Administración concursal e insolvencia de particulares

Después de muchos años de pelea por fin hemos conseguido introducir en el debate legislativo la necesidad de que el Estado español disponga de una legislación sobre insolvencia de particulares equiparable a la de otros países de nuestro entorno económico, político y cultural.

La reforma llevada a efecto por la llamada Ley de Emprendedores ha abierto algunas vías de tratamiento de estas situaciones que hace algunos años eran impensables; la normativa actual sigue siendo insuficiente pero la inclusión de estas cuestiones en la agenda no sólo social, sino también parlamentaria augura importantes modificaciones o ajustes a corto o medio plazo.

Uno de los elementos fundamentales de este debate es el referido a la llamada segunda oportunidad, es decir la posibilidad de que el juez, comprobados determinados parámetros económicos, pueda acordar la remisión total o parcial de la deuda no satisfecha. Sobre este punto se han expresado diversas opiniones sobre el alcance de esta solución que supone una modificación radical del principio de responsabilidad universal asentado en el Código civil, sin duda será el eje central de futuras reformas legislativas.

También es importante determinar si el procedimiento de insolvencia de particulares debe ser administrativo – como en Francia – o judicial; una y otra vía tienen ventajas e inconvenientes, en todo caso lo que debe buscarse es un instrumento ágil y eficaz.

En la vorágine de opiniones y propuestas ha quedado al margen una cuestión capital, la referida a quien debe administrar, supervisar o gestionar el patrimonio del deudor durante el proceso de insolvencia. El modelo definido por la Ley Concursal genera muchas inquietudes ya que los requisitos, condicionantes y preparación de los administradores concursales actuales puede ser útil para la gestión de la insolvencia de sociedades mercantiles, pero para la gestión de la insolvencia de particulares el sistema actual no sólo es insuficiente sino que genera riesgos importantes ya que la formación en materia jurídica, económica y financiera de un administrador concursal suele ser poco útil para los problemas y necesidades de un consumidor insolvente que no lleva libros, que normalmente no está sometido al código de comercio y que no realiza grandes operaciones económicas, a lo sumo percibe un sueldo o pensión y gestiona un patrimonio que suele consistir en un piso hipotecado, un vehículo y un plan de pensiones.

Quien debe administrar la insolvencia de un particular normalmente necesita tener conocimientos en materia de régimen económico matrimonial, en obligaciones familiares, también es necesaria formación en materia de derecho de consumo puesto que parte de la deuda del particular tiene su origen en préstamos o negocios jurídicos con entidades financieras o con grandes gestores de bienes y servicios. Parece evidente que los cursos de formación de administradores concursales organizados por colegios profesionales y universidades hay muy pocos módulos dedicados a estas materias.

Junto con estos conocimientos específicos la realidad demuestran que además los administradores concursales de las personas físicas necesitan tener ciertas habilidades y sensibilidad social dado que alguno de los afectados puede encontrarse en riesgo de exclusión social, sometido a la presión de la insolvencia y con graves problemas de supervivencia y de socialización. Hay un factor de asistencia social en estos casos que difícilmente puede cubrir un profesional liberal integrado en un despacho mercantil.

Hay un tercer factor a tener en cuenta, el referido a la retribución, normalmente el particular en situación de insolvencia no dispone de recursos económicos líquidos para retribuir al administrador concursal; no tiene sentido pagar al administrador concursal cuando no se dispone de dinero en efectivo para el alimento; además aplicando las escalas retributivas del reglamento de honorarios de la administración concursal las cifras que arrojan son ridículas, no retribuyen ni mucho menos las horas de dedicación que exigen estos procedimientos.

Cualquier reforma legal del modelo de insolvencia de particulares debería tener en cuenta la necesidad de dotar al sistema de unos administradores concursal adecuados para esta problemática. Las vías de adaptación son varias: Si se mantiene el régimen actual de nombramiento de administradores concursales debería intensificarse la formación en estas disciplinas que afectan única y exclusivamente a particulares – matrimonial y consumo -, y debe exigirse a los colegios profesionales que al facilitar las listas a los juzgados aparezca de modo específico la formación en materia de insolvencia de particulares.

En lo que respecta al régimen retributivo debería retomarse la necesidad de fijar un mínimo retributivo para todo procedimiento, mínimo que se adecúe a la realidad y que en todo caso esté garantizado su cobro por los poderes públicos.

