Desigualdad y corrupción

Todas las decisiones, acertadas o equivocadas según vamos viendo, que se toman en la Unión Europea y en los Estados Unidos van encaminadas a intentar paliar los efectos de la gran crisis política, económica y social que se inició el 11 de septiembre de 2001 con la caída de las torres gemelas y se perfeccionó tras el derrumbamiento del sistema financiero después del hundimiento de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 y la intervención de los estados, nacionalizando o inyectando cantidades inmensas de dinero, para salvar a los bancos de una quiebra inminente. Así estamos llegando, exhaustos y sin respiro, al final de la primera quincena de este siglo con un buen puñado de análisis económicos, éticos, sociales, morales y de todo tipo sobre las causas y consecuencias de lo que está pasando.

Dos son las causas principales que aparecen en las plumas y avisos de todos los analistas, que tuvieron como consecuencia la desestabilización de la economía de mercado y el auge de movimientos populistas, de tendencias políticas extremas, que hacen peligrar el estado de derecho. Quizás ha sido el Papa Francisco quien, con un lenguaje directo y sencillo, ha puesto el acento en las dos causas principales del derrumbamiento del sistema que ha funcionado en Europa y América desde 1945 hasta el año 2001. Es cierto que la maquinaria, aunque chirríe, sigue funcionando, pero ahora se pone en tela de juicio, desde la propia economía de mercado, elementos –como el crecimiento- que parecían incuestionables –excepto para los ecónomos marxistas- si se quería caminar hacia el desarrollo. El crecimiento, se decía, aunque al principio podía causar mayor desigualdad, terminaba imponiéndose sobre ella, encaminando a las sociedades a un mayor igualitarismo. Fue el triunfo y consolidación de una inmensa clase media consumista y amante de la buena vida. El llamado estado de bienestar.

Pero quizás todos se olvidaron que no es lo mismo una buena vida que una vida buena. En la primera ha desaparecido el elemento ético; en la segunda, éste es esencial. Krugman, Piketty, Moisés Naím, los analistas de The Economist o del FT llevan tiempo advirtiendo de las funestas consecuencias que la desigualdad tendrá para la economía de mercado y el estado de bienestar. Desde el campo de los analistas conservadores, como ponía hace unos días de manifiesto Marc Bassets en El País, se postula todo lo contrario: “Si los ricos son menos ricos la economía flaqueará y el paro crecerá” (Robert Doar). En Europa y América central y del Sur, la certeza del análisis de los primeros parece incuestionable. En síntesis, se viene a decir, cuando las rentas del capital superan significativamente la tasa de crecimiento, los patrimonios se recapitalizan más que el PIB y las rentas. Los ricos serán, pues, cada vez más ricos y la clase media se hundirá. En suma, Piketty pone en cuestión, alargándola, la curva de Kuznets, según la cual con el crecimiento, al principio aumenta la desigualdad pero luego disminuye sensiblemente formándose una gran clase media.

Lo que ocurre con la economía es que, como toda ciencia, es inexacta. Mejor dicho, es exacta hasta un cierto punto. Karl Popper en su imprescindible “La lógica de la investigación científica”, afirma que la base empírica de la ciencia objetiva no es absoluta; sus fundamentos son suficientes mientras tengan firmeza suficiente para soportar la estructura construida “al menos por el momento”. En suma, lo que fue útil para la época dorada del desarrollismo a lo mejor ya no resulta plausible ahora. Y si entonces la pobreza llegó a convertirse en los llamados países ricos en algo marginal, ahora afecta de lleno a lo que llamábamos en los años dorados, la clase media. Es probable que se trate de otro tipo de pobreza, si se quiere, incluso, será una pobreza más “global” y técnica, con teléfono móvil incluido y antena parabólica pirateada en las infraviviendas, pero será pobreza al cabo. Que la desigualdad tan acusada en los países ricos es insufrible, si se contempla a escala global, es una de las causas de desestabilización social que nos pueden conducir a la ruina, como advierten esos lúcidos analistas. Tan incuestionable que en la Exhortación Apostólica de Francisco del 24 de Noviembre del año pasado pueden leerse advertencias tan duras y directas como lo siguiente: “Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de contrtol de los Estados, encargados de velar por el bien común”. ¿Qué respuesta darán los católicos, tantos de ellos alineados con un liberalismo obsoleto, que están instalados en un capitalismo acrítico?

