Economía colaborativa y licencias Creative Commons o cómo hacer realidad la gratuidad de los libros de texto.

En estos días de inicio de curso escolar uno de los temas que más preocupa a las familias españolas es el precio de los libros de texto y material escolar, cuyo desembolso representa una auténtica sangría económica para la mayoría de las familias. El gasto medio por alumno en la etapa obligatoria, según datos del INE, ronda los 400 euros por alumno y ello a pesar de que la Constitución establece en su artículo 27.4 CE  que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

La enseñanza gratuita en la etapa obligatoria es un pilar fundamental del Estado de Derecho y condición necesaria para que exista una verdadera igualdad material. Para hacer efectivo este mandato constitucional, la gratuidad no debe quedar limitada a la prestación del servicio educativo en cuanto tal, sino que ha de extenderse a todos los elementos necesarios, incluidos los libros de texto, como ha dicho el Defensor del Pueblo, Institución que desde el año 1995 lleva insistiendo sobre esta misma idea. En el más reciente Informe, de 2013,  se afirma que “la gratuidad ha de abarcar a todo el conjunto de actividades y medios que resultan precisos para que los alumnos cursen las enseñanzas correspondientes” y se insta a los responsables a buscar medidas que la hagan efectiva, mostrando preferencia por los programas de préstamo por ser más eficientes (al ser mayor el número de usuarios potenciales con el mismo coste) y porque la reutilización fomenta, en sí misma, la adquisición de un hábito de alto valor educativo.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, en su Disposición adicional quinta, establece que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación”.

El problema para hacer realidad la gratuidad que exige nuestra Constitución es que los libros de texto siempre han tenido un coste y un precio (nada es gratis, recuerden) y en este escenario el debate giraba en torno a quién habría de pagarlos, si el Estado o las familias.

Este escenario tradicional se asentaba sobre dos premisas. La primera, que los libros han de editarse, imprimirse y distribuirse a través de los cauces tradicionales. La segunda, que todos los libros están protegidos por derechos de propiedad intelectual. A estos condicionantes habría que añadir un tercero, imperante en España hasta 2007, que era el precio fijo de los libros (incluidos los de texto) y felizmente suprimido (al menos para los libros de texto) en parte por las recomendaciones que el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia dirigió en 1995  por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

La utilización de libros de texto no es obligatoria en el sistema educativo español y nada impide que se utilicen materiales elaborados por los propios profesores, como se apunta en un reciente post del blog “nada es gratis”. Ahora bien, los libros de texto presentan una ventaja competitiva evidente: cumplen los programas oficiales y están orientados a un curso académico. Esta ventaja tiene también que ver con las economías de escala, pues la elaboración de materiales por el profesor para un reducido grupo de alumnos resulta comparativamente menos eficiente. Esto es así en el esquema tradicional. Hasta ahora.

Un grupo de profesores de la Comunidad de Madrid han comenzado a publicar material didáctico y libros de texto que se ajusta a los programas oficiales. Estos contenidos han sido creados bajo una licencia “creative commons”  por la que se autoriza la libre reproducción de la obra siempre que se cite la fuente, de manera que los interesados, por ejemplo, en reproducir los materiales, no tendrán que solicitar permiso al titular de los derechos pues, mediante este tipo de licencia, el permiso se entiende concedido de antemano. Al estar libre de derechos por expresa decisión de los autores, estos materiales no solo son fuente de competencia, sino que su carácter gratuito les otorga una ventaja competitiva.

Los proyectos de economía colaborativa son más eficientes cuantos más usuarios pueden aprovechar los mismos recursos. En este caso, los recursos son las horas de trabajo y los conocimientos de los profesores. Solo gracias a Internet – que permite que los contenidos sean accesibles a un número potencialmente ilimitado de personas – es posible que un proyecto de esta naturaleza sea eficiente.

Es prematuro saber cuáles serán las consecuencias de esta iniciativa, así como su impacto en las economías de las familias y en la estructura del mercado. Ello dependerá, como es obvio, del número de alumnos que lleguen a utilizar estos materiales y de otros factores que no quiero aventurar.

