RTVE necesita una salida: o por las buenas o por las malas

 

En las últimas semanas, la aparición en diferentes medios de comunicación sobre la penosa situación económica del ente público RTVE (acumula una deuda de 800 millones de euros y está al borde entrar en causa de disolución), ha vuelto a reavivar el debate sobre el modelo de televisión pública que deberíamos tener en nuestro país.

Es un debate recurrente que se produce cada vez que surge alguna noticia relevante sobre la cadena pública o por extensión sobre algunas de las televisiones autonómicas existentes (en este mismo blog comentamos hace unos meses por ejemplo el cierre de Canal 9). El problema es que el debate sobre el futuro de RTVE hasta ahora no ha llegado a ningún puerto y es que hasta la fecha, ni PP ni PSOE han mostrado mucho interés en dar una vuelta de tuerca a la cadena pública.

El actual presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique, achaca buena parte de los problemas a la falta de estabilidad de los ingresos del ente público. RTVE desde 2009 se financia a través de impuestos o tasas a las cadenas privadas de televisión y a los operadores de telecomunicaciones (se supone que para compensar los ingresos que se dejaban de ganar al desaparecer la publicidad), junto con las aportaciones que realiza el Estado al ente público. González-Echenique reclama un modelo de financiación más estable, ya que la continuidad de la tasa a los operadores de telecomunicaciones está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las aportaciones del Estado se están reduciendo cada año en esta época de crisis (lógicamente).

De acuerdo en que el actual sistema de financiación no es el ideal (tampoco creo que la vuelta a la publicidad sea la solución), pero echo en falta una reflexión similar con los gastos de la corporación, que en mi opinión tampoco son muy estables. Solo hay que leer el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Corporación RTVE y sus sociedades, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 1/1/2010 y el 31/12/2011 (publicado el 30 de enero de 2014). Encontramos de todo: irregularidades en retribuciones a directivos, gastos y contrataciones no justificadas en las corresponsalías del ente, ausencia total de control en contratos con productoras externas y en acuerdos con entidades de gestión de derechos, etc, etc. Aunque desde el PP nos dicen que todas estas cuestiones están solucionadas con la nueva gestión del ente realizada en la era “post Zapatero”, la realidad es que TVE cerró 2013 con un déficit de 113 millones y no creo que toda la culpa sea del famoso sistema de financiación actual.

La teoría dice que una televisión pública tiene razón de ser si se garantiza su independencia, pluralidad, calidad y por lo tanto desempeña adecuadamente su función de servicio público (a través de unos informativos rigurosos por ejemplo), apostando por la innovación y asegurando que todos los colectivos se encuentren bien representados dentro de la parrilla de contenidos. Este modelo de televisión pública no debería medirse por el share (o cuota de audiencia).

Lo que tenemos ahora no se parece en nada a la teoría y en mi opinión la razón principal es que los intereses políticos han primado sobre los intereses públicos. De todo lo que tendría que tener una televisión pública, el único aspecto en el que en mi opinión RTVE cumple con nota es el de la innovación (con bastantes iniciativas como lab RTVE, la aplicación para compartir y comentar las emisiones en tiempo real +TVE, etc), en el resto pincha por culpa de su politización y mala gestión (salvo alguna honrosa excepción).

Ahora parece que la solución que baraja el Gobierno es inyectar más de 100 millones de euros (a modo de rescate, palabra prohibida en nuestro diccionario) a cambio de “ajustes” (palabra mágica). Pero yo creo que llegados a este punto, no nos podemos conformar solo con ajustes en RTVE, sino que lo que toca ya de una vez es la reforma completa del ente público, una auténtica catarsis, que puede conseguirse por las buenas o por las malas.

Por las buenas, sería alcanzando un amplio acuerdo político (entre el mayor número posible de grupos con representación parlamentaria) para diseñar, articular y poner en marcha todos los cambios necesarios para transformar de verdad el ente público, tocando todos los palos: modelo de financiación, nombramiento del consejo de administración, ajuste de la estructura de costes del ente, mecanismos de control para las producciones propias y contratos que se firmen, etc.

La contención de los gastos y el control sobre los mismos es una asignatura pendiente en RTVE. Es el momento de ajustar su estructura y su parrilla televisiva, incluyendo una revisión de los canales actuales y el adiós a las costosas competiciones deportivas y cine de estreno de Hollywood.