El modelo tradicional de administración concursal sin embargo sigue generando dudas sobre su validez y operatividad para los concursos de particulares de ahí que en algunos juzgados se esté explorando la fórmula de atribuir la administración concursal a fundaciones específicamente constituidas a tal efecto, fundaciones que respondan a parámetros de defensa de personas en riesgo de exclusión social y que garanticen unos estándares de calidad de los servicios adecuados, seguramente las fundaciones vinculadas a colegios profesionales podrían aceptar el reto de gestionar estos concursos.

Otra vía de trabajo podría ser la de la creación de un turno de oficio para la administración concursal de particulares insolventes, turno de oficio específicamente formado a tal efecto y que recibiera su retribución de la administración, no de los particulares. Esta fórmula, ideal en sentido abstracto, choca con los problemas que actualmente está pasando el turno de oficio y las complejas relaciones entre unas administraciones cada día más cicateras y unos colegios profesionales cada día más colapsados.

La última de las posibilidades, por lo menos en abstracto, sería la de establecer un cuerpo específico de funcionarios públicos que se ocuparan de estos procedimientos. La ampliación de las plantillas de funcionarios cualificados hoy por hoy es una quimera.

En todo caso lo que debe destacarse es que cualquier reforma en la materia está condenada al fracaso si no hay una dotación suficiente de medios humanos para gestionar los procedimientos conforme a parámetros distintos a los que hasta ahora hemos aplicado.

¿Quien defiende a los (presuntos) corruptos?

