La secular participación política (ciudadana) y nuestro diccionario

Acaban de conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014 al historiador francés Joseph Pérez. Según consta en la página web de la Fundación Príncipe de Asturias, el hispanista premiado “ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo el análisis de la historia europea”.

Como expuso en su Historia de España (Editorial Crítica, 2ª edición. Abril 2001): «Junto a la cabecera de la España enferma se agolpaba un enjambre de médicos bienintencionados. Eran los arbitristas. En general tuvieron mala prensa. La literatura los ridiculizó o vilipendió… El arbitrista es presentado como un loco, un fracasado o un soñador alejado de la realidad. Esta sátira feroz es la caricatura de personajes complejos, que no siempre merecen esta reputación de falsarios y maniáticos. Hoy día a algunos de ellos se les considera economistas. Analizaron con lucidez los males que padecía España, describieron el estado de su agricultura, su industria y su comercio, y propusieron soluciones que no eran en absoluto necedades ni quimeras. (A finales del siglo XIX la política de obras públicas preconizada por Joaquín Costa tropezó con el mismo escepticismo. Sin embargo, llamaba la atención sobre las dificultades reales de España y proponía soluciones que se aplicaron cincuenta años después, como los embalses para tener reservas de agua y regar). Casi todos los arbitristas partieron de constataciones objetivas: la deuda pública recargaba el presupuesto, el endeudamiento de los particulares creaba multitud de parásitos, la competencia extranjera arruinaba el artesanado y las manufacturas, los campesinos, cargados de impuestos y deudas, abandonaban sus tierras, la producción agraria y la ganadería estaban en decadencia, había desempleo y las ciudades se llenaban de ociosos. De acuerdo en los diagnósticos, la mayoría de los arbitristas también lo estaban en las soluciones, con algunos matices. Recomendaban reducir los gastos públicos, sanear la fiscalidad, hacerla más equitativa, y relanzar la producción. Convencidos de que la demografía era la base de toda economía, propusieron medidas a favor de las familias numerosas. Querían reducir la cantidad de clérigos y estudiantes, y rehabilitar la agricultura, sin descartar los repartos de tierras».

Dichas palabras ponen en evidencia que la definición del término “arbitrista” que hace nuestro Diccionario, al utilizar el adjetivo disparatado, obedece a un claro prejuicio. Según el DRAE: “arbitrista” es la “persona que inventa planes o proyectos disparatados para aliviar la Hacienda pública o remediar males políticos”. Por ello, el 5 de febrero de 2010 propuse a la Real Academia que corrigiera dicha definición, pues, en mi opinión, el adjetivo disparatado debería desaparecer de la misma, dado que supone un juicio de valor, a mi modo de ver impropio, por parte de la Real Academia, dado que nos estamos refiriendo a un término de carácter histórico, que el Diccionario no debería adjetivar. Aporté un estudio que, entre otros, fue publicado por Actualidad Administrativa (nº 2, enero 2011): “Breve homenaje a los arbitristas, miembros activos de la “sociedad civil” de los siglos XVI y XVII”. Parece ser que la Academia está en ello respecto a la nueva edición que aparecerá en octubre.

Como se ve,  han tenido que ser destacados hispanistas foráneos los que pongan en su sitio este término, que tiene sucesivos epígonos (proyectistas, regeneracionistas, etcétera). Por poner algunos recientes ejemplos, considero que las  obras: del profesor  Muñoz Machado, “Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo” (Editorial Crítica, 2012); de César Molinas,  “Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país” (Destino, 2013); de José Carlos Díez, “Hay vida después de la crisis” (Random House Mondadori, 2013); de los coeditares de este blog, “¿Hay derecho?” (Ediciones Península, 2014); Jaime Lamo de Espinosa, “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” (ABC, 27 de mayo de 2010), son de la mejor tradición arbitrista.

Para terminar con los abundantes  ejemplos, iniciativas como la de la Fundación Everis, del año 2010: “La iniciativa Transforma España lanzada por la Fundación Everis y respaldada por cien personalidades, entre líderes empresariales del país, expertos temáticos y emprendedores, fue entregada a S.M. El Rey en audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela. Este documento, que pone de relieve la gravedad de la actual crisis económica, sus causas y consecuencias, propone una serie de soluciones y actuaciones en todos los ámbitos del sistema que deben producirse en los próximos años para generar un verdadero cambio”. El documento citado se titula: Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”.

También, por la determinación de sus opiniones, podemos citar al hispanista británico John H. Elliott, asimismo Premio Príncipe de Asturias (España y su mundo (1500-1700), Taurus, 2007) que dijo: «¿Qué medidas se podían tomar para revitalizar una economía famélica y aumentar la productividad nacional? Las ideas no escaseaban. Los arbitristas de principios del siglo XVII, hombres como González de Cellorigo, Sancho de Moncada o Fernández Navarrete, presentaron sensatos programas de reforma. Había que regular los gastos reales, detener la venta de cargos, frenar el crecimiento de la Iglesia; había que examinar el sistema de impuestos, hacer concesiones especiales a los trabajadores del campo, convertir en navegables los ríos y regar las tierras secas. Sólo de esta forma se podría aumentar la productividad de Castilla, restaurar su comercio y poner fin a la humillante dependencia respecto de los extranjeros, de holandeses y genoveses. Allí estaban las ideas…»

Y, perdón por citas tan largas, siendo más contemporáneos, podemos citar a la periodista Rosa Montero (Las 235 cartas de un hombre tenaz, El País Semanal, 17 de agosto de 2003): «los tenaces, en suma, son aquellos individuos fabulosos que ven algo que no les gusta, algo que no funciona en la sociedad, algo que no les parece equitativo, y dedican una asombrosa cantidad de tiempo, energías y a menudo dinero, para intentar cambiarlo. Y su manera de luchar es individual y civilista. Es decir, no son misioneros, no son trabajadores de campo, no son asistentes sociales ni miembros de oenegés. Los tenaces confían en la bondad final de las instituciones y creen en la eficacia de la palabra. Ellos repiten sus verdades, escriben cartas, a veces incluso presentan denuncias judiciales, sin desalentarse por el poco resultado, por las dificultades y el silencio.  Son incombustibles porque son grandes optimistas. Gracias a ellos, entre otras cosas, se va moviendo el mundo».

La actual definición de nuestro Diccionario, ¿no será fruto de una refractaria y perversa tradición oficial contraria a la participación ciudadana en la cosa pública?

Flash Derecho:Jornada sobre la Corrupción en Europa de Accors el 4 de junio

 

Para todos los colaboradores y lectores del blog preocupados por la corrupción, que imaginamos que son todos, la Asociación Accors contra la corrupción de la que ya hablamos aquí organiza la II Jornada “Estrategias contra la corrupción en Europa”, que tendrá lugar el miércoles 4 de junio, a las 09.30 horas, en el salón de actos de la sede de Representación de la Comisión Europea en España y que cuenta con la participación de nuestra coeditora, Elisa de la Nuez, y nuestro colaborador, Francisco de la Torre.

Aquí tienen disponible toda la información.

 

¿Por qué las instituciones públicas más valoradas son la Guardia Civil, la Policía y el Ejército?

En el último barómetro del CIS (07/04/2014, pregunta 9) ) se dice algo que ya se venía sosteniendo en otros anteriores (por ejemplo, en el barómetro del CIS de hace justo un año, abril de 2013) que las únicas instituciones públicas que aprueban en la valoración de los ciudadanos son, por este orden, la Guardia Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué sucede esto? Otros podrán identificar otras razones (bienvenido el debate), pero intuyo que existen tres, algo incómodas para el imaginario colectivo, que justifican esta “singularidad” y que nos obligarían a poner en cuestión otros tantos “mantras” postmodernos que predominan en la gestión de lo público:

1. Que la disciplina y el cumplimiento estricto de las normas es propio del medievo y que atenta contra los derechos de los empleados públicos(ya que estos, por ejemplo, no tendrían forma de defenderse de la arbitrariedad de sus superiores). Qué curioso que las tres instituciones seleccionadas sean las únicas donde se aplica con rigor el régimen disciplinario. Han leído bien, no es que no exista en el resto de los órganos públicos, es que no se aplica, ni se puede aplicar, necesitando tener madera de héroe para intentarlo: ¿alguien ha visto alguna vez una estadística de cuántos procedimientos disciplinarios son tramitados (con éxito) por las inspecciones de servicios de los distintos ministerios (que como las meigas, existir, existen, aunque poco trascienda su actuación?). De hecho, la Administración General del Estado cuenta con un exigente y riguroso régimen disciplinario que contempla como conducta sancionable, entre otras, “la falta de rendimiento”. Así, cabe recordar que el vigente Real Decreto 33/1996 de 10 de enero establece en su art.6 f) como falta muy grave: “la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas”. Y el art. 7 1, i) como falta grave: “La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave”; y el 8 d) como falta leve: “El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones”; todo ello además de considerar la falta de asistencia al trabajo no justificada, igualmente como infracción muy grave, grave o leve, según la duración.

El problema es que estas normas difícilmente se aplican en la prácticapor un criterio excesivamente legalista respaldado por los jueces de lo contencioso y por la intervención de algunos sindicatos que, equivocando su función, prefieren apoyar a los empleados públicos menos ejemplares en lugar de defender la calidad del servicio y a todos los ciudadanos que se benefician de sus prestaciones. Y sin embargo…, cuando se aplican regímenes disciplinarios, incluso más rigurosos, en policía, ejército y guardia civil, curiosamente o no, coinciden según el barómetro del CIS con los organismos públicos más valorados por los ciudadanos. ¿Pura casualidad?

Y, sin embargo, salvando las distancias cuantitativas y cualitativas, existen aspectos del régimen disciplinario de las fuerzas armadas que podrían extenderse a todo el personal civil, tanto en cuanto al procedimiento, bastante más flexible en las faltas leves, como en cuanto a las sanciones. Así, se podría prever una sanción económica de uno a siete días por falta leve y de ocho a treinta por falta grave, además de las lógicas suspensión de empleo y separación del servicio por las muy graves (vgr. art. 11 de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas).

2. Que el papel de los sindicatos está tan justificado en el ámbito público como privado, siendo éstos además esenciales para mejorar la calidad de los servicios públicos y mantener su existencia.Qué curioso que las tres instituciones seleccionadas no cuenten con sindicatos sino con un régimen asociativo (mejorable sin duda) unido a un canal oficial para presentar quejas y reclamaciones. Y además no quepa en estos tres ámbitos el ejercicio de la huelga. Ello no les hace estar necesariamente peor protegidos: que se lo cuenten a los cientos de expedientes de responsabilidad patrimonial que soldados y oficiales ganan en los tribunales cada año al Ministerio de Defensa. Por el contrario, un papel excesivo de los sindicatos en el sector público tiende a olvidar que aquí no existe un empresario que persiga intereses privados sino un gobierno elegido por las urnas (nos guste o no), ignorando asimismo que el interés prioritario de los servicios públicos es servir a los ciudadanos y no a los propios “servidores” públicos. De esto se puede poner como ejemplo la actividad de los sindicatos en el sector de la educación, primer sector de lo público donde surgen los sindicatos por cierto. Según ellos los responsables de la baja calidad de la educación serían todos (gobierno, padres, la sociedad, falta de medios, de más profesores, de más salarios, de más vacaciones, de inversión), todos…, salvo los criterios de selección y formación de los propios profesores. ¿Será casualidad?

