¿Por qué le va mejor a Finlandia que a Suecia en educación?

Los informes PISA permiten hablar de calidad educativa de una manera más objetiva que antes. En Escandinavia el contraste más interesante es el entre Suecia y Finlandia. El trasfondo es que Suecia ha gozado de paz durante los últimos 200 años y ha disfrutado de un buen nivel económico desde el final de la segunda guerra mundial mientras que Finlandia salió de la segunda guerra mundial con soldados muertos, la capital en parte destruida por el bombardeo, refugiados venidos de Carelia, un territorio ocupado por la Unión Soviética y la obligación de pagar una indemnización de guerra a la Unión Soviética.

Suecia ha sido ”desde siempre” un país más próspero y más moderno que Finlandia, y hace unas décadas nadie ponía en duda de que Suecia estaba muy por delante de Finlandia también en educación, pero lo que sucedió fue que Suecia empezó a experimentar con su sistema de educación para hacerlo más igualitario, mientras que Finlandia no podía malgastar su dinero en proyectos de resultado no comprobado. Suecia se embarcó en proyectos innovadores de calidad incierta que empezaron a hacer bajar la calidad mientras que Finlandia eligió reformas lentas, poco espectaculares y métodos comprobados.

Durante los años 60, Suecia introdujo una escuela de base sin exámenes y abolió la reválida de bachillerato. Lo importante era que todos los jóvenes estudiaran juntos, lo cual iba a llevar a la igualdad social.  Estas reformas hicieron bajar la calidad intelectual y abrieron el camino a un creciente desorden en las aulas. Este desorden hizo que la profesión docente dejara de ser atractiva para los jóvenes que podían elegir entre varias profesiones. La ”nueva pedagogía” que se debía aplicar en las aulas decía que el alumno debía decidir él mismo qué iba a estudiar, cuánto y cuándo. El estudio debía basarse en la iniciativa y la curiosidad del propio alumno. Se decía que todos los alumnos tienen ganas de aprender y que la tarea de los profesores es apoyarlos, indicándoles los materiales de estudio que podrían ayudarlos a realizar sus proyectos. Si todos eligen lo que quieren hacer, no siguen en realidad el mismo plan de estudio, no se puede evaluar exactamente lo que han aprendido. Por eso, decían los nuevos pedagogos, tampoco deben usar manuales, no se debe poner exámenes  a los alumnos y son inútiles y negativas las notas.

Muchos profesores siguieron usando prácticas de antes pero empezaron a verse contradicciones y conflictos de todo tipo. Después de unas décadas, era obvio para quien quisiera verlo que el sistema sueco perdía calidad, pero era difícil discutir esto en público porque la educación había pasado a ser un tema no educativo sino político. Se decía que era progresista creer en la nueva pedagogía y retrógrado criticarla. Se evitaba comparar con los conocimientos de la generación anterior y también con los resultados de otros países. En esa situación aparecen los informes PISA – y el efecto es fuerte. Todavía no se sabe cuál va a ser reacción de la sociedad sueca, porque son muchos los pedagogos y políticos que dicen que la nueva pedagogía debería funcionar y exigen que se dé más dinero todavía a una educación ya bien financiada.

En Finlandia, durante las primeras décadas después de la segunda guerra mundial, nadie tenía tiempo de pensar en la educación sino que se dejó que ésta siguiera su vida de siempre. Cuando mejoró algo la situación, los finlandeses podían ver cómo les había ido a los suecos con las reformas innovadoras y lo que vieron les llevó a ser prudentes.

Los finlandeses modernizaron sus currículos pero guardaron en lo esencial la estructura anterior. En la escuela de base, dan un fuerte énfasis al lenguaje y a la lectura. Han mantenido la idea de la obligación del alumno de aprender el contenido del curso y también la del orden en el aula. Utilizan a profesores de apoyo para los alumnos con retraso y, de esta manera, es posible que el profesor encargado de la clase pueda dedicarse enteramente a enseñar el contenido del curso.

Después de la ESO, los alumnos finlandeses pueden elegir entre un programa teórico que prepara para la universidad y una formación profesional moderna y atractiva. La mitad o un poco menos de los alumnos eligen la formación profesional. Esto quiere decir que durante la ESO, los alumnos o bien se preparan para unos estudios más exigentes o bien saben que si aguantan unos años más les esperan una formación que habrán elegido ellos. Este sistema respeta a los alumnos y a los profesores, y es respetado también por los padres.

Para decir en pocas palabras cuál ha sido la diferencia entre Finlandia y Suecia, en Finlandia la modernización se ha llevado a cabo paso a paso y con el apoyo de los profesores mientras que en Suecia los cambios han sido impuestos de manera más brusca y con una motivación social y no pedagógica, y en gran medida en contra de la opinión profesional de los profesores.

La necesidad de una regulación de la industria del recobro extrajudicial en España

