Caso Isabel Carrasco, ¿un crimen político del siglo XXI?

Vaya por delante que siempre me ha chocado la reticencia de mucha gente a calificar ciertos crímenes como “políticos”, como si ese apelativo tuviese alguna virtualidad terapéutica capaz de paliar el gravísimo reproche moral que todo crimen implica. Más bien sería todo lo contrario. El crimen político “clásico” del siglo XX español fue el asesinato cometido por ETA de algún servidor del orden público, militar, funcionario, político, persona influyente o de los que pasaban por ahí, incluidos unos cuantos niños, por razones absolutamente políticas, entre las que se incluían la destrucción del orden constitucional que los españoles nos habíamos otorgado democráticamente.

Al asesinato de una persona, con todo lo que ello supone, se unía de manera inseparable la voluntad de imponer por la fuerza una decisión política, al margen de cualquier procedimiento legal y democrático. Otra cosa, claro, es que en España no haya “presos políticos”, pues éste es un término reservado para los supuestos crímenes cometidos por la simple expresión de ideas políticas que, además, no inciten al odio ni a la violencia. Pero crímenes políticos ha habido unos cuantos, y bastante jaleados, sin duda.  Todavía recuerdo siendo niño como tras informar la televisión del asesinato de un policía, una persona en el bar en el que me encontraba apostilló en voz alta: “uno menos”, ante el general jolgorio de la concurrencia. Y no soy tan viejo. La normal consecuencia de todo ello es que ante un crimen político y sus expresiones de complicidad, la clase política democrática y los ciudadanos de bien se manifiesten públicamente, no sólo en solidaridad con la víctima y su familia, sino en defensa de la libertad y del orden democrático. Los que lo hicieron repetidamente, a veces con un coste personal muy alto, al menos pueden tener la satisfacción de haber triunfado.

Por eso mismo, este frio y duro asesinato de la Presidenta de la Diputación de León por otros miembros de su propio partido, con todos esos mensajes de twitter jaleando el crimen e insultando a nuestros políticos, y la reacción de estos manifestando públicamente su repulsa, guardando minutos de silencio y suspendiendo su actos de campaña, nos fuerza a reflexionar si no estaremos ante una nueva y muy sorprendente versión del crimen político en estos turbulentos inicios del siglo XXI.

El Gobierno nos dice que este caso no tiene nada que ver con la “tensión social” y que obedece a “rencillas personales” entre miembros del PP de León. Un caso tan alejado de la política como si alguien se carga al jefe de la fábrica por haberle despedido. No sería algo distinto, entonces, del asesinato de un político con ocasión de un robo a mano armada cometido por delincuentes comunes. Pero que en nuestro caso hay algo diferente lo demuestra precisamente las reacciones que este concreto crimen ha suscitado: las malas de odio y las buenas de solidaridad, contra y entre la clase política, respectivamente, no previsibles en esos otros escenarios. ¿Qué hay entonces aquí de particular?

Nos enteramos a través de las reseñas de prensa que, en su condición de Presidenta del PP en León y Presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco concentraba en su persona todo el poder político en la región. Y decir eso en España -como consecuencia de nuestro régimen partitocrático piramidal, de nuestro sistema clientelar y del derrumbe de los controles internos en las administraciones locales (tantas veces denunciados en nuestro blog)- es decir mucho, pero mucho. Isabel Carrasco ponía y quitaba, premiaba y castigaba, muchas veces con dinero público. Y eso no es noticia porque pasa exactamente en todas partes en nuestro país. A quién haya seguido la serie sobre Caja Segovia y las aventuras y desventuras de Atilano Soto y compañía poco hay que añadirle.

Conocemos ya muchos detalles del caso. Cómo la Sra. Carrasco acoge primero a Montserrat Triana Martínez –la hija cómplice- en la Diputación Provincial para ocupar una plaza de interina en un puesto técnico, con un buen salario, y cómo hace lo propio posteriormente en las listas del partido. Pero en un momento dado la hija cae en desgracia. No sabemos todavía la razón, quizás por negarse a firmar una decisión o informe técnico exigido por su valedora –como insinúa El País– o por otra causa. Pero el caso es que a partir de ahí la “persecución” es implacable: es expulsada de las listas -incluso cuando se produce una vacante en una concejalía que le correspondería por ser la siguiente en la lista ésta no se cubre- pierde su puesto laboral ante otra persona y, de la misma forma, cuando se produce una vacante en ese puesto nadie es llamado a cubrirla. Por último, se le reclama la devolución de ciertos ingresos indebidos.

