Modernidad y Estado de Derecho vs. Secesión (Burr frente a Mas)

Aaron Burr (1.756-1.736), héroe militar de la revolución norteamericana y jurista descendiente de los fundadores de la Universidad de Princeton,  en la que se formó, ostentó la Vicepresidencia de los Estados Unidos de América entre los años 1.801 y 1.805, bajo el mandato del Presidente Thomas Jefferson. Personaje controvertido, a quien se suele recordar por su duelo con Alexander Hamilton, en el que éste perdió la vida.

 Sobre su figura se ha cernido largo tiempo una tenue sombra de malditismo que el escritor Gore Vidal neutraliza brillantemente en una espléndida novela histórica vindicativa de su figura, publicada en 1.973. En un pasaje del texto, VIDAL refiere un encuentro privado en Washington, con mesa y mantel, entre el sibilino Jefferson y su libérrimo Vicepresidente, en el que el primero inquiere directamente al segundo sobre cuál sea su franca opinión en torno a la naturaleza de la Constitución de los Estados Unidos. Burr responde a un contrariado Jefferson señalando como fundamental defecto constitucional “the so-called inherent rights of any state to dissolve its bonds with the union”. Y remachando: “– I merely point out that no constitution can be effective if each state thinks that it has the right to nullify any federal law it pleases. I also think that as long as each state believes it has the right to secede, eventually one or more states will secede and there will be no United States”.

El devenir del tiempo y la formación y consolidación de los estados liberales modernos acabó dando la razón a BURR. En Francia el contemporáneo NAPOLEÓN, con la promulgación de un Código Civil igual para todos los ciudadanos, eliminando privilegios y rémoras feudales, da un paso adelante en el camino de la unificación, ya transitado por Richelieu, Mazarino y Colbert. Y, por lo que respecta a países descentralizados, como los propios Estados Unidos, con Abraham Lincoln se va a llevar a cabo la transformación de la confederación en la federación desapareciendo el derecho a la secesión en favor de la consolidation. Y, tras la Segunda Guerra Mundial, en la República Federal Alemana el parágrafo 31 de la Ley Fundamental de Bonn proclama el principio Bundesrecht bricht Landesrecht – el derecho federal prevalece sobre el derecho de los estados.

En España desde hace tiempo ha sido defendida una tendencia de racionalidad, ilustración y progreso paralela a las apuntadas, bien en sentido unificador, tan legítimo como cualquier otro – recuérdese a los ilustrados de Cádiz y su artículo 258 de la Constitución de 1.812; o a los redactores del Proyecto de Código Civil de 1.851; bien en una razonable dirección descentralizadora, como la ensayada en la Constitución de 1.931 y, muy especialmente, la introducida por la vigente Constitución de 1.978, que ha permitido el reconocimiento y desarrollo de muy notables niveles de autogobierno y la protección de singularidades culturales y lingüísticas, especialmente en las denominadas nacionalidades históricas que integran la nación española.

A lo largo de este proceso evolutivo de la España moderna, frente a luces hubo guerras civiles, dictaduras y caciquismos en defensa del privilegio de clase o de parcela. Y hoy, en el siglo XXI, renacen y se recrudecen las sombras bajo el artefacto resultante de un Título VIII de la Carta Magna que, tras estimular una orteguiana redención de las provincias, en estas fechas se nos ha ido en gran medida de las manos. Como decía Ganivet, el ideal jurídico patrio es – sigue siendo – que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes: “este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana”. Y en eso Artur Mas, supongo que a su pesar, es genuinamente español.

Burr subrayaba a Jefferson la necesidad de acabar con un derecho a la secesión que existía en la Constitución de una Unión que había nacido, precisamente, de la secesión de las colonias respecto de la metrópoli británica y del posterior acuerdo (compact) de todas ellas en una confederación. Y Lincoln, a partir de la crisis política ocasionada por la rebelión de los estados del Sur, elimina el privilegio de secesión y consolida la unidad nacional en forma de federación. No repetiremos en idéntico sentido los hitos y nombres de la unificación alemana como el Zollverein o Bismarck – ni siquiera el Tratado de Reunificación de Helmut Kohl y Lothar de Maziere, ya en 1.990.