Y es que por ejemplo RTVE (con su lastre de los 800 millones) se acaba de hacer con los derechos de los partidos oficiales de la selección española de fútbol para los encuentros clasificatorios para la Eurocopa de Francia de 2016 y para el Mundial de Rusia de 2018. La oferta de TVE se ha impuesto a la de Atresmedia y Mediaset, que también habían pujado para emitir en abierto los partidos de la selección. Aunque desde RTVE no han hecho públicas las cifras de este acuerdo (ole a la transparencia una vez más), el montante total parece que rondaría los 35 millones de euros por 20 partidos, así que cada partido nos saldría por 1,75 millones. Admito que soy el primero que disfruta viendo en televisión (en abierto) jugar a la selección española, pero al menos en mi caso yo disfruto igual viéndola en Telecinco, Cuatro, A3 o la Sexta, porque ver los partidos en TVE no me da un punto de motivación o ilusión extra la verdad. Y es que el coste de la retransmisión de eventos deportivos de primer nivel no se ciñe exclusivamente a la adquisición de los correspondientes derechos. Basta ver el séquito que RTVE va a desplazar a la final de la Champions League y eso que la señal del evento la proporciona la UEFA: 97 profesionales (150 si añadimos al personal externo / subcontratado del ente) se desplazarán a Lisboa: 17 de RNE y 80 de TVE, entre los que se incluyen una veintena de directivos… Contrasta esta cifra con los 5 profesionales de informativos que el ente público desplazó a Sochi para la retransmisión de los juegos olímpicos de invierno…

Las primeras medidas que necesitarían adoptarse son el establecimiento del modelo de financiación y el cambio del Consejo de Administración de RTVE. Actualmente, el Consejo está formado por cinco consejeros nombrados por el PP, uno por CiU, uno por PSOE, uno por IU y uno por ERC. El Consejo del ente púbico se conforma siguiendo el método tradicional del “reparto”, todo un clásico ya sea en cajas, órganos judiciales, tribunal de cuentas, etc, etc. Una televisión pública independiente necesita un Consejo de Administración compuesto por profesionales con experiencia contrastada en el sector y que no sean elegidos a través del reparto de puestos entre partidos políticos.

Si esta reforma no es posible, el plan B (o solución por las malas) sería echar el cierre definitivo o la solución griega (obligada por los hombres de negro): cierre y posterior reapertura en unas condiciones bien diferentes a las originales (un tercio de la plantilla, para empezar). Esta solución (el cierre definitivo o la alternativa griega) tendría efectos más inmediatos y es más fácil de poner en práctica, pero sería bastante más traumática y tendría un coste político mayor, solo hay que ver el proceso que nuestros vecinos griegos han atravesado.

Elijan ustedes la salida, pero creo que un rescate del Gobierno a RTVE a cambio de más ajustes no es la solución, nos merecemos más.

 

 

 

 

 