Todos estos efectos podrían parecer normales si este fuese un país normal en donde los méritos objetivos tuviesen algún peso y en donde tanto jefes como subordinados fuesen responsables de sus errores. Pero sabemos que no lo es. Es decir, pese a que haya teóricos sistemas objetivos de selección, sabemos que los parientes de los políticos del PP obtienen la mayoría de las 40 plazas a auxiliar de la Diputación Provincial de León (como demuestra esta noticia que seguro que hace las delicias de Antonio Cabrales). Es decir, la asesina y su hija tenían la completa convicción de que las “desgracias” de la niña (olvidaron que también en su momento los premios) procedían de la libérrima voluntad de la Sra. Carrasco, de su “sirva mi voluntad como razón”. Y estaban en lo cierto (sin perjuicio de que eso no pueda justificar un asesinato, no hace falta ni decirlo), y también lo saben y están en lo cierto el resto de los españoles a los que tal cosa no le supone ningún descubrimiento (y de nuevo esa convicción no puede justificar esas malévolas expresiones de satisfacción ante tamaño crimen).

La cuestión, entonces, es si en el presente escenario en que estos fenómenos siguen produciéndose de manera generalizada, en el que el poder político al mando carece de cualquier límite efectivo, esta conducta mafiosa de las asesinas, con tiro en la nuca al más genuino estilo sicario-ajuste de cuentas, nos está anticipando un futuro de lucha cainita al margen de las reglas por el control de nuestros recursos públicos –quizás no tan sangriento como este crimen demuestra- pero muy poco agradable en cualquier caso, jaleado además cual espectáculo de circo romano. Porque no hay que olvidar que cuando el defectuoso funcionamiento de nuestro sistema político, y su triste ejemplo, incentiva la degeneración moral de la sociedad y se extiende la conciencia de que todo está corrupto y viciado y que cada uno debe buscarse la vida por su cuenta con total olvido de lo común, no somos los que criticamos públicamente su mal funcionamiento, pensando que el sistema todavía puede regenerarse, los contaminados por esa degradación, sino los que han perdido toda esperanza o, más bien, nunca han tenido ninguna, y solo acumulan odio por la política y los políticos.

Modernidad y Estado de Derecho vs. Secesión (Burr frente a Mas)

Aaron Burr (1.756-1.736), héroe militar de la revolución norteamericana y jurista descendiente de los fundadores de la Universidad de Princeton,  en la que se formó, ostentó la Vicepresidencia de los Estados Unidos de América entre los años 1.801 y 1.805, bajo el mandato del Presidente Thomas Jefferson. Personaje controvertido, a quien se suele recordar por su duelo con Alexander Hamilton, en el que éste perdió la vida.

 Sobre su figura se ha cernido largo tiempo una tenue sombra de malditismo que el escritor Gore Vidal neutraliza brillantemente en una espléndida novela histórica vindicativa de su figura, publicada en 1.973. En un pasaje del texto, VIDAL refiere un encuentro privado en Washington, con mesa y mantel, entre el sibilino Jefferson y su libérrimo Vicepresidente, en el que el primero inquiere directamente al segundo sobre cuál sea su franca opinión en torno a la naturaleza de la Constitución de los Estados Unidos. Burr responde a un contrariado Jefferson señalando como fundamental defecto constitucional “the so-called inherent rights of any state to dissolve its bonds with the union”. Y remachando: “– I merely point out that no constitution can be effective if each state thinks that it has the right to nullify any federal law it pleases. I also think that as long as each state believes it has the right to secede, eventually one or more states will secede and there will be no United States”.

El devenir del tiempo y la formación y consolidación de los estados liberales modernos acabó dando la razón a BURR. En Francia el contemporáneo NAPOLEÓN, con la promulgación de un Código Civil igual para todos los ciudadanos, eliminando privilegios y rémoras feudales, da un paso adelante en el camino de la unificación, ya transitado por Richelieu, Mazarino y Colbert. Y, por lo que respecta a países descentralizados, como los propios Estados Unidos, con Abraham Lincoln se va a llevar a cabo la transformación de la confederación en la federación desapareciendo el derecho a la secesión en favor de la consolidation. Y, tras la Segunda Guerra Mundial, en la República Federal Alemana el parágrafo 31 de la Ley Fundamental de Bonn proclama el principio Bundesrecht bricht Landesrecht – el derecho federal prevalece sobre el derecho de los estados.

En España desde hace tiempo ha sido defendida una tendencia de racionalidad, ilustración y progreso paralela a las apuntadas, bien en sentido unificador, tan legítimo como cualquier otro – recuérdese a los ilustrados de Cádiz y su artículo 258 de la Constitución de 1.812; o a los redactores del Proyecto de Código Civil de 1.851; bien en una razonable dirección descentralizadora, como la ensayada en la Constitución de 1.931 y, muy especialmente, la introducida por la vigente Constitución de 1.978, que ha permitido el reconocimiento y desarrollo de muy notables niveles de autogobierno y la protección de singularidades culturales y lingüísticas, especialmente en las denominadas nacionalidades históricas que integran la nación española.

