Flash Derecho: Dos cuestiones sobre la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles

La convalidación del Real Decreto Ley 8/2014 sigue su curso y con ella las disposiciones adicionales que regulan la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles. Sobre este tema ya hemos escrito en este blog (aquí), pero el jueves pasado, durante el trámite de enmiendas en el Congreso, se ha producido una  interesantísima intervención de Irene Lozano, diputada de UPyD. En ella plantea dos cuestiones muy elementales (quién va a pagar esto y cómo se va a ejecutar), pero cuya simple formulación nos indica el asombroso nivel de deterioro que  padecemos  en este país en lo que al proceso legislativo se refiere.

¿Quién va a pagar esto? El DL dice que en el Registro Civil todo será siendo gratis total, pero como llevan años demostrando nuestros amigos de Nada es Gratis, nada es gratis. Pasamos de un Registro Civil sufragado a cargo de los Presupuestos Generales a un Registro Civil sufragado… ¿por los usuarios del Registro Mercantil?, ¿por los emprendedores españoles? ¿Pero en qué cabeza cabe esto? Nos gustaría precisamente que nuestros amigos economistas nos ayudasen a desvelar el sentido económico de esta subvención cruzada, medido en términos de eficiencia económica, porque nosotros no lo vemos por ningún lado.

¿Cómo se va a hacer? Ah! No lo sabemos ni lo sabremos, porque es secreto militar. Como cuando se contrata a la empresa que debe proveernos de nuestros radares de superficie, todo el proceso va a estar muy controladito. Precisamente por eso, estamos ansiosos por comprobar qué empresa termina siendo la adjudicataria del macro contrato de informatización de los registros.

En cualquier caso, vean la intervención, que no tiene desperdicio.

Intervención de Irene Lozano

 

El voto malogrado

​Excluir injustificadamente de su aplicación la totalidad o parte de las promesas electorales hechas por un partido político para obtener el voto por las cuales ese partido logró su éxito, constituye una estafa a los ciudadanos, un engaño por el que se les ha inducido a malograr su voto. El programa con el que se presenta un partido político a las elecciones constituye una oferta de contrato dirigido a la multitud de ciudadanos que han de votar en ellas. La oferta contiene una serie de propuestas que el partido ofertante ha de ejecutar para el caso de que gane las elecciones, por lo que obviamente tiene un carácter condicionado al triunfo en los comicios. Si sucede que, tras el éxito del partido, el programa propuesto no puede ser aplicado por circunstancias imponderables ajenas a su voluntad, entonces tendrá que explicar públicamente y en detalle las razones antes desconocidas que afectan a la realización del programa, y qué partes del mismo pueden gozar de viabilidad. Y es que la oferta de contrato en qué consiste el programa alberga los ingredientes necesarios para su validez: un conjunto de acciones a desarrollar destinadas al mantenimiento, alteración o sustitución de organismos o puesta en marcha o paralización de proyectos que afectan a la vida civil, sean personales, de servicios o de fomento. Además, la oferta suele estar confirmada por una publicidad escrita en folletos, editada en internet y voceada hasta la extenuación y el cansancio en mítines y en toda clase de convocatorias o debates.

Hay tanta ilusión puesta por los ciudadanos en estos proyectos, afectan tanto a la vida de las personas en su nacimiento, su educación, su matrimonio, su economía, su trabajo u otras cuestiones, que decir que los programas de los partidos están hechos para ser incumplidos, como se atribuye a Tierno Galván, supone un desprecio profundo a la trascendencia del hecho colectivo de las elecciones, no mitigado por la torpe intención jocosa con la que tal vez la frase fuera pronunciada. La frescura y el desparpajo de partidos o individuos que desvergonzadamente rechazan aplicar el conjunto o parte de sus promesas electorales no puede considerarse más que como una provocación a las personas que con su voto las alzaron al gobierno de la nación.

Y es que la propagación del proyecto político del partido suscita adhesiones de múltiples ciudadanos que se suman a él, vertebrando una mancomunidad de esperanzas compartidas, no sólo con los directivos o líderes, sino entre toda clase de personas de muy diferente carácter y condición. La alegría desbordada de los vencedores o el sufrimiento de los perdedores en el momento de conocer los resultados electorales nos evidencian los estados psicológicos de las masas alineadas con los partidos, semejantes a la estruendosa algarabía y al jolgorio con que truenan los estadios cuando el equipo propio corona su jugada con un gol o al penetrante silencio con que es acogido el del contrario.

Toda esta comunicación de sensibilidades y aspiraciones tiene lugar con la emisión del voto, porque entre el ciudadano votante del proyecto vencedor y este mismo partido se establece un vínculo moral, racional y apasionado por la convergencia de voluntades en la ejecución de un plan de vida social, el desenvolvimiento de una empresa común a desarrollar por una organización detentadora del poder, lo que constituye, como dijo el historiador José Antonio Maravall, el esquema conceptual de la política, y a ese esquema se llega después de un análisis de la específica realidad social, practicado con el objetivo de resolver el problema de la convivencia con arreglo a un determinado punto de vista.

El incumplimiento de la promesa –incumplimiento de la prestación contractual– conlleva deslealtad hacia sus votantes y hacia los ideales tenidos por comunes, por lo que una actuación consciente del partido contraria a lo convenido en ese programa constituye una imperdonable vileza, sobre todo cuando el compromiso proyectado y no realizado supone el fortalecimiento de tendencias destructoras de la convivencia, como el terrorismo o la fragmentación territorial o social, difícilmente anulables en comicios posteriores y con el riesgo de su consolidación social, lo que causa entre los seguidores defraudados un estupor que oscila entre la protesta indignada o la irritación silenciosa. A pesar de los riesgos que acarrea la juridificación de la política hay que intentar poner coto a la ruptura arbitraria de las promesas realizadas para alcanzar el poder una vez que éste ha sido conseguido.

Junto al incumplimiento consciente y puro, existen estrategias de simulación, que pueden tener infinidad de variantes: puede, por ejemplo, esgrimirse el cumplimiento de una parte del programa como prioritaria y absorbente, lo que sirve de coartada para omitir las restantes; se puede disimular la ejecución de un objetivo odioso para su electorado, bajo la capa de la necesidad de obedecer una decisión internacional no estrictamente obligatoria y tal vez pactada con otras fuerzas políticas; puede persuadirse tal vez a la población de que un enemigo exterior -por supuesto, inexistente y hábilmente elaborado- trata de dañar gravemente los intereses públicos de una región, cuando en realidad los únicos intereses que peligran son los que las oligarquías locales han obtenido mediante sus múltiples delitos.

Sabemos que los pueblos están cargados de mitos y prejuicios; sabemos que las técnicas de simulación, de sugestión, se utilizan en todos los ámbitos de la vida social; sabemos que la opinión tiene interferencias onerosas o acaso coactivas; pero, como dice Hermann Heller: “Desde hace unos doscientos años la opinión pública, al menos en el terreno de la política, rechaza todo género de intervención trascendente en el acontecer causal, toda clase de creencia en lo maravilloso, diabólico o mágico, prefiriendo, cualquiera que fuera su actitud en otros aspectos, las interpretaciones racionales de carácter naturalista, económico o técnico”.

Es más, creo que podemos considerar, con Jovellanos, que la opinión que se diferencia de los rumores y cotilleos “se forma siempre por el juicio desinteresado de los hombres de bien”. Y aunque estas palabras puedan ser calificadas de optimistas e ingenuas en un plano general, sobre la opinión pública emitida en forma de voto en una urna no cabe otra calificación que la estrictamente jurídica de su capacidad para contribuir a la gobernación del estado. Y esa voluntad ha de ser respetada por todo el mundo y, antes que nadie, por el beneficiado con su designación.

​Ahora bien, tratar de establecer sanciones a políticos o partidos por el incumplimiento puro o simulado de las promesas es tarea casi imposible. Los diputados no están jurídicamente obligados a realizar lo prometido en campaña. El artículo 67.2 de la Constitución Española dice que “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo,” lo que les permite decidir en conciencia sin necesidad de rendir cuenta de su gestión ante los ciudadanos. Otra cosa es que traten de justificar los incumplimientos para evitar que los electores los penalicen negándoles el voto en los siguientes comicios.

​Ese trilero de la política que es Artur Mas escenificó en 2006 ante tres notarios de Barcelona una especial asunción de responsabilidades mediante un llamado “contrato con los catalanes”, que envió a 5,3 millones de electores para que se adhirieran a él reenviando un cupón a una página de su partido o rellenando un formulario. Pues bien, todas estas triquiñuelas desembocaban en que el incumplimiento de sus promesas “podía conllevar implicaciones políticas”, es decir, que los ciudadanos podían no votarle en los comicios posteriores. ¡Una burla más de este tramposo a su electorado que pudo creer que mediante ese supuesto compromiso se le otorgaba algo que no tenía con antelación!

​En fin, como en tantas ocasiones hay que acudir a Roma como unidad histórica en la que cristalizaron variadas experiencias para rescatar de ella una idea que, según Polibio, fue una de las causas del éxito de la Constitución Romana: el poder autocrático de los Cónsules. Con la fundación de la República fueron escogidos dos cónsules que desempeñaban el cargo durante un año y ejercían la mayor parte de las competencias que antes desempeñaba la realeza. Ambos, de igual autoridad y contrapeso el uno respecto del otro, ocupaban el más alto puesto de la república, convocando y presidiendo el Senado, ejecutando sus decretos y levantando y mandando el ejército. Dice Montesquieu en la “Grandeza y decadencia de los romanos” que “Roma estableció cónsules anuales; esto es lo que la llevó a tan alto grado de poder…los jefes se renovaban todos los años, y deseando dejar huella de su paso para obtener otros cargos, no había hora perdida para la ambición …”

Tal vez el ritmo veloz de la tecnología, ahora más que nunca protagonista de la historia, permita establecer un mandato más corto entre los comicios, expulsando de la vida pública a los políticos o partidos incumplidores, y ello  sin perjuicio – si gozáramos de otra judicatura- de castigar imparcialmente y con rapidez a los que delinquen o se enriquecen a costa de los ciudadanos.

 

Flash Derecho: más 144.000 ciudadanos se adhieren a la petición de HD de condecorar a Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel

Una sociedad se reconoce por el tipo de personas a las que premia. En la Grecia clásica se honraba el valor guerrero y la excelencia deportiva. Posteriormente, el talento estratégico y la oratoria brillante. Otras sociedades han premiado a artistas-cortesanos, (como a nuestro Velázquez), a genocidas especialmente eficientes (como en la Alemania nazi) o a denunciantes de conductas contrarrevolucionarias en el seno de la propia familia (como en la China de Mao y en la actual Corea del Norte). Y nosotros, ¿a quién premiamos?

El artículo 1 del Reglamento que la regula indica que la Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de la Ley 30/92, o por personas ajenas a la Administración que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.

Entre los receptores de las mayores condecoraciones (Collar y Gran Cruz) en los últimos años, podemos destacar (al margen de mandatarios extranjeros), a Pedro Solbes y a Amancio Ortega.

Nos alegramos mucho del éxito empresarial de Amancio Ortega, pero pensamos que, como decía San Agustín de los romanos para negarles el acceso a la vida eterna, “os aseguro que con su éxito terrenal ya tuvieron suficiente recompensa”. Por otra parte nos preguntamos qué “relevante servicio al Estado” prestó Pedro Solbes al dejar que la burbuja inmobiliaria creciese hasta ese nivel espantoso. Quizás no sea ahí, sino en la “constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”, donde haya que buscar la explicación: seguramente se premie haber protestado en silencio y no hacer ruido al marcharse para no molestar a su señorito.

Pues bien, en base a la propuesta que hicimos aquí, durante estos días de agosto, casi 150.000 españoles han manifestado su deseo de querer ser reconocidos en el futuro por algo mejor: por formar parte de una sociedad que ha premiado a una simple funcionaria que decidió prestar un relevante servicio al Estado, más allá del estricto cumplimiento de sus deberes, asumiendo un coste personal importante por hacerlo.

La petición les honra casi más a ellos que a la propia funcionaria. Y, por eso, en su reconocimiento, procederemos a presentar formalmente esta petición en el Ministerio de Justicia durante el próximo mes de septiembre, con el objeto de que, al amparo del art. 7 del Reglamento, el Sr. Gallardón formule la correspondiente propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Queremos averiguar de esta manera si nuestro Ministro de Justicia está también interesado en formar parte de una sociedad que se reconozca por premiar estos valores o si, por el contrario, prefiere la de siempre, en la que tan bien le ha ido a tantos integrantes de su partido.

Seguiremos informando.