Reproducimos el artículo publicado por la editora Elisa de la Nuez en el periódico digital Vozpopuli.
No me entiendan mal, este post se refiere solo a la defensa técnica y legal en los casos de corrupción institucional, es decir, a los que afectan a una institución (por ejemplo, a un alcalde) por lo menos mientras lo sigue siendo, es decir, mientras no dimite lo que en España no es frecuente precisamente. Porque aunque se habla mucho de la corrupción, se habla menos del hecho de que la defensa jurídica de los (presuntos) corruptos y de sus actuaciones – corre por cuenta del contribuyente. Y lo más interesante es que, incluso cuando resultan condenados –es decir, se demuestre que la actuación fue incorrecta, ya sea en vía administrativa o incluso penal- la factura la sigue pagando el contribuyente. Como lo oyen.
La explicación es que las instituciones disponen de sus asesores jurídicos internos para defender sus actuaciones (por aquello de que los actos de los organismos públicos tienen presunción de legalidad mientras no se demuestre lo contrario) cuyos sueldos pagamos todos. No solo eso, con frecuencia se contratan también abogados externos “de campanillas” para los casos particularmente complejos o difíciles, léase comprometidos para el político o el gestor de turno. Efectivamente, en ocasiones las instituciones  consideran que los asesores internos carecen de la suficiente especialización, o de la necesaria sensibilidad o influencias (ya saben, por aquello de los cursos, los seminarios, las conferencias que un gran despacho puede pagar a un juez y un funcionario municipal no). A veces lo que se desea es contratar a abogados de confianza, por ejemplo, al abogado que lleva los asuntos jurídicos del partido que gobierna en la institución que tiene el problema. Pues bien, a estos abogados que no son precisamente baratos también los pagamos los contribuyentes. Y si al final el pleito se pierde nadie le exige al gestor o político de turno que reembolse el dinero, cosa que por otro lado sería perfectamente posible con la ley en la mano.
El último ejemplo concreto de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de la empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gurtel, Ana Garrido Ramos, para la que por cierto se ha iniciado desde la Asociación ¿Hay Derecho? una solicitud para que se le conceda la orden del mérito civil que lleva recabadas en change.org más de 144.000 firmas, lo digo por si se quieren sumar.  Pues bien, después de la denuncia de la trama Gurtel en el Ayuntamiento le hicieron la vida imposible (lo cuenta ella en su blog personal) hasta que finalmente consiguió una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles por “mobbing” contra el Ayuntamiento, cuyo recurso pende ahora ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid. Pues bien, en todo el proceso el Ayuntamiento estuvo defendido por el abogadodel Estado excedente Iván Gayarre , abperteneciente al conocido bufete Sagardoy especialista en Derecho Laboral, que casualmente es el mismo abogado al que el PP encomendó su defensa ante la demanda laboral de Bárcenas.  Contratado con el dinero de todos aunque desconozco a través de qué procedimiento dado que el contrato no aparece en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boadilla. Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento de Boadilla consideró en su momento el asunto “un mero conflicto laboral” que han tomado muchas molestias para defenderse bien. Ana Garrido lógicamente se tuvo que pagar su propio abogado.
Curiosamente, en la segunda instancia (el recurso que el Ayuntamiento de Boadilla pone ante el TSJ de Madrid por estar disconforme con la sentencia laboral condenatoria) se ha optado, al menos formalmente, por contar con los propios funcionarios del Ayuntamiento para la defensa jurídica. Digo que es curioso porque no es habitual cambiar de abogado en la segunda instancia, sobre todo si se tiene en cuenta que normalmente la minuta del abogado ya incluye la vía del recurso si se pierde el pleito en primera instancia, como es el caso. Parece que el Ayuntamiento esta vez ha preferido no acudir a los servicios externos de un abogado conocido por defender al PP en un pleito famoso, y los escritos los firma ahora un funcionario, el jefe de recursos humanos. O a lo mejor hay otros motivos, vaya usted a saber. Otra cosa es que lo más probable es que la dirección técnica aunque sea en la sombra la realice el mismo abogado que llevó la defensa del Ayuntamiento en la primera instancia, dado que es lo más razonable desde todos los puntos de vista. Pero el Ayuntamiento ahora prefiere que no figure.
¿Conclusión? Muy sencilla, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos supone que en caso de conflicto entre el interés del partido “ocupante” y el interés general al que se supone que sirve la institución (y sus funcionarios o empleados públicos, que para eso les pagamos los contribuyentes y no el partido) se impone el primero. De esta forma no solo se realizan actuaciones contrarias a la ley (la implicación de los sucesivos alcaldes de Boadilla en la trama Gurtel) sino que cuando alguien intenta defender los intereses generales, es decir, los de los contribuyentes se utiliza toda la artillería institucional –ojo, no la del partido aunque los abogados puedan coincidir- para perseguir al denunciante, profesional y personalmente y por supuesto para entorpecer la investigación judicial todo lo que se pueda. No resulta tan complicado cuando además los compañeros del denunciante se ponen de perfil, no les vaya a pasar a ellos algo igualmente desagradable. Insisto, todo este despliegue para defender lo indefendible se realiza con el dinero de los contribuyentes, dinero que por mucho que se confirme la existencia de actuaciones irregulares -me apuesto lo que quieran- nadie va a devolver a las arcas públicas. Así están las cosas en España en septiembre de 2014: no solo hay que ser un héroe o heroína para denunciar la corrupción sino que además hay que tener dinero. En cambio,  a los abogados de los (presuntos) corruptos los pagamos los contribuyentes.
 

¿Quien defiende a los (presuntos) corruptos?

Reproducimos el artículo publicado por la editora Elisa de la Nuez en el periódico digital Vozpopuli.

No me entiendan mal, este post se refiere solo a la defensa técnica y legal en los casos de corrupción institucional, es decir, a los que afectan a una institución (por ejemplo, a un alcalde) por lo menos mientras lo sigue siendo, es decir, mientras no dimite lo que en España no es frecuente precisamente. Porque aunque se habla mucho de la corrupción, se habla menos del hecho de que la defensa jurídica de los (presuntos) corruptos y de sus actuaciones – corre por cuenta del contribuyente. Y lo más interesante es que, incluso cuando resultan condenados –es decir, se demuestre que la actuación fue incorrecta, ya sea en vía administrativa o incluso penal- la factura la sigue pagando el contribuyente. Como lo oyen.