3. Que es antiguo premiar la antigüedad o la experiencia, y que lo moderno es que el político de turno elija libremente a “sus” directivos públicos. Qué curioso que las tres instituciones seleccionadas sean las únicas donde exista una carrera reglada para subir en el escalafón y poder ocupar así los puestos superiores de cada organización, aunque desgraciadamente la policía se esté viendo sometida a excesivas presiones políticas en los últimos ejercicios (lo que por cierto podría afectar a su valoración en el futuro). Podemos citar en este sentido el curso del alto estado mayor: un requisito imprescindible y selectivo para que los oficiales del ejército puedan pasar del grado de capitán, y entrar así en la carrera “directiva” para poder llegar a ser comandante, coronel y general.¿Será casualidad?

Obviamente las cosas no son blancas o negras, y todo es mejorable, pero estos datos del CIS nos obligan a pensar y cuestionar cosas: si los funcionarios deben tener mayores garantías de estabilidad en el empleo (por ejemplo, por la exigencia de neutralidad), deben aceptarse a cambio algunas contrapartidas, sin necesidad de volver al medievo. Para ello convendría mantener en la mente de todos (políticos, sindicatos, funcionarios y empleados públicos) que el criterio prioritario a la hora de valorar la reforma del sector público es pensar en el interés general y de los destinatarios de los servicios públicos (esto es los ciudadanos), y no en el interés particular de ningún grupo o colectivo. De hecho, no siempre los que más chillan son los que peor están o los que más razón tienen.

El tratamiento de los concursos y preconcursos en nuestro Ordenamiento. Un sistema ineficiente de tratamiento de la insolvencia empresarial. Quí prodest? (I)

El viernes tuvimos ocasión de ver este reportaje del Equipo de Investigación de la Sexta  . Sin entrar a analizar el rigor de la información ofrecida, en el mismo se puso de manifiesto con claridad que nuestro sistema de tratamiento legal de las insolvencias, de las crisis empresariales, deja mucho que desear. Con algunos jueces que se mueven entre la corrupción y la sospecha, administradores concursales haciendo fortuna con la agonía de las empresas, pícaros diversos sobreviviendo al margen de cualquier responsabilidad o acreedores resignados a la convicción de que les habían tomado el pelo el reportaje refleja todo un fresco del mejor esperpento valleinclanesco.

Cuando España tuvo que ser auxiliada (o intervenida) por los organismos internacionales, una de las preocupaciones de lo que se llamó “la Troika”, de los conocidos “hombres de negro”, fue lo inadecuada que resultaba nuestra legislación para promover algo de lo que andamos tan escasos como el espíritu empresarial.Dentro de esos lastres legales estaba el tratamiento, verdaderamente cruel, que el legislador dispensaba al emprendedor fallido que había actuado de buena fe (tema tratado por Rodrigo Tena y Matilde Cuena), a quien se privaba de una “segunda oportunidad”al excluir cualquier liberación del pasivo pendiente tras la liquidación de su patrimonio en el concurso. Ese tratamiento riguroso sin excepciones resultaba una anomalía en el mundo occidental y no suponía beneficio para nadie, ni para el propio deudor, abocado a la economía sumergida, ni para la sociedad, que perdía la posibilidad de beneficiarse con futuras iniciativas empresariales de éste, ni siquiera para los acreedores, que muy raramente conseguían en realidad recuperar algo de esa deuda pendiente.

Otra preocupación de esas instancias internacionales era la enorme mortandad de empresas en nuestros procesos concursales dado que en más de un 90% de los casos concluyen con su disolución. Es cierto que el mercado resulta un juez implacable en su condena a las empresas inviables. Y que esa condena tenía que ser necesariamente extensa en un tiempo de crisis y cambio de modelo, en el que la supervivencia, por ejemplo, de muchas empresas de promoción inmobiliarias estaba fuera de lugar tras el estallido de la burbuja. Pero también lo es que en nuestro sistema concursal no se diferencia entre tirios y troyanos y empresas perfectamente viables, y como tales creadoras de valor y que sólo sufrían un mero problema de liquidez, acaban también en liquidación. Y con ellas se destruye también innecesariamente una inmensa cantidad de riqueza y de puestos de trabajo.

Ante la presión recibida, nuestro Gobierno hizo algo que sabe hacer bien. Hacer como que hacía algo al respecto, sin verdaderamente hacer nada. Promovió unas reformas en la Ley de Emprendedores que parecía que afrontaban esos problemas… ¡Cuando en realidad no servían absolutamente para nada! Se ejercitó así, de nuevo, en un verdadero “uso alternativo del Derecho”: el uso cosmético o con fines de mera propaganda de una ley que ha conseguido bonitos titulares sin ninguna sustancia real detrás. Con posterioridad, con el Decreto Ley que da nueva regulación a los acuerdos de refinanciación, ha conseguido seguir sin resolver los problemas fundamentales, pero sí al menos disimular su gravedad durante un tiempo. Una verdadera patada hacia adelante.

Dos documentos recientes han puesto en evidencia tanto a nuestro sistema legal de tratamiento de las crisis empresariales como a los pretendidos esfuerzos reformadores de nuestro legislador.

Por una parte, la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque a la insolvencia y al fracaso empresarial, que persigue que las empresas viables con dificultades financieras dispongan de procesos que les permitan reestructurarse en fase temprana. Y también que se dé una segunda oportunidad a los empresarios que lo merezcan. La recomendación contiene todo un catálogo de instrumentos que resultan útiles para alcanzar esos fines. Y que son precisamente los que despreció y desestimó en su día nuestro legislador para montar un sistema preconcursal casi perfectamente inútil. Y no sería porque no se les avisó. En este mismo blog lo hicimos.

Por otra parte, el informe del FMI sobre nuestro sistema concursal. Éste considera que, después de los esfuerzos cosméticos del legislador, se sigue en España sin ayudar a PYMES ni a autónomos en dificultades, sin ofrecerles soluciones eficaces. El informe se centra en el caso de los pequeños empresarios, que encuentran tan pocos incentivos en nuestra legislación concursal que la rehuyen con pavor. Y es especialmente crítico con el rigor que ésta exhibe en el tratamiento de los créditos públicos, básicamente Hacienda y Seguridad social, que condenan a muerte injusta e innecesaria a muchas microempresas en una matanza que no beneficia en definitiva a nadie.

La situación de nuestra legislación de crisis empresarial es hoy, por tanto, tan reconocidamente deficiente que ha sido incluso denunciada por los organismos internacionales y señalada como un factor importante de nuestra crisis. Y no falta un sector de nuestra doctrina que se ha esforzado también en una crítica constructiva que pide a gritos reformas legales efectivas de verdad.

Sin embargo la impresión es que a nuestro estáblisment político, financiero, judicial y hasta educativo el tema parece preocuparle bastante poco. La mortandad de empresas viables en el país campeón del paro es una verdadera tragedia que no parece conmoverles. En esa tragedia muchos parecen haber encontrado además entre los despojos buenas fuentes de recursos. En la administración de la ruina, en los masters de las Escuelas de Negocios, o en los múltiples congresos y jornadas en que se debate de temas concursales con sospechosa sobreabundancia de jueces mercantiles y administradores concursales.

Se trata, por tanto, de un campo abonado de problemas para conseguir malos resultados. Problemas que merecen ser tratados con más detalle en un blog como éste.

Fraude en la formación para el empleo: llueve sobre mojado

Durante los últimos meses estamos viendo un goteo de noticias acerca de fraudes y descontrol en materia de formación para el empleo que afectan a Comunidades Autónomas dirigidas por gobiernos de distinto signo y a organizaciones empresariales, sindicatos y empresas de formación de toda índole. Incluso, recientemente, se informaba por la prensa de que, en relación con el fraude en los cursos de formación en Andalucía, el Ministerio Fiscal se estaba planteando concentrar las diversas investigaciones en el seno de la Audiencia Nacional para que ésta se encargue de instruir la investigación judicial sobre la presunta malversación de las partidas multimillonarias para formación entregadas entre 2007 y 2013 al Gobierno de la Junta de Andalucía por la Unión Europea.

Lo cierto es que, de una manera u otra, nos encontramos ante situaciones en las que -tanto por la complejidad de las actuaciones, como por el manto de silencio de los implicados y su entorno así como, en ocasiones, por la falta de cooperación de las instituciones-, el esclarecimiento de estas tramas y el descubrimiento de los responsables resulta muy difícil de concretar antes de que se cumplan los plazos establecidos para que los delitos prescriban. La tarea de policía, fiscales, letrados de las administraciones públicas perjudicadas, jueces y magistrados se convierte en algo ímprobo y frustrante teniendo en cuenta los precarios medios con los que cuentan y la saturación de asuntos que colapsan sus despachos.

Sin embargo, el que estas actuaciones terminen siendo merecedoras de un reproche penal auténtico y real que trascienda la mera exhibición pública en los medios de comunicación o una mera sanción administrativa parece un requisito casi imprescindible para evitar que se sigan reiterando en el tiempo. Como señala este estudio de Transparencia Internacional la percepción de impunidad es uno de los factores que más inciden en el crecimiento de las conductas corruptas.

Precisamente la materia que ahora nos ocupa es un ejemplo práctico de cómo esta teoría se encuentra bien fundada pues, efectivamente, el asunto éste del fraude en los cursos de formación para el empleo, es un antiguo conocido de los más veteranos del lugar y no está de más recordar que pasó con lo precedentes para intentar evitar que ahora nos vuelva a pasar lo mismo.

En este sentido, no resulta ocioso repasar en que quedó aquel otro “presunto” fraude de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea.

Según se conoció entonces, algunas de las empresas receptoras de fondos en realidad carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso para el periodo 1996/98, detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.

Asimismo, la Comisión Europea descontó a España 105 millones de euros de las subvenciones que el Fondo Social Europeo iba a dar para la formación continua en las empresas durante el periodo 2000-2006, para compensar lo que se calificaron de “desviaciones”, tal vez para evitar tener que entrar en valoraciones poco diplomáticas.

La prensa del momento recogió con cierto interés la noticia (ABC, El País) y, ante esta presión, el gobierno resolvió que la precedente Fundación se transformara en la actual Fundación Tripartita  y se reformaron las regulaciones normativas sobre la materia para introducir nuevos controles y cautelas que en su momento describimos en nuestro anterior post “La formación de los trabajadores como política de empleo y su gestión externalizada”.

Sin embargo, la impunidad penal de la inmensa mayoría de los autores de esas irregularidades se mantuvo y el dinero perdido no puedo ser recuperado. Así, en uno de los pocos casos cuya instrucción llegó a poder ser culminada, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de diciembre de 2009, caso y anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 31 de marzo de 2009, que condenaba a la Secretaria de Administración de la Comisión Ejecutiva Provincial de FETE-UGT (el otro acusado había fallecido en el ínterin), como autora criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en concurso ideal con un delito de malversación con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y prescripción, a la pena de dos años y tres meses de prisión más las accesorias de inhabilitación por unos hechos que se habían producido en 1997. El Alto Tribunal procedió a absolver a la acusada por considerar que, al no tratarse de una funcionaria pública no podía incurrir en el tipo de malversación de caudales públicos aún cuando  gestionara fondos procedentes de subvenciones públicas. Curiosa teoría que desconoce el carácter de poder adjudicador que el derecho comunitario otorga a las entidades privadas que gestionan contratos subvencionados.