El postureo legislativo

El presente artículo fue publicado recientemente por el diario El Jurista, según puede verse aquí. El autor nos ha autorizado a su reproducción en este Blog, lo que hacemos encantados dado su indudable interés y calidad. El uso propagandístico de las normas es una costumbre que se extiende y que es preciso denunciar. (Los editores).

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El postureo es una actitud que se basa en el deseo de mostrar a los demás una cualidad, que en realidad no se tiene, con la intención de lograr una apariencia atractiva frente a la gente. Es propio, sin duda alguna, de las tendencias conectadas con el florecimiento que ha existido en los últimos años del empleo de las redes sociales por parte de un gran sector de la población.

Resulta necesario detenerse un momento y entender que el postureo ya ha sido objeto de reproche en el ámbito de lo político en algunas situaciones en las que puede haberse producido, como la de la presunta pasividad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el caso de la menor transexual que tuvo que cambiar de centro escolar por ser discriminada, la de la visita de Elena Valenciano a Extremadura antes de las elecciones al Parlamento Europeo, o la de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyas bases no fueron respetadas por el Parlamento estatal. La conducta relacionada con la intención de mostrar una apariencia deseable existe en sectores como el legislativo desde hace años, en el que se pueden encontrar normas que fueron promulgadas, más que para cambiar una figura jurídica y con ello un aspecto de la sociedad, para conseguir ocupar los titulares de la prensa en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política, al contrario de lo que pasaba hasta hace más de una década, en un momento en el que se le otorgaba seriedad a la legislación, que se utilizaba, no como instrumento publicitario, sino como una herramienta para lograr, exclusivamente, la alteración efectiva de la vida de la ciudadanía.

El postureo legislativo lleva años siendo practicado por el Parlamento estatal y por los Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, pero también por el Gobierno estatal y por los Gobiernos autonómicos a través de los Decretos-leyes, sin que se puedan hacer distinciones entre los partidos políticos que controlan los poderes legislativos y los poderes ejecutivos que hay en España, ya que todas las formaciones han empleado en una medida similar la creación de normas para alcanzar una buena imagen de cara a la opinión pública y otros fines de naturaleza mediática. A nivel estatal, el postureo legislativo provocó la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible según algunos y con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido criticada por la Unión Europea. Además, se ha podido dar algún caso de postureo en lo que se refiere a normas autonómicas que plantean problemas de eficacia en las Comunidades Autónomas, como ya sucedió, según lo que se dice en El Blog Salmón, en Cataluña, con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y en Andalucía, con el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que fue analizado por Ignacio Gomá Lanzón en un interesante artículo.

El caso más claro de promoción política a través del campo legislativo hasta hace unos años era el del Derecho Penal simbólico, constituido por reglas sancionadoras que, únicamente, sirven para conseguir los aplausos de la ciudadanía. El fenómeno de las normas jurídicas simbólicas se ha extendido, desgraciadamente, a los demás ámbitos del Derecho Público y a ciertos aspectos del Derecho Privado desde el campo penal y, además, se han propagado sus devastadoras consecuencias.

Crear leyes pensando únicamente en la propaganda que pueden suministrar es legislar por legislar y provoca, en la mayoría de las ocasiones, que se creen normas jurídicas con demasiada rapidez, que no se emplee la técnica legislativa adecuada y el establecimiento de la inseguridad jurídica, que termina produciendo efectos negativos en el desarrollo de la actividad de los sujetos públicos y privados. Las normas jurídicas tienen que ser las justas y las necesarias y deben ser, necesariamente, eficaces y eficientes.

Lo mejor para todos los ciudadanos y para los operadores jurídicos es que no exista ninguna tendencia relacionada con lo que se puede denominar el postureo legislativo y que se produzca la legislación justa y necesaria de la forma adecuada para reglar de manera efectiva las relaciones que hay entre los distintos sujetos privados y públicos que actúan en la sociedad, garantizándose la seguridad jurídica. De lo contrario, el Estado de Derecho continuará derrumbándose como un viejo edificio cuyos cimientos no han sido correctamente cuidados.

¿Dónde puedo consultar para no invertir en un chiringuito financiero?

Jordi García está preocupado por su futuro. Comienza a ver más cerca la vejez. Su situación es desahogada, tiene un dinero ahorrado y quiere tener cubierta su jubilación. Desea invertir sus ahorros de forma segura. No quiere jugar en Bolsa. Solo quiere mantener su capital con alguna rentabilidad. No comprende las complejidades de los mercados financieros y desconfía de las ofertas agresivas que prometen grandes beneficios sin avisar de los riesgos. Quiere ir por caminos oficiales; no arriesgarse fuera de ruta. Es un padre de familia prudente. No es avaricioso. Tampoco es tonto. No quiere esconder sus ahorros bajo del colchón y sacarlos en su jubilación cuando la inflación se ha comido su valor. Quiere contratar con una entidad financiera oficial, registrada en el Banco de España o en la CNMV. No quiere contratar con un chiringuito financiero. Su padre perdió una fortuna en Sofico. Y todavía recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó la pretensión de indemnización por atender a “unas promesas de «negocios fantásticos» hechas con una publicidad que ostensiblemente carecía de autorización administrativa” (STS 25 abril 1988).

Además parientes y amigos de Jordi han perdido el ahorro de su jubilación por atender a las ofertas de Fórum Filatélico, Afinsa o Nueva Rumasa. En estos casos recuerda Jordi un Dictamen del Consejo de Estado en el que este organismo desestimaba las pretensiones de los inversores porque “prefirieron contratar con esta entidad en lugar de acudir a sociedades de inversión que operaban en los mercados de valores o a entidades de crédito sujetas a supervisión y dotadas de mecanismos de garantía del inversor” (Dictamen del Consejo de Estado de 27 de noviembre de 2008, número 1974/2008). También recuerda Jordi lo que este organismo le dijo a un vecino que había invertido a través de la agencia AVA a quien reprochó no haber acudido previamente a la CNMV “al objeto de verificar si figuraba en sus registros públicos como entidad habilitada para actuar en el mercado de valores correspondiente” (Dictamen del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2004, número 2746/2004).

Con estas experiencias sufridas por personas de su entorno Jordi no quiere invertir en un chiringuito financiero. Quiere comprobar antes de adquirir un producto financiero que la entidad que se lo ofrece está inscrita en los registros oficiales. Pero no sabe dónde hacer la consulta. Jordi fue emigrante y sabe que en Francia hay un portal con un buscador muy simple donde se pone el nombre de la empresa y se puede saber al instante si es una entidad registrada y las actividades que puede desarrollar en el mercado financiero (www.orias.fr).

Jordi es muy prudente, antes de acudir al médico consulta en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España si está colegiado. Es muy sencillo pues hay una ventanilla única con una pestaña en la cual se puede consultar si un médico está colegiado (http://cgcom.vuds-omc.es/). Su familia bromea por lo desconfiado que es. Una vez tuvo que contratar un abogado y lo primero que hizo fue verificar que estaba colegiado. El Consejo General de la Abogacía Española dispone de un Censo General de Letrados en el que se puede comprobar la colegiación de un abogado. Tienen hasta un App para acceder con el móvil.

Del mismo modo que protege su salud y sus derechos, Jordi quiere defender sus ahorros consultando si la empresa que le ofrece los productos financieros es una entidad registrada. Con esta finalidad Jordi visita los portales del Banco de España y de la CMNV pero no encuentra ninguna pestaña que le ofrezca el servicio. En el portal del Banco de España se limitan a reenviarle al de la CNMV, en el que le recuerdan que debe “asegurarse de que la empresa con la que opera está autorizada para ofrecerle los servicios que está demandando”, lo cual acrecienta su preocupación. Sólo encuentra largos listados de uso imposible para un profano y remisiones a otros organismos.

Jordi no entiende que pueda verificar que su médico o abogado están colegiados y que no pueda consultar si su entidad financiera está registrada. Un amigo de la familia le comenta que existe un portal de educación financiera que le puede resultar de utilidad. Sigue esta pista y accede al portal «Finanzas para Todos» patrocinado por el Banco de España y la CNMV. Pero en esta web no hay ninguna pestaña para verificar si una entidad que ofrece servicios financieros está registrada. De nuevo se encuentra con advertencias, en este caso en tono más grave: “Nunca confíe su dinero a un intermediario no autorizado, por muy profesional que parezca o por muy tentadora que sea su oferta. ¡Recuerde! Sólo las entidades autorizadas e inscritas en los organismos oficiales pueden prestar servicios de inversión. Compruebe los registros públicos de la CNMV para evitar ser víctima de intermediarios fraudulentos (“chiringuitos financieros”).” Es un círculo vicioso, le reenvían al portal de la CNMV en el que no hay ninguna facilidad para acceder a las entidades registradas. Además de lo poco que conoce Jordi de finanzas es un mensaje confuso pues reenvía a los registros de la CNMV, cuando  los bancos se registran en el Banco de España y las empresas de seguros en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Jordi recuerda el caso de un pariente que perdió sus ahorros en un producto que llamaban «Unit Linked», comercializado como un seguro.

Jordi no puede creer que el Banco de España y la CNMV con presupuestos específicos para esta tarea a través del portal «Finanzas para Todos» y siendo conscientes de la importancia que tiene para el ahorrador saber si está contratando con una entidad registrada o con un chiringuito financiero, no ofrezcan esta herramienta, ni tengan previsto ofrecerla según el Plan de Educación Financiera 2013-2017. Según puede leer el Plan de Educación Financiera se financia con recursos del Banco de España y la CNMV. Lleva funcionando desde 2008. Pero en estos siete años no ha sido capaz de ofrecer un buscador para que el ahorrador pueda comprobar que contrata con un intermediario con registro oficial. Incluye advertencias sobre lo importante que es esta comprobación, pero no ofrece la herramienta para acceder a la información. ¡Qué poco costaría ofrecer una pestaña en el portal de Finanzas para Todos en el que cualquiera pudiera comprobar si la oferta de un producto financiero procede de una entidad registrada o de un chiringuito!, piensa Jordi.

¿España bolivariana?

En los últimos años se ha hablado, dentro y fuera de este Blog, de la “argentinización de España”, para referirse a ese proceso de progresivo deterioro institucional que sufre nuestro Estado de derecho. La desactivación de los controles y equilibrios del poder político, la colonización partitocrática de toda clase de instituciones, incluidas las encargadas de tales controles, la generación de un clima de irresponsabilidad de nuestros dirigentes incluso en casos de corrupción, y la utilización de un aparato burocrático excesivo al servicio de los intereses de las élites gobernantes y de sus redes clientelares, antes que de los generales, serían síntomas que definirían ese proceso.

En los últimos tiempos, con el estallido de la crisis económica y financiera, tan íntimamente ligada también a la institucional, se ha producido además un nuevo fenómeno que parece confirmar esa deriva que nos aleja de las democracias avanzadas: la aparición de un populismo rupturista, con unos planteamientos aparentemente muy naïf, encarnado, sobre todo, en el movimiento político Podemos y en su líder más visible, Pablo Iglesias.

Me ha llamado la atención al respecto un análisis realizado por la periodista hispano-venezolana Yael Farache en su blog Acapulco70, que pueden ver aquí, sobre las importantes analogías de la situación que enfrenta España con las que desencadenaron el proceso que ha seguido Venezuela. Y que ha llevado a este país a la triste situación donde hoy se encuentra.

No es preciso estar de acuerdo con todo el extenso e interesante análisis de Yael Farache. Pero en muchos aspectos lo considero certero. Y, desde luego, es merecedor de una atenta lectura, aunque nos vaya a resultar inquietante. Porque su tesis es que España tiene buenas posibilidades de deslizarse en un futuro inmediato, de la mano de ese movimiento político populista, por un proceso muy semejante al venezolano y de perder en ese camino gran parte de las libertades que aún nos caracterizan como verdadera democracia, por imperfecta que sea. La tesis puede sorprender a muchos, confiados en que esto, en España, en un país en la UE, nunca podría ocurrir. Sin embargo la autora nos desafía al respecto con otra comparación: hace unos cuantos años tampoco en Venezuela podía creer casi nadie que la situación de su país iba a acabar pareciéndose en tantos aspectos a la de Cuba.

¿Vamos con los parecidos?

Chaves partió de una situación muy semejante a la del líder de Podemos. La crisis política y económica que enfrentaba Venezuela tenía en gran parte su origen en la corrupción de los partidos políticos tradicionales, dedicados al gobierno de lo público pensando sobre todo en la satisfacción egoísta de sus propios intereses. En manifiesta complicidad con ellos se había colocado también gran parte del poder económico y financiero. Y la pobreza se había extendido incluso a una clase media que nunca fue allí lo suficientemente extensa y fuerte.