Pienso que no estamos aún suficientemente concienciados de lo importante que es la defensa activa del dominio público en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual y quizá pronto llegue el día en que esto nos parezca tan necesario para la sociedad como la defensa del medio ambiente. Este tema lo dejo para otro posible post pero aquí está (para quien tenga tiempo y ganas) el libro del Profesor de la Universidad de Duke James Boyle 

Cualquier avance tecnológico puede generar resultados impredecibles y por esta razón hay quien ve en el progreso una amenaza. Creo que algunos no les falta algo de razón, pues el progreso tecnológico, para que sea útil a la Humanidad, ha de venir necesariamente aparejado del progreso moral. Si pensamos que diez años después de la invención de los aviones, ya se utilizaron para bombardear ciudades, cualquier avance técnico se nos presenta como algo temible. Pero ¿y si pensamos en cuántas vidas se han podido salvar gracias a los avances médicos o la facilidad con que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos gracias a las nuevas tecnologías?

Las sociedades cristalizan en torno a un sistema de valores que en parte se transmiten a través de la educación. De ahí que el control de los contenidos educativos haya sido un empeño histórico de todos los regímenes totalitarios, esencial para fraguar mentes monolíticas, extirpando de ellas elementos tan peligrosos para la estabilidad social como la creatividad, que resulta esencial para el pensamiento crítico.

Una iniciativa como la aquí descrita presupone a sus promotores un espíritu altruista que necesariamente impregnará esos contenidos y ya no solo por su valor ejemplarizante, sino por la sensibilidad social que han demostrado los docentes implicados en esta tarea. Ya lo dijo Emerson: “el secreto de la educación está en el respeto al discípulo”.

El interés legal del dinero no baja. ¿Cui bono?