En realidad y a pesar de la gran dimensión aparente del fraude, pocas fueron las sentencias que llegaron a condenar estas prácticas. Podemos citar la sentencia 7/2013, de 1 de febrero de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª), que condena por apropiación indebida a un organizador de los cursos -a través de una asociación de empresarios-, que no devolvió la cantidad de 168.000 cuando los cursos para los que se adelantaron se cancelaron y no llegaron a llevarse a cabo; o la  sentencia 152/2004, de 5 mayo, de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 2ª), que condenó por un delito continuado de falsedad en documento oficial y de un delito contra la hacienda pública, reconociendo la sentencia la falsedad de los documentos remitidos por los condenados durante la tramitación de los expedientes incoados para la concesión de las ayudas por acciones formativas, así como la distracción del dinero objeto de las ayudas, dinero que fue destinado a fines distintos de los acordados, ascendiendo la cantidad defraudada a 747.973,83 euros que, al menos en este caso, fueron devueltos por los implicados para beneficiarse de un atenuante en la condena; también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 2ª) de 25 de octubre de 2004, condenó a los acusados, como autores de sendos delitos de apropiación indebida, porque como presidentes sucesivos, de la Asociación de Fabricantes y Manipuladores de Vidrio Hueco (AFYMAV), dispusieron irregularmente de los fondos recibidos del “FORCEM”, a través de la Confederación Empresarial Española del Vidrio y la Cerámica, destinados a subvencionar cursos de formación a impartir por empresas asociadas.

Sin embargo, las dificultades ya apuntadas para poder instruir adecuadamente este tipo de delitos ha motivado que en la mayoría de los casos las diligencias previas terminaran archivándose en los propios juzgados de instrucción o concluyeran en sentencias absolutorias como las dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 1ª) Sentencia 689/2006, de 12 de diciembre o por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª), Auto núm. 167/2006 de 26 abril. Al final, muy pocas de las irregularidades detectadas llegaron a tener un reproche penal firme y muy poco del dinero defraudado pudo devolverse a las arcas públicas. Aparentemente, desde el punto de vista judicial, las “desviaciones” de más cien millones de euros que constató la Unión europea se debieron a circunstancias ajenas a los ilícitos penales o que, en su caso, habían prescrito.

Ante estos antecedentes, viendo al cálculo de consecuencias, no hace falta ser Jeremías Bentham para prever que este tipo de conductas tan provechosas para quienes las cometen se van a seguir reiterando cada vez con mayor intensidad y menos disimulo, mientras no se perciba de manera evidente que esa actuación supone un riesgo cierto a ser castigado.

La experiencia, pues, indica que hay que hacer un esfuerzo para facilitar a los órganos administrativos de control su tarea para impedir que estas actuaciones puedan darse y, a las autoridades judiciales, los instrumentos para poder investigar de manera exitosa estas prácticas y, salvo en lo relativo a la revisión de los plazos de prescripción  no tanto mediante la introducción de reformas legales que terminan convirtiéndose en papel mojado, como dotándoles de medios y de respaldo político para afrontar con éxito esta función.

 

 

La copia privada: uno de los aspectos mas criticados de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en ciernes

Desde el 1 de enero de 2012 el Gobierno -mediante el Real Decreto Ley 20/2011- eliminó el sistema de compensación por copia privada e instauró un novedoso y original sistema de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La reacción en contra no se hizo esperar y de manera generalizada los más diversos medios de comunicación se hicieron eco de las críticas unánimes que, con la única excepción de las industrias tecnológicas, plantearon las entidades de gestión, expertos juristas, asociaciones de usuarios de internet y consumidores.

Lejos de enmendar tal situación, el Gobierno ha incorporado este sistema a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo Proyecto –aprobado por el Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2014- se tramita en la actualidad en sede parlamentaria.

A pesar de la relevancia de las materias afectadas por esta reforma, cuyo análisis excede de las posibilidades de este post -como son el régimen de transparencia y control de las entidades de gestión; los criterios, metodología y régimen transitorio de tarifas; las medidas frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital (lucha contra la piratería en Internet)-, lo cierto es que el comúnmente denominado “canon  por copia privada”, que se incorpora en la nueva redacción del artículo 25 de la LPI del Proyecto, quizá sea el aspecto más criticado y criticable, desde un punto de vista jurídico, de toda la reforma proyectada.

La adecuación del sistema de financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado con el Derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en los términos en que en su recientes sentencias ha delimitado los contornos de este concepto de derecho autónomo comunitario, cuya interpretación ha de ser uniforme en todos los Estados-, ha sido cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo de Consumidores y Usuarios y el propio Consejo de Estado, en los informes emitidos sobre la reforma de la LPI. A la par de la lógica reprobación por parte de las entidades de gestión, que han visto reducida la compensación de los titulares que representan de unos 115 millones de euros a una cifra que no alcanzó los 9 millones para el ejercicio 2012. La cuantificación de la compensación queda sometida a limitaciones presupuestarias, de modo que no queda garantizada la adecuada compensación por el perjuicio causado por las copias privadas.

El principal escollo al que se enfrenta el pago con cargo a Presupuestos es su carácter indiscriminado. La obligación de pago se hace extensiva a todos los contribuyentes y no a quienes realizan las copias privadas, o las industrias fabricantes o importadoras de equipos y materiales destinados a las realización de copias privadas, que repercutían las cantidades pagadas al usuario final. Este es el sistema instaurado prácticamente de manera unánime en todos los países de la Unión –y hasta fecha recientes en nuestro ordenamiento-, que prevén en su legislación el límite por copia privada, y es el que avalan hasta la fecha las sentencias del TJUE, las conclusiones del mediador europeo -Antonio Vitorino, de fecha 31 de enero de 2013-, y el reciente informe de la eurodiputada Françoise Castex, aprobado por la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014. En contra del TJUE, este sistema prescinde de la necesaria vinculación entre la aplicación del canon en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y la utilización de éstos para realizar reproducciones privadas.

El Proyecto no sólo consolida el sistema de pago con cargo a los PPGGE. También reforma del límite por copia privada, de modo que restringe la posibilidad de los ciudadanos de realizar copias privadas de manera lícita (no piratas): la copia privada solo será legal si el dueño del soporte original comprado (por él mismo) hace una copia, o cuando la reproducción individual provenga de un acto legítimo de comunicación pública mediante la difusión de la imagen, del sonido o ambos, siempre que la fijación no se haya realizado en un establecimiento o espacio público no autorizado.

El Proyecto opta por el criterio de “efectiva” realización de la copia para uso privado por una persona física y se aparta de los requisitos del anterior sistema de compensación, basado en el potencial daño que ocasiona la puesta a disposición los equipos y materiales idóneos para realizar las reproducciones para uso privado.

Como evidencia el Consejo de Estado esta reforma puede situar a un importante número de ciudadanos ante una situación en la práctica de ilicitud, sin las suficientes medidas dirigidas a evitarla a través de la concesión de una autorización o licencia del titular del derecho, que ni sabe, ni puede, ni dispone de los medios para conceder esas autorizaciones en cada caso concreto. Este nuevo sistema -nos recuerda el citado órgano consultivo- no va a producir un cambio de hábitos inmediato en los ciudadanos que tienen que asumir que lo que era una actividad habitual y legal de realización de copias de obras y prestaciones protegidas en el marco de la P.I, socialmente arraigada en 25 años de regulación estable, pasaría a ser, si se realiza sin la correspondiente autorización, una reproducción ilícita.

En definitiva, el Consejo de Estado considera que debe efectuarse una profunda revisión de la proyectada configuración del límite por copia privada, ajustada a la jurisprudencia del TJUE, y acorde con la realidad social sobre la que se proyecta aplicar, que solvente las dudas sobre su capacidad para garantizar una adecuada retribución del perjuicio causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

El carácter provisional que el Ejecutivo confiere a esta reforma no evitará que se cause un perjuicio a los creadores, desprovisto de la adecuada compensación, cuya responsabilidad corresponde, en todo caso, al Estado.

“Lecturas” postelectorales: caída del bipartidismo, pero…

La “lectura” que se suele hacer después de las elecciones por los medios de comunicación parte siempre de un equívoco: que el pueblo manda un mensaje concreto y unificado. La realidad es que, igual que ocurre con la voluntad de los órganos colectivos de las personas jurídicas, la voluntad que se atribuye al pueblo es la voluntad unificada de muchísimas personas, cada una de ellas con sus propios intereses y necesidades. Por eso, la interpretación de lo que ha ocurrido es siempre muy compleja y la predicción de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, equiparable a los dictámenes de los arúspices romanos que leían las entrañas de los animales.

Pero, sin duda, hay algunos datos tremendamente significativos. El primero de ellos, el tremendo batacazo de la suma de PP y PSOE que, de tener un 80 % en 2009, pasan a representar un 49 %, no obstante lo cual el PP se vanagloria de haber ganado las elecciones. Cabe pensar razonablemente que la explicación de este hecho es la poca credibilidad del PSOE tras el fiasco de Zapatero, el incumplimiento flagrante del PP de su programa sin que la recuperación sea demasiado visible y el evidente deterioro institucional y enorme corrupción imputable a ambos partidos.

Parece que se empieza a superar el “más vale lo malo conocido” que durante tantos años ha sustentado al bipartidismo en  España y el electorado busca políticos con ideología y principios huyendo de políticos “profesionales” que se pasan las carteras unos a otros con las mismas corruptelas. El fin del bipartidismo es una señal de madurez del pueblo que por fin reacciona, en un sentido o en otro, pero ha despertado y eso es una buena noticia que creo debe celebrarse y va en la línea de lo que postulábamos aquí  Queda la duda de si lo que ha pasado se queda “un aviso a navegantes” en unas elecciones que muchos consideran poco importantes (a pesar de ser trascendentales visto el papel que la UE tiene en la toma de decisiones a nivel nacional) o se reproduce y consolida en elecciones nacionales. Aquí pensamos que las elecciones de ayer marcan un punto de inflexión y que es poco probable que la gente recupere la confianza en los grandes partidos salvo que éstos realmente hagan algo para merecérselo. Desde luego, las lecturas complacientes de los resultados tipo “el pueblo recuperará la cordura en las autonómicas o generales” no parecen el camino adecuado para conseguirlo.

Pero, aunque lo sucedido podría alentar esperanzadamente la necesaria regeneración del sistema mediante la atribución de la representación a partidos reformistas pero dentro del sistema, parece que lo que puede ocurrir no es exactamente eso. Tenemos como siempre la dificultad de leer la abstención ¿cuanta es voluntaria y crítica y cuanta pasota y acrítica? Probablemente el enorme castigo impositivo a las clases medias y las graves incumplimientos de las promesas electorales, unidos al descubrimiento asombrado de una corrupción generalizada sin dolor de los pecados ni propósito de la enmienda, ha producido desánimo y decepción, más que indignación, y ello alienta a quedarse en casa.

Pero ¿a cuantos exactamente? Los indignados sí que se han movilizado, pero no precisamente a favor de las opciones moderadas, sino de las más radicales. Cabría decir que el fenómeno es paralelo al de otros países de Europa, si bien la movilización se produce hacia la ultraderecha en aquellos países en los que gobierna la izquierda o tienen algunas características sociales diferentes de la nuestra (Francia y los países del norte de Euorpa) mientras que en los países del Sur de Europa se movilizan hacia la izquierda radical.

El extraordinario éxito de Podemos y su capacidad de canalizar a una masa ingente de indignados con el sistema lo demuestra. Lo que parece invadir al electorado europeo es un desencanto generalizado acerca de la eficacia de las instituciones europeas -pero también nacionales- que no afrontan los problemas con valentía, sino con normas propias de un “quiero y no puedo” que no son más que parches. Buena prueba de ello es la falta de criterio claro a la hora de hacer frente a una crisis financiera que se ha dejado por el camino a la clase media y que ha rescatado entidades financieras que no han pagado ningún peaje por sus excesos. Lo peor es que no se han sentado bases firmes para evitar lo sucedido y no se han sancionado a los culpables. El buen ciudadano aguanta, pero tiene sus límites y éstos se han traspasado con creces. Es hora de renovar a favor de quienes parecen tener proyectos sólidos, aunque quizá las “caras nuevas” han pesado más que los proyectos nuevos.

