Rusia, Ucrania, España y el gas

En las últimas semanas y cada vez con mayor intensidad la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia que comenzó con la práctica anexión de la península de Crimea por ésta última, ha resucitado en Europa los fantasmas de los cortes de suministro de gas que en los años 2006 y 2009 sufrieron gran parte de los países miembros de la UE.

A pesar de los mensajes tranquilizadores que nos llegan de los responsables de energía de la Comisión Europea, uno no puede dejar de cuestionarse la conveniencia de que Europa tenga una dependencia energética tan importante  de un país donde las reglas internacionales se interpretan de un modo tan sui generis y de un gasoducto que atraviesa otro país en plena tensión pre-bélica (el 47% del gas ruso dirigido a Europa pasa a través de Ucrania) y que podrían “cerrar el grifo” en cualquier momento y por cualquier razón, visto lo visto hasta ahora, sin que nadie ose plantarle cara.  La situación es especialmente peligrosa para algunos de nuestros socios europeos. Algunos ejemplos: Finlandia, Lituania y Eslovaquia dependen al 100% del gas ruso; Bulgaria y Hungria, al 90%. Pero es que también por este país circula el 37% del gas consumido en Alemania, el 16% del consumido en Francia o el 29% de Italia.

España se encuentra en un lugar privilegiado como observador de esta crisis. Aquí nos llega el gas de 11 mercados diferentes, a través de dos medios distintos: el gasoducto (54% del abastecimiento de gas,  procedente de Argelia y, en menor medida, del norte de Europa vía Francia) y los buques metaneros (46% del abastecimiento) que transportan gas natural licuado hasta las seis plantas regasificadoras que están situadas en distintos puntos de la costa española.

De este modo, nuestra principal diferencia con respecto a nuestros socios europeos reside en estar dotados de unas infraestructuras que permiten importar gas por vía marítima, mientras que Europa depende en un 86% del gas que entra por vía de los distintos gasoductos que la conectan, principalmente, el ruso. Porque ¿qué pasaría en el resto de Europa si Rusia llegara a cortar el suministro desde Ucrania ? Quedan alternativas, puesto que hay otros gasoductos como el North Stream (une Alemania con Rusia por mar y al frente está el ex – Canciller alemán G. Schroeder)  o el South Stream, éste último en construcción y que traerá gas a Europa por el Mar Negro a través de Turquía en 2015, principalmente.

Por el contrario, en caso de corte de suministro  de gas ruso, España no vería  afectado su suministro y, además, estaría preparada para recibir gas prácticamente de  cualquier lugar del mundo y distribuirlo hacia el resto de Europa a través de la red de gasoductos, siempre y cuando se mejoraran/terminaran las interconexiones, principalmente entre la Península Ibérica y Francia. Porque si de verdad queremos un mercado interior de gas, España, con una cartera bien diversificada de suministradores como la que tiene, podría instituirse en un hub óptimo para conectarles con Europa y crear así cierto contrapeso a la posición actual de Rusia.

El último Consejo Europeo ya incluyó entre sus conclusiones la necesidad de poner fin a cualquier posible aislamiento de los Estados Miembros de las redes de gas y electricidad, con el objetivo puesto en 2015, definiéndolo como prioritario. Dio además una fecha a la Comisión, junio de 2014, como límite para presentar un estudio en profundidad para la reducción de la dependencia energética europea, haciendo especial hincapié en el desarrollo de intrerconexiones incluyendo las de la Península Ibérica.

Las bases están pues sentadas. Ahora, lo que hace falta es voluntad política. De la CE en primer lugar; de Francia que sería la principal afectada e históricamente ha sido un país reticente a completar las interconexiones con nuestras redes de gas y electricidad; y, como no,  Alemania siempre. No olvidemos que este último país mantiene una relación fuerte con Rusia y se ha asegurado ya su suministro de gas, sin pasar por tierra de nadie, construyendo su propio gasoducto del Norte. Por último, no olvidar tampoco, está la propia Rusia, que debería ver esto más como una oportunidad de acceder a nuevos mercados que como un peligro.