En ese ambiente general de indignación y desafección, llega Chavez con un origen y mensaje distintos al de los políticos tradicionales y explica ese diagnóstico a la gente común en su propio lenguaje, con unas palabras que pueden entender. No es difícil deducir el paralelismo con la campaña que desarrolla hoy en España Pablo Iglesias, dotado de una habilidad dialéctica indudable y bien entrenada. Aunque carezca, al menos todavía, del carisma del fallecido caudillo venezolano. Pero no puede extrañarnos esa semejanza si pensamos que Iglesias y los principales líderes de Podemos no sólo han recibido generosas subvenciones del Chavismo a través de la Fundación Ceres , sino que incluso han residido y recibido formación en Venezuela, contratados allí por su gobierno como “asesores”, durante años.

Podemos no ha manifestado nunca tener la intención de implantar un régimen autoritario, populista y caudillista. Pero también es cierto que tampoco lo reconoció Chavez en los comienzos de su asalto al poder. Si vemos la entrevista de este vídeo que nos enlaza la autora, y que merece verse hasta el final, no sabemos de qué sorprendernos más: si de la moderación del talante y de las propuestas del primer Chavez o de lo falso que todo ello resultó. Nuestros propios líderes bolivarianos tampoco quieren aparecer hoy como enemigos del pluralismo político, pero tampoco tienen reparo alguno en defender sin ambages un régimen chavista que lo es.

La periodista nos previene del peligro de las soluciones populistas alternativas que Podemos ofrece. Reseño sus propias palabras. “Cuando un país está pasando por una situación difícil como la que vive actualmente España es fácil aferrarse a una idea bonita. Creer en una promesa que te sugiere que existe una solución para los problemas que estás atravesando y que es tan simple como votar a una persona determinada, funciona como un bálsamo que calma la ansiedad y te permite seguir adelante”. Y nos sigue diciendo: “Buscar ilusiones cuando la cosa está mal es un impulso natural, es casi un instinto. Por naturaleza la gente busca todas las evidencias que le confirmen su ilusión y les permita seguir creyendo en ellas. Por eso es tan fácil engañarlos, porque la mitad del trabajo lo hace la víctima. Por eso la gente es más susceptible a tragarse las manipulaciones políticas en épocas de crisis y por eso creen en justificaciones absurdas que no tienen pies ni cabeza”.

A su juicio, los objetivos del nuevo movimiento político en España van a ser los mismos que ya ha conseguido el chavismo “bolivariano”. Aunque, obviamente, para ello el camino y la estrategia tengan que ser diferentes, y adaptarse a nuestra específica realidad. Su meta fundamental sería la implantación de un nuevo régimen político en España, de corte autoritario, caudillista y populista, empeñado en su propia permanencia sin reparar en límites. Los medios para ello serían una política de agitación permanente (“frente al enemigo”), y un intenso control propagandístico de la sociedad. La separación de poderes, y los medios de control del poder político que son característicos de las democracias avanzadas de nuestro entorno y que en España, aun gravemente deteriorados, siguen existiendo formalmente, se anularían bajo la acusación de ser reaccionarios y contrarios a la voluntad del pueblo plebiscitariamente manifestada. Y los que quieran engañarse con la creencia de que un cambio constitucional antiliberal no sería posible en el seno de la UE deberían considerar que ya ha ocurrido en otro país: Hungría.

El desprecio de los dirigentes de Podemos por nuestro marco constitucional, expresado incluso en la forma de prometer sus cargos electos, y su propuesta de abrir un proceso constituyente “que consiga una democracia verdadera” son pistas claves al respecto. Desde el pasado siglo todos los regímenes autoritarios se han empeñado en poner calificativos a la palabra democracia (“popular”, “nacional”, “orgánica”…), como forma de disfrazar su verdadera voluntad de anularla.

Ese objetivo es obvio que no puede desarrollarse en una sociedad que cuente con una información libre y plural. El proyecto requeriría el dominio de los medios de comunicación y su sometimiento a los objetivos propagandísticos del nuevo poder, como ha ocurrido ya en Venezuela. De hecho en el manejo de los medios alternativos e informales, y de la propaganda, los integrantes de Podemos ya se han revelado como grandes expertos. Probablemente han tenido para ello buenos maestros. Su experiencia en las redes les debe haber hecho conscientes de su potencial y, por tanto, de la necesidad de controlarlas

¿Cuánto podría durar un blog crítico como éste bajo un gobierno consolidado de Podemos? Las palabras de Iglesias sobre la necesidad de establecer mecanismos de control público a los medios “para liberarles de los condicionantes de las empresas privadas y partidos políticos” y para que puedan así ejercer lo que sería su particular visión de la “libertad de prensa” no pueden ser, al respecto, más inquietantes.

Ese objetivo de mantenimiento del poder exigiría también el control de la población a todos los niveles, y la transformación de nuestro modelo económico de libre empresa. Y las restricciones afectarían hasta a aspectos de nuestras vidas privadas que hoy nos parecen sagrados. Por ahora simplemente han anunciado en su programa la primera ola de expropiaciones y nacionalizaciones, por cierto a contracorriente de los países socialmente más desarrollados, incluidos los nórdicos. Pero, lo mismo que ocurrió con Chavez, es muy improbable que fuera la última. Y las sugerencias de abandonar el euro para, en su caso, tratar de constituir otra moneda común con los países del sur de Europa dan verdaderos escalofríos si vemos el manejo que el régimen bolivariano ha hecho y sigue haciendo de su moneda, y la inflación de vértigo que ésta ha sufrido.

No me cabe duda de que muchos van a acusar al artículo de Yael Farache, como también a este post, de ser exagerados y tergiversadores. Frente a estas o semejantes acusaciones es previsible que los que están en el nucleo de ese proyecto político se defiendan como lo han hecho hasta ahora: más que con contra argumentos y datos ciertos, con una estrategia de descalificación de sus oponentes, presentados como representantes de las fuerzas oscuras que hoy detentan el poder. Que este análisis se haga desde un blog independiente y crítico y sin pelos en la lengua para señalar y denunciar nuestras deficiencias institucionales y para pedir reformas sustanciales, como es éste, no será obstáculo para ello. Los líderes de Podemos, formados en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complitense y en Venezuela en el dogmatismo y en el desprecio por un debate libre y constructivo, están entrenados en una reducción simplista y maniquea de la realidad en la que sólo ellos y sus cómplices son los buenos.

De hecho, lo mismo que el nacionalismo, el islamismo radical y otros movimientos políticos cultivadores de odio, ese partido necesita imperiosamente un enemigo externo pintado en tintes muy oscuros, tanto para llegar al poder como para poder permanecer en él. Como nos ha enseñado la praxis de los Gobiernos bolivarianos en Venezuela y de otros semejantes, ese enemigo en gran parte imaginario es la gran excusa para justificar las dificultades y la ruina económica que estos regímenes traen consigo. Y también sus tropelías, abusos, represiones y persecuciones.

Para otros, sin embargo, la resistencia a comprender esa realidad puede tener otro origen. Es duro admitir que Podemos, como hicieron en su día sus mentores del otro lado del océano, están desarrollando una estrategia engañosa para tomar un gobierno sesgado que acabe con muchos derechos y libertades fundamentales. Por la sencilla razón de que será el fin de una ilusión, de una esperanza de salir de una situación difícil. Pero los datos están ahí, y no van a desaparecer por matar, o simplemente descalificar, a los mensajeros que los aportan.

El hecho de que el descontento tan justificado de una base social numerosa se esté canalizando hacia un partido de raíces totalitarias y que promete soluciones imposibles, en vez de hacia otros partidos reformistas y regeneracionistas que no son responsables de la situación y la denuncian desde posiciones genuínamente democráticas dice mucho de las carencias en formación cívica de la sociedad española. E incluso de las de nuestro sistema educativo. Un problema que puede dar para muchos posts.

La consolidación de ese movimiento que está devorando rápidamente las bases de los tradicionales partidos de izquierda tiene, sin embargo, entre sus adversarios un posible benefiario en el corto plazo: el Partido Popular. Que precisamente ha sido también uno de los grandes responsables de que haya surgido ese movimiento por su complicidad en el proceso de deterioro de nuestro régimen político. El beneficio podría lograrlo si el nuevo partido le sirve para movilizar a suficientes votantes, con el argumento “del miedo” de ser la única barrera frente a esos nuevos bárbaros, como para poder seguir así en el poder tras las próximas elecciones. Pero sería una maniobra arriesgada y, en todo caso, cortoplacista si no evita que Podemos quede como protagonista fundamental de la oposición.

Si hubiera suficiente conciencia y racionalidad en nuestra clase política, el objetivo debería ser la desactivación de un movimiento tan peligroso de mejor forma, y de la única en que tal vez sea ya posible: exigiendo las responsabilidades que sean precisas, incluso hasta el más alto nivel, y acometiendo esa profunda reforma de la que nuestras instituciones están tan necesitadas. No para acercarnos a los regímenes populistas bolivarianos, sino más bien, en la dirección contraria, a las democracias más avanzadas de Europa occidental. Es cierto que ello les supondría a nuestros políticos notables sacrificios y renuncias en su actual status, en beneficio de la sociedad a la que deberían servir. Pero ya que no lo han querido hacer por generosidad y altura de miras, por sentido de Estado, que lo hagan al menos por un puro y básico instinto de supervivencia. Debemos ser conscientes, con la suficiente perspectiva histórica, de que, como dice Yael Farache, “La libertad es algo frágil. Conquistarla es un proceso largo y duro, pero perderla es muy fácil”.

Encuestas, consultas y referendums

Una de las falacias que más se repiten en relación a la consulta prevista para el 9 de noviembre es la de que se trata tan solo de saber lo que piensan los catalanes, sin que eso tenga consecuencias jurídicas. Es decir, se plantea la consulta como si se tratara de una mera encuesta. De este planteamiento falaz se siguen varias consecuencias, tanto en lo que se refiere a la legalidad de la consulta como en lo referente a su legitimación y justificación. Sobre lo primero se mantiene que lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional en relación a los referéndums no es aplicable a la consulta. En relación a lo segundo se sostiene que no existe ningún mal en conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema de interés como es éste. Ambas afirmaciones son falsas y consecuencia de una falacia y de una errónea interpretación de lo que son las consultas y los referéndums. Aquí me intentaré ocupar de ello.

El error de partida es asumir que solo las consultas vinculantes son referéndums. Este es un error (o una mentira) repetido por doquier, incluso en la propaganda que Diplocat realiza en el exterior a favor de la consulta (aquí puede verse la respuesta de Societat Civil Catalana a dicha propaganda); pero que carece de base alguna. En España los referéndums son, en principio, no vinculantes cuando se refieren a decisiones políticas (art. 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Es claro que el referéndum es consultivo –no vinculante- y que, por tanto, de lo que se trata es de conocer la opinión de la ciudadanía en relación a una cuestión política, aunque sin que el referéndum tenga carácter vinculante (su carácter es meramente consultivo).

Aparte de estos referéndums consultivos, el Derecho español también prevé otro tipo de referéndums que se insertan en determinados procedimientos legislativos o de creación de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Constitución prevé dos tipos de referéndums de reforma constitucional, uno en el art. 168.3, en relación al procedimiento agravado de reforma constitucional, y otro en el art. 167.3 para los supuestos de reforma de la Constitución por el procedimiento simplificado. En el art. 152.2 de la Constitución se prevé también un referéndum vinculante para la reforma de determinados Estatutos de Autonomía y en el art. 151.1 también de la Constitución se regula un referéndum en el procedimiento de creación de las Comunidades Autónomas. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución prevé también un referéndum específico para el caso de que Navarra deseara incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Además, algunos Estatutos de Autonomía también prevén que su modificación debe ser ratificada por referéndum (art. 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 115 del Estatuto de Autonomía de Aragón o art. 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aquí no trataremos estos referéndums ya que el que nos ocupa ahora en Cataluña es del primer tipo, un referéndum consultivo en relación a una decisión política.

Este tipo de referéndums están regulados en la Constitución y la competencia para la autorización de tales consultas es exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª de la Constitución: art. 149.1 de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). Es decir, la autorización para celebrar referéndums consultivos es una competencia estatal de carácter exclusivo. Esta competencia no se limita a los referéndums vinculantes, como pretende la propaganda secesionista; sino a todos los referéndums. Esto es, a todos los supuestos a los que se consulte al conjunto del electorado en relación a una decisión política (Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008). La competencia para autorizar el referéndum es, por tanto, estatal y una ley autonómica que permitiera la realización de este tipo de consulta sin la autorización del Estado sería claramente inconstitucional.