El interés del dinero que fija el Banco Central Europeo es prácticamente cero. El de la Deuda Pública española está en los mínimos históricos.  Son los efectos de la Segunda Gran Depresión. Desde 2008 el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación del Eurosistema, para entendernos el tipo de interés del dinero fijado por el Banco Central Europeo, ha pasado del 4 al 0,05%. Sin embargo, en España el interés legal del dinero que se utiliza como referencia  para calcular lo que pagan los morosos, se mantiene desde abril de 2009 en el 4%. En Francia la tasa de interés legal ha pasado del 3,99 % en 2008 al 0,04 en 2014. En Italia ha pasado en ese mismo periodo del 3% al 1%. Lo que pasa en España con el interés legal es algo sorprendente. Cui bono? El principal beneficiario del mantenimiento del interés legal del dinero es la banca. Buena parte de sus ingresos dependen de esta referencia. Lo que puede cobrar por un descubierto en cuenta está limitado a 2,5 veces el interés legal del dinero. Y en los préstamos hipotecarios los intereses de demora se limitan 3 veces el interés legal del dinero.
El dinero es una mercancía que no se negocia como las demás. La libertad de pactos en la fijación de los tipos de interés tiene sus límites. La prohibición de la usura es el principal. Pero hay otros. En 1889 el art. 1.108 del Código civil estableció que a falta de convenio entre las partes, la indemnización de daños y perjuicios del deudor que incurra en mora consiste en el pago del interés legal y “Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará como legal el interés de 6 por 100 al año.” Este precepto procede del Código civil francés. En su discusión Maleville consideró que un Estado no puede subsistir sin tal norma, la Justicia quedaría paralizada. No sabría qué pena poner a los morosos.
El interés legal del dinero ha pasado por muchas vicisitudes. Fue reducido al 5% por Ley de 2 de agosto de 1899. A su vez, la Ley de 7 de octubre de 1939, atendiendo a los “cursos actuales del mercado de Fondos Públicos a largo plazo”, lo fija en el 4% anual que “deberá abonarse por el deudor constituido legítimamente en mora”. La Ley 24/1984, de 29 de junio, deroga el inciso final del art. 1.108 del Código civil que fijaba el interés legal al 6%, mientras no fijara otro el Gobierno, estableciendo que “El interés legal se determinará aplicando el tipo básico del Banco de España vigente al día en que comience el devengo de aquél, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.” Por Ley 13/1994, de 1 de junio, se modifica este precepto para decir que: “El interés legal del dinero se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.” Y por fin la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, establece que: “El interés legal del dinero se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.” Y añade que: “El Gobierno, atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la Deuda Pública, podrá revisar el tipo de interés fijado en el ejercicio por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.” Desde entonces ha oscilado entre el 7,5% y el 3,75%.
Tras este fárrago de normas una breve conclusión. El interés legal del dinero sirve de referencia a lo que paga el deudor moroso, y debe depender del interés del dinero que en este momento fija el Banco Central Europeo y de los tipos de interés que se pagan por la Deuda Pública. Estando el tipo principal del Banco Central Europeo en el 0,05% y en mínimos históricos los que se pagan por la Deuda Pública española el Gobierno debe cumplir el mandato de revisar a la baja el tipo de interés. En esta función cuenta con el asesoramiento del Banco de España (art. 7.2.e Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España). Pero ninguna iniciativa hay en este sentido. No conocemos ningún estudio del Banco de España sobre la necesidad de ajustar el interés legal del dinero al curso de los cambios. Tampoco el Gobierno se ha ocupado de este tema. Los hipotecados y clientes bancarios que incurren en descubiertos son penalizados con tipos de otros tiempos, los anteriores a la crisis.
Una de las conclusiones del Informe sobre prácticas hipotecarias de las entidades bancarias, de 1 de noviembre de 2011, recogidas por el Defensor del Pueblo y presentadas ante el Parlamento era que: “Con el fin de evitar la usura, los intereses de demora deben quedar limitados a dos veces el interés legal del dinero según criterio jurisprudencial.” Según el Defensor del Pueblo: “Por imperativo legal se deberían limitar estos gastos para el deudor de buena fe que únicamente hacen crecer la deuda desproporcionadamente, provocando la imposibilidad para el deudor de enfrentarse al pago de la misma”. Por Ley 1/2013, de 14 de mayo, se limitaron los intereses de demora de las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual a tres veces el interés legal del dinero, medida justificada en atención a las “circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones”. Sin embargo el Gobierno no ha adecuado el interés legal del dinero a la situación actual para que esta medida pudiera tener efectividad y evitar el “drama social que supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos, la posibilidad de que, debido a esta situación, puedan ver incrementarse sus deudas o llegar a perder su vivienda habitual”. Con un interés principal cercano a cero y un interés de la Deuda Publica en mínimos históricos, las familias que no pueden pagar sus hipotecas siguen pagando un 12% de interés moratorio. A su vez, los clientes que quedan en descubierto a fin de mes pagan el 10%. Son penalizados en exceso en un momento de grave situación económica.
Se sacrifica a los más vulnerables para que la banca siga manteniendo sus ingresos. Hay quién dirá que esta penalidad es el precio que deben pagar los incumplidores para evitar el contagio, el riesgo moral (moral hazard) de que otros dejen de pagar las hipotecas o incurran en descubiertos. Conviene valorar si es un castigo merecido y si es legítimo. En cuanto a lo primero conviene destacar que el sobreendeudamiento de las familias es consecuencia de la negligencia bancaria al dar crédito de forma irresponsable. Si la banca hubiera evaluado la solvencia del cliente antes de darle crédito no estaríamos en la situación en las que nos encontramos. Respecto a la legitimidad de la tasa por mora, esta debe responder a la realidad del mercado y en estos momentos el interés legal del 4% que le sirve de referencia está fuera de mercado.
La bajada del interés legal del dinero que sirve de referencia al interés por mora no es solo una medida social, de rescate a las familias en tiempo de crisis, es una obligación legal. El Gobierno está obligado por Ley a adecuar el interés legal del dinero tomando como referencia el tipo principal del Banco Central Europeo y los intereses que se pagan por la Deuda Pública. No hacerlo es la expresión más clara de su captura por la banca.