Habrá pues que esperar a que nombren al nuevo Comisario de Energía europeo y a conocer los primeros pasos de la nueva Ministra Royal. Continuará.

Protección a la infancia: prioridad y unificación normativa

La palmaria realidad –tozuda por otro lado-, acerca de la atención a las necesidades de los menores y adolescentes, pone de relieve que los mecanismos para la satisfacción de sus necesidades básicas y garantía de sus derechos más elementales son insuficientes. La continua puesta en escena de mecanismos y medidas, de informes, anteproyectos, proyectos de ley, normas que refuercen la protección del menor en todas las circunstancias,  no hacen sino parchear sus derechos sin haber obtenido un marco regulatorio pleno que satisfaga  las necesidades de los menores de 18 años. A ellos, conforme art. 12 CE y art. 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN), van dirigidos de nuevo los anhelos del legislador, en colaboración con  los distintos agentes implicados en el bienestar infantil y en la conquista de un ambiente óptimo y seguro para el mejor desarrollo de sus capacidades. Lo que implica, no sólo un compromiso de cuidado y protección por los poderes públicos, instituciones públicas y privadas, y de los padres, tutores o responsables, sino también  garantizar a los menores “una formación-educación” adecuada, en los valores universales (a estos, los contenidos en la Declaración de Derechos Humanos y de la propia Convención, se refiere la CDN),  que por supuesto eduque en derechos y en una progresiva asunción de deberes y responsabilidades.
Pues bien, como parte de un ambicioso proyecto en el que participaron distintos ministerios afectados, Comunidades Autónomas, entidades locales y ONGs del tercer sector, se presentó el denominado Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (denominado PENIA II, aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013) y, en este contexto, el pasado viernes, 25 de abril, el Consejo de Ministros, tras informe de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dado luz verde a  los dos Anteproyectos de Ley Ordinaria de Protección a la Infancia y Ley Orgánica complementaria de la Ley de Protección a la Infancia.
Por lo que refiere al Anteproyecto de Ley Orgánica, y como señala en su Exposición de Motivos, esta tiene por objeto introducir los cambios jurídicos-procesales y sustantivos necesarios en aquellos ámbitos considerados como materia orgánica, al incidir en los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en los artículos 14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 24 de la Constitución (derecho a ser oído y escuchado, recabar información sobre el menor y su familia, aún sin el consentimiento de sus titulares, el ingreso de menores en centros de protección específicos para menores con trastornos de conducta, que deberan proporcionar un marco formativo adecuado, que individualmente permita ”la normalización de su conducta y el libre y armónico desarrollo de su personalidad”…). Se busca con ello la mejora de los citados instrumentos de protección, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, que sirva de marco a las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores.
Por lo que se refiere a la Ley ordinaria, esta reitera como objeto, introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. Marca como ejes de una reforma urgente, profunda, sistemática y completa -como se dijo en la propia rueda  de prensa dada por la Vicepresidenta del Gobierno y la Ministra de Sanidad-, que desde ahora se impulsa: (i) dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial –que será  obligatorio para los menores de tres años-, y que no necesitará de intervención judicial; y (ii) la agilización y flexibilización de dicho acogimiento y de la adopción, como pilares esenciales de la reforma. Será preceptiva la elaboración de un Plan Individual de atención una vez entre el menor en el sistema de protección de las administraciones que se revisará cada tres, seis o doce meses en función de la edad.  También contempla garantizar el derecho del adoptado a conocer sus orígenes,  a dotar de exhaustiva protección en situaciones de violencia de género o ante casos de abusos sexuales, a dinamizar y mejorar los procedimientos judiciales y a reforzar la prevención de los abusos.