No puede dejar de señalarse que la competencia autonómica en materia de referéndums no se ve limitada únicamente por la previsión del art. 149.1.32ª de la Constitución, sino que también ha de tenerse en cuenta que el art. 92.3 de la Constitución prevé que una ley orgánica ha de regular las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, lo que implica que también la competencia para la regulación del referéndum es estatal, habiéndola ejercido mediante la Ley Orgánica 2/1980. La competencia estatal en materia de regulación del referéndum no solamente deriva, además, de la previsión del art. 92 de la Constitución, sino también de la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, ya que el referéndum es una manifestación del derecho de participación política (art. 23 de la Constitución). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 103/2008 (Fundamento Jurídico 3). No insistiré, sin embargo, en este aspecto porque creo que ya queda suficientemente claro que una consulta como la prevista por algunos partidos para el mes de noviembre en Cataluña es absolutamente incompatible con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento.

El error, por tanto, está en, de manera totalmente injustificada, pretender que la competencia exclusiva del Estado alcanza tan solo a los referéndums vinculantes, siendo el resto meras consultas que podrían ser decididas por las Comunidades Autónomas. Esto, como digo, es radicalmente falso.

El discurso secesionista no descansa solamente en la falsedad que acabo de señalar, sino que, además incurre en una falacia. La falacia, que adelantaba al comienzo, es desvincular la consulta de la decisión política a la que se refiere. Como digo los independentistas y sus aliados plantean con aparente o real ingenuidad que no hay ningún mal en saber lo que piensa la gente. Bien, es que una consulta no se hace para saber cuál es la opinión de la gente, sino para adoptar una decisión. De ninguna forma puede desvincularse la decisión de la consulta. La legalidad de la decisión es parte intrínseca en la valoración de la legalidad de la consulta y parte esencial de ésta.

Esto es claro incluso en la Ley sobre consultas que se está elaborando en el Parlamento de Catalunya en estos momentos. Dicha Ley pretende ajustarse a ese sentido reducido de consulta que buscaría conseguir su encaje constitucional; pero en el propio texto de la Ley (art. 8 de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión) se establece que una vez realizada la consulta y en el plazo de dos meses los poderes públicos se han de pronunciar sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta. Es claro, por tanto, que no estamos hablando tan solo de saber si la gente prefiere la música de Bach o de Beethoven, sino de orientar la actuación política, en este caso en el sentido de crear un nuevo Estado, modificar las fronteras del Estado español y alterar la configuración de la Unión Europea, entre otras consecuencias que se derivarían de que Cataluña deviniera un Estado independiente.

Así pues, no es cierto que se trate solamente de saber “qué piensa la gente”, sino que estamos ante un proceso de secesión para el que, evidentemente, la Generalitat, no tiene competencias. Y si la Generalitat carece de competencias para adoptar las decisiones a las que conduciría la consulta tampoco las tiene para convocar la consulta. Por esta vía también se cierra la posibilidad de que la Generalitat pueda convocar legalmente una consulta como la que se pretende realizar en noviembre.

No estamos ante una encuesta, ni ante una consulta sobre si la Diagonal ha de tener tres o cuatro carriles en cada sentido; estamos ante una decisión política cuya competencia excede las que tiene la Generalitat. Es por eso que la consulta no puede ser convocada y que si se convoca será no solamente sin base legal, sino en un consciente desafío al Estado de Derecho de una gravedad insólita en democracia.

Lecturas recomendadas: “El gobierno de sí y el de los otros”, de Michel Foucault

Estos días de estío son idóneos para afrontar lecturas que inviten a una reflexión profunda sobre los principios y los problemas claves de nuestra convivencia democrática. Durante el curso nos asaltan problemas políticos y jurídicos concretos a los que hay que dar una respuesta igualmente determinada. Y esa vorágine es poco propicia para detenerse a meditar sobre los presupuestos profundos que deben guiar nuestra opinión y nuestra acción. Así que, puestos a cargar las pilas en nuestro garaje estival, pocas lecturas me parecen más recomendables que este viejo (y sorprendente) curso impartido por Foucault en el Colegio de Francia entre enero y marzo de 1983, y editado en 2008 por Gallimard (traducción española en Akal, 2011).

Lo primero que sorprende, tratándose de una reproducción casi literal del audio de las conferencias, es la claridad, elegancia y precisión del texto. Sin duda que este hombre debió ser un conferenciante excepcional (al margen de ser un filósofo de primera fila, evidentemente)  lo que merece destacarse, ya que son cosas que, para nuestra desgracia, no suelen ir unidas. Parafraseando a Ortega, habría que recordar lo frecuente que resulta que los filósofos sean “descorteses”.

La segunda sorpresa es comprobar cómo la historia griega de un concepto tan aparentemente marginal como la parrhesía (que podemos traducir como “decir veraz”) es capaz de provocar tanta reflexión sobre los presupuestos y los límites de la democracia, y del papel que en ella debe jugar el político, el filósofo y, a la postre, el ciudadano.

Apoyándose en textos de Eurípides, Tucídides y Platón (entre otros) Foucault nos invita a identificar las notas de la parrhesía y distinguirla de otros conceptos análogos, y luego a ser testigos de su evolución y posterior diferenciación en dos tipos fundamentales: la política y la filosófica.

La parrhesía es el decir veraz, franco, sin tapujos. Pero un decir que se ejerce frente al poder y que precisamente por eso mismo exige coraje, en cuanto conlleva riesgos. Esta nota del riesgo –a veces el riesgo de muerte, otras del exilio, la esclavitud o la cárcel- es una nota esencial del concepto.

La parrhesía era consustancial a la democracia ateniense (ya lo apuntó Polibio) porque el buen gobierno democrático exige que el gobernante (según pone Tucídides en boca de Pericles) sea capaz de ver lo que está bien, sepa decirlo a la gente, y tenga el coraje de hacerlo.

No es nada fácil reunir las tres virtudes. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros políticos actuales no tiene ninguna de ellas, pese a que algunos hagan carreras fulgurantes. Entre la minoría, los hay con capacidad para ver lo que está bien, e incluso puede que tengan capacidad para decirlo, pero claramente no tienen el coraje suficiente para ello. Interesante al respecto es este artículo de Félix Ovejero (“Todos eran populistas”) en el que se refiere a las declaraciones de Miguel Sebastián advirtiendo de los peligros de la burbuja inmobiliaria… antes de gobernar, claro.

Pero lo más curioso, y lo que este libro que comento revela de manera muy clara, es por qué los poquísimos políticos que son capaces de ver lo que está bien y disponen del coraje necesario para decirlo, no tienen sin embargo la sabiduría suficiente para saber cómo hacerlo.

Estamos casi tocando las íntimas contradicciones de un régimen democrático (y seguro que nuestros abundantes lectores chinos se están frotando las manos en este momento). La primera pregunta que se formula Foucault, ésta de manera explícita, es cómo, siendo la verdad imprescindible para una democracia, puede ésta tolerarla. De hecho, es que hoy sabemos que no la tolera, pues si bien es cierto que decir la verdad no conlleva en la actualidad el ostracismo o el exilio físico, sí implica el exilio político (en forma de derrota electoral o postergación dentro del partido), lo que para el político profesional es casi peor.

Pero la segunda contradicción, que el autor no formula expresamente pero que se deduce claramente de su tesis, es la enorme dificultad que supone saber cómo decir la verdad con un mínimo éxito en una democracia, aun cuando se cuente con el coraje suficiente para ello. Sencillamente, porque la parrhesía política que aspira a influir de manera real en la vida de la ciudad exige un inevitable uso de la retórica -de algún modo refractaria a la propia verdad- mientras que la parrhesía filosófica –por esencia verdadera- es completamente inapropiada para el combate político (aunque, y esa es otra cuestión, enormemente importante para educar al político).

Aclaremos esto último, porque aquí está el meollo del asunto. Frente al modelo de parrhesía política encarnada por Pericles, encontramos el prototipo de parrhesía filosófica en Platón. Éste último se juega la vida varias veces hablando franco a Dionisio de Siracusa. Diciéndole la verdad con el fin de convertirle en filósofo; lo que implica, por la vía de actuar sobre su alma, aspirar a cambiar radicalmente su forma de ejercer el gobierno. Pero es importante resaltar que Platón no pretende que Dionisio realice una determinada política concreta, cualquiera que ésta sea, sino que su decir veraz va dirigido a cambiar la persona del gobernante, es decir, a cambiar al político con el fin de que, aprendiendo a gobernarse primero a sí mismo, aprenda a gobernar a los demás. Entender La República o Las Leyes como una politeia, o como un programa político concreto, es un grave error de comprensión de la filosofía de Platón que Foucault (al igual que otros ilustres investigadores antes o después, como G. Reale) denuncia con vigor (lo que incidentalmente le sirve de excusa para burlarse de ese engendro de K. Popper llamado La sociedad abierta y sus enemigos que, al menos en lo que hace a Platón, solo revela la oceánica ignorancia del autor al respecto).

Este tipo de parrhesía filosófica es imprescindible en una sociedad democrática, como Foucault se encarga muy bien de destacar, pero no puede sustituir a la política. Porque mientras los filósofos aspiran a convertir al poder, adopte éste la forma de tirano o de demos, en el ámbito de la política hay que tomar decisiones todos los días, y tienen que ser las correctas, lo que implica buscar la adhesión inmediata del electorado a las mismas. Eso requiere ver adecuadamente el problema, tener el coraje de resolverlo, y también cierta capacidad de seducción retórica. Los filósofos pueden aporrear a los ciudadanos con el fin de hacerles entrar en razón, ¡pero el político no puede aporrear a su electorado real o potencial si aspira a ganar las elecciones! Tiene que seducirlo.

Pero, ¡ay!, sabemos desde Platón que la retórica es peligrosa y de muy difícil manejo. Se basa normalmente en intereses, conveniencias, en la psicología “realista” de la seducción: en agasajar los sentidos tal como hace el cocinero y no en provocar dolor como muchas veces exige el médico. Cuando uno aprende a conocer a fondo a la bestia y a prever sus reacciones, la tentación no consiste en reconducirla (menos aún cambiarla en otra cosa distinta por conducto de la filosofía), sino en aprovecharse de ese conocimiento para manejarla a nuestro antojo. De esta manera la parrhesía se pierde, porque ya no es un decir veraz al poder que implique un riesgo, sino una utilización interesada de la bestia para usurpar su poder en propio beneficio, o para ponerse a salvo del mismo: ya no se le dice la verdad, sino lo que ésta quiere oír.

¿Es posible entonces una parrhesía política -una retórica- capaz de escapar de estos riesgos? ¿Una retórica que, pese a ser retórica, diga la verdad? La pregunta es muy importante, porque si la respuesta es negativa –y Foucault parece bastante escéptico al respecto- entonces las democracias modernas tienen poco futuro y los chinos van a terminar teniendo razón.

Lo estamos viendo claramente en nuestro país. Contamos con dos populismos formidables: el del PPSOE y el de Podemos, que demuestran un masivo y competente uso de la retórica no para decir la verdad, sino para decir a cada bloque del electorado lo que éste desea oír. Cada uno quiere manejar a la bestia en su propio beneficio: el PPSOE para apuntalar su poder, y Podemos para sustituirlo no se sabe muy bien para hacer qué. Todos aquellos situados en los márgenes o en la mitad corren el riesgo de ser triturados por ambos rodillos.

Frente a esta amenaza la parrhesía filosófica (enfocada a educar y mutar el alma de los ciudadanos) es muy necesaria, sin duda, pero dejémosela a los filósofos. Que ellos asuman el riesgo de irritar a la bestia, como lo asumió Sócrates y Platón. En España hay algunos cuantos muy competentes, sobradamente capacitados para la tarea. Alguno lo ha demostrado ya con creces, como el Sr. Savater, por ejemplo, pero sería necesario que alguien más le diese algún relevo de vez en cuando. No obstante, el apremiante corto plazo no es tarea de filósofos, sino que para eso se necesitan políticos. Políticos que tienen que adoptar y asumir los métodos de la política –no de la filosofía- sin dejarse contaminar por ellos. ¿Es posible?

En otro libro muy recomendable (aunque en mi opinión de bastantes menos quilates que el anterior) Jacqueline de Romilly (Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles, 1988) defiende que sí. Al menos Protágoras estaba convencido de ello: a veces el enfermo encuentra amargos algunos alimentos convenientes, pero el médico puede, con sus remedios, invertir la impresión del paciente, de modo que los mismos le parezcan buenos y lo sean; “el médico produce esta inversión con sus remedios; el sofista, con sus discursos”. Si Platón se mostraba escéptico al respecto, era porque consideraba imprescindible para el éxito duradero que el poder aprendiese primero a gobernarse a sí mismo, objetivo que solo la filosofía podía procurar. Pero, ¿acaso no ha habido casos en donde la política ha conseguido en este sentido resonantes éxitos a corto plazo?

