Algo que hacer el día de San Beda el Venerable. Sobre Europa y las instituciones europeas

 

 

 

(Proyección de escaños del Parlamento a 05/05/14. Fuente: Parlamento Europeo)

Confieso que nunca llevo encima numeral porque no me resulta de utilidad ya que casi nunca realizo transacciones económicas, por suerte para mí, pero he pedido a mi hijo que me preste unas monedas unos minutos y he visto que se llaman “Euros”. He ido entonces a una cajita donde guardo las monedas que me traía el “Ratoncito Pérez” que eran nada menos que duros de plata de Franco, de esos de 100 pesetas, que supongo valen bastante en el mercado numismático (“nomisma” era el nombre de moneda bizantina, por cierto, un Imperio que mantuvo una unidad monetaria idéntica en oro durante 7 siglos, algo que Carlomagno y sus hijos ni hubieran soñado) pero que facialmente vale menos que la moneda que me habían prestado (y ya he devuelto). Esta semana estuve reunido con europeos de tres nacionalidades y no hablamos de Europa ni un minuto, pero trabajamos juntos. Por cierto el Rey de España en el siglo XV era Emperador de los europeos de esas nacionalidades y cobraba impuestos a todos ellos. Dándole vueltas a la idea he pensado que tal vez, aunque “¿Hay Derecho?” es una bitácora de nivel, sería conveniente escribir unas breves reflexiones en el día de Europa (escribo esto un 9 de mayo) sobre las elecciones que se nos avecinan. Sobre todo porque los comentaristas, glosadores y postglosadores, como siempre digo, harán unas aportaciones estupendas, de verdadera altura.

Lo primero que me viene al caletre es que el 28 de julio de 2014, o sea, hace tan sólo un siglo y tras una larga “Paz Armada”, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial, bien llamada Gran Guerra, que conmovió los cimientos de toda la sociedad europea y no europea.  El 1 de septiembre de 1939 se inició sobre el mismo solar la Segunda Guerra Mundial y, en total y en números redondos – aunque sólo redondear me parece una falta de respeto a cada víctima individual, que merecen memoria exclusiva y honor perpetuo como la que de las víctimas del Holocausto se conserva en el YadVashemmás de cien millones de muertos, sin incluir los del denominado Periodo de Entreguerras, entre los que debemos contar todos los de la Revolución de 1917 y los de nuestra Guerra Civil. Un efecto similar al de la Peste Negra en términos demográficos con el resultado de que, además, Europa se partió en dos mitades o “bloques”, el Occidental o “capitalista” y el Oriental o “comunista” que comienzan a recuperar lentamente la conciencia de tener unas similares tradiciones y raíces.

A día de hoy, de nuevo sobre el mismo solar, estamos asistiendo a una situación prebélica en Ucrania, con la misma pasividad individual y responsabilidad colectiva con la que asistimos a la guerra de lo que fue Yugoeslavia o en Chechenia, Osetia o cualquier otro rincón de nuestro Continente, con su Escuela de Beslán incluida, que tampoco se debería olvidar, ni siquiera por nuevas atrocidades como la de Nigeria.

No obstante todo lo anterior, entre el 22 y el 25 de este mes, todos los mayores de edad de entre 500 millones de ciudadanos de la Unión estamos convocados a la elecciones al Parlamento Europeo, que nos parecen mucho menos interesantes por estos lares el 24 de mayo en la capital portuguesa. Las primeras encuestas publicadas  (el 9 de mayo, precisamente el desapercibido día de Europa)  indican que sólo el 16,9% de los españoles saben qué día pueden ir a votar y se espera una abstención histórica, aunque el 67,8% de los encuestados considera que el Parlamento Europeo es importante en la vida de la Unión y el 80,9% cree que sus decisiones afectan mucho o bastante a los españoles. El 64,4% de los encuestados dicen que piensan ir a votar. Ya veremos.

Un vistazo a la historia de las elecciones europeas nos lleva a la conclusión de que, sobre un total (desde este año, tras la adhesión de Croacia, el Parlamento Europeo está compuesto nada menos que por 750+1 miembros (art.14 del Tratado de la Unión Europea, de los que los Españoles elegimos tan sólo a 54, si bien, ya que no se trata de una “cámara de representación territorial”, lo que importa a la postre es la influencia que los mismos tengan en los órganos internos y su nivel de actividad en la cámara, en los despachos y en los pasillos.