Mas hay un elemento que ha aflorado con enorme fuerza en España –Cataluña incluida- y que a veces no se tiene en cuenta suficientemente como una de las causas de esa desigualdad: la corrupción.  “Ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países –en sus gobiernos, empresarios e instituciones- cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes” (Francisco). Ese cáncer social que han denunciado, desde hace tiempo, personas de ideologías tan dispares como el fiscal Jiménez Villarejo –recientemente elegido miembro del Parlamento Europeo por la formación Podemos- u Oriol Junqueras, seguidor a pies juntillas de la doctrina social del nuevo Pontífice y líder vencedor de la Esquerra republicana de Catalunya.

En los años de crecimiento sin límites había expectativas de trabajo para los jóvenes, los jubilados viajaban gratis con el INSERSO y los polideportivos crecían como setas en cualquier población por pequeña que fuese. Todo eso costaba dinero, pero no importaba, pues se financiaba con la deuda, de la cual se extraían pingues beneficios para políticos, empresarios y comisionistas hasta que las arcas no dieron más de sí. De eso no se hablaba, de la corrupción o quien se atrevía a levantar levemente la voz, era castigado con el ostracismo y las campañas indignas. Ahora esto, afortunadamente –pues era falso- se ha acabado. El sunami de la crisis se lo llevó todo por delante dejando un panorama de desolación que, encima, los estados endeudados tienen que pagar.  Gran parte de la situación que padecemos es debida, sin duda, a una riqueza muy mal repartida, a unos recursos bastante mal empleados y, envolviéndolo todo, una corrupción rampante que lo ha ensuciado todo.

 