Ha habido, desde Pericles, algunos buenos ejemplos. Gente que, haciendo un uso excelente de la retórica, ha conseguido seducir al electorado para hacer lo que éste no quería hacer y era conveniente para todos que hiciese. Ver el problema, tener el coraje de decir la verdad y saber decirla. Está claro que hoy, en las democracias modernas, sólo con dos no vale.

El artículo de Ignacio García de Leaniz: El nuevo regeneracionismo español

Hace poco más de un año, apelaba desde esta Tribuna (“Pidiendo una Generación del 12”, El Mundo, 11-01-2013) a la necesidad de una constelación de ciudadanos con influencia en la sociedad y conocimientos de la estructura del estado, que conscientes de las causas del colapso institucional, económico y social que nos asola, pudiera enderezar el hundimiento colectivo al que asistimos. Que no es otro que el del régimen del 78, cuya descomposición y corrupción actuales nos recuerdan la caída del sistema caciquil de partidos de la Restauración en 1923, o años más tarde, en 1931, la desaparición de todo un régimen. Y no hay que olvidar que el declive actual ya se ha cobrado una abdicación regia forzada, velis nolis, por una corrupción inherente a la quiebra de la separación de poderes que padecemos.

Mas como en nuestro país hay ciertamente gente muy valiosa-aunque no se hable de ella- y abnegada a la que además le “duele España”, resulta que ante la grave crisis en torno, una serie de personas han aunado esfuerzos y vertebrado sinergias para frente a la desesperanza reinante (“así podemos seguir indefinidamente”) dar paso a una desesperación creadora (“así no podemos seguir más: ¡hay que hacer algo!”). Como asumiendo el lema de “no comulgar con ruedas de molino” frente a un entramado institucional no muy distinto al que Joaquín Costa definió en Oligarquía y caciquismo. Y así de forma espontanea se ha ido acrisolando una minoría vital crítica que siguiendo la estela de nuestros mayores regeneracionistas del siglo XIX y pasado (Ganivet, Costa, Maeztu, Unamuno, Machado y Ortega), se han puesto manos a la obra de hacer frente al fracaso democrático nacional cuanto a la corrupción campante que sucede a un poder tan descontrolado como el que hemos consentido.

Tal movimiento regeneracionista aglutina ya una constelación de profesionales con edades que oscilan entre los cuarenta y cincuenta años, siendo su fecha-eje de nacimiento 1968 y el 2014 la de su toma de conciencia de ser una generación dotada de un proyecto sugestivo en común. Año este en el que han empezado a reunirse para analizar la situación nacional y entreverar varias líneas de acción. Sus perfiles van desde abogados del Estado, hasta notarios, profesionales del Derecho, profesores, altos funcionarios, consultores y directivos de empresa. Y hay en este rasgo de la minoría regeneracionista, un hecho bien insólito por significativo: Cómo el actual establishment encarnado por el PP-PSOE y su anejo “capitalismo castizo”, ha perdido el apoyo de las élites más preparadas y se han ganado, a cambio, su beligerancia en pro de una democracia de usos europeos- con igualdad ante la ley- y del fin de la impunidad. Esto es, devolver a España la categoría de Estado de Derecho que ha ido perdiendo paulatinamente en los últimos veinte años.

Y en poco tiempo, como fruta en sazón, han ido cuajando unas iniciativas regeneradoras que dan cuenta de las energías dormidas que hay en el fondo de nuestra sociedad y que hablan todas ellas de una “imaginación creadora” tan necesaria hoy para la encrucijada española. Veamos algunos ejemplos:

1. El fenómeno de “¿Hay Derecho?”: Lo que comenzó como un reducido blog más fundado por cuatro notarios (Ignacio y Fernando Gomá, Rodrigo Tena y Fernando Rodríguez Prieto) y una abogada del Estado (Elisa de la Nuez), se ha convertido al cabo del tiempo en el blog jurídico-y político- más importante de nuestro país, sostenido por muchas horas de saber y esfuerzo. Y sin ningún ánimo de lucro lo cual resulta siempre aval del regeneracionismo verdadero. En la actualidad cuenta ya con más de 200.000 entradas mensuales y sus reflexiones y denuncias sobre la deriva de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, son a mi juicio de lo más lúcido y riguroso que se está escribiendo en nuestro país en estas horas inciertas. Un uso inteligente de Twitter permite, además, un grado de difusión y seguimiento notables. Junto a ello, han tenido la feliz idea de publicar un libro fundamental para entender lo que nos pasa como son las reflexiones que constituyen el tomo “¿Hay derecho?”: La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, bajo el pseudónimo colectivo de Sansón Carrasco (Península, 2014). Las diecisiete páginas de su introducción suponen una formidable síntesis de nuestros males, carencias y peligros, siendo su lectura indispensable para saber qué nos estamos jugando.

2. La tecnología al servicio del Regeneracionismo: La Fundación Civio. No menos eficaz y fecunda resulta la andadura que a través del uso de las nuevas tecnologías ha emprendido Jacobo Elosua, que fue alto directivo de un conocido banco de inversión multinacional. Su Fundación Civio desarrolla herramientas informáticas que sacan a la luz datos de gran valor cívico y promueven la transparencia tan necesaria, ayudando al tránsito de mero contribuyente a ciudadano. Lo que supone mucho de investigación y de conocimiento de la gestión pública para mejorar el poder ciudadano y la rendición de cuentas institucionales. Secciones como “Tu derecho a saber”, “El BOE nuestro de cada día”, “Quién manda” o “Dónde van mis impuestos”, tienen como fin tanto el control del poder público cuanto una labor de pedagogía conscientes de que el principal problema político de nuestro país sigue siendo esencialmente “pedagógico”, como anotaba Ortega. Pero, sin duda, la sección más conocida de su web es el “Indultómetro” donde han recopilado, desgranado y clasificado toda la información contenida en el BOE sobre los indultos concedidos en España desde 1996, constituyendo una ingente base de datos a disposición de cualquiera de nosotros. De donde puede sacar el lector lecciones varías sobre el grado de impunidad y arbitrariedad que acompañan al ejercicio de nuestro poder político
3. Una herramienta municipal regeneracionista: Basada en la experiencia del ayuntamiento de Torrelodones, y ante la dificultad de conocer las finanzas de los ayuntamientos nacionales y sus normas básicas de gestión, la regeneradora Sociedad Civil Municipal al frente de la cual se encuentra un consultor como Gonzalo F. Atela, ha creado un “kit”, descargable on line, con los puntos básicos que deben conocer los ciudadanos que quieran repetir la experiencia torredolonense, que supone la dignificación de la vida municipal y terminar con la figura de los ediles “cuneros” de los tiempos de la Restauración. Así a través de una serie de guías y procedimientos, las asociaciones ciudadanas se encuentra desde material jurídico a instrucciones sobre cómo gestionar la estrategia en los medios para poder acceder a un poder local cuyo índice de salud moral resulta el quicio de nuestra entera arquitectura política. Con este planteamiento, la posibilidad de importar la figura del “manager municipal” tan popular en los países escandinavos y en Estados Unidos supone una clara perspectiva regeneracionista.
Se me dirá que al fin y al cabo son experiencias todavía modestas. A lo que respondo que mucho peor que no las hubiera. Y que el nuevo regeneracionismo hace camino al andar, deportiva, abnegadamente. Lo cual no es poco.

¿Gestación subrogada sin fronteras?(III) La limitada eficacia de algunas prohibiciones en nuestro mundo global.

LAS SENTENCIAS DEL TEDH

Las cosas parecían resueltas definitivamente en España con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014. La misma acababa con las esperanzas de los padres genéticos, que habían acudido a la gestación por sustitución en países que reconocían efectos determinativos de la filiación a la misma, de que ésta fuera reconocida en España. Pero el panorama de nuevo ha cambiado radicalmente.

El 26 de junio de 2014, es decir, poco más de cuatro meses después de la sentencia del Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dictado dos sentencias, esencialmente idénticas en sus fundamentos, en las que condena al Estado francés por impedir el registro de unos niños nacidos en Estados Unidos con reconocimiento allí de su filiación a través de gestación subrogada contratada por unos padres franceses. Son los llamados casos Mennensson y Labasse, con los que ha sentado una importante doctrina.

El inicial rechazo a ese reconocimiento de la autoridad francesa se fundaba en una norma semejante a la de nuestro artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo. A dicha norma francesa, como en España nuestro TS, se le había pretendido dar también una eficacia extraterritorial por considerarse de orden público internacional francés. Y por ello en Francia se consideraba también aplicable a esas gestaciones por sustitución conseguidas fuera (en Estados Unidos)

El TEDH, sin embargo, considera que esa pretendida eficacia extraterritorial de tales normas es atentatoria contra el interés superior de los menores. Manifiesta que de esa forma se priva a los mismos de algunos de los contenidos esenciales de su derecho a una vida privada que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y afirma que no se les puede dejar en la situación de incertidumbre jurídica sobre aspectos esenciales de su misma identidad, como nacionalidad y filiación, que se derivaría de esa negativa a la inscripción.

El TEDH considera conforme al Convenio el que las legislaciones nacionales prohiban el uso de esa técnica reproductiva en sus respectivos países, o que le nieguen en ese ámbito efectos determinativos de la filiación. Pero considera inaceptable el pretender la extraterritorialidad de esas limitaciones, a la vista de los nocivos efectos señalados que de ello se sigue.

El efecto de esas sentencias se ha hecho sentir rápidamente en España. Un portavoz del Ministerio de Justicia anunció el 10 de julio que se va a cursar de forma inmediata una instrucción a todos los consulados españoles para ordenarles que inscriban en sus Registros Civiles consulares a los niños nacidos por gestación subrogada. Tales inscripciones se encontraban paralizadas desde la indicada Sentencia del TS de 6/2/2014. El Ministerio de Justicia considera, razonablemente, que las sentencias del TEDH vinculan también a España y que ese bloqueo debe levantarse de forma inmediata.

El Ministerio ha anunciado también la intención de promover una reforma legal que resuelva de forma definitiva esta situación. La cuestión es trascendente, pues según la Asociación “Son Nuestros Hijos”, defensora de esta esta vía de acceso a la paternidad, se firman unos 800 contratos al año por españoles en Estados Unidos con este fin. En dicho país el proceso es cuidadosamente supervisado por un juez para garantizar que la mujer gestante actúa libremente y no empujada por un estado de necesidad, ni explotada por terceros. Si la práctica de ese instrumento había alcanzado esa extensión a pesar de la inseguridad jurídica existente hasta ahora, no es descabellado pensar que el número pueda aumentar de forma sustancial ahora que las dudas parecen definitivamente despejadas.

Y así las cosas ¿Tiene sentido mantener la norma restrictiva del citado artículo 10 cuando es tan fácil saltar la barrera que establece como acudir para ello a Estados Unidos? En realidad dudas semejantes pueden legítimamente plantearse respecto de muchas otras restricciones, prohibiciones y limitaciones legales en las materias jurídicas más diversas. Así como la revolución digital ha hecho mucho más ineficaces muchos de los tradicionales mecanismos de control (como la censura informativa, por ejemplo), la globalización también va a operar en el mundo jurídico en el mismo sentido. Puede gustar o no, pero ese efecto es imparable.

En esta y en otras muchas materias, por tanto, las limitaciones y prohibiciones pueden ser inútiles para un sector de la población, a no se que haya una perfecta coordinación de todas las naciones, de forma que todas las incluyan en sus propios ordenamientos. Pero eso exige una previo consenso universal sobre lo que es y no es admisible que en muchos casos no va a resultar fácil de lograr. En casos dudosos puede ocurrir que, como ocurre en navegación con las “banderas de conveniencia”, algunos países encuentren incluso una vía de negocio en su laxitud.

Son, efectivamente, problemas difíciles de resolver. Y en algunos casos, como en el de la maternidad, sazonados además con una inevitable carga pasional.

Lo cierto es que, mientras esa coordinación no se consiga, el efecto de las limitaciones va a ser necesariamente discriminatorio, pues el sector social más informado y con más recursos va a poder eludirlas. Lo que debe ser considerado por los legisladores. Incluso por unos legisladores tan poco propensos a la reflexión sobre las consecuencias de sus productos como son los nuestros.

 

Entrevista a los autores del libro ¿Hay Derecho?(I)

Transcribimos aquí la primera parte de la entrevista que iAhorro hizo a los autores del libro ¿Hay Derecho?