Las empresas de recobro de morosos que utilizan cobradores disfrazados
Hace unas semanas saltó a los medios la noticia de que un vehículo del Cobrador del Frac, con el cobrador todavía dentro del coche, fue embestido con un toro mecánico industrial por el presunto moroso al que la víctima estaba persiguiendo. Según las noticias difundidas, el deudor se hartó que ser seguido a todas partes por el perseverante cobrador disfrazado y utilizó un toro mecánico como ariete para empotrar su coche contra un edificio. La brutal embestida causó graves destrozos en el vehículo y lesiones de extrema gravedad a su conductor, que fue ingresado en un Hospital con politraumatismo y en estado crítico. El agresor fue detenido y está acusado de homicidio en grado de tentativa.
Salta a la vista que es un  auténtico fenómeno social la aparición en España de  una gran variedad de empresas de recobro de impagados, cuyo  principal “modus operandi” es la utilización de cobradores disfrazados —me  refiero a las agencias de cobros que utilizan cobradores de impagados vestidos con frac, de pantera rosa, o de monje franciscano–  y cuya táctica se basa en hacer que el deudor se sienta avergonzado y pague.  Este tipo de empresas que son indiscutiblemente “typical spanish” basan su gestión en la teoría de que el moroso teme a la difusión pública de su condición  – seguramente basándose en la presunción de que si se difunde públicamente la información acerca de su costumbre de  no pagar nadie le concederá créditos –  por lo que el deudor preferirá pagar antes de que se perjudique irremediablemente su reputación.
Las agencias de recobro de morosos que ofrecen “métodos expeditivos”
La lentitud de los instrumentos judiciales para cobrar a los morosos impenitentes ha provocado la aparición de empresas privadas que se dedican a la recuperación extrajudicial de deudas que emplean el hostigamiento al deudor, lo que un servidor ha bautizado como “dunning harassment”. Este neologismo describe el “mobbing” practicado por ciertas agencias de recobro contra los deudores dirigidas a doblegar la voluntad del deudor. Así pues en lo referente al recobro de impagados,  España tiene agencias de recobro que en pleno siglo XXI todavía utilizan los métodos más primitivos a la hora de perseguir a los morosos recalcitrantes; de modo que hay agencias que envían detrás del deudor a un cobrador disfrazado y compañías de recobro de morosos que utilizan “métodos expeditivos” para obligar a los deudores a pagar.
De modo que todavía existen agencias de dudosa legalidad que emplean métodos agresivos y técnicas muy molestas para presionar al moroso para que pague. Algunos de estos cobradores cometen abusos imperdonables, como llamar al deudor a altas horas de la noche, utilizar un lenguaje ofensivo, proferir amenazas, provocar un daño físico, perseguir, contactar con familiares, amigos o compañeros de trabajo para investigar en la vida privada del moroso, incluso plantearles el caso a parientes cercanos del perjudicado y tratar de que paguen ellos la deuda.
El pecado original reside en la falta de regulación de la industria del recobro extrajudicial en España
 En el año 2014, España continúa siendo el único Estado miembro de la UE que no tiene regulada la actividad del recobro extrajudicial de deudas. Por tanto no existe ningún reglamento que regulan esta actividad. Bajo mi punto de vista es paradójico que en un Estado tan reglamentista como el Español, que suele exigir para todo trámites interminables, y que solicita permisos, licencias por toda actividad empresarial, no exista normativa alguna que regule a las empresas de recobro ni marque los procedimientos extrajudiciales que se pueden emplear para reclamar las deudas.
En mi opinión los poderes del Estado han actuado con desidia en relación a este punto, por lo que no se ha preocupado hasta ahora en regular la gestión privada del cobro de deudas.  Todos los intentos por establecer una normativa para regular a las agencias de recobro de deudas han fracasado.
El último intento de promulgar una normativa sobre la gestión privada de deudas tuvo lugar en enero de 2010 cuando el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiso que el Gobierno de Rodríguez Zapatero abordase la regulación de las empresas de gestión de cobro de impagos para establecer un sistema de garantías a empresas y ciudadanos, un asunto que el PSOE había planteado  al entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y sobre el que el Grupo Socialista quiso que se posicionara el entonces Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. No obstante esta iniciativa acabó en vía muerta parlamentaria.
El Parlamento Europeo intentó regular las agencias de cobro de deudas en la UE
El Parlamento Europeo en el año 1998 intentó regular y homogeneizar la industria del recobro de impagados en Europa, puesto que cada país tiene su propia regulación de las agencias de cobro, (incluso en España no existe legislación alguna).
La Eurocámara pretendía  a través de una Enmienda en la Directiva 2000/35/CE de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, crear una normativa básica para impedir las malas prácticas de algunas agencias de cobros, consistentes en abusos contra los deudores. La proliferación de empresas de recuperación de impagados que utilizan “métodos expeditivos” en algunos países y que acosan a los morosos, fue la motivación que indujo al Parlamento Europeo a introducir unas normas mínimas que han de cumplir las empresas que se quieran dedicar al cobro de deudas en Europa.
La obligatoriedad de contar con licencias para la actividad de cobro y que las empresas están bajo la supervisión de un organismo público son puntos esenciales para evitar la actuación de empresas al margen de la legalidad. Asimismo el asegurarse que los directivos de las empresas de recobro carezcan de antecedentes penales y tengan una formación mínima son garantías para evitar las amenazas y coacciones a los deudores.
Es una lástima que esta enmienda no fuera incluida en la Directiva 2000/35/CE, ya que esto hubiera impedido en la UE bochornosas situaciones de ausencia de regulación legal del cobro de deudas. Como por ejemplo el caso de España.
El vacío legal permite las prácticas coactivas
La mayoría de profesionales que se dedican al recobro de créditos impagados utilizan métodos absolutamente legales y lícitos, también es verdad que existen otros que con sus actuaciones lesionan gravemente los derechos más fundamentales de la persona, como se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión pero que gozan de cierta impunidad debido a una laguna en nuestra legislación que no prohíbe el hostigamiento a los morosos.
Este vacío legal permite que existan ciertas personas dedicadas al recobro de deudas que lleguen a utilizar métodos coactivos. La utilización de medios de cobro manifiestamente vejatorios y denigratorios que atentan contra la dignidad de la persona humana y lastiman y lesionan los derechos fundamentales deben erradicarse.
Vale la pena señalar que la Constitución Española, en el capítulo de los derechos fundamentales de los españoles, dicta en su artículo 18: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, por consiguiente es anticonstitucional difundir hechos relativos a una persona que puedan constituir una intromisión ilegítima a su derecho al honor o que vulneren su derecho a la intimidad o su imagen.