En todo caso la radicalidad de algunos de los partidos que más han subido en estas elecciones es preocupante. La conclusión de todo esto no deja de ser inquietante, en definitiva. La importante caída de los partidos principales no ha dado paso en España a una opción moderada clara, tendente a regenerar el sistema desde dentro (en esto quizá ha jugado la falta de acuerdo entre Ciutadans y UPYD, tan lamentable a ojos de su electorado) sino a una miriada de pequeños partidos y en particular a una subida muy importante de los partidos antisistema. Aunque a estas alturas de la película muchos dirán, con razón, que casi todos  somos “antisistema”. Pero la diferencia es desde dónde queremos reformar el sistema y en qué dirección.

Un recordatorio histórico con ánimo de desenredar el debate de las redes sociales

La difusión de palabros, groserías o exabruptos tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León ha eliminado la sordina a un sentimiento de desprotección existente en muchos ciudadanos ante el mal uso que otros hacen de las redes sociales. Nadie cuestiona las innumerables ventajas de la rápida expresión y el más amplio acceso a la información. Pero también aprovechan esa trepidante comunicación algunos cobardes anónimos que se creen originales por ir enmascarados y, así estimulados, profieren amenazas, insultos, realizan agobiantes acosos, suplantan la personalidad, multiplican campañas de desprestigio y difamación, se dedican a robar datos personales y a traficar con ellos… En fin, sobre la mesa de la actualidad nos han colocado el plato del debate de “regular las redes sociales”.

Habría que evitar que la discusión quedara a su vez enredada por la simplicidad de un falso esquema cuyos ecos empiezan ya a repetirse. A saber, contraponer libertad y seguridad o que una posible regulación signifique el “control de los Gobiernos”.

Mantener una sociedad viva y democrática exige garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero también, parece mentira que haya que recordarlo, otros derechos fundamentales como el honor, el derecho a la intimidad, la libertad y seguridad reclaman igual atención. ¡Cuánto hemos retrocedido cuando hay que mencionar los palotes tan básicos de nuestra civilización! A veces pienso que en el uso de las redes sociales, en el universo de Internet, casi nos encontramos en el año mil de nuestra era. Por ello me permito recordar una institución jurídica capital que surgió en aquella época.

Los historiadores nos han explicado cómo el desmoronamiento del Imperio Carolingio fue aprovechado en muchas zonas de las marcas por señores que discutían y rompían la fidelidad al rey y que querían consolidar su señorío. Manifestaciones de poder que generaban la ocupación de fincas de los agricultores, la recolección de sus frutos, la reclamación de derechos sobre sus cosechas, constantes luchas entre los señores feudales por tratar de imponerse… Época de gran violencia y de venganza, de muchas zozobras ante los abusos de poder en esas zonas fronterizas.

En medio de ese violento ambiente, la paz de un monasterio acogió en el año 1027 el Sínodo de Toulouges. Allí, la historia atribuye al abad benedictino Oliba, quien iba de peregrinación, la proclamación de la primera “tregua de Dios”, esto es, la obligación de que durante unos días, primero de sábado a lunes y, luego, desde el miércoles al lunes, no hubiera agresiones, ni se practicara la violencia, ni ataque bélico alguno contra personas ni bienes. Declaración de “paz y tregua” que también proclama ese mismo abad ya siendo obispo de Vich en esa diócesis en 1033 y que se reitera de manera sucesiva en los territorios colindantes extendiéndose por muchas zonas de la Marca. “Paz y tregua” que se imponía primero para proteger a los clérigos y monjes. Luego otras declaraciones de paz “especial” se propagaron enarbolando a quienes la transgredieran la pena de excomunión.

La paz se respetaba, en principio, ante los temores de quedar apartado, repudiado.

Paz para los monasterios, paz para las iglesias y su entorno, los sacraria, paz para quienes se acerquen a lugares de culto, paz para los peregrinos y, también, paz para las ferias y mercados…Y para conseguir llegar en paz, que se desenvolviera el comercio y que se nutrieran las arcas feudales, surge la paz del camino. Porque es en el camino donde se necesita más sosiego, seguridad y paz.

Esa paz del camino supuso una importante novedad. Hasta entonces las declaraciones se dirigían a proteger a determinadas personas, a los clérigos, a quienes portaban “conductus” por dirigirse a la Corte, a los peregrinos, a los extranjeros, a los mercaderes… Frente a esas declaraciones personales, la paz del camino suponía una protección objetiva. Se atendía a los propios senderos, a las veredas y vías de comunicación, a esos serpenteantes y largos trayectos. Es el suelo que espera los pasos el objeto específico de consideración. Un singular avance en el pensamiento jurídico medieval.

A partir de ahí, los Usatges acogen las primeras previsiones y luego los Fueros establecen las penas, las caloñas, que se impondrán a quienes quebranten la paz, a los salteadores y ladrones; y también en aquellos tiempos lejanos la muerte para aquellos que también mataren.

Y es que el tránsito exige seguridad. Alrededor de esa paz del camino creció la comunicación y, con ello, el Derecho: había que mantener y cuidar los caminos; surgieron privilegios de portazgo; había que dar sentido a las cosas pérdidas en el camino; los caminos permitían alcanzar los pueblos y ciudades que crecieron, multiplicaron las relaciones y los negocios y con ello el pensamiento se extendió, abatió prejuicios, limpió miradas…

Tal es la importancia de la paz del camino y esa paz es la que ahora, mil años después, ha de reconquistarse para los caminos virtuales, para las redes, para las comunicaciones y servicios de Internet.

Hoy día no contamos todavía con un símil laico al abad Oliba. Es cierto que científicos, como los grandes impulsores de Internet y de la web, y otros muchos, siguen trabajando para conseguir unas comunicaciones seguras defendiendo su esencia, porque la web nació libre y abierta y así debe mantenerse.

Sí es cierto que se está avanzando en protecciones específicas del mismo modo que, en los inicios del primer milenio, se posaba la mirada sobre los monjes o algunos lugares. Por ejemplo, la protección a las infraestructuras “críticas”, lugares que podrían considerarse como los sacraria medievales; así como la posibilidad de que algunas comunicaciones se desenvuelvan totalmente encriptadas (como si contaran con un salvoconducto especial, volviendo a la analogía con la época medieval) o se mantengan en redes internas o reservadas. Algunos pasos se han dado también en la precisión de los delitos informáticos tras el Convenio del Consejo de Europa sobre cibercriminalidad que se suscribió en Budapest el 23 de noviembre de 2001.

En el ámbito público, una labor importante desarrolla el organismo público INTECO y, además, se ha aprobado un “esquema nacional de seguridad” con el fin de que las redes y los sistemas de información que utilizan las Administraciones públicas relativos al ejercicio de derechos por los ciudadanos, el cumplimiento de sus deberes por medios electrónicos, así como el acceso a la información y procedimiento administrativo electrónico ofrezcan la suficiente confianza, resistan acciones ilícitas y garanticen la confidencialidad y la autenticidad de las comunicaciones. Una especie de “tregua” en las relaciones con las Administraciones públicas. (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero).

Sin embargo, ese esquema de seguridad no debe trasladarse a las comunicaciones privadas. Tal control permanente nos trasladaría al panopticón de Jeremy Bentham o a la novela 1984 de Georg Orwell. Resulta imposible facilitar el libre desarrollo de la personalidad si se vigila la libre expresión, comunicación o información.

De nuestros actos privados, de nuestras expresiones y comunicaciones debemos responder. Ahí demostramos nuestra personalidad y madurez.

Por ello, para garantizar la paz de los caminos en las redes sociales, deberíamos avanzar, a mi modesto entender, en varios aspectos.

En primer lugar, y lo más importante, en la educación y en la formación de ciudadanos responsables, de conscientes usuarios de las redes. Del mismo modo que se enseñan las normas de circulación vial, debería promoverse una buena educación cívica para el responsable comportamiento en Internet. En segundo lugar, en la propia autorregulación que promuevan esas redes sociales privadas. Son ya muchas las condiciones que “aceptamos” los usuarios al suscribirnos, de ahí que no sería complejo incluir códigos de conducta, mínimas reglas de comportamiento cívico y responsable. Es el reto que tienen ahora muchas empresas de servicios de Internet: saber qué quieren ser y a quién quieren atraer. En tercer lugar, insistir en los medios jurídicos, especialmente penales con los que ya contamos. Las difamaciones, injurias, calumnias, amenazas.., deben perseguirse de manera similar en la calle pública y en las redes sociales. Y del mismo modo que existe la agravante de “disfraz” también debe agravarse la pena a los cobardes que se enmascaran. E igual que se confiscan las armas del delito, las sanciones deben impedir a los delincuentes el acceso a Internet. Ya un juez penal ha incluido esa medida en una sentencia condenatoria. En cuarto lugar, a mi juicio, debería promoverse una identificación personal, resulta insuficiente el IP de la conexión. Cada usuario debe demostrar que es una persona, un ciudadano que responde de sus actos.

Urge aprestar las técnicas con las que contamos para mantener la paz de los caminos de Internet. De ello depende el correcto desarrollo de una sociedad libre y participativa.

 

 

La perspectiva alemana: el movimiento independentista catalán frena sobre todo el futuro de Catalunya

 

Alemania es el socio económico más importante para España a nivel europeo. Es por esa razón por la que que los empresarios alemanes  están muy preocupados con la intención del Gobierno de la Generalitat de separar esta región industrial del resto de España. Los miembros del Circulo de ejecutivos alemanes en Barcelona (KdF) se han decidido a decirlo en voz alta, renunciando al silencio que caracteriza a muchos círculos económicos y políticos catalanes en relación con la política de Artur Más. Publicaron a finales de Enero una declaración como personas privadas en la que manifestaban su miedo ante una evolución en Catalunya que consideran peligrosa no solo económicamente o  por la salida de Catalunya de la Unión Europea sino también porque es anacrónica y muy peligrosa a secas. Dicen textualmente: “Alertamos de los peligros de un fervor nacionalista, que en el último siglo ha traído sufrimientos inmensurables sobre Europa y que tampoco traerá nada bueno para Catalunya.”

Está declaración valiente, promovida entre otros por el abogado Carlos Wienberg, que reside en Barcelona, dice lo que muchas empresas extranjeras y políticos extranjeros piensan pero no quieren expresar en voz alta. Y se publicó en muchos medios importantes en Alemania. Wienberg sobre todo quería dejar claro que Catalunya tendrá que salir de la UE en caso de independencia: “ Van Rompuy, Barroso, Redding y Junckers lo han confirmado varios veces”, dice el abogado.

Wienberg  cree que lo que se hace es clara propaganda por el Círculo Catalán de Negocios cuando señala en un comunicado a la prensa extranjera que no está claro que Catalunya tenga que salir de la UE, que no hay nada escrito para que esto tenga que ser así. Este Circulo de empresarios catalanes se ha propuesto -según sus informes de prensa- hacer pedagogía del proceso independentista con los alemanes “rebeldes” (como escriben en su nota de prensa). Pero parece que hasta ahora este acercamiento pedagógico no ha dado a muchos frutos. “A mí nunca me han contactado”, confirma Wienberg.

