El artículo de Salvador Viada: La colonización política de la Justicia

No es sencillo hablar de la politización de la Justicia sin correr el riesgo de ser injusto con algunas personas. Porque si bien es cierto que el control del funcionamiento de la Justicia -por lo que a la judicatura se refiere- se realiza a través del politizado CGPJ, lo cierto es que para materializar ese control se precisa de un cierto número de jueces elegidos por razones fundamentalmente de afinidad política o ideológica. Un cierto número, sí, pero pocos. La mayoría de los jueces en España son ajenos -y hasta hostiles- a este sistema y muchos jueces dan testimonio de ello con su trabajo diario. Por tanto, las generalizaciones pueden ser injustas. En los más altos puestos de la judicatura, lugares decisivos para colocar jueces politizados, hay también otros que mantienen su neutralidad política y la ejercen día a día. A pesar de ello, el sistema diseñado desde 1985 ha resultado ser eficaz para crear una suerte de protección añadida a ciertas personas que ostentan el poder político y hasta económico, que no gozamos el resto de los ciudadanos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales donde los vocales políticos del CGPJ ponen la carne en el asador para colocar a los suyos; y la amplitud de las inmunidades de que gozan los parlamentarios genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre ellos, los relacionados con la corrupción. Las reformas más importantes que se han realizado en Justicia en los últimos 30 años se han orientado a mantener o reforzar la politización del CGPJ y de la Fiscalía, ocurriendo al tiempo que el poder político ha olvidado preocuparse en diseñar un proceso penal moderno, dotar a la Justicia de medios personales y materiales, copiar modelos que funcionan en otros países, premiar el mérito y la capacidad profesional de jueces y fiscales, o denostar la dependencia o afinidad política en jueces y fiscales y no premiarla.

El poder político controla el Consejo General del Poder Judicial a través de vocales elegidos por cuotas por los partidos políticos. Han conseguido tras 30 años de control que un reducido grupo de jueces y fiscales se sientan cómodos con este sistema de afinidad ideológica que se traduce para ellos en beneficios profesionales. Han conseguido que la colonización de la Justicia por el poder político aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención principal de unos pocos jueces y fiscales que tienden a ver de manera natural los problemas jurídicos de la misma manera que aquellos que les eligen. Se suele decir que una cosa es el poder judicial que es independiente y que se encarna en cada juez que aplica la ley, y otra el gobierno del poder judicial que es político. Creo que es un argumento tramposo. El juez de base, el que resuelve los asuntos de los ciudadanos corrientes es independiente, claro que lo es, pero es que su independencia no está amenazada por el poder ejecutivo o por el poder político. Esos jueces son independientes y además son imparciales. Pero las energías de la ocupación política de la Justicia no se concentran en esos, en la mayoría de los jueces de España, sino que se aplican sobre quienes ocupan los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad: las tachas afectan a la imparcialidad de esos jueces elegidos por el poder por razones de confianza política, no a su independencia. La independencia es algo instrumental para garantizar la imparcialidad de la resolución. Pero cuando se eligen jueces o fiscales parciales ex ante (afines políticamente) por razones de confianza, la cosa es mucho más discutible.

Naturalmente no se limita el control político al Consejo General del Poder Judicial. También cuentan decisivamente con la Fiscalía. A diferencia de la judicatura, la Fiscalía está jerarquizada: todo el mundo en la Fiscalía tiene un jefe y todos los fiscales dependemos del Fiscal General del Estado (en adelante FGE). En la jerarquía de la Fiscalía tenemos a ex ministros, ex directores generales, ex consejeros autonómicos, ex diputados, ex vocales del CGPJ, ex altos cargos de diversas categorías. Una jerarquía compuesta por fiscales en su mayor parte pertenecientes a las dos asociaciones que se han repartido el botín de la dirección de la Fiscalía durante estos 30 años, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, asociaciones que están mucho más cómodas cuando gobierna PP o PSOE, respectivamente. Sus asociados no llegan entre las dos al 35% de los fiscales, pero quien elige a quienes dirigirán la Fiscalía no busca sólo el talento sino la afinidad, la confianza. El resultado es una Fiscalía afín al poder político y económico: el jefe de todos los fiscales lo elige el Gobierno; y la jerarquía de la Fiscalía está autoprotegida por unas reglas creadas por ellos mismos y por el poder político, frente a las reclamaciones profesionales del resto o de cada uno de los fiscales. Una Fiscalía a la que a algunos nos duele verla a remolque de acusaciones particulares o populares en casos de corrupción política o económica; que le cuesta ver delitos en la emisión de participaciones preferentes por entidades quebradas o insolventes; que concentra su energía mucho más en el político caído que en el político encumbrado cuando hay sospechas de corrupción.