A lo largo de este proceso evolutivo de la España moderna, frente a luces hubo guerras civiles, dictaduras y caciquismos en defensa del privilegio de clase o de parcela. Y hoy, en el siglo XXI, renacen y se recrudecen las sombras bajo el artefacto resultante de un Título VIII de la Carta Magna que, tras estimular una orteguiana redención de las provincias, en estas fechas se nos ha ido en gran medida de las manos. Como decía Ganivet, el ideal jurídico patrio es – sigue siendo – que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes: “este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana”. Y en eso Artur Mas, supongo que a su pesar, es genuinamente español.

Burr subrayaba a Jefferson la necesidad de acabar con un derecho a la secesión que existía en la Constitución de una Unión que había nacido, precisamente, de la secesión de las colonias respecto de la metrópoli británica y del posterior acuerdo (compact) de todas ellas en una confederación. Y Lincoln, a partir de la crisis política ocasionada por la rebelión de los estados del Sur, elimina el privilegio de secesión y consolida la unidad nacional en forma de federación. No repetiremos en idéntico sentido los hitos y nombres de la unificación alemana como el Zollverein o Bismarck – ni siquiera el Tratado de Reunificación de Helmut Kohl y Lothar de Maziere, ya en 1.990.

Aquí, sin embargo, transitaríamos el camino inverso – y pulsaríamos el botón de autodestrucción – de una España surgida como Estado moderno antes de la teoría de la soberanía de Jean Bodin – hacia su desarticulación con base en un derecho de secesión – llámese de autodeterminación o de decidir – que no existe en nuestra Constitución.

El tour de force soberanista que el President Mas patrocina desde la Generalitat y desde el Parlament de Cataluña es un error peligroso, además de una deslealtad a la democracia y al Estado de Derecho. Una consulta o referéndum per se no convalida un ataque demagógico al imperio de la ley, como prueban los plebiscitos convocados en dictaduras, de los que en España aún se guarda recuerdo. Se trata de un desafío populista basado en lo que Rodrigo Tena califica como atributo, es decir, no en un modelo o ejemplo universal que promete una vida buena y al que se aspira sino un rasgo que se posee de modo particular y que da derecho – preferente, debe entenderse – a esa vida buena. Y ese atributo es la nación que, a juicio de Mas y de otros, no puede ser parte integrante de un entramado español, que no comparte tan preciosa esencia. Un Estado español que se califica como opresor y ladrón – que roba – pero que, sin embargo, permite que Cataluña tenga, por ejemplo, un Gobierno, un Parlamento y un Código Civil propios, entre otras muchas prerrogativas; o que el País Vasco y Navarra sean fiscalmente independientes – lo que sorprendería a un alemán y no menos a un francés, ciudadanos ambos de democracias de mayor recorrido y prestigio que la nuestra.

Otras voces catalanas, en cambio, son conscientes de que nunca Cataluña progresó  tanto – e hizo progresar y modernizarse al resto de España – como en los años posteriores a 1.978 en que prevalecieron otra cultura y otra sensibilidad, de pacto, de aprecio por el que piensa diferente o tiene otro origen, de progreso cultural y económico, de seny. Suena mucho mejor, por ejemplo, la metáfora de Josep Termes del catalanismo entendido como un río que va tomando en su recorrido afluentes de variadas procedencias.

Frente a las consultas, hechos consumados y otros subterfugios fuera de la ley y al margen de la prudencia y la responsabilidad que deben caracterizar a un gobernante democrático y con los mejores deseos para un nuevo año que comienza, parece más inteligente y sensato reconducir posiciones de concordia amojonando el campo con dos hechos tozudos e insoslayables que pone de relieve Juan-José Lopez Burniol, a saber, (i) que Cataluña es una comunidad con conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y una voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante un autogobierno que lleve consigo la autorregulación de los propios intereses y el autocontrol suficiente de los propios recursos; y (ii) que Cataluña, como consecuencia de un proceso histórico multisecular e irreversible – no fatal ni ingobernable – está integrada histórica, política y jurídicamente dentro del España, en cuya estructura estatal, instituciones y centros de poder debe participar (el quehacer común español, compatible con el nacionalismo catalán, como afirmó Jordi Pujol en un discurso pronunciado en la Universidad de Salamanca en noviembre de 1.981).

Ignorar ambas certezas no llevaría sino a desastres. Que es a donde conduce esa secesión que nuestra Constitución, por mucho que se retuerza, no permite.