La explicación es que las instituciones disponen de sus asesores jurídicos internos para defender sus actuaciones (por aquello de que los actos de los organismos públicos tienen presunción de legalidad mientras no se demuestre lo contrario) cuyos sueldos pagamos todos. No solo eso, con frecuencia se contratan también abogados externos “de campanillas” para los casos particularmente complejos o difíciles, léase comprometidos para el político o el gestor de turno. Efectivamente, en ocasiones las instituciones  consideran que los asesores internos carecen de la suficiente especialización, o de la necesaria sensibilidad o influencias (ya saben, por aquello de los cursos, los seminarios, las conferencias que un gran despacho puede pagar a un juez y un funcionario municipal no). A veces lo que se desea es contratar a abogados de confianza, por ejemplo, al abogado que lleva los asuntos jurídicos del partido que gobierna en la institución que tiene el problema. Pues bien, a estos abogados que no son precisamente baratos también los pagamos los contribuyentes. Y si al final el pleito se pierde nadie le exige al gestor o político de turno que reembolse el dinero, cosa que por otro lado sería perfectamente posible con la ley en la mano.

El último ejemplo concreto de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de la empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gurtel, Ana Garrido Ramos, para la que por cierto se ha iniciado desde la Asociación ¿Hay Derecho? una solicitud para que se le conceda la orden del mérito civil que lleva recabadas en change.org más de 144.000 firmas, lo digo por si se quieren sumar.  Pues bien, después de la denuncia de la trama Gurtel en el Ayuntamiento le hicieron la vida imposible (lo cuenta ella en su blog personal) hasta que finalmente consiguió una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles por “mobbing” contra el Ayuntamiento, cuyo recurso pende ahora ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid. Pues bien, en todo el proceso el Ayuntamiento estuvo defendido por el abogadodel Estado excedente Iván Gayarre , abperteneciente al conocido bufete Sagardoy especialista en Derecho Laboral, que casualmente es el mismo abogado al que el PP encomendó su defensa ante la demanda laboral de Bárcenas.  Contratado con el dinero de todos aunque desconozco a través de qué procedimiento dado que el contrato no aparece en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boadilla. Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento de Boadilla consideró en su momento el asunto “un mero conflicto laboral” que han tomado muchas molestias para defenderse bien. Ana Garrido lógicamente se tuvo que pagar su propio abogado.

Curiosamente, en la segunda instancia (el recurso que el Ayuntamiento de Boadilla pone ante el TSJ de Madrid por estar disconforme con la sentencia laboral condenatoria) se ha optado, al menos formalmente, por contar con los propios funcionarios del Ayuntamiento para la defensa jurídica. Digo que es curioso porque no es habitual cambiar de abogado en la segunda instancia, sobre todo si se tiene en cuenta que normalmente la minuta del abogado ya incluye la vía del recurso si se pierde el pleito en primera instancia, como es el caso. Parece que el Ayuntamiento esta vez ha preferido no acudir a los servicios externos de un abogado conocido por defender al PP en un pleito famoso, y los escritos los firma ahora un funcionario, el jefe de recursos humanos. O a lo mejor hay otros motivos, vaya usted a saber. Otra cosa es que lo más probable es que la dirección técnica aunque sea en la sombra la realice el mismo abogado que llevó la defensa del Ayuntamiento en la primera instancia, dado que es lo más razonable desde todos los puntos de vista. Pero el Ayuntamiento ahora prefiere que no figure.

¿Conclusión? Muy sencilla, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos supone que en caso de conflicto entre el interés del partido “ocupante” y el interés general al que se supone que sirve la institución (y sus funcionarios o empleados públicos, que para eso les pagamos los contribuyentes y no el partido) se impone el primero. De esta forma no solo se realizan actuaciones contrarias a la ley (la implicación de los sucesivos alcaldes de Boadilla en la trama Gurtel) sino que cuando alguien intenta defender los intereses generales, es decir, los de los contribuyentes se utiliza toda la artillería institucional –ojo, no la del partido aunque los abogados puedan coincidir- para perseguir al denunciante, profesional y personalmente y por supuesto para entorpecer la investigación judicial todo lo que se pueda. No resulta tan complicado cuando además los compañeros del denunciante se ponen de perfil, no les vaya a pasar a ellos algo igualmente desagradable. Insisto, todo este despliegue para defender lo indefendible se realiza con el dinero de los contribuyentes, dinero que por mucho que se confirme la existencia de actuaciones irregulares -me apuesto lo que quieran- nadie va a devolver a las arcas públicas. Así están las cosas en España en septiembre de 2014: no solo hay que ser un héroe o heroína para denunciar la corrupción sino que además hay que tener dinero. En cambio,  a los abogados de los (presuntos) corruptos los pagamos los contribuyentes.