La secular participación política (ciudadana) y nuestro diccionario

Acaban de conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014 al historiador francés Joseph Pérez. Según consta en la página web de la Fundación Príncipe de Asturias, el hispanista premiado “ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo el análisis de la historia europea”.
Como expuso en su Historia de España (Editorial Crítica, 2ª edición. Abril 2001): «Junto a la cabecera de la España enferma se agolpaba un enjambre de médicos bienintencionados. Eran los arbitristas. En general tuvieron mala prensa. La literatura los ridiculizó o vilipendió… El arbitrista es presentado como un loco, un fracasado o un soñador alejado de la realidad. Esta sátira feroz es la caricatura de personajes complejos, que no siempre merecen esta reputación de falsarios y maniáticos. Hoy día a algunos de ellos se les considera economistas. Analizaron con lucidez los males que padecía España, describieron el estado de su agricultura, su industria y su comercio, y propusieron soluciones que no eran en absoluto necedades ni quimeras. (A finales del siglo XIX la política de obras públicas preconizada por Joaquín Costa tropezó con el mismo escepticismo. Sin embargo, llamaba la atención sobre las dificultades reales de España y proponía soluciones que se aplicaron cincuenta años después, como los embalses para tener reservas de agua y regar). Casi todos los arbitristas partieron de constataciones objetivas: la deuda pública recargaba el presupuesto, el endeudamiento de los particulares creaba multitud de parásitos, la competencia extranjera arruinaba el artesanado y las manufacturas, los campesinos, cargados de impuestos y deudas, abandonaban sus tierras, la producción agraria y la ganadería estaban en decadencia, había desempleo y las ciudades se llenaban de ociosos. De acuerdo en los diagnósticos, la mayoría de los arbitristas también lo estaban en las soluciones, con algunos matices. Recomendaban reducir los gastos públicos, sanear la fiscalidad, hacerla más equitativa, y relanzar la producción. Convencidos de que la demografía era la base de toda economía, propusieron medidas a favor de las familias numerosas. Querían reducir la cantidad de clérigos y estudiantes, y rehabilitar la agricultura, sin descartar los repartos de tierras».
Dichas palabras ponen en evidencia que la definición del término “arbitrista” que hace nuestro Diccionario, al utilizar el adjetivo disparatado, obedece a un claro prejuicio. Según el DRAE: “arbitrista” es la “persona que inventa planes o proyectos disparatados para aliviar la Hacienda pública o remediar males políticos”. Por ello, el 5 de febrero de 2010 propuse a la Real Academia que corrigiera dicha definición, pues, en mi opinión, el adjetivo disparatado debería desaparecer de la misma, dado que supone un juicio de valor, a mi modo de ver impropio, por parte de la Real Academia, dado que nos estamos refiriendo a un término de carácter histórico, que el Diccionario no debería adjetivar. Aporté un estudio que, entre otros, fue publicado por Actualidad Administrativa (nº 2, enero 2011): “Breve homenaje a los arbitristas, miembros activos de la “sociedad civil” de los siglos XVI y XVII”. Parece ser que la Academia está en ello respecto a la nueva edición que aparecerá en octubre.
Como se ve,  han tenido que ser destacados hispanistas foráneos los que pongan en su sitio este término, que tiene sucesivos epígonos (proyectistas, regeneracionistas, etcétera). Por poner algunos recientes ejemplos, considero que las  obras: del profesor  Muñoz Machado, “Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo” (Editorial Crítica, 2012); de César Molinas,  “Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país” (Destino, 2013); de José Carlos Díez, “Hay vida después de la crisis” (Random House Mondadori, 2013); de los coeditares de este blog, “¿Hay derecho?” (Ediciones Península, 2014); Jaime Lamo de Espinosa, “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” (ABC, 27 de mayo de 2010), son de la mejor tradición arbitrista.
Para terminar con los abundantes  ejemplos, iniciativas como la de la Fundación Everis, del año 2010: “La iniciativa Transforma España lanzada por la Fundación Everis y respaldada por cien personalidades, entre líderes empresariales del país, expertos temáticos y emprendedores, fue entregada a S.M. El Rey en audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela. Este documento, que pone de relieve la gravedad de la actual crisis económica, sus causas y consecuencias, propone una serie de soluciones y actuaciones en todos los ámbitos del sistema que deben producirse en los próximos años para generar un verdadero cambio”. El documento citado se titula: Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”.
También, por la determinación de sus opiniones, podemos citar al hispanista británico John H. Elliott, asimismo Premio Príncipe de Asturias (España y su mundo (1500-1700), Taurus, 2007) que dijo: «¿Qué medidas se podían tomar para revitalizar una economía famélica y aumentar la productividad nacional? Las ideas no escaseaban. Los arbitristas de principios del siglo XVII, hombres como González de Cellorigo, Sancho de Moncada o Fernández Navarrete, presentaron sensatos programas de reforma. Había que regular los gastos reales, detener la venta de cargos, frenar el crecimiento de la Iglesia; había que examinar el sistema de impuestos, hacer concesiones especiales a los trabajadores del campo, convertir en navegables los ríos y regar las tierras secas. Sólo de esta forma se podría aumentar la productividad de Castilla, restaurar su comercio y poner fin a la humillante dependencia respecto de los extranjeros, de holandeses y genoveses. Allí estaban las ideas…»
Y, perdón por citas tan largas, siendo más contemporáneos, podemos citar a la periodista Rosa Montero (Las 235 cartas de un hombre tenaz, El País Semanal, 17 de agosto de 2003): «los tenaces, en suma, son aquellos individuos fabulosos que ven algo que no les gusta, algo que no funciona en la sociedad, algo que no les parece equitativo, y dedican una asombrosa cantidad de tiempo, energías y a menudo dinero, para intentar cambiarlo. Y su manera de luchar es individual y civilista. Es decir, no son misioneros, no son trabajadores de campo, no son asistentes sociales ni miembros de oenegés. Los tenaces confían en la bondad final de las instituciones y creen en la eficacia de la palabra. Ellos repiten sus verdades, escriben cartas, a veces incluso presentan denuncias judiciales, sin desalentarse por el poco resultado, por las dificultades y el silencio.  Son incombustibles porque son grandes optimistas. Gracias a ellos, entre otras cosas, se va moviendo el mundo».
La actual definición de nuestro Diccionario, ¿no será fruto de una refractaria y perversa tradición oficial contraria a la participación ciudadana en la cosa pública?