En las últimas semanas, la aparición en diferentes medios de comunicación sobre la penosa situación económica del ente público RTVE (acumula una deuda de 800 millones de euros y está al borde entrar en causa de disolución), ha vuelto a reavivar el debate sobre el modelo de televisión pública que deberíamos tener en nuestro país.
Es un debate recurrente que se produce cada vez que surge alguna noticia relevante sobre la cadena pública o por extensión sobre algunas de las televisiones autonómicas existentes (en este mismo blog comentamos hace unos meses por ejemplo el cierre de Canal 9). El problema es que el debate sobre el futuro de RTVE hasta ahora no ha llegado a ningún puerto y es que hasta la fecha, ni PP ni PSOE han mostrado mucho interés en dar una vuelta de tuerca a la cadena pública.
El actual presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique, achaca buena parte de los problemas a la falta de estabilidad de los ingresos del ente público. RTVE desde 2009 se financia a través de impuestos o tasas a las cadenas privadas de televisión y a los operadores de telecomunicaciones (se supone que para compensar los ingresos que se dejaban de ganar al desaparecer la publicidad), junto con las aportaciones que realiza el Estado al ente público. González-Echenique reclama un modelo de financiación más estable, ya que la continuidad de la tasa a los operadores de telecomunicaciones está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las aportaciones del Estado se están reduciendo cada año en esta época de crisis (lógicamente).
De acuerdo en que el actual sistema de financiación no es el ideal (tampoco creo que la vuelta a la publicidad sea la solución), pero echo en falta una reflexión similar con los gastos de la corporación, que en mi opinión tampoco son muy estables. Solo hay que leer el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Corporación RTVE y sus sociedades, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 1/1/2010 y el 31/12/2011 (publicado el 30 de enero de 2014). Encontramos de todo: irregularidades en retribuciones a directivos, gastos y contrataciones no justificadas en las corresponsalías del ente, ausencia total de control en contratos con productoras externas y en acuerdos con entidades de gestión de derechos, etc, etc. Aunque desde el PP nos dicen que todas estas cuestiones están solucionadas con la nueva gestión del ente realizada en la era “post Zapatero”, la realidad es que TVE cerró 2013 con un déficit de 113 millones y no creo que toda la culpa sea del famoso sistema de financiación actual.
La teoría dice que una televisión pública tiene razón de ser si se garantiza su independencia, pluralidad, calidad y por lo tanto desempeña adecuadamente su función de servicio público (a través de unos informativos rigurosos por ejemplo), apostando por la innovación y asegurando que todos los colectivos se encuentren bien representados dentro de la parrilla de contenidos. Este modelo de televisión pública no debería medirse por el share (o cuota de audiencia).
Lo que tenemos ahora no se parece en nada a la teoría y en mi opinión la razón principal es que los intereses políticos han primado sobre los intereses públicos. De todo lo que tendría que tener una televisión pública, el único aspecto en el que en mi opinión RTVE cumple con nota es el de la innovación (con bastantes iniciativas como lab RTVE, la aplicación para compartir y comentar las emisiones en tiempo real +TVE, etc), en el resto pincha por culpa de su politización y mala gestión (salvo alguna honrosa excepción).
Ahora parece que la solución que baraja el Gobierno es inyectar más de 100 millones de euros (a modo de rescate, palabra prohibida en nuestro diccionario) a cambio de “ajustes” (palabra mágica). Pero yo creo que llegados a este punto, no nos podemos conformar solo con ajustes en RTVE, sino que lo que toca ya de una vez es la reforma completa del ente público, una auténtica catarsis, que puede conseguirse por las buenas o por las malas.
Por las buenas, sería alcanzando un amplio acuerdo político (entre el mayor número posible de grupos con representación parlamentaria) para diseñar, articular y poner en marcha todos los cambios necesarios para transformar de verdad el ente público, tocando todos los palos: modelo de financiación, nombramiento del consejo de administración, ajuste de la estructura de costes del ente, mecanismos de control para las producciones propias y contratos que se firmen, etc.
La contención de los gastos y el control sobre los mismos es una asignatura pendiente en RTVE. Es el momento de ajustar su estructura y su parrilla televisiva, incluyendo una revisión de los canales actuales y el adiós a las costosas competiciones deportivas y cine de estreno de Hollywood.
Y es que por ejemplo RTVE (con su lastre de los 800 millones) se acaba de hacer con los derechos de los partidos oficiales de la selección española de fútbol para los encuentros clasificatorios para la Eurocopa de Francia de 2016 y para el Mundial de Rusia de 2018. La oferta de TVE se ha impuesto a la de Atresmedia y Mediaset, que también habían pujado para emitir en abierto los partidos de la selección. Aunque desde RTVE no han hecho públicas las cifras de este acuerdo (ole a la transparencia una vez más), el montante total parece que rondaría los 35 millones de euros por 20 partidos, así que cada partido nos saldría por 1,75 millones. Admito que soy el primero que disfruta viendo en televisión (en abierto) jugar a la selección española, pero al menos en mi caso yo disfruto igual viéndola en Telecinco, Cuatro, A3 o la Sexta, porque ver los partidos en TVE no me da un punto de motivación o ilusión extra la verdad. Y es que el coste de la retransmisión de eventos deportivos de primer nivel no se ciñe exclusivamente a la adquisición de los correspondientes derechos. Basta ver el séquito que RTVE va a desplazar a la final de la Champions League y eso que la señal del evento la proporciona la UEFA: 97 profesionales (150 si añadimos al personal externo / subcontratado del ente) se desplazarán a Lisboa: 17 de RNE y 80 de TVE, entre los que se incluyen una veintena de directivos… Contrasta esta cifra con los 5 profesionales de informativos que el ente público desplazó a Sochi para la retransmisión de los juegos olímpicos de invierno…
Las primeras medidas que necesitarían adoptarse son el establecimiento del modelo de financiación y el cambio del Consejo de Administración de RTVE. Actualmente, el Consejo está formado por cinco consejeros nombrados por el PP, uno por CiU, uno por PSOE, uno por IU y uno por ERC. El Consejo del ente púbico se conforma siguiendo el método tradicional del “reparto”, todo un clásico ya sea en cajas, órganos judiciales, tribunal de cuentas, etc, etc. Una televisión pública independiente necesita un Consejo de Administración compuesto por profesionales con experiencia contrastada en el sector y que no sean elegidos a través del reparto de puestos entre partidos políticos.
Si esta reforma no es posible, el plan B (o solución por las malas) sería echar el cierre definitivo o la solución griega (obligada por los hombres de negro): cierre y posterior reapertura en unas condiciones bien diferentes a las originales (un tercio de la plantilla, para empezar). Esta solución (el cierre definitivo o la alternativa griega) tendría efectos más inmediatos y es más fácil de poner en práctica, pero sería bastante más traumática y tendría un coste político mayor, solo hay que ver el proceso que nuestros vecinos griegos han atravesado.
Elijan ustedes la salida, pero creo que un rescate del Gobierno a RTVE a cambio de más ajustes no es la solución, nos merecemos más.