Pero el caso es que la “declaración de Barcelona”  ha sensibilizado a la opinión pública alemana en relación con la existencia de un problema real que muchos catalanes prefieren no ver: la independencia no aporta Catalunya más que problemas. Y no solamente se trata de una cuestión económica, lo que es de sentido común dado que la ruptura de un mercado común nunca es buena. Es que sobre todo tiene consecuencias políticas para los catalanes. Consecuencias que no consideran o que ni se pueden imaginar.

Muchos de los extranjeros que viven en Barcelona, una ciudad maravillosa y que siempre ha sido muy cosmopolita, están hartos de las conversaciones independentistas y del catalanismo. Han venido a España para aprovechar la movilidad de la UE y intentar suerte en otro país. Y ahora tienen que luchar contra el extremismo con que se enseña la lengua catalana y se impone una cultura que debería ser de libre elección, por que vivimos en un Estado democrático. Más critica al Gobierno central de ser “imperial y intolerante”, pero es exactamente eso en lo que pretende convertir Catalunya que fue siempre un lugar de encuentro de muchas culturas.

Aunque las inversiones en curso no se han detenido por el tema de la consulta (ya declarada ilegal por el Tribunal Constitucional) lo cierto es que estas cuestiones dañan la imagen de esta importante región de España para la economía alemana, donde tienen sede Seat, ya filial de Volkswagen, igual que por ejemplo Lidl o Allianz.  “A los alemanes nos gusta tener seguridad en nuestras planificaciones. Este proceso de independencia genera mucha inseguridad” explica Georg Abbeg del despacho Roedl & Partner en Madrid .

La consulta catalana está prevista para el 9 de noviembre de este año. Fecha clave para los alemanes y también para Europa por múltiples razones: el 9 de noviembre de  1938  fue la noche “Reichskristallnacht” en la que el nacionalismo feroz  de los nazis enseño su cara más fea al resto de Europa. El 9 de noviembre de 1989 fue la caída del muro de Berlín, un día de mucha alegría que ponía fin a una Alemania separada. Pero la mayoría de los alemanes sabía también que a partir de este momento nunca jamás podrían dejarse llevar por el nacionalismo. Pero tampoco debería dejarse llevar España, que ha vivido una terrible guerra civil. Ni el nacionalismo español ni el nacionalismo regional deberían dirigir la política española. Nos tiene que dirigir un sentido europeo que nos ha salvado hasta ahora a todos de un futuro oscuro. Porque onviene recordar que nunca hemos sido tan ricos y hemos vivido en paz tanto tiempo como ahora.

El triunfo del esfuerzo y de la fe (a propósito de la victoria en Liga del Atlético de Madrid)

Ya saben ustedes, queridos amigos seguidores del blog, que he escrito en ¿Hay Derecho? varias entradas sobre materias relacionadas con el fútbol, en las que me he mostrado, en general, bastante crítico con las actuales estructuras, vicios y gobernantes del futbol profesional el cual, más que un deporte, ha derivado en un negocio multimillonario y un espectáculo de masas regido por organismos que gozan de un poder omnímodo y extraterritorial, casi ajeno a todos los demás poderes mundiales.

Pero hoy, a raíz de la victoria del Club Atlético de Madrid en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, quiero también, como viejo aficionado, ex directivo y aún practicante de este deporte maravilloso, exigente y realmente único, rendir homenaje a sus mejores virtudes que también las tiene, y son muchas e importantes.

En el fútbol de competición, aparte de algunas cosas poco edificantes que ya hemos comentado largamente en el blog, se adquieren también una serie de hábitos fundamentales, que resultan muy útiles para el desarrollo personal, y más en estos tiempos de tantas comodidades y vida hedonista y complaciente: el esfuerzo y la generosidad, el trabajo en equipo, la solidaridad con los compañeros, la conciencia de que tú solo no ganas nada ni a nadie, la capacidad de sufrimiento, la superación positiva de los dolores y las lesiones físicas, la competitividad sana, la aptitud para sacar el mejor rendimiento de uno en una situación de máxima presión… No saben ustedes lo educativo que puede resultar para un chaval chulito y algo “crecido”, como hay muchos en la edad adolescente, que un día tu entrenador te siente en el banquillo y ponga a jugar en tu puesto a otro compañero que esa semana se ha esforzado más que tú en los entrenamientos. Y hay que aguantarse y encima apoyar y aplaudir a los tuyos para que ganen. Yo lo he vivido muchas veces, desde muy pequeño, y es una cosa que te pone en tu lugar de verdad. Hay pocas lecciones mejores que esa para la educación de un chaval. Luego la vida de cada uno está llena de trampas y dificultades que, con esas enseñanzas aprendidas practicando deporte, pueden ir superándose con mayor éxito, generosidad y destreza. Y también existe otra cuestión muy importante: las amistades. Los mejores amigos de la vida se hacen sufriendo juntos por un objetivo común. El fútbol, y el deporte en general, crean amistades imperecederas. Yo, que llevo casi 23 años ejerciendo como notario, trabajo y me relaciono a diario con un montón de amigos a los que he conocido, en diferentes épocas de mi vida, jugando al fútbol, y que hemos mantenido una amistad sana e indestructible a lo largo de los años. Es totalmente cierto que la práctica conjunta de un deporte como éste crea una camaradería difícil de encontrar en otros ámbitos de la vida.

Pues bien, en una Liga como la española dominada por dos equipos archimillonarios, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que imponen la dictadura implacable de su inalcanzable poder económico, la victoria de un equipo con un presupuesto que es una quinta parte de cada uno de los otros dos es una verdadera hazaña. Y una preciosa lección para la vida. Un grupo de jugadores que hace escasamente cuatro años peleaban por salir de las posiciones bajas de la Primera División encuentra de repente a un guía -ex jugador del equipo- llamado Diego Pablo Simeone, que se pone al frente del grupo y le da la vuelta como a un calcetín, convirtiendo a aquella banda de futbolistas desmotivados en un equipo ganador, paradigma de la lucha, la solidaridad y el máximo esfuerzo colectivo hasta la extenuación. Y de la fe tremenda de un colectivo en su líder. Yo he vivido desde dentro el complejísimo mundo del fútbol profesional, como directivo de otro equipo de Primera División, y no pueden ustedes imaginar el enorme mérito que tiene el trabajo que ha realizado este entrenador. Y de los directivos que le dieron, en un momento muy delicado para su Club, las riendas del equipo. Es realmente impresionante.

Cuando uno maneja diariamente un grupo de futbolistas que ganan sueldos millonarios, y que tienen el ego bastante subido a sus veintipocos años, resulta muy, pero que muy complicado lograr que todos corran y luchen como posesos durante todos los partidos de una temporada tan larga. Sin relajarse. Ni unos minutos. Ninguno de ellos. Ni siquiera los más técnicos del equipo y los que no habían corrido antes nunca tanto. Ni un miércoles de febrero ni un domingo de abril. Ni contra el Elche ni contra el Barcelona. Esto, queridos amigos, tiene un mérito enorme, y constituye un auténtico milagro futbolístico. Y lo ha conseguido el Cholo Simeone, aunque -señas de identidad de ese entrañable Club- sufriendo hasta el minuto final del último partido, con sus dos mejores jugadores lesionados antes del minuto 20, y en el campo abarrotado de su rival por el título. A partir de junio se lo van a rifar. Es realmente único. La gente que entiende de verdad de este deporte comprenderá mejor que bien lo que estoy diciendo. Como dijo él mismo recientemente, “no ganan los mejores jugadores, sino los que luchan mejor”. Por ello se ha pasado estas últimas dos semanas poniendo en vídeo a sus futbolistas imágenes de todos sus esfuerzos y sufrimientos de este año, especialmente de la terrible pretemporada a la que les sometió. Su mensaje: “sufrir da resultados”.

Por ello, esta victoria del Atleti me parece realmente bonita. Y edificante. Por lo que significa y por los valores que transmite a todos nuestros jóvenes -con independencia de su amor a unos u otros colores- necesitados hoy en día de referencias de este tipo. Como ha comentado el profesor Luis Cazorla refiriéndose a sus clases universitarias, los ejemplos -aun explicando Derecho mercantil- resultan con el fútbol más fáciles de poner, y llegan a todos ya que todo el mundo los entiende. Pues cuando en una competición tan difícil como la Liga española triunfan la fe, el esfuerzo y la solidaridad de un colectivo hay que destacarlo. Incluso en un blog jurídico como éste. Gracias al Cholo y a sus muchachos por su magnífico ejemplo. Gran parte de España quería vuestra victoria por todo lo que aquí he contado. Ahí la tenéis… ¡A disfrutarla! No siempre gana el más guapo ni el que más cobra o más camisetas vende. Algunas veces en la vida ganan los que se esfuerzan…..

 

¿Que vamos a hacer el domingo? La abstención como legítima opción democrática para denunciar el sistema

Como han podido leer en el post anterior, los editores somos firmemente partidarios de acudir a votar el domingo en las elecciones europeas. No obstante, no ignoramos que la opción abstencionista -que podríamos llamar activa o razonada-, y que no es la nuestra, está sin embargo en la calle, y por ello queremos ofrecerles también una reflexión favorable a ella por medio de las apasionadas razones de nuestro colaborador Jesús López Médel, esperando que provoque un saludable debate. Los editores. 

 

“Ensayo sobre la lucidez” es uno de los últimos libros que publicó Saramago. Contiene reflexiones sobre el desencanto en la participación electoral. Narra la ficción de unos comicios en que la abstención espontanea es inmensa, dando la espalda total tanto a los partidos más consolidados como a los alternativos. El desconcierto, la estupefacción y también la burla y el sarcasmo asolarían al país. La reacción de las autoridades es la de propagar que había un “complot contra la democracia” y que sus instigadores debían ser eliminados. Hasta aquí el relato novelesco, pero impregnado de consideraciones políticas y humanas de calado. Es una lectura muy recomendable.

La democracia es elegir. Pero no es sólo esto. Eso desearían los políticos para hacer con nuestro voto lo que quieran, incluso lo radicalmente contrario a lo que se comprometieron. El derecho a la libre elección entre alternativas políticas es consustancial en una democracia, pero también lo es es el derecho de disentir y expresar el rechazo a un sistema político que se está erosionando.

Que España está sufriendo un notable retroceso de su calidad democrática me parece evidente. Los indicadores de los organismos internacionales marcan esta tendencia con unanimidad y el sentir  de millones de españoles manifestado en las encuestas del CIS apunta en la misma dirección. El deterioro democrático tiene muchas manifestaciones. Acaso la principal sea el que las principales opciones políticas han ido colonizando las instituciones poniéndolas a su servicio y no al de la sociedad. Creo que se está produciendo el secuestro de la democracia por quienes han pervertido el sistema de partidos políticos transformando estos instrumentos de participación democrática en aparatos que funcionan en su exclusivo beneficio.

Es muy preocupante que desde varios años se ha consolidado en todas las encuestas del CIS la corrupción (solo detras del  desempleo) como el segundo problema de los españoles y la clase política en general como el cuarto problema (tras la situación económica). Ante esta situación, la pregunta es: ¿Qué están haciendo los dos principales partidos para atajar esta deriva? La respuesta a mi juicio es muy clara: absolutamente nada.