Las llamadas “cartas de patrocinio”: entre el derecho y la moral

Las cartas de patrocinio, también llamadas con su terminología anglosajona original comfort letters, letter of responsibility, letter of patronage, letter of support, letter of intention o, en español, “cartas de apoyo” o “cartas de conformidad”, constituyen una figura reciente en nuestro panorama jurídico, a pesar de lo cual son habituales en el tráfico ordinario.
Su origen se encuentra en el ámbito del Derecho Bancario y Financiero, ámbito del que se extienden más tarde a operaciones inmobiliarias, generalmente en aquellos casos en los que interviene una filial poco capitalizada que forma parte de un grupo (en muchas ocasiones, sociedades vehículo).
Estas cartas están generalmente destinadas a manifestar confianza en la capacidad de gestión de los administradores de una sociedad que aspira a obtener un crédito de una entidad financiera, o en la viabilidad del proyecto que esta sociedad acomete. Se pretende con ello dar seguridad a la acreditante sobre la solvencia de la sociedad patrocinada por su pertenencia a un grupo o, simplemente, asegurar al destinatario de la carta que la sociedad obligada seguirá perteneciendo a éste. Por ello, en general las cartas de patrocinio incluyen simples manifestaciones de hechos por parte de sus emisores, quienes habitualmente:
(i)              Declaran conocer el crédito que se ha concedido a su filial;
(ii)            Reconocen que la concesión de tal crédito trae causa de la emisión de la carta o del vínculo societario entre patrocinada y patrocinadora;
(iii)           Ponen de manifiesto una relación de control sobre la filial o que la emisora participa en la misma;
(iv)          Describen la política habitual de la sociedad matriz respecto al sostenimiento de sus filiales, y
(v)            Manifiestan confianza en la gestión de los administradores de la patrocinada.
Las cartas de patrocinio constituyen por tanto recomendaciones o declaraciones que aspiran a que la acreditante tenga conocimiento de la opinión de terceros sobre la sociedad a la que va a facilitar el préstamo. Por ello, en principio, no constituyen una garantía sobre cuál va a ser la gestión y el desempeño de la sociedad a futuro, ni sobre el cumplimiento de las obligaciones de aquélla.
De esta forma, la carta de patrocinio se presenta en nuestro ordenamiento como una figura que participa de la apariencia de una garantía pero que sin embargo inicialmente tiene un contenido más vinculado con la moral que con la configuración jurídica de ésta última.
Se trata por tanto de una figura atípica, al constituir una declaración unilateral de voluntad que, a pesar de que así ha venido reclamándolo algún sector doctrinal conforme ha aumentado su uso, no habrá de ser considerada una “nueva forma de garantía”. Conviene no obstante aclarar que esta última afirmación es del todo cierta en términos estrictamente jurídicos, pero que sin embargo en el ámbito de los negocios y, en particular, en el curso de las negociaciones para la obtención de financiación, estas cartas sí cumplen una función de garantía de tipo ético o moral.
En efecto, la crisis financiera iniciada ya hace unos años ha hecho que las cartas de patrocinio se hayan convertido en documentos de uso cada vez más frecuente, ya que permiten sacar adelante un proyecto mediante una “garantía” que por no ser tal en términos jurídicos no ha de constar en las cuentas anuales de la patrocinadora, lo que acarrea importantes ventajas fiscales y contables y permite al tiempo una adecuación de las garantías a las necesidades societarias que puede presentar el grupo en cuestión. Se trata sin embargo de una figura que hasta época reciente no ha encontrado en España una difusión tan amplia como en otros países de nuestro entorno, como puede deducirse de la hasta el momento escasa jurisprudencia en esta materia del Tribunal Supremo.
La realidad es que la manifestación de confianza del patrocinador admite muy variadas modalidades -tantas como emisores de la misma-, por lo que del texto de cada carta podrán derivarse consecuencias muy diferentes de manera que en ocasiones las mismas pueden recoger una evidente obligación de garantía mientras que, por el contrario, en otras, las declaraciones contenidas en la carta limitan sus efectos a la esfera unilateral de su emisor como manifestación de buenos deseos y prácticas.
Es por ello por lo que para distinguir entre uno y otro tipo de carta de patrocinio el Tribunal Supremo ha acuñado los términos “fuerte” y “débil”, los cuales son ahora comúnmente empleados para distinguir entre los diferentes tipos de cartas clasificados según el alcance de las obligaciones que se derivan de ellas.
Así, las cartas fuertes se configuran como un contrato de garantía personal y reflejan por tanto en su texto la asunción de obligaciones de contenido específico, susceptibles de ser exigidas.
Las débiles son aquéllas emitidas con el único objeto de declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad que aspira al crédito o en la viabilidad económica de ésta. Esta clasificación incluye aquellas cartas de patrocinio de carácter meramente enunciativo, que recogen manifestaciones de buenas intenciones y declaraciones de confianza o una declaración de compromiso para la adopción de los mejores esfuerzos en una dirección determinada, configurándose como simples recomendaciones sin que de ellas se derive por tanto una obligación de garantía exigible a la patrocinadora. La responsabilidad derivada de ellas habrá de buscarse en todo caso en el contraste entre su falsedad o inexactitud y la confianza legítima creada en el destinatario.
Esta distinción ha llevado a sistematizar los presupuestos que han de llevar a considerar una carta de patrocinio como fuerte y por tanto vinculante para su emisor (esta sistematización se realiza por vez primera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2005 (RJ 2005\5089)):
(i)              Que concurra una intención del patrocinador de asumir una obligación de prestar apoyo financiero a su patrocinada, o de contraer deberes positivos de cooperación para que ésta pueda cumplir sus compromisos frente al destinatario de la carta;
(ii)            Que exista una relación obligacional clara, sin expresiones equívocas;
(iii)           Que el firmante disponga de poder para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza;
(iv)          Que para la conclusión de la operación subyacente sean determinantes las expresiones vertidas en la carta; y
(v)            Que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito propio de las relaciones sociedad matriz – sociedad filial.
Resulta ilustrativo constatar cómo se trasladan estos criterios a la práctica, ya que como es previsible a la luz de lo expuesto hasta ahora la diferencia entre una carta fuerte y una débil es en ocasiones de simple matiz, de ahí la relevancia de su adecuada redacción y consideración previa a su emisión.
La búsqueda de ejemplos, sin embargo, no siempre es sencilla. Buceando en las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia pueden conseguirse algunas muestras -fragmentos de una débil y una fuerte completa- las que para mejor referencia del lector recojo enfrentadas en una única tabla con el objeto de intentar mostrar las diferencias de matiz mencionadas; lamentablemente, la limitada extensión de los extractos referidos a cartas débiles obliga a contrastar la dicción de la fuerte con escasas referencias a éstas. No obstante, entiendo que el ejercicio de contraste es útil:

 

Carta de Patrocinio Débil

(Sentencia del Tribunal Supremo  de fecha 13 de febrero de 2007 (RJ 2007/684)

Carta de Patrocinio Fuerte

(Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo 2009 (RJ 2009/1656)