La función de este número ingente de eurodiputados de nuestro 18º Parlamento es triple: control de la Comisión, aprobación del enorme presupuesto comunitario e intervención en el proceso co-legislativo, tras las reformas de los Tratados de Ámsterdam y Niza ahora incorporadas el vigente de la Unión.

Para ello el Parlamento Europeo, conforme a su Estatuto, se organiza en Pleno y Comisiones ( a saber: Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Desarrollo, Comercio Internacional, Presupuestos, Control Presupuestario, Asuntos Económicos y Monetarios, Empleo y Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Industria, Investigación y Energía, Mercado Interior y Protección del Consumidor, Transportes y Turismo, Desarrollo Regional, Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca, Cultura y Educación, Asuntos Jurídicos, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Constitucionales, Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y Peticiones ).

Los procedimientos legislativos recogidos en el art. 289 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento del Parlamento son los siguientes:

–        De consulta: Aprobación, rechazo o enmienda de una propuesta legislativa del Consejo o de la Comisión, que se emplea en un número limitado de asuntos, aunque uno de ellos son los Tratados Internacionales que la propia Unión suscribe.

–        De aprobación (antes llamado “de dictamen conforme”): Para la aceptación o veto de determinadas propuestas legislativas o no en ámbitos restringidos

–        De iniciativa: Aunque la iniciativa legislativa en la Unión corresponde ordinariamente a la Comisión, el Parlamento puede solicitar que la Comisión presente una propuesta concreta, usualmente en el marco de su Programa de Trabajo que es, además, revisado por el propio Parlamento.

–        Procedimientos especiales: relativos a moneda única, diálogo social, acuerdos voluntarios, codificación del Derecho comunitario, y revisión de actos delegados y disposiciones de ejecución de la Comisión.

Ya se pueden Uds. imaginar la importancia de la Secretaría General del Parlamento (¿saben Uds., sin mirarlo en Internet, quién es actualmente?) y de las distintas direcciones generales, más de 6.000 empleados y unos 1.800 millones de euros de gasto anual. Imagínense sólo lo que debe ser la oficina de interpretación de lenguas y los servicios de traducción. Sería más barato (y mejor) que aprendiésemos todos latín.

En fin, si quiere Ud. saber más, tiene documentación para leer durante más de un año sabático o incluso el resto de su vida, o bien se da una vuelta por la Web del propio Parlamento o se acérquese dando un paseíto Castellana 46 en Madrid o Paseo de Gracia 90 en Barcelona, a las oficinas d e la Delegación del “Europarlamento” en España, donde podrá Ud. sacar una preciosa foto a todas las banderas de nuestra Unión, la que gobierna la mayor parte del territorio y las gentes cuyos abuelos y tatarabuelos se mataban inmisericordemente.

Dicho cuanto antecede, uno tiende a creer que lo relevante es el juego de los Grupos Parlamentarios y de los partidos políticos europeos (Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa, Verdes, Alianza de Europeos Conservadores y Reformistas, Partido de la Izquierda Europea, Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia, Partido Demócrata Europeo, Alianza Libre Europea, alianza Europea por la Libertad, Alianza Europea de Movimientos Nacionales, Movimiento Político Cristiano Europeo y Demócratas de la Unión Europea), pero no votaremos a ninguno de ellos sino a los partidos y coaliciones de cada Estado Miembro que, curiosamente, no presentan programas comunes para el Parlamento, sino programas nacionales, al albur de los debates políticos de cada País.

Quienes creemos que estas superestructuras europeas son mastodónticas y poco operativas, que a la Unión le falta ante todo y más que nada simplicidad y que el Derecho europeo no puede ser de peor calidad jurídica (no diré técnico-jurídica, porque técnico es muchísimo pero claro, nada), más cercanos al denominado “euroescepticismo”, haríamos bien en pensar también que Europa (Εὐρώπη), además de una fenicia raptada por Zeus en forma de toro blanco (ya se sabe que las jóvenes en edad de merecer cuentan algunas extrañas mentiras a sus madres cuando vuelven de madrugada), una Historia y unos valores, es también o tal vez sobre todo un proceso que está “haciéndose”, in fieri, que diría ese europeo de apellido Hegel. Como me decían dos colegas de la Asociación Española de Derecho Europeo : “- Aceptamos que Europa no funciona bien, pero sería peor no tenerla”.