De los cuatro problemas, considero que el fundamental es el de la conversión de nuestra clase política en una “casta”. Sin la aparición de esta casta y del sistema que la ha engendrado no sería posible la corrupción sistemática e institucionalizada Y lo que es aún peor: no existiría todo el montaje para garantizar la impunidad de los corruptos, para lo que resulta esencial el incremento del control político de la Administración de Justicia y de la fiscalía). Sin esa corrupción y mal gobierno, dentro de la que en sentido amplio cabe englobar el despilfarro la negligencia y la irresponsabilidad de la gestión de fondos públicos, el nivel de deterioro de la economía y del paro no serían tan elevados Nuestros políticos, además de haber contribuido a generar esta situación demuestran todos los días su incapacidad para arreglarla.  Nuestra clase política actual no es la solución, es el problema.

Creo que la clase política es  principal cáncer de nuestro sistema, por lo que los que así lo pensamos hemos de aprovechar las elecciones del día 25 para  expresar,  nuestro rechazo total. Por eso personalmente propugno frente al vocerío de los que siguen con sus privilegios y el tratamiento versallesco de muchos medios de comunicación a los partidos poderosos la abstención como mejor opción política y más conforme con la conciencia cívica.

Ante todo, propongo la abstención para manifestar el rechazo que muchos sentimos hacia los dos partidos que han dominado nuestra política durante más de 30 años  PP-PSOE  que están neutralizando cualquier posibilidad de cambio real. Cierto es que también cabe -y esta opción la respeto mucho- la posibilidad de confiar en algún partido pequeño y emergente que puedan ser clave para condicionar el proceder de los grandes partidos. Pero pienso que es mejor reservar esta opción para la política nacional y las elecciones  del próximo año.

Ahora creo que tenemos la oportunidad de decir NO a esos dos grandes partidos que han pervertido el sistema democrático. Especial responsabilidad tiene el partido que ganó las elecciones hace dos y medio años y que ha actuado como si tuviera un cheque en blanco. Su prepotencia, su capacidad para la mentira, la insensibilidad social recortando todo tipo de derechos sociales mientras se protege a los poderosos, la inacción frente a la corrupción y el clientelismo que, se toleracomo forma habitualde funcionamientor han generado una enorme decepción en diversos sectores sociales y en particular en su propio electorado

Algunos que consideran inevitable e inalterable el sistema bipatidista, se resignarán a seguirles votando con la pinza en la nariz pero otros optarán por diversas opciones menores y acaso más coherentes pero que quedarán diluidas  en el Parlamento Europeo. Por eso, animo a quienes se sientan decepcionados con los grandes partidos que reserven ese voto de castigo  para otro momento, eligiendo  entonces otras opciones para que en el Congreso, en año y medio, puedan instalarse voces nuevas. Me parece que la mejor forma de sancionarles ahora es la abstencióncomo manera de visualizar nítidamente el rechazo a este sistema político que ha perdido sus valores. Lo mismo el partido del gobierno que el principal partido de la oposición se han convertido en una secta, cerrada y sin aire fresco. contrario. Tienen en común unas prácticas y hábitos que están pervirtiendo el sistema democrático. Pactan entre ellos el reparto de puestos en instituciones que deberían ser independientes o el mantenimiento de privilegios compartidos. Toleran la corrupción y no la combaten. Todo lo contrario, buscan la impunidad y muchas veces la consiguen. Me atrevo a pronosticar que ningún político será condenado por el Tribunal Supremo Están controlados por  burócratas del aparato y mantienen silenciados y apartados a la  gente honesta y crítica con estos hábitos

Entiendo que es un desastre para España la perpetuación de esta casta política con sus actuales dirigentes en los dos principales partidos. No olvidemos que que el partido gobernante se se le está prestando respiración asistida al dirigente del PSOE al que presentan en sus medios periodísticos como “hombre de Estado”, básicamente porque con él se pueden llegar acuerdos para repartirse el pastel y tapar sus vergüenzas. Rajoy y Rubalcaba se retroalimentan.

Esta Europa en su configuración actual, merece también nuestro rechazo. La UE de los intereses económicos y financieros de la enorme burocracia, de la falta de liderazgo y del abandono de los principios de la solidaridad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos, es una razón más para la abstención. En las primeras elecciones europeas en 1979 votamos el 62% de los españoles. En las ultimas el 42%. En estas, seremos una gran mayoría quienes diremos: NO. Aunque algunos medios apenas lo destacarán, en una creciente y muy evidente pérdida de libertad de prensa escrita, cada vez más sumisa con el poder, queremos dar una lección democrática de aviso: se les acaba la excusa de la democracia como forma de vivir aprovechándose de los ciudadanos.

 

¿Qué vamos a hacer el domingo? Debemos votar

En este blog como bien saben los lectores compartimos el diagnóstico de los que consideran que estamos ante un fin de régimen y de una necesidad de cambio político para acabar con la partitocracia y el bipartidismo responsables de nuestro fallo “multiinstitucional” (por usar la acertada expresión de Andrés Ortega). Y sin embargo, a diferencia de lo que propone nuestro colaborador Jesús Lopez-Medel en el post siguiente, creemos que la mejor forma de conseguir que las cosas cambien no es la abstención –con la finalidad de poner de manifiesto la insatisfacción ciudadana con el sistema político que quedaría en buena medida deslegitimado por la falta de participación- sino el voto a los partidos minoritarios que proponen cambiar esta situación. Afortunadamente, hay para elegir.  Votemos a los nuevos partidos que quieren cambiar las reglas del juego.

En España, lamentablemente, las vías de participación política de los ciudadanos son muy limitadas. En realidad se reducen prácticamente al voto. Precisamente porque no tenemos muchas oportunidades de participar no dejemos pasar las pocas que tenemos.. No solo eso; la abstención en nuestra opinión beneficia directamente a los grandes partidos, a los que al día siguiente les preocupará bien poco que la abstención haya alcanzado un 60 o un 70%; ellos se llevan sus escaños igual y computarán sus resultados en función de los puntos que le saquen al partido rival y por supuesto a los pequeños partidos. Si queremos incentivar el comportamiento de nuestros partidos mayoritarios en la buena dirección institucional, no hay nada más efectivo que hacerles saber que estamos dispuestos a cambiar en favor de aquellos que nos prometen lo bueno desconocido, con independencia de su mayor o menor fiabilidad. Ahora eso da igual, porque ya llegará el momento de sancionarles si no están a la altura.

Para entender lo que significa la abstención, hay que tener en cuenta una imagen gráfica: el voto no emitido no produce un vacío de escaños en el hemiciclo que evidencie la desafección a los políticos; al contrario, esos escaños vacíos “acrecen” a los partidos mayoritarios que sí reciben votos sin que la abstención merme en absoluto su poder real; la única forma de evidenciar esa desafección y disminuir realmente su poder es votar a alguien que ocupe un puesto, el que sea, para que éste no acrezca a los mayoritarios.

Pero además de los argumentos para votar en general en cualquier elección democrática, existen razones muy particulares para votar precisamente en estas elecciones europeas. Dejemos al margen un dato tan relevante como que al menos el 90 % de todo lo que hace la Unión Europea requiere el consentimiento del Parlamento que vamos a elegir el domingo, y de que la mitad de la legislación que nos es aplicable tiene un origen europeo. Centrémonos ahora en un dato casi más interesante: se prevé que al menos la cuarta parte de los 751 eurodiputados que van a salir de estas elecciones sean radicales antieuropeos de izquierda y derecha, racistas, xenófobos, fascistas y nacionalistas de toda índole contrarios al proyecto europeo, al menos tal como fue concebido después de dos guerras mundiales absolutamente devastadoras. La duda es cuánto se van a acercar a la mitad. Los votantes que los apoyan no se van a quedar en casa, precisamente, y estarán encantados de que usted lo haga. Castigar al establishment de Bruselas por la vía de permitir que esa gente multiplique el valor de su voto es como pretender fastidiar al casero de mi casa negándome a apagar el incendio de la cocina.

Pero hay un argumento todavía más poderoso. Si usted quiere castigar con el látigo de su indiferencia a sus élites locales, esta elección no es precisamente la más adecuada para hacerlo. Porque sus élites locales, que nunca se dan por aludidas aunque el látigo caiga directamente sobre sus espaldas, van a decir además que lo que resulta deslegitimado es el proyecto europeo o el Parlamento europeo, no sus particulares chiringuitos políticos, que es lo que realmente les importa. En toda Europa la duda es si los votantes van a llegar al 40%, y si no llegan en España el titular en Alemania o en el Reino Unido será que hasta los españoles están desencantados con el proyecto europeo, y no que los españoles están hasta los pelos de su régimen partitocrático. No olvidemos tampoco que esta elección, con circunscripción única y sistema relativamente proporcional, nos ofrece una magnífica oportunidad para que el voto refleje de manera fiel el verdadero sentir del electorado, en igualdad de condiciones y sin distorsiones de ningún tipo.

En ese sentido, no nos parece casualidad que la Junta Electoral Central española sea la única en Europa que no deja hacer campaña activa a favor del voto.  Una vez más, somos el asombro de Europa. La razón, una curiosa interpretación jurídica que según algún Vocal de la propia Junta no se sostiene técnicamente. Ya pero ¿quid prodest? Desde luego, no a los nuevos partidos. Efectivamente, entre el anuncio danés incitando a votar de forma un tanto violenta (ver video aquí) que ha tenido que ser retirado y el patético anuncio emitido por el Ministerio del Interior en RNE “Si quieres, puedes participar en las elecciones europeas” hay bastante margen.¿ Que quiere decir “si quieres”?¿Que no hace mucha falta?

Por cierto, para los curiosos lectores unos apuntes sobre la composición de la Junta Electoral Central.   las Juntas electorales provinciales y las Juntas electorales de zona, todas ellas órganos regulados en la LO 5/1985 de 19 de junio de régimen electoral general  l con las importantísimas funciones de velar por la limpieza de los procesos electorales en España. Por ejemplo, UPYD ha presentado una reclamación por la aparición de papeletas con su logo defectuoso, porque o bien podrían inducir a confusión a los votantes o bien podrían ser anuladas si son utilizadas.

Pues bien, la más importante que es la Junta Electoral Central es un órgano permanente y está compuesta por:

A)      Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial.

B)       Cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Consejo de los Diputados.

El caso es que además las designaciones a que se refiere el número anterior deben realizarse en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y si no es así, la Mesa del Congreso de los Diputados, oídos los grupos políticos presentes en la Cámara, procede a su designación, en consideración a la representación existente en la misma.

 Los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente de la Junta en la sesión constitutiva que se celebrará a convocatoria del Secretario.

Por cierto, que la actual composición de la Junta, según su web, es la siguiente:

Presidente

Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez

Vicepresidente
Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta

Vocales Magistrados del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello
Excmo. Sr. D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva
Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona
Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Excma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga
Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología

Excmo. Sr. D. Pedro José González-Trevijano Sánchez (hasta 12/06/2013)
Excmo. Sr. D. Pablo Santolaya Machetti
Excmo. Sr. D. Joan Manuel Trayter Jiménez
Excma. Sra. D.ª Paloma Biglino Campos
Excmo. Sr. D. Alfonso de Esteban Alonso

Secretario

Excmo. Sr. D. Carlos Gutiérrez Vicén (desde 05/03/2014)

En fin, que en opinión de los editores de este blog, sobran los motivos para ir a votar el domingo. Aunque no sea ésta la opinión de alguno de los  colaboradores de este blog, como verán a continuación, por lo que el debate está servido.

RTVE necesita una salida: o por las buenas o por las malas

 

En las últimas semanas, la aparición en diferentes medios de comunicación sobre la penosa situación económica del ente público RTVE (acumula una deuda de 800 millones de euros y está al borde entrar en causa de disolución), ha vuelto a reavivar el debate sobre el modelo de televisión pública que deberíamos tener en nuestro país.