Aquí, sin embargo, transitaríamos el camino inverso – y pulsaríamos el botón de autodestrucción – de una España surgida como Estado moderno antes de la teoría de la soberanía de Jean Bodin – hacia su desarticulación con base en un derecho de secesión – llámese de autodeterminación o de decidir – que no existe en nuestra Constitución.

El tour de force soberanista que el President Mas patrocina desde la Generalitat y desde el Parlament de Cataluña es un error peligroso, además de una deslealtad a la democracia y al Estado de Derecho. Una consulta o referéndum per se no convalida un ataque demagógico al imperio de la ley, como prueban los plebiscitos convocados en dictaduras, de los que en España aún se guarda recuerdo. Se trata de un desafío populista basado en lo que Rodrigo Tena califica como atributo, es decir, no en un modelo o ejemplo universal que promete una vida buena y al que se aspira sino un rasgo que se posee de modo particular y que da derecho – preferente, debe entenderse – a esa vida buena. Y ese atributo es la nación que, a juicio de Mas y de otros, no puede ser parte integrante de un entramado español, que no comparte tan preciosa esencia. Un Estado español que se califica como opresor y ladrón – que roba – pero que, sin embargo, permite que Cataluña tenga, por ejemplo, un Gobierno, un Parlamento y un Código Civil propios, entre otras muchas prerrogativas; o que el País Vasco y Navarra sean fiscalmente independientes – lo que sorprendería a un alemán y no menos a un francés, ciudadanos ambos de democracias de mayor recorrido y prestigio que la nuestra.

Otras voces catalanas, en cambio, son conscientes de que nunca Cataluña progresó  tanto – e hizo progresar y modernizarse al resto de España – como en los años posteriores a 1.978 en que prevalecieron otra cultura y otra sensibilidad, de pacto, de aprecio por el que piensa diferente o tiene otro origen, de progreso cultural y económico, de seny. Suena mucho mejor, por ejemplo, la metáfora de Josep Termes del catalanismo entendido como un río que va tomando en su recorrido afluentes de variadas procedencias.

Frente a las consultas, hechos consumados y otros subterfugios fuera de la ley y al margen de la prudencia y la responsabilidad que deben caracterizar a un gobernante democrático y con los mejores deseos para un nuevo año que comienza, parece más inteligente y sensato reconducir posiciones de concordia amojonando el campo con dos hechos tozudos e insoslayables que pone de relieve Juan-José Lopez Burniol, a saber, (i) que Cataluña es una comunidad con conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y una voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante un autogobierno que lleve consigo la autorregulación de los propios intereses y el autocontrol suficiente de los propios recursos; y (ii) que Cataluña, como consecuencia de un proceso histórico multisecular e irreversible – no fatal ni ingobernable – está integrada histórica, política y jurídicamente dentro del España, en cuya estructura estatal, instituciones y centros de poder debe participar (el quehacer común español, compatible con el nacionalismo catalán, como afirmó Jordi Pujol en un discurso pronunciado en la Universidad de Salamanca en noviembre de 1.981).

Ignorar ambas certezas no llevaría sino a desastres. Que es a donde conduce esa secesión que nuestra Constitución, por mucho que se retuerza, no permite.