Entrevista a los autores de ¿Hay derecho?: no hay verdadera Democracia sin Estado de Derecho

Fernando Gomá Lanzón (notario experto en iAhorro.com), coautor del libro ¿Hay Derecho? junto a Elisa de la Nuez (abogado del Estado), Ignacio Gomá Lanzón (notario), Fernando Rodríguez Prieto (notario) y Rodrigo Tena Arregui (notario), han aceptado contestar a una entrevista colectiva, algo que sin duda supondrá una información muy valiosa de lo que piensa este elenco de profesionales de primer nivel de la calidad de nuestra democracia.

Dada la extensión y máxima calidad de las respuestas, vamos a dividir en tres partes la entrevista, que publicaremos hoy y en los sucesivos días.

Además de la importancia de conocer lo que piensan que funciona mal en nuestro país, en relación a temas tan importantes como la aplicación real de la Constitución en España, la necesaria independencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, o los efectos de la burbuja normativa en nuestra economía, su labor de divulgación nos ayudará a conocer qué cambios se necesitarían aplicar para llegar a tener, algún día, una democracia de máxima calidad, y no una cupulocracia ineficiente que no trabaja por el interés general, sino por los suyos propios.

Sin más dilación, empecemos con este viaje al centro del sistema ejecutivo, legislativo y judicial patrio.

Autores del libro ¿Hay derecho?

1.- El autor del libro ¿Hay derecho? que figura en la portada es Sansón Carrasco, ¿nos podríais explicar quién es este personaje y por qué lo habéis elegido como representante del grupo de autores?

Respuesta:

Razones editoriales hacían que no se pudiera comercializar el libro con el nombre de los cinco autores en la portada, de modo que había que ofrecer un nombre colectivo, y elegimos Sansón Carrasco, el cual es un personaje del Quijote, el bachiller que en la primera parte de la novela realiza un escrutinio de la biblioteca del Quijote, y en la parte final le derrota en “singular combate” y le obliga a dejar las armas –y su locura- y volver a casa. Nos pareció un nombre sonoro, muy español y con un cierto simbolismo, y por eso lo escogimos.

Valoración de partidos tipo Podemos

2.- Desde el primer momento habláis de la responsabilidad personal de cada uno y de la importancia de votar con una buena cultura democrática, dejando de ejercer el derecho al voto solo en base a la afinidad ideológica, castigando la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. ¿Qué valoración hacéis de la irrupción de un partido claramente ideológico pero de fuera del sistema político tradicional como Podemos? ¿Notáis un cambio real en la importancia que da el ciudadano a la política?

R: La irrupción de Podemos es, sin duda, un síntoma de que muchos ciudadanos están tomando en consideración la situación política y de que se encuentran muy en desacuerdo con ella y con la corrupción y demás males que denunciamos en el blog y también de que están dispuestos a movilizarse, incluso con opciones no tradicionales. Pero, dicho ello, es preciso simultáneamente alertar del peligro que tienen aquellos planteamientos políticos que proponen, más o menos abiertamente, una ruptura con el sistema político bajo el reclamo de la Democracia participativa que, en realidad esconde una democracia sin Estado de Derecho. Esto es lo que tantas veces repetimos en el blog y en el libro: no hay verdadera Democracia sin Estado de Derecho porque aunque podamos votar, el poder sin control, sin igualdad y sin procedimiento abocan a la corrupción y al abuso.

Eso significa que debemos luchar con las armas del Estado de Derecho, por mucho que ciertamente estas hayan sido en buena medida “confiscadas” por el sistema. Y ello significa también que se nos exige un esfuerzo suplementario como ciudadanos, pues hoy serlo implica responsabilidades que van más allá de votar cada cuatro años: es preciso informarse, participar, reclamar, asociarse, exigir transparencia y, por supuesto, no votar por una simple y presunta afinidad ideológica que en realidad supone comulgar también con todas las malas prácticas que ese partido u opción pueda haber tenido.

No decimos que haya que votar o no a uno o a otro partido: simplemente que juzguemos con la razón y no con el corazón y menos con la historia o la tradición y no toleremos a los políticos lo que no toleraríamos a nuestros, amigos, nuestros familiares, nuestros jefes o subordinados. Nos va mucho en ello, más de lo que parece.

Reformar la Constitución

3.- La Constitución es la Ley de Leyes cuyo texto determina el resto de nuestro ordenamiento jurídico. En el libro se cuestiona tanto la vigencia de lo establecido en el Carta Magna como su aplicación real. ¿Deberíamos cambiar la Constitución y, además, el funcionamiento del Tribunal Constitucional que vela por su aplicación?

R: Empezando por lo fácil, para mejorar el funcionamiento del TC bastaría con despolitizar el nombramiento de los magistrados (no olvidemos que el actual Presidente ha tenido carnet del PP, lo que se le “olvidó” comentar en el Congreso por cierto) y devolverle la profesionalidad y la neutralidad que caracterizó a sus mejores años de funcionamiento. Debería también potenciarse la selección objetiva y neutral de los letrados del Tribunal Constitucional. No puede ser tampoco que los recursos de inconstitucionalidad se resuelvan antes o después en función de los intereses del Gobierno de turno (caso reciente recurso sobre la reforma laboral vs recurso contra la ley del aborto vigente).

La Constitución tiene, a nuestro juicio, dos problemas: de incumplimiento en muchos de sus artículos, particularmente por parte de quienes son los principales garantes y responsables de su cumplimiento que son los Poderes Públicos (el caso del gobierno catalán es quizá el más flagrante, pero hay muchos más) y de falta de adecuación a la realidad puesto que España es, en el 2014, un país y una sociedad muy distintos al que era en 1978. No hay que tener miedo a abordar una reforma constitucional, máxime cuando ya se está haciendo “de facto” por la puerta trasera. Si somos serios, tenemos que tener una Constitución que se cumpla. Propondríamos empezar a estudiar desde un punto de vista jurídico las cuestiones que habría que reformar para que no haya que improvisar “sobre la marcha” aunque por supuesto lo más importante sería alcanzar un consenso político lo más amplio posible para ver qué tipo de país queremos para los siguientes 40 años.

El Rey

4.- ¿Cuál es vuestra opinión sobre la figura del Rey en España y sus prerrogativas ante la Justicia?

R: Si te refieres a don Juan Carlos, pensamos que ha hecho contribuciones muy importantes al país, especialmente durante la Transición. Pero la forma de agradecérselo no es facilitarle por la puerta de atrás una aforamiento universal para todo tipo de cuestiones civiles y penales, que en su caso particular, además, no se justifica desde el momento en que no desempeña cargo público alguno. Esa medida habla mal del legislador (que desconfía de los jueces no controlados o influidos por el poder político) transmitiendo así un mensaje nefasto al país, y, lamentablemente, también del propio ex monarca, que una vez perdida su inviolabilidad parece necesitar urgentemente la ultra protección que proporcionan nuestros altos tribunales politizados y de la que no disfruta ningún ex Jefe de Estado de ningún país democrático.

Demasiados aforados

5.- ¿Hay demasiados aforados en España? ¿Qué sentido tiene el aforamiento?

R: Sin duda los hay. Más de diez mil parece muchos, cuando no debería haber ninguno, o como máximo uno: el Presidente del Gobierno. Así ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. El aforamiento pretende justificarse con una serie de argumentos que no resisten el más mínimo análisis, como hemos intentado demostrar en el blog. Si en nuestro país al que interpone querellas injustificadas no le pasa nada, la respuesta no consiste en salvar de la quema a unos cuantos privilegiados, sino resolver el problema. En España existe la acusación popular, a diferencia de otros países, sin duda, pero aparte de que en estos la fiscalía goza de mucha mayor autonomía política, los intentos de acabar con aquella institución en España no se han visto acompañados de medidas tendentes a terminar con los aforamientos, precisamente. No seamos ingenuos, el sentido del aforamiento en nuestro país es rentabilizar al máximo el control político del Consejo General del Poder Judicial por nuestra partitocracia. Cuando uno controla de manera indirecta los nombramientos de jueces en los tribunales superiores, tiene una previsible tendencia a desear que sus causas particulares sean instruidas por esos mismos jueces, cuya comprensión de “los condicionamientos de la política” es sin duda alguna superior a la media.

El equipo de iAhorro.com agradece a los autores de ¿Hay derecho? esta exclusiva entrevista colectiva, que continuará en los próximos días.

¿Gestación por sustitución sin fronteras?(II) Los argumentos a favor y en contra de la gestación subrogada.

Expuse en el primer post de esta pequeña serie los bandazos que había sufrido el tratamiento por nuestro país del reconocimiento de la filiación originada por gestación subrogada o por sustitución. Merece la pena detenerse en los argumentos que se usan desde las posturas contrapuestas que existen sobre esta controvertida materia.

LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TS.

La sentencia del TS de 6 de Febrero de 2014 anuló la resolución de 2009 y ordenó la cancelación de la inscripción del niño nacido en California al no reconocer la filiación de sus padres por gestación sustituida.

La misma recoge los argumentos más frecuentes en defensa de la posición tradicional de admitir sólo la filiación determinada por la madre gestante. Y por lo tanto en contra de la posibilidad de reconocer este otro tipo de filiación en virtud de gestación por sustitución en el extranjero. En base a los mismos, lo esencial es que considera que la norma del artículo 10 ha de aplicarse, como constitutiva de orden público, también a estos supuestos externos. Sin embargo fue aprobada sólo por cinco de los nueve magistrados de la sala. Los cuatro restantes formularon un voto particular. Lo que es buena prueba de las dificultades de encontrar una solución clara para estos supuestos.

Trato de sintetizar algunos de sus fundamentos y también algunas dudas que me provocan:

+El citado artículo 10, para el TS, impide que los avances en las técnicas de reproducción asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, evita que sean así “cosificados” y que se mercantilice la gestación. Lo cierto, sin embargo, es que no ha impedido que unas cuantas parejas españolas acudan a esta vía. La “cosificación” de la mujer gestante no nos aparece tan clara y evidente ¿Por qué quien se presta a ello está necesariamente atentando contra su propia dignidad o reduciéndose a cosa? Incluso hay quienes realizan esas gestaciones gratuitamente y por puro altruismo, por el simple deseo de ayudar a quienes no pueden tener hijos por sí ¿el renunciar a la maternidad del hijo por ellas gestado ¿Necesariamente esas mujeres “se cosifican” o atentan contra su propia dignidad?

El TS condena esta vía como medio de mercantilizar la gestación, y le parece aberrante que determinados intermediarios puedan realizar negocio con ello. Sin embargo otras actividades de ayuda a la gestación, como por ejemplo a través de implantes in vitro, se realizan por instituciones con ánimo de lucro, y ello no se considera condenable ¿Por qué en este caso, cuando se buscan los mismos objetivos de facilitar una paternidad que no es posible naturalmente, el prestar esos servicios con lucro ha de merecer esa condena? ¿Dónde está el límite de lo mercantil?

+La admisión o reconocimiento de efectos legales, para el TS, permitiría la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza. Pero por una parte, como hemos visto, las gestantes no actúan siempre por precio, y esa opción gratuita tampoco se considera admisible. Y si media precio, esas madres gestantes ¿Han de considerarse necesariamente explotadas? Las incomodidades, esfuerzos, riesgos y gastos de una gestación por cuenta de otros ¿Ha de rechazarse siempre que puedan ser retribuídas? Y esa vía para paliar una situación de pobreza, que por otra parte no tiene por qué existir siempre en la gestante ¿Es necesariamente condenable? ¿Se ha de privar necesariamente a mujeres sin otros recursos y que no deseen ser madres de esa posibilidad de mejorar su fortuna?

El voto particular se pregunta, tal vez con algún fundamento, por qué ha de considerarse explotada la mujer gestante que ha consentido voluntaria, informada y libremente, con plena conciencia de la trascendencia de ese acuerdo. Máxime cuando, como ocurre en Estados Unidos, tal consentimiento se ha prestado ante una autoridad judicial que vela que se haya producido con todas las garantías.

El TS se quiere apoyar en el tradicional dogma de que el cuerpo es un bien fuera del comercio, y considera que estos servicios (denominados impropiamente de “alquiler de útero”) lo quebrarían. Sin embargo también es verdad que en cualquier trabajo que exige esfuerzos físicos (todos en mayor o menos medida), y mucho más en las profesiones de riesgo, las potencialidades de nuestro cuerpo se ponen también al servicio de un empleador a cambio de una retribución ¿Cuál es entonces el factor diferenciador en la gestación por sustitución?

Podemos recordar que en las primeras legislaciones laborales del siglo XIX, más que en mejorar las duras condiciones de trabajo de la época las regulaciones se centraban en prohibir algunos de ellos a los niños… ¡y a las mujeres! ¿Podríamos considerar hoy, con más perspectiva histórica, esas normas limitativas como justas y no discriminatorias? ¿Y no estaríamos aquí ante un caso semejante?