  “En carta fechada el mismo día que los contratos citados, D. Benjamín hace patente su conocimiento sobre el contrato anterior, así como el interés personal y de su grupo empresarial (que ostenta la mayoría del capital) de que la operación se resuelva con toda normalidad, comprometiéndose a informar al banco en caso de que desapareciera tal situación de mayoría de capital (…)(descripción de la carta incluida en la Sentencia arriba mencionada)”(…) en cualquier caso, pondremos por nuestra parte todos los medios y medidas necesarias para que la operación tenga buen fin(transcripción literal de la carta)“(…) la carta otorgada, (…) en los párrafos antecedentes contiene una expresión, para el caso de que el firmante de la misma junto con el grupo de empresas que le pertenece contemple la posibilidad de desprenderse de la posición mayoritaria en la sociedad patrocinada, del siguiente tenor literal: «nos comprometemos a informarles y a estudiar con ustedes las medidas pertinentes para que dicha operación crediticia pudiera llegar a feliz término“. (Subrayado añadido) Muy señores nuestros: Estamos informados de que ustedes tienen la intención de conceder un crédito de 100.000.000 pesetas (equivalentes a 601.012,10 Euros) a la firma SIERRACORK, S.L., al plazo de un año. Tenemos una participación del 48% en la citada firma, y seguimos muy de cerca las actividades de la misma. Por la presente nos comprometemos a mantener nuestra participación como mínimo en la citada firma, no sólo hasta la fecha de vencimiento de la operación de financiación que el Banco le concede, sino hasta la total cancelación de las deudas que por cualquier concepto, se pudieran haber derivado como consecuencia de las operaciones crediticias otorgadas por su Entidad.No obstante lo anterior, si decidiéramos variar nuestra participación en la firma, nos comprometemos a comunicar al Banco, con carácter previo, dicha variación, a fin de que nos comuniquen su conformidad expresa. En el caso de que el Banco no preste dicha conformidad nos comprometemos a abonar la totalidad de las obligaciones de pago pendientes, a cargo de la firma SIERRACORK, S.L., previamente a variar nuestra participaciónLes confirmamos por la presente que haremos todos los esfuerzos necesarios para que la firma Sierracork S.L.. disponga en todo momento de medios financieros que le permitan hacer frente a sus compromisos alcanzados con ustedes, por los créditos que le concedan.
Caso de que nuestra entidad participada fuese por cualquier razón incapaz de hacer frente a sus obligaciones respecto a su Banco, en virtud de la obligación financiera detallada en el párrafo primero, nosotros prestaremos a la misma todos los recursos necesarios de tipo financiero, técnico o de otra clase, que le permitan cumplir satisfactoriamente sus compromisos, tanto en lo que se refiere a nominal, intereses, costas y todos los gastos que conllevasen la presente operación.
(Subrayado añadido)

 
Puede apreciarse en los ejemplos expuestos que las cartas de patrocinio son, sencillamente, cartas, que a pesar de seguir generalmente una determinada estructura no exigen formalidad alguna para su consideración como tales.
Por ello, su caracterización como fuertes o débiles no viene determinada por el sistema elegido para su envío (generalmente, correo ordinario, si bien es de entender que no existe obstáculo para su envío por cualquier otro medio), ni requiere formalidad alguna. Se trata por tanto de un envío ordinario, en el que aparecen las figuras de emisor y receptor de la carta, sin necesidad de intervención de fedatario o depósito de copias.
Por su propia naturaleza, inicialmente las cartas de patrocinio son emitidas por entidades a las que se reconoce en el mercado tal capacidad de patrocinio o de presentación de una tercera -por tamaño, reputación o renombre-  que generalmente estará incluida en el entorno empresarial de la patrocinadora como “hermana menor”.
En definitiva, la realidad es que a pesar de que el Tribunal Supremo ha acuñado unos criterios objetivos para la determinación del alcance de una carta de patrocinio, ello no resulta fácil en la práctica. No es ajena a esta dificultad la propia voluntad tanto de las entidades emisoras como de las receptoras, las cuales buscan respectivamente “garantizar” pero sin compromiso expreso y dejar la puerta abierta a una potencial reclamación de cumplimiento de garantía.
Esta en ocasiones voluntaria indeterminación crea quizá un ámbito de inseguridad jurídica, pero como contrapartida en la práctica logra coadyuvar a que las partes en una negociación acerquen sus posturas y con ello, a que éstas culminen en la firma de un acuerdo.
Se trata en suma de una figura de indudable utilidad práctica y de empleo cada vez más frecuente, lo que sin duda habrá de permitir que los emisores de las cartas de patrocinio adecuen su contenido a su verdadera voluntad y a la ponderación que realicen entre el beneficio que obtienen de su emisión y el riesgo de que sus manifestaciones constituyan una obligación contractual de garantía.