La prevención del blanqueo de capitales y el pánico de muchos profesionales

Hace escasos días se ha publicado en el BOE el nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 10/2.010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. En él, nuestra cada vez más amable Administración, siguiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, continúa en su línea de delegar sus facultades investigadoras de los más complejos delitos económicos en los profesionales que trabajamos día a día, con muchos menos medios que ella y a cara descubierta, en la frágil trinchera de nuestros despachos, amenazándonos a todos con las más terribles responsabilidades. Y, la verdad, es que la prevención del blanqueo constituye en la actualidad un importante problema para trabajar, ya que muchos profesionales y entidades financieras están siendo afectados por una verdadera psicosis, bastantes veces lindante con el pánico, hasta el punto de que está resultando complicado formalizar operaciones de cierta cuantía con ciudadanos y entidades extranjeras. Y ello en un mundo totalmente globalizado, especialmente en las zonas turísticas o costeras como en la que vive y trabaja quien esto escribe, está convirtiendo el trabajo de cada día en una auténtica pesadilla.
Hace pocos días tuve enormes problemas para que una importante entidad financiera española, que actuaba en representación de la Sareb -a la que se había cedido el crédito- aceptara el dinero para cancelar una hipoteca sobre una vivienda que se vendía al Consejero Delegado de una conocidísima multinacional, sólo por el hecho de que, aunque el importe procedía de un banco español, el comprador y su enorme empresa estaban domiciliados en Suiza. Y eso que basta poner su nombre en Google para conocer al dedillo su cargo y su actividad, con decenas de fotografías incluidas.
Para que no se malinterprete la intención de este post, quiero dejar bien claro que no voy a criticar aquí en absoluto la actual la normativa de prevención del blanqueo de capitales ni la necesidad de adoptar medidas para luchar contra la alta delincuencia económica. Como tantas otras normas recientes que no me gustan, y en las que aprecio una increíble imprecisión técnica y un cierto tufo oportunista e incluso demagógico, la acato y trato de cumplirla lo mejor posible dentro de mis limitadas posibilidades, como es mi obligación. Los notarios no tenemos la posibilidad -que sí parecen tener algunos otros profesionales jurídicos- de decidir que si una Ley no nos gusta, o nos parece inapropiada al caso concreto, no la aplicamos, y ello sin incurrir en responsabilidad alguna. Pero, aclarado todo lo anterior, voy a reflexionar de forma crítica sobre algunos aspectos concretos que, sin tener que ver directamente con la normativa de prevención del blanqueo, sí se derivan de la política que, en esta materia, están desarrollando los diferentes Gobiernos españoles de los últimos tiempos:
1) En primer lugar, me parece muy sospechosa la transformación de este tipo delictivo experimentada en los últimos años. De ser un delito casi marginal, creado para castigar exclusivamente el lavado de dinero procedente del narcotráfico o del terrorismo, se ha convertido en un delito omnipresente en toda la actividad financiera del país, casi en el eje sobre el que giran las preocupaciones y las obsesiones de todos los operadores jurídicos y económicos. Con todos los respetos, esto me parece ciertamente extraño y desproporcionado. De repente no pueden haberse convertido todos los inversores extranjeros, y también muchos españoles, en potenciales blanqueadores masivos de dinero. Es materialmente imposible. ¿No tienen ustedes la impresión de que, habiendo disminuido la recaudación tributaria de muchos Estados como consecuencia de la crisis económica, se está tratando de conseguir (por la vía penal!) un medio “recaudatorio” alternativo sobre los miles de millones de euros que circulan entre los diferentes Estados occidentales? Dejo en el aire la respuesta….
2) En segundo lugar, y estrechamente conectado con el anterior, y como ya comenté en otra entrada (“Los peligros de un uso ejemplarizante del Código Penal: la hiperexpansión de algunos tipos delictivos”) publicada en este mismo blog, sospecho que los Gobiernos nos están haciendo trampas en el solitario. Tengo la convicción personal, contrastada largamente con muchos otros profesionales del Derecho, de que se está utilizando la figura del blanqueo de capitales como una especie de “comodín” o de “delito trampa” para realizar intervenciones espectaculares y ejemplarizantes en algunos lugares concretos de España, especialmente en zonas turísticas y costeras para, al final, conseguir recaudar bajo presión importantes cantidades a ciudadanos extranjeros pudientes vía Impuesto sobre la Renta de No Residentes, IVA, Impuesto de Sociedades, etc, aunque no siempre esté demasiado claro que las tuvieran que pagar. Es decir, al modo de cierto “chantaje legal” o de macroinspección tributaria salvaje con la amenaza de cárcel desde el primer minuto a personas que notoriamente tienen dinero y están dispuestas a soltarlo para evitar problemas penales. Y no hablo a humo de pajas. La mayoría de casos anunciados a bombo y platillo hace unos años han acabado así. Y en las Sentencias definitivas, si las leen ustedes, no aparece el blanqueo prácticamente por ningún lado…. porque, sencillamente, no lo había.