+El TS considera también como argumento el que el reconocimiento de esta determinación de la filiación conseguida en el extranjero llevaría a que sólo quienes dispongan de elevados recursos económicos pudieran acceder a esta vía y establecer este tipo de relaciones paterno filiales. Sin embargo estas mayores opciones de los que tienen más recursos se acepta naturalmente en muchos otros campos. De hecho, en la mayoría de los mercados de bienes y servicios ¿Acaso se debería prohibir la cirugía estética en sus múltiples variantes porque no pueda acceder a ella la generalidad de la población? Y si la restricción ha de afectar de una forma especial a la materia de la reproducción por considerarse en ella imprescindible una igualdad estricta, aunque sea la igualdad de que ninguno pueda conseguir esas metas ¿Por qué permitimos entonces instituciones privadas de ayuda a la reproducción cuando la asistencia es de otro tipo, como las implantaciones in vitro en general?

+El alto Tribunal también se apoya en el principio de interés superior del menor. Pero es bastante dudoso que éste se proteja mejor queriendo atribuir la “correcta” filiación a una madre gestante que desde el comienzo de la gestación no ha querido tener ese hijo como propio. Esos menores quedan de hecho, con la negativa al reconocimiento, en situación de abandono. Y han de seguir el largo y complejo proceso de la adopción, para que culmine con la selección de unos padres diferentes.

En estos casos ¿Por qué se ha de descartar el elegir pomo padres legalmente reconocidos precisamente a quienes quisieron tener ese hijo, hicieron para ello esfuerzos, no sólo económicos, han propiciado y hecho posible su nacimiento y son, además, sus padres genéticos? El propio TS no tiene más remedio que reconocer en su sentencia que su solución “puede causar inconvenientes” a los menores.

Ese interés de los menores, en la práctica de los hechos, se ve gravemente afectado con la solución pretendida. Durante largos años los niños crecen y crean vínculos afectivos con sus padres genéticos, reconocidos como tales en el país de nacimiento, que se han ocupado de ellos desde el primer momento y que pueden mantener esta situación con tan solo prolongar la estancia en dicho país ¿Hay ventajas en colocarles en situación de incertidumbre jurídica durante años o de finalmente arrebatárselos para dárselos a otros padres distintos?

El TS con su decisión ha querido permanecer apegado a la idea de que sólo el parto determina la filiación, y que por ello sólo la gestante puede ser reconocida como verdadera madre. Pero esa idea ¿Responde a un imperativo moral absoluto? ¿Es más bien un prejuicio fundado en el peso de la Historia? ¿Debe mantenerse o puede someterse a revisión ante las nuevas posibilidades que la ciencia ha abierto?

En fin, muchas dudas y muchas preguntas que en este post me basta con plantear, sin pretender resolver.

Lo cierto es que las consecuencias nos demuestran que la solución no parece tan fácil. Y algún fundamento y consistencia pueden tener todas esas cuestiones. Porque en esta cuestión no ha sido nuestro Tribunal Supremo quien ha dicho la última palabra. La situación ha sufrido un nuevo vuelco desde Europa…

 

El bimilenario de la muerte de Augusto

Quien haya estado alguna vez en Roma habrá visto y sentido varias ciudades. Una de ellas es la Roma mitológicamente fundada en el año 753 a.C. cuya lengua, modernizada y vulgarizada es la que actualmente usamos, o, dicho de otra manera, la que sirve de base y hace de límite a nuestro pensamiento. En esa Ciudad Eterna, no lejos del Tíber, quien haya querido habrá podido visitar el “Ara Pacis”, actualmente custodiada en un luminoso edificio de Richard Meier, junto a la cual están las mucho menos visitadas ruinas del Mausoleo de quien mandó construirla como Altar de la Paz.

Hoy, 19 de agosto de 2014 (en el mes que lleva nombre en honor del ilustre fallecido, como julio fue renombrado así en honor a su tío abuelo) se cumple el segundo milenario de la muerte del personaje histórico conocido por uno de los títulos que el Senado de Roma le concedió: Augusto en el año 27 antes de nuestra Era. César Augusto recibió al nacer los nombres de Cayo Octaviano Turino, pero la adopción testamentaria de Julio César, hizo que desde el asesinato de éste, en el 15 de marzo del año 44 a.C.  el joven de 19 años pasó a formar parte del segundo Triunvirato con Marco Antonio y Lépido y, tras el exilio del segundo y el suicidio de aquél tras una de las más famosas batallas navales de la Historia (la de Actium), pasó a ejercer el consulado en sucesivas anualidades hasta que el Senado le confirió la potestad tribunicia y finalmente, el imperium proconsular máximo y absoluto, convirtiéndose en el primer Princeps romano, es decir, en el primer Emperador de la Historia de Occidente, no sin antes haber rechazado el cargo de dictador y, sobre todo, no sin dar a todas sus decisiones personales la forma jurídica necesaria para que pareciese que se restauraba la República en vez de iniciarse una Monarquía, pero, especialmente, sentarse las bases de un sistema político absolutamente nuevo en el que convivieron en paralelo las instituciones republicanas y las nacidas de la voluntas principis.

Octaviano nació en una familia ecuestre, y por tanto, sin la adopción de César no habría pasado a formar parte del núcleo del poder nobiliario senatorial republicano romano, formado sólo por las familias cuyos ancestros se remontan a la fundación mítica de Roma y por ello eran de rango senatorial y competían no por las riquezas, sino por las máscaras de cera de los ancestros consulares que colgaban de sus atrios. Quien quiera conocer la vida de Augusto puede leerla de su propia mano en sus “Res Gestae” , que conocemos íntegras gracias a una inscripción bilingüe (latín y griego) hallada en Ancyra (Ankara) que dictó algo más de un año antes de su muerte, cuando contaba con 76 años de edad, o bien a través de su historiador “de cabecera”, Salustio o a Tito Livio (Ab Urbe Condita) o bien, como prefiere quien suscribe, lea una obra clásica de Sir Ronald Syme: “La Revolución Romana”, recientemente reeditada en español.

No es este el lugar para resumir la vida de Octaviano, pero resulta extraño que sólo una exposición en Roma, luego trasladada a París hayan tenido cierto eco internacional y que sólo Zaragoza (Caesaraugusta) y Mérida (Emerita Augusta) hayan conmemorado la efeméride con cierto calado en un país como el nuestro, en el que el Príncipe estuvo y en el que tantas ciudades llevan en su topónimo, el título que da nombre al primer Emperador. Lo que importa ahora es destacar su faceta como político y legislador.

Es fama que Julio César, antes de su muerte, albergaba planes para la revitalización de la sociedad romana en todos los ámbitos, tras la agonía de las guerras civiles, las dictaduras, y las luchas intestinas. Un sistema político había llegado a su fin y el gobierno de un área geográfica tan vasta como la cubierta por las provincias romanas en el siglo I a.C. implicaba necesariamente cambios. Entre dichos planes, estaban los legislativos de los que no existe fuente directa ninguna. Algunos romanistas, como el prof. Paricio o le Prof. Fernández Barreiro sostienen que en realidad, el “programa político” y legislativo de César podemos estudiarlo a través de la obra de su hijo adoptivo, nuestro conmemorado Octavio u Octaviano y no sólo porque, tras sus más de 40 años de gobierno no sólo puede decirse que recibió “una ciudad de ladrillo y la devolvió de mármol” sino que no hubo aspecto de la vida política o legislativa que quedara sin remover.

En lo tocante a la constitución política romana, nunca escrita, Augusto tuvo el mérito de permitir el funcionamiento de las asambleas populares (comitia y plebiscita) proponiendo a las mismas la aprobación de Leyes (Leges) conforme a sus intereses sobre la base de su potestad consular y tribunicia, respectivamente. Al mismo tiempo, tras haber depurado con progromos sucesivos y asesinatos y ejecuciones en masa a la clase senatorial que no se rindió a sus intereses, dio nuevo lustre al Senado, que aprobó con forma de senadoconsultos las normas que Augusto sugirió se aprobasen. Así fue introduciendo reforma tras reforma, partiendo siempre de un poder militar que, como revolucionario había alcanzado alquilando ejércitos tras solicitar préstamos enormes que devolvió con el botín capturado (como los partidos políticos actuales), eso cuando no le fueron oportunamente condonados (como los partidos políticos actuales también). Al mismo tiempo, Augusto se hizo con el mando de las Provincias imperiales, dejando las más antiguas al Senado (senatoriales) para repartir adecuadamente las influencias y obtener el apoyo de la nobleza, que le faltó inicialmente.

En la esfera municipal, si Uds. han visitado alguna vez el Museo Arqueológico Nacional, recordarán haber visto una tabla de bronce llamada Ley de Irni o Lex Irnitana, todas ellas parten de las leyes modelo de Julio César (Lex Iulia Municipalis, Lex Iulia de Provinciis), que Augusto promovió como modelo de gobierno municipal y que llegan hasta la dinastía Flavia, como la antes citada sin apenas cambios.

En la esfera administrativa y militar, Octavio comenzó a entretejer todo un sistema de poder piramidal de funcionarios y normas escritas cuya cúspide era, evidentemente, el Príncipe o las secretarías del Príncipe, del mismo modo que el príncipe, como Imperator (un cargo militar) ostentaba el mando supremo de todas las legiones.

En la esfera del Derecho privado, Augusto fue un decidido luchador contra la decadencia demográfica romana, tras los últimos siglos de la República y promulgó su “legislación moral” la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus y la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis o la Lex Pappia Poppea, que regulaba la obligación de contraer nuevo matrimonio para los viudos y viudas, entre otras.  Además, reformó el Derecho procesal (Lex Iulia de Iudiciorum publicorum – diríamos hoy, en relación con los procesos penales – y Lex Iulia de Iudiciorum privatorum – que diríamos hoy relacionada con los procesos civiles – ) derogando algunas de las antiquísimas acciones “de la ley” (legis actiones) nacidas de las antiguas prácticas sacramentales ante el Colegio Pontifical, consagrando definitivamente el sistema (en uso desde finales del siglo II a.C.) denominado “formulario” o “agere per formulas”, manteniendo la usual bipartición entre la fase de admisión ante el Pretor y la fase de juicio ante los “arbitri” o jueces privados. Para ello, Augusto se encargó igualmente de que en la lista de árbitros o jueces se depurase a cualquier elemento indeseable (lo que es posible que no les resulte del todo desconocido).

En punto a la política, Augusto consideró necesario acabar con las conspiraciones en los collegia y sodalitates, promulgando la Lex Iulia de Colegiis, que prohibía las asociaciones clandestinas. Una buena forma de evitar la conspiración.

Pero, si alguna de las innovaciones jurídicas de Augusto nos impresiona por su calado y sutilidad (oculta un cambio revolucionario detrás de una mera denominación formal): el paso del “ius respondendi ex autoritate eius”, esto es, del derecho de los juristas a dar “responsae”, respuestas jurídicas, basado en la auctoritas que los mismos tenía por su mero saber, al “ius respondendi ex auctoritate Principis”, que era concedido a aquellos juristas que merecían el placet imperial.

Cuatro décadas de Imperio tras una revolución emprendida por un joven veinteañero con ambición infinita y presunta modestia, en los que internamente Roma vivió una época de desarrollo y paz interna muy a pesar de los enemigos “del régimen” y, sobre todo, de los enemigos exteriores, esto es los bárbaros, los extranjeros balbuceantes, que siguieron suministrando esclavos y riquezas para el desarrollo de una de las más complejas civilizaciones europeas, germen con Grecia de la nuestra actual.

Es posible que, al haber servido el Imperio romano de fuente de inspiración, también estética, a alguno de los abusos mayores del siglo XX (empezando por los sueños de grandeza del fascismo mussoliniano) volver los ojos a las lecciones de la Época Augustea no sea políticamente correcto. Sin embargo, como dice Jared Diamond en “El Mundo hasta ayer” (Debate,2013  ), la historia de los últimos 11.000 años es apenas un minuto en la historia de la humanidad y muchas de nuestras costumbres, buenas o malas, siguen siendo las mismas porque tampoco hemos cambiado tanto, por razones meramente biológicas, antropológicas y sociológicas, y lo que está escrito en los anales de hace tan solo dos milenios, en realidad ha sucedido hace nada. Aprenderlo, aprehenderlo, comprenderlo y entenderlo nos sirve de base para entender mejor lo que nos pasa aquí y ahora.

Desde hace hoy 2.000 años Octaviano, Octavio, Augusto, dejó de ser humano para ser un dios, aunque él ya se había reivindicado, no obstante su fingida modestia, como “hijo de un dios” al ser deificado César. Si su poeta oficial se llamase Virgilio y escribiese libros como la “Eneida” u su banquero habitual Mecenas, acaso dentro de 2.000 años también se hable de Ud., sufrido lector que hasta aquí ha llegado.