Es un debate recurrente que se produce cada vez que surge alguna noticia relevante sobre la cadena pública o por extensión sobre algunas de las televisiones autonómicas existentes (en este mismo blog comentamos hace unos meses por ejemplo el cierre de Canal 9). El problema es que el debate sobre el futuro de RTVE hasta ahora no ha llegado a ningún puerto y es que hasta la fecha, ni PP ni PSOE han mostrado mucho interés en dar una vuelta de tuerca a la cadena pública.

El actual presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique, achaca buena parte de los problemas a la falta de estabilidad de los ingresos del ente público. RTVE desde 2009 se financia a través de impuestos o tasas a las cadenas privadas de televisión y a los operadores de telecomunicaciones (se supone que para compensar los ingresos que se dejaban de ganar al desaparecer la publicidad), junto con las aportaciones que realiza el Estado al ente público. González-Echenique reclama un modelo de financiación más estable, ya que la continuidad de la tasa a los operadores de telecomunicaciones está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las aportaciones del Estado se están reduciendo cada año en esta época de crisis (lógicamente).

De acuerdo en que el actual sistema de financiación no es el ideal (tampoco creo que la vuelta a la publicidad sea la solución), pero echo en falta una reflexión similar con los gastos de la corporación, que en mi opinión tampoco son muy estables. Solo hay que leer el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Corporación RTVE y sus sociedades, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 1/1/2010 y el 31/12/2011 (publicado el 30 de enero de 2014). Encontramos de todo: irregularidades en retribuciones a directivos, gastos y contrataciones no justificadas en las corresponsalías del ente, ausencia total de control en contratos con productoras externas y en acuerdos con entidades de gestión de derechos, etc, etc. Aunque desde el PP nos dicen que todas estas cuestiones están solucionadas con la nueva gestión del ente realizada en la era “post Zapatero”, la realidad es que TVE cerró 2013 con un déficit de 113 millones y no creo que toda la culpa sea del famoso sistema de financiación actual.

La teoría dice que una televisión pública tiene razón de ser si se garantiza su independencia, pluralidad, calidad y por lo tanto desempeña adecuadamente su función de servicio público (a través de unos informativos rigurosos por ejemplo), apostando por la innovación y asegurando que todos los colectivos se encuentren bien representados dentro de la parrilla de contenidos. Este modelo de televisión pública no debería medirse por el share (o cuota de audiencia).

Lo que tenemos ahora no se parece en nada a la teoría y en mi opinión la razón principal es que los intereses políticos han primado sobre los intereses públicos. De todo lo que tendría que tener una televisión pública, el único aspecto en el que en mi opinión RTVE cumple con nota es el de la innovación (con bastantes iniciativas como lab RTVE, la aplicación para compartir y comentar las emisiones en tiempo real +TVE, etc), en el resto pincha por culpa de su politización y mala gestión (salvo alguna honrosa excepción).

Ahora parece que la solución que baraja el Gobierno es inyectar más de 100 millones de euros (a modo de rescate, palabra prohibida en nuestro diccionario) a cambio de “ajustes” (palabra mágica). Pero yo creo que llegados a este punto, no nos podemos conformar solo con ajustes en RTVE, sino que lo que toca ya de una vez es la reforma completa del ente público, una auténtica catarsis, que puede conseguirse por las buenas o por las malas.

Por las buenas, sería alcanzando un amplio acuerdo político (entre el mayor número posible de grupos con representación parlamentaria) para diseñar, articular y poner en marcha todos los cambios necesarios para transformar de verdad el ente público, tocando todos los palos: modelo de financiación, nombramiento del consejo de administración, ajuste de la estructura de costes del ente, mecanismos de control para las producciones propias y contratos que se firmen, etc.

La contención de los gastos y el control sobre los mismos es una asignatura pendiente en RTVE. Es el momento de ajustar su estructura y su parrilla televisiva, incluyendo una revisión de los canales actuales y el adiós a las costosas competiciones deportivas y cine de estreno de Hollywood.

Y es que por ejemplo RTVE (con su lastre de los 800 millones) se acaba de hacer con los derechos de los partidos oficiales de la selección española de fútbol para los encuentros clasificatorios para la Eurocopa de Francia de 2016 y para el Mundial de Rusia de 2018. La oferta de TVE se ha impuesto a la de Atresmedia y Mediaset, que también habían pujado para emitir en abierto los partidos de la selección. Aunque desde RTVE no han hecho públicas las cifras de este acuerdo (ole a la transparencia una vez más), el montante total parece que rondaría los 35 millones de euros por 20 partidos, así que cada partido nos saldría por 1,75 millones. Admito que soy el primero que disfruta viendo en televisión (en abierto) jugar a la selección española, pero al menos en mi caso yo disfruto igual viéndola en Telecinco, Cuatro, A3 o la Sexta, porque ver los partidos en TVE no me da un punto de motivación o ilusión extra la verdad. Y es que el coste de la retransmisión de eventos deportivos de primer nivel no se ciñe exclusivamente a la adquisición de los correspondientes derechos. Basta ver el séquito que RTVE va a desplazar a la final de la Champions League y eso que la señal del evento la proporciona la UEFA: 97 profesionales (150 si añadimos al personal externo / subcontratado del ente) se desplazarán a Lisboa: 17 de RNE y 80 de TVE, entre los que se incluyen una veintena de directivos… Contrasta esta cifra con los 5 profesionales de informativos que el ente público desplazó a Sochi para la retransmisión de los juegos olímpicos de invierno…

Las primeras medidas que necesitarían adoptarse son el establecimiento del modelo de financiación y el cambio del Consejo de Administración de RTVE. Actualmente, el Consejo está formado por cinco consejeros nombrados por el PP, uno por CiU, uno por PSOE, uno por IU y uno por ERC. El Consejo del ente púbico se conforma siguiendo el método tradicional del “reparto”, todo un clásico ya sea en cajas, órganos judiciales, tribunal de cuentas, etc, etc. Una televisión pública independiente necesita un Consejo de Administración compuesto por profesionales con experiencia contrastada en el sector y que no sean elegidos a través del reparto de puestos entre partidos políticos.

Si esta reforma no es posible, el plan B (o solución por las malas) sería echar el cierre definitivo o la solución griega (obligada por los hombres de negro): cierre y posterior reapertura en unas condiciones bien diferentes a las originales (un tercio de la plantilla, para empezar). Esta solución (el cierre definitivo o la alternativa griega) tendría efectos más inmediatos y es más fácil de poner en práctica, pero sería bastante más traumática y tendría un coste político mayor, solo hay que ver el proceso que nuestros vecinos griegos han atravesado.

Elijan ustedes la salida, pero creo que un rescate del Gobierno a RTVE a cambio de más ajustes no es la solución, nos merecemos más.

 

 

 

 

 

Las llamadas “cartas de patrocinio”: entre el derecho y la moral

Las cartas de patrocinio, también llamadas con su terminología anglosajona original comfort letters, letter of responsibility, letter of patronage, letter of support, letter of intention o, en español, “cartas de apoyo” o “cartas de conformidad”, constituyen una figura reciente en nuestro panorama jurídico, a pesar de lo cual son habituales en el tráfico ordinario.

Su origen se encuentra en el ámbito del Derecho Bancario y Financiero, ámbito del que se extienden más tarde a operaciones inmobiliarias, generalmente en aquellos casos en los que interviene una filial poco capitalizada que forma parte de un grupo (en muchas ocasiones, sociedades vehículo).

Estas cartas están generalmente destinadas a manifestar confianza en la capacidad de gestión de los administradores de una sociedad que aspira a obtener un crédito de una entidad financiera, o en la viabilidad del proyecto que esta sociedad acomete. Se pretende con ello dar seguridad a la acreditante sobre la solvencia de la sociedad patrocinada por su pertenencia a un grupo o, simplemente, asegurar al destinatario de la carta que la sociedad obligada seguirá perteneciendo a éste. Por ello, en general las cartas de patrocinio incluyen simples manifestaciones de hechos por parte de sus emisores, quienes habitualmente:

(i)              Declaran conocer el crédito que se ha concedido a su filial;

(ii)            Reconocen que la concesión de tal crédito trae causa de la emisión de la carta o del vínculo societario entre patrocinada y patrocinadora;

(iii)           Ponen de manifiesto una relación de control sobre la filial o que la emisora participa en la misma;

(iv)          Describen la política habitual de la sociedad matriz respecto al sostenimiento de sus filiales, y

(v)            Manifiestan confianza en la gestión de los administradores de la patrocinada.

Las cartas de patrocinio constituyen por tanto recomendaciones o declaraciones que aspiran a que la acreditante tenga conocimiento de la opinión de terceros sobre la sociedad a la que va a facilitar el préstamo. Por ello, en principio, no constituyen una garantía sobre cuál va a ser la gestión y el desempeño de la sociedad a futuro, ni sobre el cumplimiento de las obligaciones de aquélla.

De esta forma, la carta de patrocinio se presenta en nuestro ordenamiento como una figura que participa de la apariencia de una garantía pero que sin embargo inicialmente tiene un contenido más vinculado con la moral que con la configuración jurídica de ésta última.

Se trata por tanto de una figura atípica, al constituir una declaración unilateral de voluntad que, a pesar de que así ha venido reclamándolo algún sector doctrinal conforme ha aumentado su uso, no habrá de ser considerada una “nueva forma de garantía”. Conviene no obstante aclarar que esta última afirmación es del todo cierta en términos estrictamente jurídicos, pero que sin embargo en el ámbito de los negocios y, en particular, en el curso de las negociaciones para la obtención de financiación, estas cartas sí cumplen una función de garantía de tipo ético o moral.

En efecto, la crisis financiera iniciada ya hace unos años ha hecho que las cartas de patrocinio se hayan convertido en documentos de uso cada vez más frecuente, ya que permiten sacar adelante un proyecto mediante una “garantía” que por no ser tal en términos jurídicos no ha de constar en las cuentas anuales de la patrocinadora, lo que acarrea importantes ventajas fiscales y contables y permite al tiempo una adecuación de las garantías a las necesidades societarias que puede presentar el grupo en cuestión. Se trata sin embargo de una figura que hasta época reciente no ha encontrado en España una difusión tan amplia como en otros países de nuestro entorno, como puede deducirse de la hasta el momento escasa jurisprudencia en esta materia del Tribunal Supremo.

La realidad es que la manifestación de confianza del patrocinador admite muy variadas modalidades -tantas como emisores de la misma-, por lo que del texto de cada carta podrán derivarse consecuencias muy diferentes de manera que en ocasiones las mismas pueden recoger una evidente obligación de garantía mientras que, por el contrario, en otras, las declaraciones contenidas en la carta limitan sus efectos a la esfera unilateral de su emisor como manifestación de buenos deseos y prácticas.

Es por ello por lo que para distinguir entre uno y otro tipo de carta de patrocinio el Tribunal Supremo ha acuñado los términos “fuerte” y “débil”, los cuales son ahora comúnmente empleados para distinguir entre los diferentes tipos de cartas clasificados según el alcance de las obligaciones que se derivan de ellas.

Así, las cartas fuertes se configuran como un contrato de garantía personal y reflejan por tanto en su texto la asunción de obligaciones de contenido específico, susceptibles de ser exigidas.

Las débiles son aquéllas emitidas con el único objeto de declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad que aspira al crédito o en la viabilidad económica de ésta. Esta clasificación incluye aquellas cartas de patrocinio de carácter meramente enunciativo, que recogen manifestaciones de buenas intenciones y declaraciones de confianza o una declaración de compromiso para la adopción de los mejores esfuerzos en una dirección determinada, configurándose como simples recomendaciones sin que de ellas se derive por tanto una obligación de garantía exigible a la patrocinadora. La responsabilidad derivada de ellas habrá de buscarse en todo caso en el contraste entre su falsedad o inexactitud y la confianza legítima creada en el destinatario.

