Los sueldos de los políticos

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Como era de esperar, se ha levantado una pequeña polvareda a raíz de las recientes declaraciones realizadas por el Director General del CEPC en su comparecencia como experto ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con ocasión de la tramitación del Proyecto de ley sobre control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del Proyecto de ley regulador del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.Beningo Pendás defendió –entre otras medidas- la necesidad de elevar las retribuciones de los políticos con la finalidad de atraer “a los mejores” a la vida política, favorecer la apertura de la política a la sociedad, acotar el problema de las  “revolving door” o puertas giratorias entre política y empresas privadas y, en general, combatir la corrupción.
Es evidente que el momento actual puede no ser el más oportuno para debatir sobre lo relativamente altas o bajas que son las retribuciones de nuestros políticos en comparación con los de otros países o incluso en comparación con los CEOS de las empresas españolas, grandes, medianas y pequeñas. Esta última fue la comparación que utilizó el director del CEPC para concluir que los Ministros están peor pagados incluso que el directivo de una pyme. La falta de oportunidad se debe a que los ciudadanos españoles que trabajan en el sector privado han visto reducidas de forma muy significativa sus retribuciones salariales, los que tienen la suerte de conservarlas. El fenómeno de “devaluación interna” ha sido mucho menor en el sector público, aunque otra impresión subjetiva puedan tener los empleados públicos. Sin embargo los datos del INE (encuesta de estructura salarial) muestran que los empleados públicos cobran un 40% más de media que sus colegas en el sector privado, relación que se mantiene para todo tipo de trabajos excepto para puestos de gerencia y dirección que el sector privado paga mejor. Nada que los funcionarios no sepamos ¿cuantos auxiliares administrativos, por ejemplo, piden la excedencia para ir a trabajar al sector privado? Pues ninguno.
Pero además todos los españoles estamos soportando el incremento de la presión fiscal  para financiar no solo el Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo) sino un importante gasto público estructural que parece imposible de recortar y que es generado por unas estructuras claramente sobredimensionadas tanto a nivel local como autonómico o estatal. En este apartado y de forma muy relevante hay que incluir el llamado  “gasto político” asociado tanto al consumo directo de recursos públicos por parte de los partidos políticos como al “indirecto”, en la medida en que se han convertido en auténticas “agencias de colocación” en expresión del profesor Gómez Yáñez, dedicados a engrasan su base clientelar proporcionando trabajo a una miríada de afiliados, simpatizantes y familiares con cargo a nuestros impuestos.
Pues bien, este y no otro es el contexto en el que se pretende abrir el debate sobre los sueldos de los políticos, que no afecta solo a los cargos electos, que son los menos. Es fácil comprender que resulte difícil de asumir una propuesta de subida de sueldos cuando si algo tenemos claro los ciudadanos es que nuestros políticos y sus redes clientelares no han compartido los sacrificios económicos que hemos hecho el resto de los españoles estos años. No solo eso, es más que dudoso que la capacidad, la experiencia y la formación de muchos de nuestros cargos públicos sea la más adecuada para desempeñar las importantes funciones que tienen encomendadas, en especial en época de crisis. Los casos recientes de “arreglos” de algunos cvs de políticos destacados ponen de manifiesto hasta qué punto ellos mismos son conscientes de su insuficiencia.
Con esto no quiero decir que no sea conveniente abrir un debate sobre los sueldos de los políticos. Todo lo contrario. Pero no puede abordarse con seriedad sin hacer previamente un ejercicio de rigor. Lo primero es definir que son “sueldos de los políticos”.  Porque no se trata solo de hablar de Ministros o diputados nacionales que pueden estar peor remunerados que sus homólogos de otros países o que los CEOS de las empresas (lo que es dudoso en el caso de las pymes). Recordemos que existen también en España cargos públicos relativamente bien pagados, particularmente en los organismos reguladores. La justificación era precisamente que había que atraer a estos organismos “a los mejores” (expertos independientes de fama internacional) pero al final muchos han sido ocupados por políticos.
Podemos hablar también de los sueldos de alcaldes y concejales de pueblos pequeños –que ya no se pagan en aquellos países donde se ha procedido a fusionar municipios- o de los Presidentes de las Diputaciones provinciales, con la posibilidad además de acumular varios sueldos,  o de los Senadores o de la miríada de directivos de entidades públicas de todo tipo que cobran más que el Presidente del Gobierno sin que sepa muy bien a qué se dedican exactamente.En la mayoría de los casos no es nada evidente que estas personas pudieran alcanzar un sueldo parecido en el sector privado a la vista de su formación y experiencia profesional. Al contrario, muchos tendrían muy difícil recolocarse fuera de la política no ya con retribuciones similares sino muy inferiores. No es casualidad que el Gobierno haya fracasado en su intento de limitar las retribuciones en el ámbito local o de poner orden en las entidades públicas.
Por tanto, antes de iniciar este debate hay que realizar un ejercicio de transparencia para responder algunas cuestiones importantes. La primera sería¿Cuál es el número de políticos que podemos razonablemente permitirnos? Puede ser una buena idea tener menos políticos pero de más nivel y mejor pagados. Habría que empezar por calcular su número, lo que no es tarea fácil. El profesor Andrés Ortega en su reciente libro “Recomponer la democracia” considera que tenemos unos 125.000 frente a los 29.000 por ejemplo del Reino Unido.
Una vez establecido el número, la segunda cuestión sería delimitar el concepto de “retribuciones”.De nuevo la transparencia brilla por su ausencia, dado que los boletines oficiales solo suelen recoger, en el mejor de los casos, una parte de las retribuciones salariales de los cargos públicos y no de todos ni muchísimo menos. Normalmente la publicidad se limita al sueldo base y a una serie de complementos establecidos legalmente. Pero a estas remuneraciones, además de las variables, hay que mencionar una serie de“ventajas”con un claro componente retributivo de las que gozan muchos cargos(indemnizaciones por cese, dietas por alojamiento, pensiones, beneficios fiscales, compatibilidades, etc, etc) por no referirnos a gastos de protocolo o los famosos coches oficiales. Incluso se podría hablar de “retribuciones diferidas” que son las que esperan a muchos políticos vía “puertas giratorias” en empresas o asociaciones dependientes del favor público, y que en la práctica suponen convertir el más que probable conflicto de intereses en una salida profesional muy bien remunerada.
La tercera cuestión a abordar sería la de quien decide sobre el sueldo de los políticos. Más allá de los formalismos, la respuesta ahora mismo es obvia: ellos mismos.El problema en España es que este sujeto, gracias a la descentralización política, es muy amplio lo que ha propiciado una disparidad de sueldos públicos enorme a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que sea fácil encontrar un criterio que permita relacionar las retribuciones con las funciones o responsabilidades. Y no digamos ya con la preparación o la capacidad. Como hemos visto, cualquier intento de introducir una mínima racionalización tropieza con la feroz resistencia que oponen los posibles afectados.
Pero la última pregunta es quizá la más relevante ¿Sería útil de verdad una subida de sueldos públicos para atraer “a los mejores” a la política? Pues sinceramente, creo que sin otras reformas imprescindibles muy poco. Sin democracia interna en los partidos y sin depuración de los constantes casos de corrupción que les afectan considero improbable que personas con trayectorias profesionales –y vitales- sólidas den el paso a la política por muy buen sueldo que se les ofrezca y por mucha voluntad de servicio público que tengan. Y es que en política, como en la vida, el dinero no lo es todo.