La formación de los abogados en Sala: una asignatura pendiente

Sorprende a veces sobre todo si se compara nuestro país con otros de nuestro entorno la falta de distinción (no solo formal sino también formativa) entre el abogado “de pleitos” que litiga ante un Juzgado o un Tribunal de Justicia defendiendo los intereses de su cliente y el abogado que asesora y orienta a una de las partes en cualquier transacción, contrato o documento legal. En España todos los abogados podemos hacer de todo, por lo menos en la teoría. Porque no existe en España una formación específica que oriente al abogado en las actuaciones que debe desempeñar en la Sala, es decir aquellas que se practican en presencia judicial. Y sin embargo, como cualquier abogado con experiencia en tribunales sabe, actuar delante de un Juez o de una Sala y no digamos ya en el Tribunal Supremo requiere ciertas habilidades específicas, muchas de las cuales no son de carácter teórico.

Esa carencia tan patente en España e inexplicable en otros paises, como Reino Unido o Francia, me dio la posibilidad de escribir una serie de libros con la denominación “Manual de Actuaciones en Sala” (algunos en colaboración con dos prestigiosos jueces: Marta Sáncez Alonso y Fernando Pintó Palacios) en los que explicaba todos y cada uno de los pasos que el abogado -y el juez- deben de seguir a la hora de realizar una actuación procesal presencial, tanto en la jurisdicción civil como en la penal.

El éxito de los libros anteriormente reseñados me demostró que la necesidad estaba ahí y que son muchos los abogados que están interesados en esta formación, que tiene un componente esencialmente práctico. Cuestiones como ¿Cómo me dirijo al juez? ¿Cuánto tiempo puedo hablar? ¿Qué indicaciones puedo hacer a mis testigos? ¿Puedo interrumpir a la otra parte? que parecen obvias para los abogados con mucha experiencia no lo son tanto para los abogados noveles o incluso los que teniendo más edad y un gran bagaje profesional no se encuentran cómodos en Sala. De hecho, muchos abogados llevan una “chuleta” al juicio con notas sacadas de estos libros. En definitiva, un grupo de juristas entre los que me encuentro decidieron que hacía falta dar un paso más y ofrecer un curso y un programa de formación especifico para el abogado que actúa ante los tribunales con la idea de acercar a nuestros abogados al modelo de los “barrister” anglosajones, a través de una Escuela de Técnica Jurídica que ofrece, entre otras cosas, una Sala de Vistas,  idéntica a las reales, en las que el futuro abogado que quiere recibir formación sobre como actuar en todo tipo de actuaciones orales pueda hacer prácticas ante un profesor (un Juez en activo) en casos concretos similares a los reales. En concreto empezaremos en septiembre con un máster que dirijo denominado “master jurister civil”

Pero como los amables editores de este blog me han dejado este espacio no para hacer publicidad del curso sino para hablar del tema de la importancia de la formación especializada para abogados que actúan ante los Tribunales de Justicia, conviene insistir en una idea bien sencilla: nuestros clientes se juegan mucho en loas actuaciones orales ya que los  pleitos se deciden en gran medida en base a lo que se oye y se ve en la Sala. El abogado más experto puede perder un asunto que ha trabajado y conoce en profundidad por errores cometidos en una actuación oral desafortunada. Conocer bien como hay que actuar en un tribunal para defender lo mejor posible los intereses de un cliente es esencial. Y no nos podemos engañar, ni en nuestras facultades de Derecho ni en los másters que se ofrecen después se ofrece hoy por hoy esta formación de forma suficiente. Las “prácticas” siguen siendo la gran asignatura pendiente de la enseñanza del Derecho en España. Por otra parte, me parece indudable que un abogado bien formado puede contribuir a que los asuntos se resuelvan mejor y más rápido. Y no nos olvidaremos tampoco de los aspectos éticos de las actuaciones procesales. Porque en la Sala, como en la vida,  no todo vale.