Que la tierra sea leve a Augusto, revolucionario, político, legislador, y a todas sus víctimas ignotas.

La gestación por sustitución sin fronteras (I). La limitada eficacia de algunas prohibiciones en nuestro mundo global.

Merece la pena explicar la evolución del reconocimiento legal en España de la filiación conseguida en países extranjeros a través de la denominada gestación subrogada. La que produce en virtud de acuerdos con una llamada “madre de alquiler”. Ese tratamiento ha sufrido bruscos bandazos. Desde una negativa inicial se pasó a la apertura a su admisión desde la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009. La anulación de ésta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014 significó una vuelta a su inadmisión. Pero la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 26 de junio de 2014, en un sentido contrario al de nuestro TS, parece haber abierto definitivamente esa vía.

Esa evolución tortuosa es buena prueba de las difíciles cuestiones que plantea esa materia, que desafía algunos de los conceptos jurídicos tradicionales básicos del derecho de familia. Y donde además confluyen Ordenamientos jurídicos que dan un tratamiento muy diferente a la filiación que surge de esos acuerdos.

La gestación subrogada se da a partir de un acuerdo por el que una mujer consiente, bien a cambio de un precio o bien a veces por altruismo, el llevar la gestación de un nasciturus cuya filiación se quiere que sea reconocida en favor de quienes contratan ese servicio. Normalmente se trata de parejas que no pueden llevar por sí la gestación por problemas fisiológicos de la mujer. Esta vía les permite conseguir tener un hijo con la carga genética de ambos, dado que sí pueden obtener gametos a través de fecundaciones in vitro o técnicas semejantes. También es utilizada por parejas homosexuales, generalmente de hombres, que pueden conseguir as que el hijo lo sea genéticamente al menos de uno de ellos.

La posibilidad, abierta por los avances científicos y médicos, de gestar un gameto generado y aportado por otras personas plantea toda una serie de cuestiones bioéticas que se trasladan al campo de lo jurídico. El vínculo que se genera entre la madre gestante y su hijo ¿Debe ser el único reconocido como maternal? ¿Puede deshacerse y reconocerse en su lugar en favor de quien o quienes aportaron el gameto, generalmente con su carga genética, en virtud de acuerdos? ¿Puede la autonomía de la voluntad tener algún juego aquí?

Una visión muy aperturista nos plantearía, además, nuevas cuestiones. Personas pudientes podrían llegar a plantearse el evitarse las incomodidades de la gestación para tener hijos mediante la contratación de estos servicios, incluso cuando esas madres pudiesen llevar por sí la gestación ¿Cuáles deberían entonces ser los límites?

El Derecho español, y el de otros muchos países cercanos, ha adoptado una posición absolutamente contraria a reconocer efectos jurídicos a estos acuerdos. La vigente Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida sigue el mismo criterio negatorio de su antecesora, la Ley 35/1988. El actual artículo 10 establece taxativamente:

“Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero” y añade que “La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.

Por lo tanto en nuestro Derecho vigente interno sigue vigente la determinación de la filiación materna exclusivamente por el parto. Los acuerdos “de sustitución” a los que la gestante pueda haber llegado no tienen valor jurídico alguno. Y no se reconoce como jurídicamente protegible el interés de quienes, al no poder conseguir tener hijos de la forma habitual, desean no obstante por esta vía tener hijos que genéticamente sean suyos.

El objetivo de esa tajante norma es, obviamente, evitar que se celebren tales acuerdos y que se lleguen a gestar hijos por esa causa y mediante esa vía. No obstante en un mundo cada vez más globalizado resulta difícil establecer estas barreras. Existen países que sí reconocen efectos a estos acuerdos, y por lo tanto la paternidad de los que contrataron esta forma de gestación. Y unas cuantas parejas han utilizado esta vía internacional para tener hijos en tales países. Lo que ha planteado el problema señalado de si reconocer o no efectos en España a esa filiación subrogada. Porque si no se reconocen ¿Qué hacemos con esos niños?

El criterio en España fue en principio claramente denegatorio de eficacia alguna a tales acuerdos, por considerar que la norma española, como considerada de orden público, debía tener eficacia transnacional. Sin embargo se abrió una puerta por la citada resolución de la DGRN de 18/2/2009. En ese caso, frente a la denegación de la inscripción en el Registro Civil Consular de Los Ángeles de dos hijos nacidos el 24 de octubre de 2008 obtenidos por gestación subrogada en favor de un matrimonio de dos homosexuales varones, la DG cambió por primera vez el criterio. Como en California el método es válido, en el certificado de nacimiento aparecían como hijos del matrimonio solicitante, la resolución revocó la decisión y admitió la inscripción de los niños como hijos del matrimonio homosexual español.

Para ello la DG considera aquí que la prohibición de efectos del art 10 no debe tener alcance de orden público internacional español ni extender por ello sus efectos a la filiación determinada por otra normativa, en este caso la del Estado de California. La resolución consideraba, además, que la admisión de esa filiación evitaba una discriminación por razón de sexo (pues el matrimonio de dos varones no tenía otra posibilidad de tener descendencia genética) y protegía el interés superior de los menores. En esa línea la DG dictó además el 5 de octubre de 2010 una instrucción que admitía con carácter general esas inscripciones bajo ciertos presupuestos y siempre que uno de los solicitantes fuera español.

Sin embargo, mientras, el Ministerio Fiscal había presentado una demanda contra esa resolución de 18/2/2009 por considerar que el reconocimiento admitido permitía eludir la norma del artículo 10 (lo que no deja de ser cierto) y que, para evitar esa vía de escape, ésta debía considerarse como de orden público español. El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, que conoció el asunto, dictó sentencia el 15 de septiembre de 2010 estimando la impugnación del Fiscal y ordenando cancelar esa inscripción. Y la sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia por sentencia de 23 de noviembre de 2011.

Interpuesto recurso de casación por infracción del artículo 14 de la Constitución, por vulneración del principio de igualdad al significar esa imposibilidad de inscripción de la filiación en favor de dos varones una discriminación, entre otros motivos, éste fue desestimado por sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, que confirmó así el tradicional criterio denegatorio. Resulta interesante entrar en el análisis de sus argumentos, y exponer las dudas que, a su vez, los mismos nos siguen planteando. En todo caso la puerta parecía haberse cerrado para los españoles que pretendieran tener hijos por esa vía y que fueran reconocidos como suyos en España. Sólo podrían aspirar al reconocimiento de su paternidad por un ordenamiento extranjero .

Pero no…

 

Promesas electorales y mentiras a medias.

El diseño de la Eurozona es objeto de rigurosos análisis y de sesudos debates entre economistas desde hace años. Algunas de las mentes más brillantes del pensamiento económico han dedicado un gran esfuerzo a estudiar científicamente la viabilidad de las llamadas áreas monetarias. Así, cuando me planteé a quién votar en las elecciones europeas del pasado mes de Mayo, no pude evitar valorar las distintas opciones desde esta perspectiva. “Votaré a aquel partido que mencione en su programa electoral la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO)”, me dije.

Tras descargar todos los programas y aplicar una cuidadosa búsqueda, palabra por palabra, descubrí lo que me temía: de los cinco principales partidos (PP, PSOE, IU, UPyD y Podemos) ninguno nombraba la teoría económica fundamental que explica qué condiciones deben reunir los países que quieren compartir su moneda de manera eficiente.

¿Hay derecho a que los partidos políticos obvien el uso de documentos científicos en la elaboración de sus programas económicos? ¿No cundiría la indignación general si para diseñar un programa de salud pública se obviara toda la investigación médica desde Hipócrates?

Un programa electoral debe ser detallado, riguroso y realista. Concedo, eso sí, que aunque una teoría no esté explícitamente citada, un partido puede recoger perfectamente su espíritu entre sus propuestas. Mi siguiente movimiento fue comprobar si la teoría de las AMO estaba diluida entre promesa y promesa.

La teoría que sustenta las AMO fue formulada inicialmente por Robert Mundell[1].  Esta investigación seminal, unida a la de otros autores como McKinnon[2], actuó como hoja de ruta para los encargados de poner en marcha la Eurozona. En el momento de la entrada en vigor del Euro, sólo dos de los seis requisitos señalados como fundamentales para garantizar el éxito de la nueva moneda se cumplían. Otros dos no lo hacían y el par final se movía entre el sí y el no.

Dado que, como señala De Grauwe[3], la inexistencia de un AMO en Europa favoreció el contagio de la actual crisis económica, mi pregunta de investigación quedó perfectamente acotada: ¿contribuyen las diferentes propuestas electorales al cumplimiento de las cuatro condiciones eludidas?

Opté por dejar de lado los requisitos que el consenso económico[4] da por satisfechos: la apertura comercial y la diversificación productiva. Me centré, inicialmente, en las dos condiciones incumplidas: la movilidad de trabajadores dentro de la Eurozona y la existencia de un sistema de compensación fiscal entre estados.

Una alta movilidad de trabajadores permite un mejor ajuste económico; en tiempos de crisis los desempleados de un país pueden encontrar empleo en aquellas zonas donde la actividad económica es mayor. De los cinco programas políticos estudiados, PP y UPyD señalan la necesidad de favorecer la movilidad profesional con diferentes tipos de medidas. El PSOE se centra en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores desplazados.  IU y Podemos son los únicos grupos que se muestran críticos con la movilidad laboral, llegando a hablar de “exilios forzados” en muchos casos.

Un sistema de compensación fiscal permite que los gobiernos de la Eurozona puedan financiarse entre ellos de manera directa y transparente. Este mecanismo estaría incluido dentro de una Unión Fiscal. PP, PSOE, IU y UPyD mencionan, directa o indirectamente, la Unión Fiscal entre sus propuestas. Se echa de menos una mayor concreción respecto de su visión: ¿se acepta la cesión de soberanía que esta medida supone, sin más? ¿Se apuesta por la creación de un ministerio de finanzas europeo?

La sensación respecto de las dos condiciones no cumplidas es que ambas aparecen recogidas de manera anecdótica, casi casual. No son ni el eje de las propuestas económicas ni están detalladas con la profundidad que sería deseable.

Los dos requisitos de cumplimiento dudoso son la “homogeneidad de preferencias” y la “visión compartida”. Ambos elementos hacen referencia al consenso que debe existir entre los países miembros respecto de la política económica a aplicar en caso de crisis y respecto al futuro de la unión en sí misma.

En este caso opté por examinar las distintas propuestas en base a la factibilidad de una hipotética posición común española. Las diferencias entre programas son abismales. El ejemplo de la crisis del sector público lo ilustra perfectamente. El PP nombra sólo tres veces la palabra déficit en su programa electoral; lo hace para mencionar la “herencia recibida”. El PSOE propone sendas flexibles y revisables del déficit público acordadas con Bruselas, que existen desde hace años. UPyD apenas trata este asunto. IU y Podemos sugieren impagos selectivos de deuda pública, difícilmente compatibles con los incrementos del gasto que ellos mismos proponen. Todos los programas incluyen medidas discordantes con el actual marco jurídico europeo o con los intereses de otros países.

Los dos requisitos de dudoso cumplimiento muestran una preocupante falta de consenso. Las propuestas de solución a la actual crisis son excesivamente vagas y conformistas, en unos casos, y preocupantemente irreales, en otros.

Mi sensación final es que, con alguna excepción, los programas electorales exhiben una importante falta de rigor. Varias de las propuestas desafían, no sólo las leyes económicas, sino las más elementales matemáticas. La acumulación de ideas, como caídas del cielo, sin un plan estudiado y coherente detrás, parece ser el común denominador de los programas.

Es necesario destacar que los elementos positivos detectados no dependen de signos políticos o de ideologías. UPyD, por ejemplo, cuida mucho los antecedentes económicos e IU utiliza el lenguaje técnico con una enorme pericia. Y todos, como no podía ser de otra manera, se muestran convencidos de la bondad de sus propuestas.

Quizá por eso los ciudadanos debamos ser especialmente cuidadosos y exigentes. Es importante saber qué estamos votando. No sea que nos pase como aquél al que, ya entrado en la treintena, su madre aún le preparaba el voto en un sobre cerrado. “¡Al menos dime a quién he votado!” se quejaba amargamente. “Hijo mío” respondía ella “el voto es secreto”.



[1] Mundell, R. A. (1961). “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4).

[2] McKinnon, R. (1963). “Optimal Currency Areas”. American Economic Review 53.

[3] De Grauwe, P. (2013). “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?” LEQS 57/2013

[4] Baldwin, R. y Wyplosz, C. (2012). The Economics of the European Integration. McGraw-Hill. 4ª ed.