Y nuestro voto del 25 supone nuestro granito de arena en ese proceso para realizar una idea, la de que es posible que los mismos que es posible construir hogaño con nuestros más feroces enemigos de antaño.

Aunque sólo sea por la lista de Premios Andréi Sajárov, y aunque solo sea por Malala Yousafzai, creo que merece la pena ejercer la responsabilidad como ciudadano, que incluye según creo la abstención meditada y fundamentada, el voto nulo voluntario y el voto en blanco, en vez de quedarse en lo que de verdad se comenta por estos lares, que tiene que ver con Europa pero ocurre el día 24.

(P.S.: Con agradecimiento a Carmen Plaza y su equipo de documentalistas del CEYDE de la Universidad Politécnica de Madrid).

Los sueldos de los políticos

 
Como era de esperar, se ha levantado una pequeña polvareda a raíz de las recientes declaraciones realizadas por el Director General del CEPC en su comparecencia como experto ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con ocasión de la tramitación del Proyecto de ley sobre control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del Proyecto de ley regulador del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.Beningo Pendás defendió –entre otras medidas- la necesidad de elevar las retribuciones de los políticos con la finalidad de atraer “a los mejores” a la vida política, favorecer la apertura de la política a la sociedad, acotar el problema de las  “revolving door” o puertas giratorias entre política y empresas privadas y, en general, combatir la corrupción.
Es evidente que el momento actual puede no ser el más oportuno para debatir sobre lo relativamente altas o bajas que son las retribuciones de nuestros políticos en comparación con los de otros países o incluso en comparación con los CEOS de las empresas españolas, grandes, medianas y pequeñas. Esta última fue la comparación que utilizó el director del CEPC para concluir que los Ministros están peor pagados incluso que el directivo de una pyme. La falta de oportunidad se debe a que los ciudadanos españoles que trabajan en el sector privado han visto reducidas de forma muy significativa sus retribuciones salariales, los que tienen la suerte de conservarlas. El fenómeno de “devaluación interna” ha sido mucho menor en el sector público, aunque otra impresión subjetiva puedan tener los empleados públicos. Sin embargo los datos del INE (encuesta de estructura salarial) muestran que los empleados públicos cobran un 40% más de media que sus colegas en el sector privado, relación que se mantiene para todo tipo de trabajos excepto para puestos de gerencia y dirección que el sector privado paga mejor. Nada que los funcionarios no sepamos ¿cuantos auxiliares administrativos, por ejemplo, piden la excedencia para ir a trabajar al sector privado? Pues ninguno.
Pero además todos los españoles estamos soportando el incremento de la presión fiscal  para financiar no solo el Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo) sino un importante gasto público estructural que parece imposible de recortar y que es generado por unas estructuras claramente sobredimensionadas tanto a nivel local como autonómico o estatal. En este apartado y de forma muy relevante hay que incluir el llamado  “gasto político” asociado tanto al consumo directo de recursos públicos por parte de los partidos políticos como al “indirecto”, en la medida en que se han convertido en auténticas “agencias de colocación” en expresión del profesor Gómez Yáñez, dedicados a engrasan su base clientelar proporcionando trabajo a una miríada de afiliados, simpatizantes y familiares con cargo a nuestros impuestos.
Pues bien, este y no otro es el contexto en el que se pretende abrir el debate sobre los sueldos de los políticos, que no afecta solo a los cargos electos, que son los menos. Es fácil comprender que resulte difícil de asumir una propuesta de subida de sueldos cuando si algo tenemos claro los ciudadanos es que nuestros políticos y sus redes clientelares no han compartido los sacrificios económicos que hemos hecho el resto de los españoles estos años. No solo eso, es más que dudoso que la capacidad, la experiencia y la formación de muchos de nuestros cargos públicos sea la más adecuada para desempeñar las importantes funciones que tienen encomendadas, en especial en época de crisis. Los casos recientes de “arreglos” de algunos cvs de políticos destacados ponen de manifiesto hasta qué punto ellos mismos son conscientes de su insuficiencia.
