se hacen normas buenas técnicamente?

Por la parte que yo conozco, derecho público, las echo muy en falta. La verdad es que dejan mucho que desear. Pero son las prisas. Al final, si uno quiere tener una norma en dos semana o un mes y tiene que llamar corriendo a los expertos, pues lo más probable es que las normas no sean todo lo buenas que debería. Falta sentarse a estudiar y pensar un poco con tiempo las cosas. Luego, además, se legisla mucho por decreto ley y los decretos son para casos de urgencia.

Sí, en los últimos años han proliferado los decretos ley…

Vamos a sacar un libro que se llama como el blog: ‘Hay derecho’ y, efectivamente, hacemos mención especial a la cantidad de decretos leyes que llevamos aprobados. Es muy llamativo. Vale que estamos en crisis pero no debería ser así.

El Gobierno los ha justificado, precisamente, por el momento histórico que estamos viviendo y la necesidad de actuar para atajar la crisis.

Ya llevamos dos años y medio de legislatura. Quizás en la primera parte de la legislatura o en los primeros meses podría tener más justificación, sobre todo en lo que se refiere a la reforma financiera, pero ya no. Ahora se hacen decretos leyes para todo.

También es crítica con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia tiene todos los males posibles. Por un lado, está el tema de la politización. En el blog hemos insistido mucho en esto. No ya sólo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino con todos los nombramientos de la cúpula de la carrera judicial. Y luego tenemos también el tema de lo que llamamos la administración de justicia como un servicio público. Siempre pongo el ejemplo de que si uno fuese al hospital o a un colegio y viese algo parecido a lo que se ve en un juzgado se escandalizaría. Para bien o para mal, los ciudadanos no suelen tener un trato constante con los juzgados y, por lo tanto, no son tan conscientes de la situación. Cuando me refiero al servicio quiero decir a todo: desde los retrasos, horarios, falta de funcionarios. Creo que ahí el diagnóstico es bastante claro.

¿Faltan medios o es un problema de mala organización?

Creo que los medios están mal repartidos. El hecho de que la competencia sobre los medios materiales y sobre los funcionarios -a excepción de jueces y secretarios-corresponda a las comunidades autónomas, mientras que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial y los secretarios del Ministerio de Justicia quiere decir que, de entrada, tenemos una dispersión competencial que hace dificilísimo una organización racional. Y eso es un problema, porque tenemos un montón de gente para organizar una sola oficina judicial. También está el problema de que los medios están mal distribuidos. A mí me dicen mis amigos jueces y fiscales que hay unidades que tienen muy poco trabajo y que otras están sobrecargadísimas. Es decir, además de que hay falta de medios en general, éstos están muy mal repartidos.

La Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente. Sería necesaria una reforma histórica para que funcionase bien y, por supuesto, que funcionase de forma independiente del poder ejecutivo y parlamentario. Pero lo que estamos viendo no es precisamente eso, sino más bien lo contrario.

¿Se está refiriendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Sí, ha sido totalmente un paso atrás y de difícil justificación en nuestra opinión. Somos muy beligerantes en eso. Lo hemos sido en el blog y lo somos en el libro. Además, ha sido una decisión chocante, ya que en el programa electoral de Partido Popular se había dicho que se iba a hacer otra cosa.

De nuevo chocamos con la falta de separación de poderes.

Si el poder judicial lo nombra el Parlamento y el Parlamento está controlado por el poder ejecutivo pues nos encontramos, un poco, que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Los partidos políticos van ocupando todas las instituciones, tanto el poder judicial como organismos reguladores. Se va deteriorando la separación de poderes y la independencia de los organismos de control. Los casos de Bankia y Caja Madrid han dejado muy claro los problemas que tienen los organismos de control. No sólo se han destapado los problemas que había en los bancos, sino los que tienen los supervisores y controladores.

Ha apuntado también que uno de los temas que más preocupan en ‘Hay Derecho’ es el incumplimiento de leyes y sentencias. ¿Se incumplen mucho?

Es difícil que un ciudadano incumpla una sentencia pero, en cambio, que lo haga la administración, un gobierno, incluso gente que tiene buenos contactos o amigos es mucho más fácil. Eso es un tema muy preocupante. Hay determinadas personas e instituciones y administraciones que se saltan las leyes.

Tenemos el ejemplo de las sentencias del catalán. No hay forma de que allí ejecuten las sentencias sobre las clases en castellano. Hay varias sentencias del Supremo, del TSJ de Catalunya, autos de ejecución de sentencias y, bueno, al final te das cuenta de que, como no hay voluntad política, no se ejecutan. Esas es la realidad.

Otro ejemplo es el del ex consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el indulto. Ahí, se intentó, por la vía del indulto, evitar el cumplimiento de una sentencia condenatoria del Supremo. Gracias en parte a la presión de la opinión pública, al final, no prosperó. Y luego, están los incumplimientos por parte de los partidos políticos de los temas de financiación y de las obligaciones que tienen con el Tribunal de Cuentas -esto lo dice el propio informe del Tribunal del Cuentas, no lo digo yo-. En definitiva, hay sujetos en España que incumplen normas y, aparentemente, no se les sanciona.