Esta distinción ha llevado a sistematizar los presupuestos que han de llevar a considerar una carta de patrocinio como fuerte y por tanto vinculante para su emisor (esta sistematización se realiza por vez primera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2005 (RJ 2005\5089)):

(i)              Que concurra una intención del patrocinador de asumir una obligación de prestar apoyo financiero a su patrocinada, o de contraer deberes positivos de cooperación para que ésta pueda cumplir sus compromisos frente al destinatario de la carta;

(ii)            Que exista una relación obligacional clara, sin expresiones equívocas;

(iii)           Que el firmante disponga de poder para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza;

(iv)          Que para la conclusión de la operación subyacente sean determinantes las expresiones vertidas en la carta; y

(v)            Que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito propio de las relaciones sociedad matriz – sociedad filial.

Resulta ilustrativo constatar cómo se trasladan estos criterios a la práctica, ya que como es previsible a la luz de lo expuesto hasta ahora la diferencia entre una carta fuerte y una débil es en ocasiones de simple matiz, de ahí la relevancia de su adecuada redacción y consideración previa a su emisión.

La búsqueda de ejemplos, sin embargo, no siempre es sencilla. Buceando en las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia pueden conseguirse algunas muestras -fragmentos de una débil y una fuerte completa- las que para mejor referencia del lector recojo enfrentadas en una única tabla con el objeto de intentar mostrar las diferencias de matiz mencionadas; lamentablemente, la limitada extensión de los extractos referidos a cartas débiles obliga a contrastar la dicción de la fuerte con escasas referencias a éstas. No obstante, entiendo que el ejercicio de contraste es útil:

 

Carta de Patrocinio Débil

(Sentencia del Tribunal Supremo  de fecha 13 de febrero de 2007 (RJ 2007/684)

Carta de Patrocinio Fuerte

(Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo 2009 (RJ 2009/1656)

  “En carta fechada el mismo día que los contratos citados, D. Benjamín hace patente su conocimiento sobre el contrato anterior, así como el interés personal y de su grupo empresarial (que ostenta la mayoría del capital) de que la operación se resuelva con toda normalidad, comprometiéndose a informar al banco en caso de que desapareciera tal situación de mayoría de capital (…)(descripción de la carta incluida en la Sentencia arriba mencionada)”(…) en cualquier caso, pondremos por nuestra parte todos los medios y medidas necesarias para que la operación tenga buen fin(transcripción literal de la carta)“(…) la carta otorgada, (…) en los párrafos antecedentes contiene una expresión, para el caso de que el firmante de la misma junto con el grupo de empresas que le pertenece contemple la posibilidad de desprenderse de la posición mayoritaria en la sociedad patrocinada, del siguiente tenor literal: «nos comprometemos a informarles y a estudiar con ustedes las medidas pertinentes para que dicha operación crediticia pudiera llegar a feliz término“. (Subrayado añadido) Muy señores nuestros: Estamos informados de que ustedes tienen la intención de conceder un crédito de 100.000.000 pesetas (equivalentes a 601.012,10 Euros) a la firma SIERRACORK, S.L., al plazo de un año. Tenemos una participación del 48% en la citada firma, y seguimos muy de cerca las actividades de la misma. Por la presente nos comprometemos a mantener nuestra participación como mínimo en la citada firma, no sólo hasta la fecha de vencimiento de la operación de financiación que el Banco le concede, sino hasta la total cancelación de las deudas que por cualquier concepto, se pudieran haber derivado como consecuencia de las operaciones crediticias otorgadas por su Entidad.No obstante lo anterior, si decidiéramos variar nuestra participación en la firma, nos comprometemos a comunicar al Banco, con carácter previo, dicha variación, a fin de que nos comuniquen su conformidad expresa. En el caso de que el Banco no preste dicha conformidad nos comprometemos a abonar la totalidad de las obligaciones de pago pendientes, a cargo de la firma SIERRACORK, S.L., previamente a variar nuestra participaciónLes confirmamos por la presente que haremos todos los esfuerzos necesarios para que la firma Sierracork S.L.. disponga en todo momento de medios financieros que le permitan hacer frente a sus compromisos alcanzados con ustedes, por los créditos que le concedan.

Caso de que nuestra entidad participada fuese por cualquier razón incapaz de hacer frente a sus obligaciones respecto a su Banco, en virtud de la obligación financiera detallada en el párrafo primero, nosotros prestaremos a la misma todos los recursos necesarios de tipo financiero, técnico o de otra clase, que le permitan cumplir satisfactoriamente sus compromisos, tanto en lo que se refiere a nominal, intereses, costas y todos los gastos que conllevasen la presente operación.

(Subrayado añadido)

 

Puede apreciarse en los ejemplos expuestos que las cartas de patrocinio son, sencillamente, cartas, que a pesar de seguir generalmente una determinada estructura no exigen formalidad alguna para su consideración como tales.

Por ello, su caracterización como fuertes o débiles no viene determinada por el sistema elegido para su envío (generalmente, correo ordinario, si bien es de entender que no existe obstáculo para su envío por cualquier otro medio), ni requiere formalidad alguna. Se trata por tanto de un envío ordinario, en el que aparecen las figuras de emisor y receptor de la carta, sin necesidad de intervención de fedatario o depósito de copias.

Por su propia naturaleza, inicialmente las cartas de patrocinio son emitidas por entidades a las que se reconoce en el mercado tal capacidad de patrocinio o de presentación de una tercera -por tamaño, reputación o renombre-  que generalmente estará incluida en el entorno empresarial de la patrocinadora como “hermana menor”.

En definitiva, la realidad es que a pesar de que el Tribunal Supremo ha acuñado unos criterios objetivos para la determinación del alcance de una carta de patrocinio, ello no resulta fácil en la práctica. No es ajena a esta dificultad la propia voluntad tanto de las entidades emisoras como de las receptoras, las cuales buscan respectivamente “garantizar” pero sin compromiso expreso y dejar la puerta abierta a una potencial reclamación de cumplimiento de garantía.

Esta en ocasiones voluntaria indeterminación crea quizá un ámbito de inseguridad jurídica, pero como contrapartida en la práctica logra coadyuvar a que las partes en una negociación acerquen sus posturas y con ello, a que éstas culminen en la firma de un acuerdo.

Se trata en suma de una figura de indudable utilidad práctica y de empleo cada vez más frecuente, lo que sin duda habrá de permitir que los emisores de las cartas de patrocinio adecuen su contenido a su verdadera voluntad y a la ponderación que realicen entre el beneficio que obtienen de su emisión y el riesgo de que sus manifestaciones constituyan una obligación contractual de garantía.

 

La CNMC no quiere molestar…ni sancionar

 

Hace unos días se hicieron públicos unos datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que mostraban que cuatro de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol o drogas antes de ponerse en la carretera. Son cifras tan graves que es normal que la sociedad reaccione y reclame de los poderes públicos una acción contundente frente a comportamientos en la carretera que, como la ingesta de alcohol y drogas, pueden poner en peligro la vida de otros conductores o peatones.

La Dirección General de Tráfico tiene así como misión velar por el cumplimiento de las normas de circulación con el objetivo último de garantizar la seguridad del tráfico automovilístico. Las multas que la Guardia Civil impone o las retiradas de carnet que se ordenan no son (no pueden ser) decisiones discrecionales, sino que constituyen uno de los medios para garantizar el respeto a dichas normas.

[Siento aburrir a los esclarecidos lectores de ¿Hay Derecho? con estas consideraciones, dignas de una clase de educación vial para adolescentes, pero hay que hacerlas para entender lo que se dirá a continuación.]

Si de repente el Director General de Tráfico o el Ministro del Interior empezaran a decir que hay que ser comprensivos con los que dan positivo en los controles de alcoholemia, que no hay que poner tantas multas, que las multas son en definitiva “el fracaso del sistema” y que la Guardia Civil “no está para poner sanciones”, pues en ese caso todos pensaríamos que esos responsables políticos han perdido completamente el juicio…

Pues resulta que esto es precisamente lo que se está diciendo (y lamentablemente llevando a la práctica) desde la institución que, teóricamente, debería garantizar el respeto a esas normas de circulación de los mercados que es el Derecho de la Competencia. Efectivamente, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se está transmitiendo la idea de que las sanciones son el fracaso del sistema de defensa de la competencia. El otro día el Presidente de la CNMC, Marín Quemada, decía textualmente ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados: “creo que la CNMC no está para poner sanciones…”.

Sí, queridos lectores de ¿Hay Derecho?, en el atribulado Estado de Derecho español a los fiscales que defienden a los acusados, a los órganos independientes de gobierno del Poder Judicial que dependen del Ministerio de Justicia, etc. hay ahora que añadir un nuevo animal monstruoso (en el sentido de contrario al orden de la naturaleza): el órgano sancionador que no quiere poner sanciones…

Y no se piense que estamos hablando sólo de retórica. No: los datos que tenemos hasta ahora muestran que, efectivamente, la CNMC se ha tomado muy en serio su tarea de dejar de poner multas. Hace unos días conocíamos por ejemplo, gracias a un artículo en El País, que la CNMC ha impuesto desde su creación 27,8 millones de euros en multas. Para hacernos una idea de la caída que supone esa cifra baste decir que, en el periodo de enero a septiembre de 2013, la CNC (el antecesor de la CNMC) impuso 203 millones de euros.

Eso por lo que se refiere al resultado de la actividad sancionadora en aplicación de la legislación de defensa de la competencia. Más grave es aun, si cabe, la espectacular caída en el número de incoaciones de nuevos expedientes desde que existe la CNMC. Si los cálculos no me fallan, la CNMC ha abierto siete expedientes nuevos desde que empezó a funcionar en octubre del año pasado. Esto supone un ritmo de apertura de expedientes de algo menos de uno al mes, lo que arrojará una actividad de unos 11 ó 12 expedientes al año. Para que nos sirva de término de comparación, la CNC abría en sus buenos tiempos unos 40 ó 50 expedientes cada año. Es decir, el ritmo de apertura de expedientes se habrá reducido a ¼ o a 1/5 en comparación con las cifras de hace apenas un año. ¡Tiene mérito…! Y eso que, según el Presidente de la CNMC, ahora el organismo “está ya a pleno rendimiento…”.

Siguiendo con el ejemplo de la Guardia Civil: no sólo es que hayan dejado de poner multas a los conductores imprudentes, es que han dejado sin más de patrullar las carreteras…!

También es verdad que, con esta nueva política de abstención en la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, el Presidente de la CNMC no hace sino cumplir con las instrucciones del Gobierno que, a través del Secretario de Estado de Economía, ya hace un año advertía a todo aquel que quisiera escucharle que no eran partidarios de muchas multas en temas de competencia “porque complican la salida de la crisis”.

En poco tiempo, el sistema español de defensa de la competencia habrá retrocedido 15 ó 20 años, a los viejos tiempos en los que el Tribunal de Defensa de la Competencia sólo multaba a autoescuelas y panaderías…

¿Quiénes pierden con todos estos cambios? Pues todos nosotros como consumidores, dado que son los consumidores, en definitiva, los beneficiarios últimos de las acciones en defensa de la competencia en los mercados.

Bueno, y en general, toda la economía, que ve así reducido su potencial de crecimiento en el momento de salida de la crisis.

Felicidades a los autores de la reforma.