Con esto no quiero decir que no sea conveniente abrir un debate sobre los sueldos de los políticos. Todo lo contrario. Pero no puede abordarse con seriedad sin hacer previamente un ejercicio de rigor. Lo primero es definir que son “sueldos de los políticos”.  Porque no se trata solo de hablar de Ministros o diputados nacionales que pueden estar peor remunerados que sus homólogos de otros países o que los CEOS de las empresas (lo que es dudoso en el caso de las pymes). Recordemos que existen también en España cargos públicos relativamente bien pagados, particularmente en los organismos reguladores. La justificación era precisamente que había que atraer a estos organismos “a los mejores” (expertos independientes de fama internacional) pero al final muchos han sido ocupados por políticos.
Podemos hablar también de los sueldos de alcaldes y concejales de pueblos pequeños –que ya no se pagan en aquellos países donde se ha procedido a fusionar municipios- o de los Presidentes de las Diputaciones provinciales, con la posibilidad además de acumular varios sueldos,  o de los Senadores o de la miríada de directivos de entidades públicas de todo tipo que cobran más que el Presidente del Gobierno sin que sepa muy bien a qué se dedican exactamente.En la mayoría de los casos no es nada evidente que estas personas pudieran alcanzar un sueldo parecido en el sector privado a la vista de su formación y experiencia profesional. Al contrario, muchos tendrían muy difícil recolocarse fuera de la política no ya con retribuciones similares sino muy inferiores. No es casualidad que el Gobierno haya fracasado en su intento de limitar las retribuciones en el ámbito local o de poner orden en las entidades públicas.
Por tanto, antes de iniciar este debate hay que realizar un ejercicio de transparencia para responder algunas cuestiones importantes. La primera sería¿Cuál es el número de políticos que podemos razonablemente permitirnos? Puede ser una buena idea tener menos políticos pero de más nivel y mejor pagados. Habría que empezar por calcular su número, lo que no es tarea fácil. El profesor Andrés Ortega en su reciente libro “Recomponer la democracia” considera que tenemos unos 125.000 frente a los 29.000 por ejemplo del Reino Unido.
Una vez establecido el número, la segunda cuestión sería delimitar el concepto de “retribuciones”.De nuevo la transparencia brilla por su ausencia, dado que los boletines oficiales solo suelen recoger, en el mejor de los casos, una parte de las retribuciones salariales de los cargos públicos y no de todos ni muchísimo menos. Normalmente la publicidad se limita al sueldo base y a una serie de complementos establecidos legalmente. Pero a estas remuneraciones, además de las variables, hay que mencionar una serie de“ventajas”con un claro componente retributivo de las que gozan muchos cargos(indemnizaciones por cese, dietas por alojamiento, pensiones, beneficios fiscales, compatibilidades, etc, etc) por no referirnos a gastos de protocolo o los famosos coches oficiales. Incluso se podría hablar de “retribuciones diferidas” que son las que esperan a muchos políticos vía “puertas giratorias” en empresas o asociaciones dependientes del favor público, y que en la práctica suponen convertir el más que probable conflicto de intereses en una salida profesional muy bien remunerada.
La tercera cuestión a abordar sería la de quien decide sobre el sueldo de los políticos. Más allá de los formalismos, la respuesta ahora mismo es obvia: ellos mismos.El problema en España es que este sujeto, gracias a la descentralización política, es muy amplio lo que ha propiciado una disparidad de sueldos públicos enorme a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que sea fácil encontrar un criterio que permita relacionar las retribuciones con las funciones o responsabilidades. Y no digamos ya con la preparación o la capacidad. Como hemos visto, cualquier intento de introducir una mínima racionalización tropieza con la feroz resistencia que oponen los posibles afectados.
Pero la última pregunta es quizá la más relevante ¿Sería útil de verdad una subida de sueldos públicos para atraer “a los mejores” a la política? Pues sinceramente, creo que sin otras reformas imprescindibles muy poco. Sin democracia interna en los partidos y sin depuración de los constantes casos de corrupción que les afectan considero improbable que personas con trayectorias profesionales –y vitales- sólidas den el paso a la política por muy buen sueldo que se les ofrezca y por mucha voluntad de servicio público que tengan. Y es que en política, como en la vida, el dinero no lo es todo.