¿Sensación de impunidad?

Claro, si hay personas que son poderosas o instituciones que están “dispensadas” de cumplir las normas y sentencias que cumplimos los demás, es evidente que la sensación que se crea en la ciudadanía es de tomadura de pelo.

La corrupción está muy ligada con la sensación de impunidad. Si vemos que no hay consecuencias por malas conductas, no hay dimisiones, no hay ceses… Pues es evidente que el problema de la corrupción no se va a atajar. Desde el punto de vista jurídico, si tenemos leyes medidas, tanto administrativas como penales, pero no se cumplen, pues realmente éstas son papel mojado. Entonces, cada vez que se nos dice: vamos a reforzar los tipos penales, vamos a regular esto, a exigir lo otro. Yo digo: bueno, primero vamos a ver si cumplimos lo que ya tenemos, porque mientras que tengamos incumplimientos en las normas ya existentes, que son bastantes numerosas y que sancionan las conductas que vemos a diario, pues no vamos a avanzar mucho.

¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Transparencia?

Es mejor que nada. Y, desde luego, es un avance siempre que cambiemos de verdad y vayamos a una cultura de la transparencia. De entrada, la Ley de Transparencia tiene un problema y es que no entrará en vigor hasta diciembre de 2014, en el caso del Estado y en diciembre de 2015, para comunidades autónomas y gobiernos locales. Es decir, que estamos hablando de una ley que va a tardar mucho en llegar. Luego, veremos a ver si se cumple. Yo soy un poco escéptica a estas alturas.

¿Por qué estos incumplimientos de normas?

A veces es por falta de voluntad política. Lo digo así de claro. Y en otras ocasiones, por falta de medios. Se hacen cosas muy voluntaristas, como con el pago a los proveedores, pero luego no se puede pagar porque no hay dinero en la caja. O los plazos para resolver un recurso administrativo. Claro, el legislador quiere poner plazos cortos que quedan bien pero luego, en ocasiones, no es capaz de resolver en esos tiempos.

¿Nos encontramos ante males endémicos? ¿Es optimista o pesimista sobre la salud futura del Estado de Derecho?

Soy optimista por naturaleza y no creo que haya males endémicos. Lo que creo es que ha habido mucha pasividad, seguramente también por parte de los ciudadanos y también por parte de los agentes jurídicos. Hemos dejado que las cosas deriven a un estado, que ahora nos llevamos las manos a la cabeza. Pero la parte buena es que ya tenemos conciencia de que esto está así y hay que resolverlo. Nos falta, un poco, ponernos a exigirlo de verdad y a hacer nosotros también cosas. Por ejemplo, en el tema de transparencia: podemos nosotros esperar sentados a que nos den la transparencia o podemos exigirla, reclamar nuestros derechos y dar la lata, cosa que en España no solemos hacer.

La experiencia que tenemos en el blog, con todas sus limitaciones, es que realmente, si eres exigente y te mueves, se consiguen algunas cosas. Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes -pocas y claras-, una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Tampoco estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Es lo que debería ser. Nos falta un poco de movilización a nivel de ciudadanos y juristas.

Pero últimamente parece que hay cierta movilización…

Se ve movimiento. La iniciativa de ‘El Indultometro’, promovida por la Fundación Civio, por ejemplo. Estos han ido picando todos los indultos que aparecen en el BOE y contando un poco y, lo primero que ha pasado, es que 2013 ha sido el año en el que se concedieron menos indultos desde 1996. El Gobierno sigue indultando pero sabe que nos estamos fijando en eso. Creo que éste es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, simplemente dando transparencia a las cosas y contándolas.

¿Internet es una gran arma para esta lucha?

Es una maravilla. Lo que faltan son más iniciativas y más gente que haga este tipo de cosas. Las tasas judiciales desencadenaron una pequeña movilización, sobre todo de abogados. Pero lo que hemos visto quienes hemos estado en las movilizaciones es que no hemos conseguido que los ciudadanos lo vean como un problema suyo, sino algo que afecta más a los abogados. Deberíamos intentar que la gente vea los problemas de la Administración de Justicia de la misma forma en la que perciben los problemas de la sanidad pública. Seguramente, así, tendríamos más movilización y más apoyo para este tipo de iniciativas.

¿Sabéis si los políticos y gobernantes siguen las críticas que se lanzan en el blog?

Sí y no les encanta. Sabemos lo que no les gusta pero nadie nos ha llamado, no nos han presionado directamente. La parte buena es que tenemos cierta influencia. Además de los profesionales que hace el artículo, tenemos muchos comentaristas que son jueces, funcionarios, abogados en ejercicio y esa influencia también llega a través de ellos