La CNMC no quiere molestar…ni sancionar

 
Hace unos días se hicieron públicos unos datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que mostraban que cuatro de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol o drogas antes de ponerse en la carretera. Son cifras tan graves que es normal que la sociedad reaccione y reclame de los poderes públicos una acción contundente frente a comportamientos en la carretera que, como la ingesta de alcohol y drogas, pueden poner en peligro la vida de otros conductores o peatones.
La Dirección General de Tráfico tiene así como misión velar por el cumplimiento de las normas de circulación con el objetivo último de garantizar la seguridad del tráfico automovilístico. Las multas que la Guardia Civil impone o las retiradas de carnet que se ordenan no son (no pueden ser) decisiones discrecionales, sino que constituyen uno de los medios para garantizar el respeto a dichas normas.
[Siento aburrir a los esclarecidos lectores de ¿Hay Derecho? con estas consideraciones, dignas de una clase de educación vial para adolescentes, pero hay que hacerlas para entender lo que se dirá a continuación.]
Si de repente el Director General de Tráfico o el Ministro del Interior empezaran a decir que hay que ser comprensivos con los que dan positivo en los controles de alcoholemia, que no hay que poner tantas multas, que las multas son en definitiva “el fracaso del sistema” y que la Guardia Civil “no está para poner sanciones”, pues en ese caso todos pensaríamos que esos responsables políticos han perdido completamente el juicio…
Pues resulta que esto es precisamente lo que se está diciendo (y lamentablemente llevando a la práctica) desde la institución que, teóricamente, debería garantizar el respeto a esas normas de circulación de los mercados que es el Derecho de la Competencia. Efectivamente, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se está transmitiendo la idea de que las sanciones son el fracaso del sistema de defensa de la competencia. El otro día el Presidente de la CNMC, Marín Quemada, decía textualmente ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados: “creo que la CNMC no está para poner sanciones…”.
Sí, queridos lectores de ¿Hay Derecho?, en el atribulado Estado de Derecho español a los fiscales que defienden a los acusados, a los órganos independientes de gobierno del Poder Judicial que dependen del Ministerio de Justicia, etc. hay ahora que añadir un nuevo animal monstruoso (en el sentido de contrario al orden de la naturaleza): el órgano sancionador que no quiere poner sanciones…
Y no se piense que estamos hablando sólo de retórica. No: los datos que tenemos hasta ahora muestran que, efectivamente, la CNMC se ha tomado muy en serio su tarea de dejar de poner multas. Hace unos días conocíamos por ejemplo, gracias a un artículo en El País, que la CNMC ha impuesto desde su creación 27,8 millones de euros en multas. Para hacernos una idea de la caída que supone esa cifra baste decir que, en el periodo de enero a septiembre de 2013, la CNC (el antecesor de la CNMC) impuso 203 millones de euros.
Eso por lo que se refiere al resultado de la actividad sancionadora en aplicación de la legislación de defensa de la competencia. Más grave es aun, si cabe, la espectacular caída en el número de incoaciones de nuevos expedientes desde que existe la CNMC. Si los cálculos no me fallan, la CNMC ha abierto siete expedientes nuevos desde que empezó a funcionar en octubre del año pasado. Esto supone un ritmo de apertura de expedientes de algo menos de uno al mes, lo que arrojará una actividad de unos 11 ó 12 expedientes al año. Para que nos sirva de término de comparación, la CNC abría en sus buenos tiempos unos 40 ó 50 expedientes cada año. Es decir, el ritmo de apertura de expedientes se habrá reducido a ¼ o a 1/5 en comparación con las cifras de hace apenas un año. ¡Tiene mérito…! Y eso que, según el Presidente de la CNMC, ahora el organismo “está ya a pleno rendimiento…”.
Siguiendo con el ejemplo de la Guardia Civil: no sólo es que hayan dejado de poner multas a los conductores imprudentes, es que han dejado sin más de patrullar las carreteras…!
También es verdad que, con esta nueva política de abstención en la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, el Presidente de la CNMC no hace sino cumplir con las instrucciones del Gobierno que, a través del Secretario de Estado de Economía, ya hace un año advertía a todo aquel que quisiera escucharle que no eran partidarios de muchas multas en temas de competencia “porque complican la salida de la crisis”.
En poco tiempo, el sistema español de defensa de la competencia habrá retrocedido 15 ó 20 años, a los viejos tiempos en los que el Tribunal de Defensa de la Competencia sólo multaba a autoescuelas y panaderías…
¿Quiénes pierden con todos estos cambios? Pues todos nosotros como consumidores, dado que son los consumidores, en definitiva, los beneficiarios últimos de las acciones en defensa de la competencia en los mercados.
Bueno, y en general, toda la economía, que ve así reducido su potencial de crecimiento en el momento de salida de la crisis.
Felicidades a los autores de la reforma.