A vueltas con la elección de alcaldes

El Presidente del Gobierno ha anunciado que quiere promover, como medida de regeneración democrática, la elección directa de las alcaldías. Como argumento señaló: “no puede ser que las coaliciones entre partidos impidan que sean alcaldes quienes han sido elegidos por los ciudadanos”. Cabría pensar, entonces, que el vigente sistema de elección municipal está degradado en términos democráticos. ¿Lo está? Dependerá, claro, de qué se entienda por degradación y regeneración democráticas pero, por emplear una comparación, el procedimiento que tenemos ahora en la inmensa mayoría de los ayuntamientos no es muy diferente del previsto para el nombramiento del Presidente del Gobierno: según el artículo 196 de la Ley Electoral (LOREG) si alguno de los candidatos a la alcaldía “obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado alcalde”; esa es la misma exigencia que prevé el artículo 99 de la Constitución(CE) para el nombramiento del Presidente del Gobierno en primera votación.
En segunda y sucesivas votaciones el Jefe del Gobierno puede ser nombrado por mayoría simple y, por tanto, sin el apoyo expreso de la mayoría de los miembros del Congreso; en los ayuntamientos no hay posteriores votaciones sino que, a falta de mayoría absoluta, es nombrada la persona que encabece la lista que haya obtenido más votos populares. Por tanto, y aunque sea de manera indirecta, es probable que en los Ayuntamientos la alcaldía la ostente la persona que encabeza la lista más votada, bien porque dicha candidatura ha obtenido mayoría absoluta o porque es la que más sufragios consiguió; cabe, claro, que consiga la alcaldía una persona que, sin encabezar la lista más votada, haya obtenido el mayor número de votos de los concejales. Pero eso es también posible en la investidura de la presidencia del Gobierno y si es menos probable se debe, precisamente, a que las elecciones al Congreso ofrecen resultados menos proporcionales –léase, menos democráticos- que las elecciones municipales: en los comicios a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se elige un número de concejales lo suficientemente alto como para que la elección sea muy proporcional, cosa que no ocurre en las elecciones al Congreso –órgano que nombra al Presidente del Gobierno-, donde un partido –el PP en la actualidad- con el 44% de los votos tiene el 53% de los Diputados. Finalmente, en las alcaldías siempre habrá una persona elegida por los ciudadanos, dado que no se puede ser alcalde sin ser concejal; tal cosa no es necesaria en la Presidencia del Gobierno, donde no es jurídicamente imprescindible ser parlamentario.
En todo caso, la elección directa de las alcaldías es tan constitucional como la indirecta que hoy tenemos, pues la CE prevé que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos” (art. 140). ¿Cuál será la fórmula más adecuada? Depende. ¿De qué? De lo que se quiera conseguir. Hasta ahora se ha optado por un sistema de gobierno municipal “parlamentario”: el Pleno de la Corporación nombra al alcalde y puede destituirlo a través de una moción de censura constructiva (art. 197 LOREG), se prevé la posibilidad de que el alcalde plantee una cuestión de confianza (art. 197 bis LOREG) y el propio Pleno tiene atribuidas funciones muy relevantes y similares, en términos comparativos, a una Cámara parlamentaria. No hay, pues, un sistema de gobierno municipal muy diferente al autonómico y al estatal.
Introducir la elección directa para las alcaldías –no se ha aclarado, ahora que tanto preocupa el ahorro, si en primera o segunda vuelta- significaría optar, al menos en teoría, por un modelo “presidencialista” pero para que dicha opción sea coherente en términos de funcionamiento de la corporación debe ir acompañada de profundos cambios en el gobierno local y en el propio sistema electoral municipal: si se elige al alcalde de manera simultánea y separada a los concejales podría ocurrir que el primero no tuviera suficiente apoyo en el ayuntamiento, con el riesgo de parálisis o inestabilidad; si para evitar esa situación se concede a la lista que apoya al alcalde una prima electoral para que alcance más concejalías que las que le corresponderían por los resultados obtenidos habrá que ver si ese premio es proporcional en términos democráticos, pues si es muy alto se estará desvirtuando el mandato constitucional de que el voto sea igual, lo que no sucedería si el hecho de optar por una lista vale mucho más que preferir a otra. A lo anterior habría que añadir la necesidad de algún mecanismo legal de control por parte de la oposición para que el gobierno local no devenga en caudillaje. En suma, esta presidencialización de las alcaldías tendría que hacerse con sumo cuidado para que no genere resultados menos democráticos que el sistema vigente y, en todo caso, debería ir acompañada de muchos más cambios legislativos. Es curioso que nada se haya dicho al respecto en la muy reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Habría, pues, que darle alguna vuelta más no solo a la elección en primera o segunda convocatoria sino al conjunto de la propuesta del Presidente del Gobierno. Y si se precisa más información se puede consultar, entre otros estudios, El informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral, del año 2009, que se extiende sobre este particular. Y es que, salvo en Amanece que no es poco, todos, incluidos los alcaldes, somos contingentes y nadie es necesario.