Ambicioso proyecto que sin duda eleva a la categoria y principio rector el interés del menor, sus derechos y obligaciones, calificándolo como “derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento”en el conjunto del ordenamiento jurídico, cumpliendo así con las numerosas recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Sin duda, la normativa deberá cumplir también una función esencialmente preventiva, porque en menores la prevención del daño debe ser el eje central de la función tuitiva que debe cumplir el Estado como máxima. Así, se impide el acceso a profesiones que estén en contacto con menores, de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual o la explotación de menores, en la línea marcada por las recomendaciones del Consejo de Europa, o se impone al juez la obligación de adoptar medidas cautelares que afecten a los hijos de mujeres maltratadas. Además, cualquier funcionario público, o profesional que en el ejercicio de su profesión sea conocedor de abusos contra el menor tiene la oblicación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, so pena de ser acusado de un delito de omisión.
Dicho esto, resulta paradójico que en este contexto, y dado el riesgo producido en las situaciones mencionadas, no se hayan tomado medidas con anterioridad. Ciertamente, no hay causa que justifique el retraso a pesar del plan anterior PENIA I (2006-2009), y de modificaciones legislativas, la última tras la STC 131/2010, de 10 de diciembre. La intención de mejorar la situación de la infancia y la adolescencia, la promoción de sus derechos y su participación en medidas y procedimientos que les afecten, se ha mostrado insuficiente en su ejecución y, lo que es peor, ha sido desarrollado en su gestión de manera desigual según que comunidades, como así se ha puesto de manifiesto en ambos anteproyectos.
Una vez más, ojála que, junto a la decidida voluntad del gobierno y demás instituciones y organismos implicados, prime la urgencia manifestada y se alcance el consenso, y este reto unificador, que reforma entre otras la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la Ley de Protección de Familias Numerosas, además de modificar el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que busca integrar normativa dispersa sobre la materia,  se traduzca en una respuesta normativa de ámbito estatal –sin perjuicio de salvaguardar las competencias autonómicas en materia asistencial, por la inmeditatez y proximidad en la prestación del servicio-,  que refunda e integre las distintas normas para el logro de los objetivos, los derechos y la protección de la infancia. Conviene recordar que se ha partido en ambos textos de precedentes anteproyectos (año 2011), aunque ahora algo más ambiciosos, y que serán remitidos a los distintos órganos consultivos para informes, a continuación, para Dictamen al Consejo de Estado. Confiemos que no quede en una mera declaración de intenciones.
No quiero dejar de poner de relieve que este constituye un mecanismo repetitivo en los últimos tiempos, el afán del legislador de refundir e integrar distintas leyes especiales para garantizar, en este caso[1],  la defensa del interés superior del menor de manera uniforme en todo el territorio, sin que la organización territorial del Estado, la pluralidad política y legislativa sean un obstáculo para salvaguardar en pie de igualdad las prioridades del Plan y de las normas.  Si ambos textos parten del precedente de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que garantiza en primera instancia una protección uniforme en todo el territorio del Estado, y en los citados anteproyectos se reconoce que se han desarrollado por algunas comunidades algunas de las modificaciones que ahora se pretenden, la pretensión no puede quedar en eso. La urgencia que unifique una protección igual a los menores, también en su ejecución, no puede depender del arbitrio de unas comunidades u otras, de la mejor o peor gestión, o de una mayor o menor financiación  ¿A que esperar para asegurar la uniformidad en la protección de los menores que la Ley de Protección Jurídica del Menor –con una vigencia ya cercana a dos décadas-, ya no puede garantizar? Los cambios sociales, la mejora de los instrumentos jurídicos, nuestros menores, no pueden esperar.



[1] Parecido mecanismo, de refundición e integración, en Ley de ámbito estatal, se ha seguido en la Ley General de derechos de la personas con discapacidad y de su inclusión social. Al respecto, MUÑOZ GARCÍA, “Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”,  La Ley (on line), sección Tribuna, 9 de diciembre de 2013. Reeditado en la publicación impresa Diario La Ley, Nº 8221, de 2 enero 2014, pp. 1 a 4