Con carácter general, el buen investigador en delitos de corrupción política ha de desconfiar del poder. Ha de hacerlo porque tiene una responsabilidad atribuida por la ley y en él se deposita la confianza de los ciudadanos que tienen derecho a saber si hay o no corrupción en la Administración de sus impuestos y además porque el poderoso no se suele quedar quieto cuando le investigan. Por eso hay que investigar concienzudamente y desde la desconfianza hacia el investigado poderoso. No puede haber para el buen investigador (juez o fiscal) ningunaoperación cortafuegos, no debe haber miedo a investigar y ha de agotarse la investigación de manera garantista pero insisto, siendo consciente de que el poderoso tiene armas y ventajas que otros no tienen. Sucede sin embargo que los gobiernos eligen al Fiscal General por razones de confianza, no se precisan consensos amplios. De manera que quien debe desconfiar de todos es elegido por razones de confianza por aquellos que manejan los caudales públicos, por aquellos a quiénes quizá deba investigar en casos de corrupción. A partir de ahí, todo el sistema se construye sobre una base equivocada. La organización de la Fiscalía está diseñada para que el FGE tenga un efectivo control sobre el criterio de aplicación concreta de la ley en casos particulares: los fiscales jefes son elegidos por el Gobierno a propuesta del FGE, por periodos de tiempo determinados, por razones de confianza y con total opacidad en cuanto a los méritos de cada aspirante; los cargos de responsabilidad de la Fiscalía, lo mismo; hay protocolos de actuación para que ningún asunto se escape al control de la jerarquía (básicamente, el visado). Una jerarquía que no se limita a establecer criterios generales de actuación, sino que llegado el caso hace notar su peso sobre los asuntos concretos. El fiscal, que debería en la lucha contra la corrupción estar instalado en la distancia del Ejecutivo, está hoy cómodamente integrado en la estructura de poder que hay en España.

¿No hay pues esperanza? Claro que sí. Desmontar este tinglado no ha de ser difícil porque es un sistema antinatural: la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tenemos por vocación que la ley se aplique por igual para todos sin excepciones y que se aplique con eficacia y calidad. Basta entonces el impulso político para conseguirlo y la situación política hoy no está tan clara como hace algunos meses: no todos los partidos desean mantener la colonización política de la Justicia. La prensa además denuncia los abusos cuando se producen, y eso erosiona a quien actúa mal. Pero hay otro factor muy importante en mi opinión: un nuevo Jefe del Estado en quien creo que hay que depositar muchas de las ilusiones perdidas para que nuestra democracia tenga una calidad aceptable. Veremos.

La formación de los abogados en Sala: una asignatura pendiente

Sorprende a veces sobre todo si se compara nuestro país con otros de nuestro entorno la falta de distinción (no solo formal sino también formativa) entre el abogado “de pleitos” que litiga ante un Juzgado o un Tribunal de Justicia defendiendo los intereses de su cliente y el abogado que asesora y orienta a una de las partes en cualquier transacción, contrato o documento legal. En España todos los abogados podemos hacer de todo, por lo menos en la teoría. Porque no existe en España una formación específica que oriente al abogado en las actuaciones que debe desempeñar en la Sala, es decir aquellas que se practican en presencia judicial. Y sin embargo, como cualquier abogado con experiencia en tribunales sabe, actuar delante de un Juez o de una Sala y no digamos ya en el Tribunal Supremo requiere ciertas habilidades específicas, muchas de las cuales no son de carácter teórico.
Esa carencia tan patente en España e inexplicable en otros paises, como Reino Unido o Francia, me dio la posibilidad de escribir una serie de libros con la denominación “Manual de Actuaciones en Sala” (algunos en colaboración con dos prestigiosos jueces: Marta Sáncez Alonso y Fernando Pintó Palacios) en los que explicaba todos y cada uno de los pasos que el abogado -y el juez- deben de seguir a la hora de realizar una actuación procesal presencial, tanto en la jurisdicción civil como en la penal.
El éxito de los libros anteriormente reseñados me demostró que la necesidad estaba ahí y que son muchos los abogados que están interesados en esta formación, que tiene un componente esencialmente práctico. Cuestiones como ¿Cómo me dirijo al juez? ¿Cuánto tiempo puedo hablar? ¿Qué indicaciones puedo hacer a mis testigos? ¿Puedo interrumpir a la otra parte? que parecen obvias para los abogados con mucha experiencia no lo son tanto para los abogados noveles o incluso los que teniendo más edad y un gran bagaje profesional no se encuentran cómodos en Sala. De hecho, muchos abogados llevan una “chuleta” al juicio con notas sacadas de estos libros. En definitiva, un grupo de juristas entre los que me encuentro decidieron que hacía falta dar un paso más y ofrecer un curso y un programa de formación especifico para el abogado que actúa ante los tribunales con la idea de acercar a nuestros abogados al modelo de los “barrister” anglosajones, a través de una Escuela de Técnica Jurídica que ofrece, entre otras cosas, una Sala de Vistas,  idéntica a las reales, en las que el futuro abogado que quiere recibir formación sobre como actuar en todo tipo de actuaciones orales pueda hacer prácticas ante un profesor (un Juez en activo) en casos concretos similares a los reales. En concreto empezaremos en septiembre con un máster que dirijo denominado “master jurister civil”
Pero como los amables editores de este blog me han dejado este espacio no para hacer publicidad del curso sino para hablar del tema de la importancia de la formación especializada para abogados que actúan ante los Tribunales de Justicia, conviene insistir en una idea bien sencilla: nuestros clientes se juegan mucho en loas actuaciones orales ya que los  pleitos se deciden en gran medida en base a lo que se oye y se ve en la Sala. El abogado más experto puede perder un asunto que ha trabajado y conoce en profundidad por errores cometidos en una actuación oral desafortunada. Conocer bien como hay que actuar en un tribunal para defender lo mejor posible los intereses de un cliente es esencial. Y no nos podemos engañar, ni en nuestras facultades de Derecho ni en los másters que se ofrecen después se ofrece hoy por hoy esta formación de forma suficiente. Las “prácticas” siguen siendo la gran asignatura pendiente de la enseñanza del Derecho en España. Por otra parte, me parece indudable que un abogado bien formado puede contribuir a que los asuntos se resuelvan mejor y más rápido. Y no nos olvidaremos tampoco de los aspectos éticos de las actuaciones procesales. Porque en la Sala, como en la vida,  no todo vale.