3) En tercer lugar, la tremenda e interesada manipulación informativa de muchos casos, totalmente mediatizada por las Autoridades públicas de nuestro país, por la que está creando en muchos lugares de España una auténtica prevención contra los “ricos” a los que, por el mero hecho de serlo, estamos convirtiendo en presuntos delincuentes. Conozco a multitud de profesionales liberales y directores de oficinas bancarias que viven actualmente aterrorizados con este tema, y que no quieren recibir dinero ni atender clientes sólo por tener determinada nacionalidad, o porque sus adquisiciones sobrepasan determinadas cantidades que se consideran “normales” y pasan desapercibidas en su actividad ordinaria.  ¿Significa esto, con todos los respetos y en tono jocoso, que sólo podemos trabajar con “pobres”?, ¿o sólo con ciudadanos occidentales despreciando a todos los del Este, las Islas, el Caribe, Iberoamérica, Oriente Medio y demás zonas “malditas”?, ¿debemos rechazar como clientes a las personas que tienen o mueven mucho dinero, aunque nos demuestren que lo han ganado honradamente?  Pues parece que en España,  de forma creciente, esto es así…. Para que vean como está últimamente el patio sepan que, hace pocos días, una encantadora y cultísima ciudadana rusa, directora de un importante museo de Moscú para más señas, tuvo que comprar un apartamento en Mallorca de 200.000 euros a nombre de una hija suya porque ningún banco local quería abrirle una cuenta corriente ni recibir sus ahorros enviados desde Rusia. La razón: una funcionaria del Gobierno de un país considerado de riesgo que compra una vivienda en España es persona non grata para la banca española. La pobre señora no salía de su asombro pero todos los empleados de entidades bancarias españolas con los que contactó para enviar su dinero la rechazaron presas del pánico. ¿Les parece esto normal, amables lectores?
4) Y en último lugar, last but not least, quiero comentar el aspecto que me parece más indignante de todo este asunto, también conectado con todo lo anterior. No entiendo bien por qué, el delito de blanqueo de capitales parece ser en este país, en los últimos tiempos, y a efectos de su persecución, el más grave de todos, más incluso que los asesinatos terroristas. No pueden ustedes imaginarse el despliegue policial o mediático que se ha empleado, por ejemplo en Mallorca, para ir a registrar despachos de abogados, asesorías, oficinas bancarias o alguna notaría. Decenas de agentes con chalecos antibalas, cascos con visión nocturna y ametralladoras, corte de calles con furgones policiales blindados, prensa y televisión avisadas con anterioridad, detenciones espectaculares y apurando el límite temporal legal… Y todo ello en oficinas normales y corrientes donde sólo hay profesionales, sus pobres empleados, ordenadores y documentos. Nada más. Ni armas, ni dinero, ni personas peligrosas ni, al final, y en la inmensa mayoría de los casos, culpables. ¿A qué viene toda esta absurda parafernalia? ¿Quién ha diseñado en España el protocolo de actuación policial antiblanqueo? ¿Saben ustedes que, tras la última intervención de este tipo, realizada en un despacho de abogados de Palma de Mallorca que atendía a algunos clientes rusos, los investigadores pidieron a la notaría donde se había firmado la escritura de la inversión sospechosa una copia simple de la misma una semana después de la mediática intervención? ¿No hubiera sido más lógico pedirla y estudiarla bien antes? ¿A qué viene todo este espectáculo? ¿No podría evitarse el “show mediático” y hacerse los registros discretamente, como exige por cierto la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta determinar si existen o no culpables?  ¿Paga alguien luego por los numerosos errores cometidos y por los impresentables atentados al honor de muchos profesionales? Dejo también estas respuestas, una vez más, en sus manos, amables lectores del blog…. Sólo les pido para terminar que, como personas con criterio demostrado, juristas o no, se paren unos minutos a reflexionar sobre todo esto. Verán en qué clase de Estado policial, lamentablemente, nos estamos convirtiendo.